Fuente: CONGD
“Camino por la calles de Honduras y
por las calles del mundo, llevando conmigo el dolor, el sufrimiento de
mi pueblo”. Quien así habla es Berta Oliva, defensora de derechos
humanos desde hace más de 30 años, tiempo en el que ha reclamado de
manera incansable la reparación de las víctimas, y la justicia. Comenzó
en los años 80 cuando, en medio de un clima de brutal represión, su
marido -el dirigente político Tomás Nativí- fue detenido y desaparecido.
Entonces, junto a otras personas víctimas de la tortura, las
desapariciones y los asesinatos, fundó el Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Mujer pausada y serena, no le tiembla la
voz a la hora de denunciar los abusos de poder y violaciones de los
derechos humanos que se están produciendo en su país. Su incansable
trabajo en este sentido le ha hecho sufrir múltiples amenazas y
hostigamientos. “Hemos aprendido a vivir sin temer a la muerte; no es
que no tengamos miedo, sino que debemos trabajar y vivir, luchar siempre
a favor de la vida”. De visita en España –de la mano de IEPALA- para denunciar la actual situación de impunidad y violencia en Honduras, conversó con la Coordinadora de ONGD.
Cuando en la década de los 80 comenzaron
su trabajo, observaron que además de demandar justicia y verdad para
las víctimas, era necesario posicionar al pueblo hondureño a favor de
la memoria histórica. “Esa era la forma de ir educando a la población
para el nunca más”. Luchar en un país
en el que en aquel momento contaba con siete ejércitos no era fácil. Se
trataba de un conflicto ignorado por la comunidad internacional, en
donde “pasaba de todo y no pasaba nada”. A pesar de las dificultades,
con el paso de los años, han conseguido que la población conozca sus
derechos, se empodere y los exija. “Lo constatamos durante y después del
golpe militar de 2009: no era el mismo pueblo que teníamos hace 30
años, que entonces corría a esconderse de quienes tenían las armas y el
poder. El pueblo de ahora salió a las calles con decisión,
claridad y valentía; y se mantuvo en lucha continua, demostrando su
indignación y propuesta frente al golpe. Esta conducta colectiva es
fruto de la apropiación de derechos y consecuencia de los trabajos que
hicimos con la memoria. Y lo más importante de esta gesta es
que no se ha hecho con métodos violentos, sino con saberes ancestrales y
conocimientos diversos, exigiendo la verdad y el retorno del orden
constitucional”.
Human Rigths Watch
califica a Honduras como uno de los países más violentos del mundo en
el que se están produciendo los recortes en derechos más graves en las
últimas tres décadas. Se habla incluso de escuadrones de la muerte y
política de limpieza social. Para Berta Oliva “la situación
actual es peor que la de hace 30 años porque los niveles de impunidad
son mucho más fuertes y se constituyen en política del Estado o, como
nosotros decimos, de los escombros del Estado. Los agresores de
entonces, que eran agentes investidos de autoridad, han resurgido como
asesores en seguridad, entrenadores policiales, analistas políticos en
medios de comunicación e incluso como aspirantes a cargos de elección
popular, con una desfachatez y un cinismo nunca vistos. Están seguros de
su propia impunidad como torturadores, asesinos y criminales de lesa
humanidad, porque nunca les pasó nada. Ahora, además de expertos son demandantes del derecho a elegir y ser electos”.
Los datos de violencia e impunidad
registrados en Honduras se encuentran entre los más elevados del
planeta; para Berta Oliva esa situación está directamente relacionada
con la institucionalización del crimen. “Honduras está pasando
las peores crisis de empobrecimiento extremo y desigualdad; una
situación que podría superarse si la violencia no se hubiera convertido
en política de Estado. Esa es la gran diferencia con los 80: entonces se perseguía el pensamiento ideológico y se mataba; hoy se persigue el pensamiento ideológico y se mata, pero no se ve.
De hecho, el gran peligro que estamos corriendo la mayoría de las
personas defensoras de derechos humanos es que nos maten y lo
justifiquen por la violencia generalizada, creada precisamente para
camuflar la persecución política e ideológica. A veces ni han hecho el
trabajo de investigación, ni han levantado el cuerpo, cuando los voceros
del Estado de Honduras ya justifican la muerte por supuestos vínculos
con la droga o el crimen organizado”.
En este contexto, las maras aparecen
como un actor relevante (recientemente las dos principales maras del
país –Salvatrucha y Barrio18- han anunciado una tregua
cuyas consecuencias tendrán que evaluarse en los próximos meses), con
conexiones cuestionadas de manera reiterada por la sociedad civil. “Sí,
es cierto, hay maras, pero en realidad son un instrumento del ejército, del Ministerio de Defensa; una política de Estado avalada por EEUU para poder justificar su intervención en Honduras.
Las maras no nacen y crecen por sí mismas, son fruto de las prácticas
que se implementan a través del gobierno en las secretarías de defensa y
policía. Bajo ese esquema permiten que los agentes del Estado
justifiquen su ataque a los derechos sociales, civiles y políticos. En
nombre de las maras entran a los barrios, a las colonias, a los hogares
diciendo que participan en su combate. Con ese discurso han aumentado
sus presupuestos y arsenales, haciendo una limpieza social
impresionante. Han eliminado algunas maras y han protegido otras que son
las que quedan al servicio del ejército y la policía. Este es un
problema de ética política de parte de las autoridades de nuestro país, y
en este caso específico, de las fuerzas de seguridad y del Ministerio
Público”.
En el momento en el que Estados Unidos
aparece en la conversación, Berta Oliva se muestra aún más contundente
en sus afirmaciones. “Hemos pasado a ser un país tan dependiente de las
políticas del imperio que quisiera no haber vivido para verlo, sentirlo;
como hondureña me siento realmente humillada y amenazada por sus políticas, que son feroces”.
¿Podría decirse entonces que Honduras es
un Estado fallido? “No me atrevo a decir que es un Estado fallido, no
me atrevo... ¿Y sabes por qué? Porque Estados Unidos está esperando que
reconozcamos ese concepto para intervenir Honduras por la vía militar
como lo ha hecho en otros países. Las instituciones de justicia
hondureñas son precarias, no funcionan, carecen de legitimidad y
confianza. Necesitan no sólo depuración e intervención, sino
reconstrucción; pero no una intervención foránea, como ya ocurre en el
Ministerio Público, donde el gobierno de Estados Unidos impuso una
evaluación que derivó en una comisión con afinidades a su embajada. Esto
conduce a colocar a los muertos en condición de indefensión y luego a matarlos una vez más al decir que andaban en esto y en esto, pero nunca por su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Convierten a la víctima en victimario y al Estado en víctima de esas personas.
La situación es gravísima. Yo nunca creí que viviría lo que sucede en
el país, pero afirmar que es un Estado fallido… Ay, voy a pensarlo más,
porque declararlo es abrirle la puerta a Estados Unidos para que
justifique que Honduras es Haití”.
El día 3 de mayo, el presidente Obama se
reunió con los mandatarios centroamericanos para evaluar la guerra
contra el narcotráfico en la región. Desde numerosas organizaciones
sociales han criticado duramente esta visita por considerar que se trata
de una injerencia en asuntos que son propios de Estados soberanos. Hay
quien se pregunta si el intervencionismo de EEUU en Honduras es la
puerta de entrada a toda la región. Para Berta Oliva “en realidad es la
legalización de su Iniciativa Regional de Seguridad para América Central.
EEUU ya está en el istmo otra vez, entendiendo la zona como su pieza
clave e imponiendo una visión que aumenta el peligro para la población. Y
esta situación es especialmente preocupante en el triángulo norte
ligado a México, un lamentable ejemplo de la “guerra contra el
narcotráfico”, que ha matado a casi 50 mil personas inocentes en cinco
años”.
Apoyo internacional
Algunos países apoyan a Honduras con fin
de elevar el nivel institucional del gobierno; un apoyo que es
duramente criticado por Oliva: “Colaboran, por ejemplo, con el
Ministerio Público para capacitar a los fiscales y lo que acabamos
teniendo son profesionales corruptos, personas que están al servicio del
crimen organizado y la impunidad total; fiscales que, precisamente
porque se han capacitado, saben cómo manejarse para justificar los casos
en contra de las víctimas y a favor de los victimarios. De esta forma,
el lugar donde íbamos a poner nuestras denuncias se ha convertido en una
lavandería pública: lavan los casos, las evidencias y
hacen que los demandantes de justicia aparezcamos como quienes hemos
cometido el error frente a un Estado comprometido con el cambio de las
cosas”.
Mientras desgrana las denuncias al
gobierno y a los distintos actores que intervienen en el contexto
Hondureño, se adentra en sus propias autocríticas; la sociedad civil
también tiene una responsabilidad en el asunto. “Como hondureños
tenemos la obligación de conocer cuáles son las leyes que nos rigen
para implementar el cambio y manejar políticamente un Estado en crisis”.
Sólo así podrá hacerse frente a “una intervención que viene de la mano
del entreguismo político del presidente del Congreso Nacional, Juan
Orlando Hernández, que aspira a ser presidente de la República. Un
servilismo político dirigido a limpiar su camino y el de sus camaradas
en la campaña electoral y que además permita que la impunidad continúe
tal y como está”.
La sentencia contra Ríos Montt
se produjo cuando hablamos con la defensora de derechos humanos (días
después fue anulada). Su alegría ante la noticia era más que evidente,
como también lo eran sus reticencias ante el proceso. “No hay duda que
hay que celebrar el juicio. Yo estoy feliz, ¡feliz! Es un triunfo para
la gente luchadora de la región. Se certificó que cometió genocidio, y
crímenes de lesa humanidad que negó por mucho tiempo. El fallo es un
mensaje de aliento, aunque los niveles de impunidad que existen en la
región son enormes, por eso hay que esperar porque posiblemente la
apelación dé un cambio total a la decisión judicial. Creo que también
manda un mensaje de impunidad a los criminales de oficio de Honduras; es
decir, les dice que pasarán 40 años y los juzgarán, pero entonces no
podrán ir a la cárcel porque las leyes hondureñas no se aplican después
de una edad. Y nosotros creemos que la justicia deber ser en tiempo: ahora y no después…”.
La memoria histórica entra de nuevo en la conversación, la importancia de trabajarla en la sociedad porque, según afirma, “la memoria es un látigo (hace un enorme énfasis en esta palabra) potente, poderosísimo, porque todo lo guarda y cuando mira a los criminales es capaz de vencer al peor de ellos.
Y de eso nos hemos apoderado en Honduras, por eso los criminales cuando
nos miran todavía se sienten desnudos. Así ocurre con un criminal que
vino a refugiarse en España cuando se abrieron juicios por las
desapariciones forzadas que se cometieron en los años 80 y ahora es
candidato a diputado al Congreso Nacional. Se ha unido con su amigo
golpista Romeo Vázquez Velázquez. Es así como las cosas están en
Honduras: un genocida que ha cometido crímenes de lesa humanidad,
experto en desapariciones forzadas y torturas, junto a un criminal que
da golpes de Estado; ambos, formados por la Escuela de las Américas… Ese
es el probable futuro de Honduras y esa la situación a la que nos
enfrentamos”.
Solidaridad de los pueblos
En todos estos años de lucha, COFADEH y
otros movimientos similares han recibido el apoyo de organizaciones de
distintos lugares del mundo. La solidaridad de los pueblos ha creado
lazos que se han mantenido a lo largo de las décadas. “Yo soy una
sobreviviente de la solidaridad, no hay duda. Si no hubiera habido la
solidaridad que se dio en aquellos tiempos y ahora, no habría
sobrevivido. Yo no voy a callarme ni allá ni acá. Pero creo que la
solidaridad debe estar más atenta para que pasemos de un estado de
emergencia nacional a un S.O.S. internacional para Honduras y para las
personas defensoras de derechos humanos. Sólo así vamos a poder
sobrevivir porque todo está casi listo y preparado para un caos
premeditado aún mayor del que vivimos desde hace cuatro años. Se nos
avecinan tiempos peores que los vividos en la década de los 80 o tras el
golpe de Estado. Honduras está en el fondo del
precipicio y la solidaridad debe estar atenta precisamente ahora que se
aproximan las elecciones generales. Se está sufriendo no sólo
la impunidad de criminales que asesinan el pensamiento ideológico, sino
también una mezcla de narcoactividad y poder, que puede convertirse, si
no se ha convertido ya, en un protagonista central del narcoestado. Lo que más hay son armas y lo que menos, comida”.
El 24 de noviembre se celebrarán
elecciones en Honduras y Berta Oliva cree que la clave está en actuar en
los próximos meses. Reclama la construcción de una estrategia para la
región y específicamente para Honduras que garantice una solidaridad en presencia.
“Si sólo se hace ese trabajo en los días de las elecciones, observando
filas de electores o visitando instituciones públicas, sin asegurar que
los militares u otros actores generadores de violencia salgan del
protagonismo en las calles, la solidaridad no habrá certificado
elecciones legítimas y democráticas. De junio a septiembre sabremos si
realmente habrá elecciones o no. Va a ser duro… Mi temor es que
provoquen una crisis de tal magnitud que no puedan celebrarse elecciones
por crisis de orden mayor -como muertes, secuestros, expatriaciones y
todo lo que te puedas imaginar. Y una situación de esas puede
convulsionar al pueblo y podría producirse una acción pública sangrienta peor que la que acabamos de vivir en el 2009”.
Las formas de funcionamiento electoral
están en peligro, denuncia. “Podría ser la primera vez en la historia
democrática de Honduras que el partido nacional estaría en el poder dos
periodos consecutivos –siempre ha sido dos periodos el partido liberal y
uno el nacional. Yo creo que lo han negociado, pero además, el
candidato del partido nacional en el poder no es aún el candidato de la
embajada de EEUU y él está empecinado en ser el presidente y que lo será
a sangre y fuego. Y el pueblo tiene su candidata, que es Xiomara
Castro. Ahí están los principales actores; si no se negocia bien la
crisis va a estallar. Así que sé que el único camino es la solidaridad, no creas que no tenemos temor…”
El miedo, el temor a que las amenazas se
hagan realidad está siempre presente, aunque, como afirma Berta Oliva,
“hemos aprendido a vivir con ello. Tengo a mis hijos allí y quisiera
sacarlos por lo menos unos seis meses porque sé cómo operan, sé que
golpean donde más duele y a una vieja como yo no vale la pena matarla
pero sí hay otras formas de matar…”
Acabamos la conversación hablado sobre
España; ante el recorte de derechos que estamos viviendo, Berta Oliva
nos aconseja convencernos de que lo que reclamamos es justo. “Si la
reclamación es justa, morir por la exigencia de un derecho o sufrir la
privación de las libertades… (respira hondo, mira a un lado, se para).
Hay que hacerlo. Si me ponen presa por la reclamación de un derecho, si
me privan de la libertad, ahí mismo, en la cárcel, voy a hacer
evolucionar a quienes están detenidos; ahí mismo voy a hacer
reclamaciones. Si me matan, desde abajo saldré. Cuando digo desde abajo
saldré es que la ruta es reclamar derechos justos y humanos, no hay
forma que a una la puedan parar cuando está convencida… La fuerza de la
gente con la que luchamos es la que nos da la certeza de llegar por fin a
la meta. Hay que luchar, es la única forma; no hay que acomodarse nunca. Hay que seguir. Salir a las calles es un deber cuando una siente que lo han pisoteado, que han violado sus derechos. En las calles es dónde está el poder no en las oficinas. Debemos trazar la ruta exigiendo verdad y justicia por las calles de Honduras, por la calles del mundo”.
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* Fundación Paz y Solidaridad - CCOO integra la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
