Marisol Pardo, Secretaria Confederal de Cooperación Sindical al Desarrollo y Presidenta de la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga, analiza los recortes en los fondos destinados a Cooperación en los Presupuestos Generales del Estado
Los Presupuestos Generales del Estado para el 2012 presentados por el Gobierno asestan un durísimo golpe al sistema de cooperación para el desarrollo y son profundamente injustos en el reparto de los costes de la crisis, ahondando los recortes de las políticas de empleo, sociales, sanitarias y educativas.
Los drásticos recortes a las políticas de cooperación internacional para el desarrollo suponen un serio retroceso en la senda del 0,7%: menos recursos para luchar contra la pobreza y la desigualdad, el incumplimiento de compromisos internacionales en relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la renuncia a la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para el desarrollo.
El recorte de 1389 millones de euros es otro durísimo hachazo al sistema de cooperación internacional para el desarrollo, precedido por otro de no disponibilidad de 1018 millones en las medidas urgentes adoptadas el 30 de diciembre del 2011 para la corrección del déficit público. Los recortes acumulados a marzo del 2012 suman más de 2400 millones.
La contribución del Estado a la Ayuda Oficial al Desarrollo baja un 47,6 %, y se sitúa a niveles de 2005. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sufre el mayor ajuste reduciendo su gasto el 54,4 %. Las transferencias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo se reducen en 594 millones de euros y cae en 795 millones el Fondo del Agua.
La cooperación de la Administración General del Estado y la cooperación autonómica y la local habían registrado a lo largo del 2010 y 2011 una fuerte reducción, en torno a una media del 40%. Como consecuencia de los ajustes económicos, ya en 2010 la AOD experimentó serios recortes rompiendo la tendencia de crecimiento sostenido que había experimentado en la última década, descendiendo la Ayuda Oficial al Desarrollo española un 5% respecto al 2009 y situándose en 4.491,84 millones de Euros en términos absolutos y en un ratio AOD/PNB del 0,43%.
Se interrumpe así, en un contexto de políticas presupuestarias restrictivas en respuesta a la crisis, la progresión creciente experimentada por dicho ratio desde el 0,22% en 2003 hasta el 0,46% del 2009.
Los recortes anunciados en la presentación de los PGEs para el 2012 podrían hacer retroceder la AOD hasta el 0,29%de la RNB.
Estas medidas de ajuste vienen precedidas de otras similares en las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP donde la política de cooperación ha sido fuertemente relegada y, en algunos casos, ha llegado prácticamente a desaparecer de la acción del gobierno autonómico.
La cooperación española descentralizada sufrió un drástico recorte tras las elecciones autonómicas de mayo. Los Gobiernos de Galicia y Cataluña recortaron en un 45% y un 55% respectivamente, en torno al 64%, en Murcia y en Madrid. A falta de mayores precisiones sabemos que en Castilla la Mancha el recorte es del 100% y existe la amenaza de excluir a los agentes económicos y sociales del Consejo de Cooperación Autonómico.
El tijeretazo de casi 1.400 millones de euros a la cooperación al desarrollo en 2012 liquida la ayuda a los países empobrecidos en un momento en el que ya se ha superado la cifra de mil millones de personas que padecen hambre en el mundo. La crisis económica no puede ser la excusa para arrasar con la protección social y la solidaridad.
Las políticas de austeridad, la obsesión del gobierno con el déficit, la consolidación fiscal y la rigidez europea en los criterios de estabilidad, la contrarreforma laboral impuesta y tan masivamente rechazada por los trabajadores y trabajadoras de este país, ponen a prueba la fortaleza de nuestro sistema de relaciones laborales, de nuestro sistema de protección social y también de nuestro sistema de cooperación. Hacen tambalear los pilares de nuestro estado de bienestar social y quieren comprometer la solidaridad de la ciudadanía española, contraponiendo derechos y personas mediante medidas y ajustes que suponen un deterioro en las condiciones de vida de la ciudadanía de nuestro país y que incumplen los compromisos en la lucha contra la pobreza en el mundo.
Mientras se acuerda una amnistía fiscal, que permite a los evasores fiscales eludir sus responsabilidades pagando tan solo el 10% de los capitales que afloren sin decirnos cómo piensan avanzar en la lucha contra la evasión fiscal de capitales, se retrasa la Reforma Fiscal prometida, la única de las reformas estructurales que parece no ser urgente para el Sr Rajoy.
Se reducen las partidas para las prestaciones de dependencia. El gasto en sanidad baja un 6,8%. Sube un 7% la tarifa de último recurso de la electricidad y un 5% la del gas. Se congela de nuevo el sueldo de los empleados públicos. La partida de becas y ayudas a estudiantes del proyecto de presupuestos de 2012 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte supone una bajada del 11,6 por ciento respecto a los de 2011. Desciende un 36,5 por ciento el programa de educación infantil y primaria, secundaria, FP y escuelas oficiales de idiomas sufren una rebaja del 28,8 por ciento y las enseñanzas universitarias del 62,5 por ciento.
Las consecuencias de los ajustes presupuestarios desdicen las explicaciones propagandísticas y afectan de forma especialmente negativa al empleo, a la formación, a la protección social, a las políticas de cooperación y solidaridad. La lucha contra el desempleo y avanzar en un cambio de modelo productivo tampoco parece estar entre las prioridades del gobierno para la salida de la crisis, al reducir en 2.458 millones el presupuesto del Servicio Público de Empleo y la inversión pública para el cambio del modelo productivo en 5.477 millones.
El Gobierno no se cansa de repetir que su primera prioridad es el empleo, pero recorta en más de 1000 millones de € las políticas activas de empleo; asegura y repite que su máxima prioridad es cumplir con los compromisos internacionales pero suprime más de dos tercios de la Ayuda Oficial al Desarrollo, Ayuda que se basa en Declaraciones y Compromisos suscritos por el Gobierno de España, entre la que podemos destacar la Declaración del Milenio, firmada en el año 2000 en las Naciones Unidas en la que se establecían los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
CCOO es crítica con el marco presupuestario presentado por el Gobierno, al entender que los presupuesto de 2012 traerán menos desarrollo, menos empleo y menos protección social.
Reclamamos políticas que reduzcan el déficit público mediante el incremento de los ingresos y no únicamente mediante la reducción del gasto.
Reclamamos políticas fiscales progresivas que aseguren recursos para mantener la protección social mediante servicios públicos de calidad, únicos garantes de los derechos básicos, buscar nuevas fuentes de financiación para la ayuda y focalizar la cooperación para el desarrollo en derechos y como inversión en las personas, en políticas activas de trabajo decente para otro modelo de desarrollo económico y social más justo y sostenible.
Marisol Pardo.
Presidenta de Paz y Solidaridad.
Secretaria Confederal de Cooperación Internacional de CCOO
