Una auditora contratada por el Ayuntamiento de Madrid
para fiscalizar los proyectos de cooperación al desarrollo
subvencionados por las arcas municipales ha destapado nuevas
irregularidades en un programa de la Fundación Humanismo y Democracia,
que pertenece al PP. En este caso la auditoría reveló que la
organización construyó menos de la mitad de las 100 casas para
damnificados del huracán Mitch en Honduras, prometidas en un programa
que recibió 255.986 euros del Ayuntamiento en 2000. Según el expediente
del programa, el equipo de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón conoce los
hechos desde octubre de 2003. "Pero aún no ha tomado medidas", afirmó
la portavoz del grupo socialista, Trinidad Jiménez.
La Fundación Humanismo y Democracia obtuvo en 2000
una subvención de 42.592.618 pesetas (255.986 euros) para un proyecto en
Honduras que consistía en construir 100 casas para los afectados del
huracán Mitch, que asoló el país en octubre de 1998.
El
Ayuntamiento aportó el 40% del coste total -99.667.276 pesetas (599.012
euros)- para construir 46 de las casas, mientras que el resto debía
levantarse con las aportaciones de la Generalitat de Valencia (32
viviendas) y del Gobierno de Honduras (22). El plazo de ejecución
finalizaba el 16 de diciembre de 2001.
La normativa municipal
obliga a la fundación a enviar un "informe final" al Ayuntamiento para
justificar el uso del dinero. En este documento, de fecha 3 de julio de
2002 y que forma parte del expediente municipal del proyecto -numerado
como 00/69-1214-, la organización certifica que "las obras realizadas en
el proyecto (...) se llevaron a cabo en su totalidad".
Además,
aportaba dos certificados de la Unión Nacional de Campesinos (UNC), la
organización con la que trabajaba en Honduras: uno con fecha 30 de marzo
de 2001, donde especificaba que 32 casas se habían edificado con la
aportación de la Generalitat, y otro de 30 de abril de 2002, que
afirmaba que 46 viviendas estaban finalizadas con cargo a los fondos del
Ayuntamiento.
Sin embargo, una investigación de la consultora
PriceWaterhouseCoopers -adjudicataria del concurso municipal para
revisar los proyectos de cooperación- determinó que las casas no estaban
terminadas. Tras visitar en julio de 2003 los lugares donde se habían
construido las viviendas,la auditora determinó que había 47 finalizadas y
17 en construcción.
Su informe añadía que "según la contraparte
local", 46 viviendas pertenecían al Ayuntamiento y había una de la
Generalitat de Valencia. Pero también señalaba la contradicción de que
la fundación le había certificado a la Administración valenciana que ya
había levantado las casas previstas, por lo que, según afirmaba la
auditora, "32 de las casas ya habían sido realizadas con anterioridad a
recibir la financiación por parte del Ayuntamiento de Madrid". Es decir,
sólo 15 de las 47 casas ya construidas lo habían sido con dinero
municipal, y entonces la fundación había mentido al Consistorio, o bien
con el dinero de la Generalitat sólo existía una casa terminada y, por
tanto, la organización no le había dicho la verdad a la Administración
catalana.
En respuesta a esta auditoría, Humanismo y Democracia
envió tres informes al Ayuntamiento: uno el 10 de junio de 2003, otro el
20 de enero de 2004 y un tercero el 30 de abril de ese mismo año. En
ellos, la fundación justifica la situación diciendo que "ha existido
mala información" por parte de UCN "y la que ha llegado no correspondía a
la realidad". También recalcaba que "nadie se ha lucrado, pues los
fondos han sido transferidos y gastados en el proyecto en su totalidad".
La fundación también reprocha a la auditora haber hecho un informe
erróneo, para luego reconocer que no están construidas todas las
viviendas. En enero de 2004, la fundación afirma: "Hemos comprobado la
existencia de 49 viviendas totalmente terminadas". De ellas, continúa,
25 son del Ayuntamiento y 24 de la Generalitat. Además, constata 17 en
construcción: "13 son del Ayuntamiento, y 4, de la Generalitat". Por
tanto, continúa, "quedarían por construir 34 de 100 viviendas". Según el
informe, son cuatro de la Generalitat, ocho del Ayuntamiento y 22 de la
contraparte local (UCN).
Las bases reguladoras de la cooperación
de 1997, vigentes en el momento de la concesión de la subvención,
indican en su artículo 15: "Si el proyecto no se llevase a cabo por
cualquier causa o se modificase sustancialmente sin la autorización
previa del órgano competente, o no se justificara en la forma prevista
(...), procederá el reintegro del importe de la ayuda, más los intereses
de demora, en su caso".
A finales del presente mes se cumplen
cuatro años del plazo en el que debían estar terminadas las 100
viviendas. Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Madrid no ha requerido a
la organización para que devuelva el importe de las que faltaban por
hacer cuando se cumplió el plazo de ejecución del proyecto, en diciembre
de 2001.
Tampoco la organización lo ha hecho por iniciativa
propia. Según las fuentes consultadas, no todas las organizaciones no
gubernamentales ejecutan al 100%, pero cuando no lo hacen en plazo
devuelven de forma voluntaria parte de los costes, más los intereses de
demora.
Rafael Rodríguez, miembro del patronato de la fundación,
afirmó ayer que lo sucedido con este proyecto "forma parte de la
normalidad del trabajo de las ONG con países en desarrollo". También
recalcó que "nadie se ha llevado nada". Y continuó: "Nosotros hicimos
nuestra auditoría, que la fundación pagó con sus fondos, y no coincidía
con la auditora. Según nuestros datos, la fundación cumplió".
Rodríguez
reconoció que a día de hoy quedan ocho viviendas por construir. "Son de
las que corresponden a la contraparte. El dinero español se ha usado
correctamente", subrayó.
Trinidad Jiménez: "¿Dónde está el dinero público?"
"Exigimos que el PP aclare todo", afirmó
ayer la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, que
se preguntó: "¿Dónde está el dinero público?".
También subrayó que
denunciar la "actividad irregular de una ONG no puede poner en
entredicho la labor del resto" e insistió en que el conjunto de las
organizaciones "hacen una labor muy digna y comprometida con una fuerte
vocación social".
Jiménez aclaró que la investigación de las
actividades de la Fundación Humanismo y Democracia se enmarca en la
labor de control de la oposición al trabajo del equipo de gobierno del
Ayuntamiento, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón (PP). "Cuando recibimos
una denuncia, o hay dudas sobre la gestión, actuamos", recalcó. "Es el
trabajo del concejal. Que no crea nadie que hemos abierto una
investigación contra el funcionamiento de una ONG de un lado o de otro".
Para
ello, explicó, el grupo municipal socialista ha seguido los cauces
previstos por la normativa del Consistorio. "Hemos pedido los
expedientes para estar en condiciones de formular esta denuncia",
agregó.
Según Jiménez, es "un escándalo que una organización que
tiene la obligación de llevar a cabo un hecho tan sensible como procurar
un techo a los damnificados por el huracán Mitch [que arrasó
Centroamérica en octubre de 1998] no haya cumplido con su obligación".
La portavoz socialista también reprochó al Ayuntamiento su pasividad:
"Por lo que sabemos, el Ayuntamiento tenía conocimiento de esto desde
octubre de 2003 y, sin embargo, no ha actuado ante un escándalo de esta
envergadura. Tenía que haber actuado con más diligencia, exigiendo la
devolución del dinero o abriendo una investigación".
Jiménez
recordó que el vicealcalde, Manuel Cobo, había anunciado que el
Interventor General del Ayuntamiento investigaría las irregularidades
cometidas por esta organización en sus proyectos, que EL PAÍS reveló el
pasado 8 de noviembre y se preguntó qué ha sido de ella.
"Por exigencia ética el alcalde debe adoptar medidas de investigación, de control y también sanciones", manifestó.
"No
se me ocurre que en ningún momento el alcalde pueda amparar este tipo
de actividades y obstaculizar una investigación, pero debe ser el propio
alcalde el que pida una investigación", concluyó.
