La pasada semana fueron asesinados dos sindicalistas en América Latina, uno en Guatemala y otro en Colombia, que lamentablemente vienen incrementar la lista de sindicalistas asesinados que cada año hace pública la Confederación Sindical Internacional (CSI) en su informe sobre la situación de los derechos sindicales en el mundo. En 2009, la CSI contabilizó 106 sindicalistas asesinados en el mundo: 48 en Colombia y 16 en Guatemala.
El pasado 10 de agosto fue asesinado en Guatemala, a manos de desconocidos que dispararon contra él, Bruno Ernesto Figueroa, secretario de finanzas del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, adscrito al Frente Nacional de Lucha para la defensa de los servicios públicos y recursos naturales.
El 12 de agosto fue también asesinado en Medellín, Colombia, a manos de un sicario que le disparó un tiro en la cabeza mientras tomaba un café, Luis Germán Restrepo Maldonado, presidente del sindicato Sintraempagues y tesorero de la Confederación General de Trabajo (CGT) en Antioquia. Padre de 5 hijos, desarrolló sus actividades sindicales durante más de 40 años.
Lamentablemente, en ninguno de los dos países es un hecho inusual el asesinato de sindicalistas. Los dos países encabezan la lista de sindicalistas asesinados que cada año hace pública la Confederación Sindical Internacional (CSI) en su informe sobre la situación de los derechos sindicales en el mundo. En 2009, la CSI contabilizó 106 sindicalistas asesinados en el mundo: 48 en Colombia y 16 en Guatemala.
Tanto Guatemala como Colombia son países cuya situación se ha venido revisando, desde hace tiempo. en la Conferencia Internacional del Trabajo, que anualmente se desarrolla en la sede de la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra. En ambos países, y desde hace mucho tiempo, los sindicalistas vienen siendo acosados, hostigados y su labor permanentemente dificultada, no sólo por los empresarios, sino también por las autoridades que, lamentablemente, tampoco se han distinguido por colaborar en el esclarecimiento de los hechos y la persecución y castigo a los culpables.
Este mismo año, el caso de Guatemala se ha vuelto a ver en la Comisión de Normas de la Conferencia de la OIT cuyas conclusiones, entre otras, han sido que "… la situación en cuanto a la violencia y la impunidad parece haberse agravado..." "…que el Gobierno no ha mostrado suficiente voluntad política para luchar contra la violencia que sufren los dirigentes sindicales y sindicalistas y para luchar contra la impunidad… y garantizar que se sancione no sólo a los autores materiales, sino también a los instigadores".
En cuanto a Colombia, hay que señalar que, después de que su caso fuese incluido durante 21 años en la lista de la Comisión de Normas de la Conferencia anual de la OIT, como uno de los países que violaban las libertades sindicales, este año, tras una fuerte presión de los empresarios colombianos, fue excluido de dicha lista, con la tajante oposición del grupo de trabajadores.
Una misión de parlamentarios españoles que visitó Colombia en marzo de este año constató "la profunda y sistemática crisis de los Derechos Humanos que vive la sociedad colombiana".
Recientemente se ha producido la sustitución en la presidencia del gobierno colombiano de Álvaro Uribe por el recién electo Juan Manuel Santos. Sería muy necesario que, aunque sea el reconocido heredero de Uribe, elija otro rumbo en su combate contra violencia y la impunidad que, hasta ahora, imperan en Colombia y que ponga toda su energía en que el país avance hacia la generalización de unas libertades democráticas que hagan que la tarea de sindicalista deje de ser una tarea con riesgo de muerte.
