Entra en vigor el Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones

Escasos meses previos a la creación oficial de la Cámara Oficial Española de Comercio en Honduras, se firmó el Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la Republica de Honduras, firmado «ad referendum» en Tegucigalpa el 18 de marzo de 1994.

No ha entrado, sin embargo, en vigor hasta el 23 de mayo de 1996.

Voluntariado en el extranjero

Ha sido aprobada a Ley de Voluntariado.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta Ley será de aplicación a los voluntarios que participen en programas de ámbito estatal o supraautonómico, así como a las correspondientes organizaciones en cuanto desarrollen dichos programas.

(...)

Disposición adicional primera. Voluntarios en el extranjero.

A quienes participen de forma voluntaria y gratuita en programas que se ejecuten en el extranjero por organizaciones que reúnan los requisitos del artículo 8 de esta Ley, les será de aplicación lo previsto en la misma.

Disposición adicional segunda. Voluntarios de la cooperación para el desarrollo.

1. Son voluntarios de cooperación para el desarrollo los que, integrados en organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, participen, en las condiciones que se indican en los apartados 2, 3 y 4 de esta disposición, en la gestión o ejecución de programas de la cooperación oficial española para el desarrollo.

2. Los voluntarios de cooperación para el desarrollo estarán vinculados a la organización en la que prestan sus servicios por medio de un acuerdo o compromiso formal que contemple, como mínimo:

a) Los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de subsistencia en el país de destino.

b) Un seguro de enfermedad y accidente a favor del voluntario y los familiares directos que con él se desplacen, válido para el período de su estancia en el extranjero.

c) Un período de formación, si fuera necesario.

3. Los voluntarios de cooperación para el desarrollo deberán ser informados, por la organización a la que estén vinculados de los objetivos de su actuación, el marco en el que se produce, los derechos y deberes, el derecho a la acreditación oportuna, así como de la obligación de respetar las leyes del país de destino.

4. Los voluntarios de cooperación para el desarrollo tendrán derecho a las exenciones fiscales, inmunidades y privilegios que se deriven de los Acuerdos Internacionales sobre la materia, suscritos por España.

5. En lo no previsto en los apartados anteriores o en las normas reglamentarias de desarrollo de los mismos, serán de aplicación a los voluntarios de la cooperación para el desarrollo las disposiciones de la presente Ley.

6. Los voluntarios que participen en programas de cooperación para el desarrollo, cuya prestación no incluya las prestaciones fijadas en los apartados a) y b) del punto 2 de esta disposición, en lo referente al seguro de los familiares directos que se desplacen con el voluntario, se sujetarán al régimen general de la Ley, no siéndoles de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores de la presente disposición.

Consulta el texto íntegro en: http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/17/pdfs/A01239-01243.pdf

Honduras en Cuadernos Paz y Solidaridad

Cuadernos Paz y Solidaridad, se dedica este mes de enero íntegramente a Honduras. 

Conforme al prólogo;

"Honduras, ubicado en el corazón mismo de América Central, es, de forma paradójica y simultánea, un gran objeto de interés y pequeña república olvidada.

«Pieza clave de la política de EE.UU.», «Llave de Centroamérica», «Portaaviones norteamericano en América Central» son algunas de las fórmulas que se han utilizado para referirse a un país que viene desempeñando, desde la época de Francisco Morazán, un papel central en la generación o en la solución de las distintas crisis que ha atravesado la región.

Estas formulaciones revelan sin embargo que el interés despertado por Honduras ha sido, por calificarlo de alguna manera, un interés «delegado», un interés que deriva no tanto de su propia entidad como de su vecindad, no de su ser propio -político y social- sino de su estar geográfico. 

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En efecto, Honduras, pequeño país sojuzgado desde hace decenios por brutales transnacionales fruteras, de las que la Tela Railroad Company es cumplida heredera, no ha sido objeto de atención por la precaria situación en la que vive su población o por las luchas de sus trabajadores, sino como espacio encerrado por las fronteras de tres de los países más convulsos de la región: Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Existe por eso no un interés «por» Honduras, sino «desde» Honduras, que paradójicamente desdeña la realidad específicamente hondureña. 

La intención de este nuevo número de PAZ Y SOLIDARIDAD es, con toda modestia, contribuir a ir disipando esa ignorancia.

Honduras es un hermoso y atormentado país que bien merece atención por lo que es, y no sólo por dónde se encuentra. El brillante trabajo realizado por el compañero Mario Posas, estudioso del movimiento hondureño, nos acerca a su palpitante realidad."

 Cuadernos Paz y Solidaridad, Nº 27. Madrid, enero 1996.

Dictamen del Consejo de Estado sobre Acuerdo de Complementariedad y Apoyo Mutuo Diplomático

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 18 de mayo de 1995, emitió el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de la Orden de V.E. de 27 de marzo de 1995 (fecha de registro de entrada 4 de abril), el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al Acuerdo de Complementariedad y Apoyo Mutuo Diplomático entre el Reino de España y la República de Honduras, hecho en Tegucigalpa el 15 de febrero de 1995, en consulta sobre la necesidad de autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado en obligarse por medio de ese Acuerdo. De los antecedentes remitidos resulta: Primero.- El Acuerdo consta de 5 artículos. El artículo primero enuncia el objeto: coordinar la acción de sus Misiones Diplomáticas. Esta coordinación puede ser de dos clases: si una de las dos Partes no dispone de una representación acreditada con carácter residente en un tercer país, podrá utilizar los servicios de las Misiones Diplomáticas de la otra (artículo 2); pero si ambas Partes disponen de esta representación, la coordinación consistirá en la solicitud -que puede declinarse- de apoyo diplomático de una Parte a la otra cerca del Gobierno ante el que está acreditada y para intereses nacionales exclusivos de la Parte solicitante (artículo 3). Los dos últimos artículos regulan la entrada en vigor y duración del Acuerdo.

Segundo.- La Dirección General de Asuntos Consulares, la Secretaría de Estado para la Cooperación Jurídica Internacional y para Iberoamérica y la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, en sus respectivos informes, no formulan objeciones a la celebración del Acuerdo.

Tercero.- La propuesta de resolución de 27 de marzo de 1995 considera que no es necesaria la autorización de las Cortes Generales, pues el Acuerdo no afecta a ninguno de los supuestos del artículo 94.1 de la Constitución.

Y, en tal estado de tramitación, V.E. dispuso la remisión del expediente para dictamen.

Coincide el Consejo de Estado con la propuesta de resolución en que este breve Acuerdo no se incluye en el artículo 94.1 de la Constitución, sino que tiene por objeto una ayuda mutua, material y práctica, en el servicio de las Misiones Diplomáticas. En consecuencia, no es necesaria la previa autorización de las Cortes Generales, debiendo ser informados el Congreso y el Senado de la conclusión del Acuerdo, conforme al artículo 94.2 de la propia Constitución.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que la prestación del consentimiento del Estado en obligarse por medio del Acuerdo de Complementariedad y Apoyo Mutuo Diplomático entre el Reino de España y la República de Honduras, no requiere la previa autorización de las Cortes Generales."

V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 18 de mayo de 1995

EL SECRETARIO GENERAL,

EL PRESIDENTE,

EXCMO. SR. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.

100 años del Tratado de paz y amistad entre España y la República de Honduras

Todavía en 1865, Maximiliano reclamaba formalmente la incorporación al Imperio mexicano de territorios en Centroamérica, por lo que Honduras y España firmaron el 15 de marzo de 1966 el primer Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad,  oficializando la soberanía de Honduras y los límites de su territorio: "Su Majestad Católica reconoce como nación libre, soberana é independiente á la República de Honduras, que comprende todo el territorio que durante la dominación española se conoció con el nombre de provincia, circunscrito en los límites siguientes: por el Este, Sudeste y Sur con la República de Nicaragua, por el Este, Nordeste y Norte con el Océano Atlántico; por el Oeste con Guatemala; por el Sur, Sudeste y Oeste con el Salvador, y por el Sur con la ensenada de Conchagua en el Pacífico y las islas adyacentes á sus costas en ambos mares, y usando de la facultad que le compete con arreglo al Decreto de las Cortes generales del Reino de 4 de Diciembre de 1836, renuncia en toda forma y para siempre por sí y sus sucesores, la soberanía, derechos y acciones que le correspondían sobre el territorio de la mencionada República".
Sin embargo, posteriormente a la firma se originó una renegociación por parte de Eduardo Viada -enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República de Honduras en España y Portugal- de algunos artículos por lo que se postergó la ratificación del mismo.

Pese a la no ratificación, esta primera firma generó protestas por parte de Chile y Perú, al considerar que Honduras se aliaba con España en el conflicto que mantenían ambas con la antigua metrópoli, afectando esa alianza a la neutralidad de los puertos de Omoa y Trujillo en caso de que el conflicto se expandiera a los territorios españoles en el Caribe.

En cualquier caso, la fallida revolución española de 1968 conocida como Gloriosa o Septembrina, y la sucesión de conflictos tanto en España como en Honduras, imposibilitó la conclusión del trámite.

Hasta que "deseando establecer sobre bases sólidas..." fue firmado hace 100 años en Guatemala (el 17 de noviembre del 1894) el Tratado de paz y amistad entre España y la República de Honduras, con la intención de garantizar así que "Habrá PAZ y AMISTAD inviolable entre España y la República de Honduras".

Fue uno de los últimos firmados con las jóvenes repúblicas iberoamericanas, y se redactó usando como base el firmado pocos años antes con Ecuador. Tiene, sin embargo, varias peculiaridades: 

Teniendo en cuenta que la Constitución hondureña de 1894 establecía que "Honduras es un estado disgregado de la República de Centro América. En consecuencia, reconoce como una necesidad primordial volver a la unión con las demás secciones de la República disuelta. […] Las repúblicas de Centro América no se consideran como naciones extranjeras" o que según la anterior de 1880 "Se consideran como hondureños naturales los hijos de las otras Repúblicas de Centroamérica, por el hecho de hallarse en cualquier punto del territorio de Honduras, a no ser que ante la autoridad correspondiente, manifiesten el propósito de conservar su nacionalidad", España incluye una cláusula aclaratoria para evitar que la aplicación del tratamiento de "nación más favorecida" a los ciudadanos españoles suponga su automática asimilación a los centroamericanos y, por lo tanto, con los mismos derechos y -especialmente- obligaciones que los hondureños. En una época en que Honduras bullía en luchas internas, eso hubiera podido suponer -entre otras cosas- la incorporación obligatoria al ejército hondureño... .

Por eso, "los naturales de cualquiera de los dos Estados gozarán en el otro de cuantos privilegios hayan sido concedidos o se concedan a los ciudadanos de la Nación más favorecida, con excepción de las de Centro América. El artículo 8º del anterior tratado no ratificado decía sin embargo: "Los súbditos españoles en Honduras y los ciudadanos hondureños en España, podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles é inmuebles, extraer del país sus valores íntegramente, disponer de ellos en vida ó por muerte y suceder en los mismos por testamento ó abintestato, todo con arreglo á las leyes del país, en los mismos términos y bajo de iguales condiciones y adeudos que usan o usaren los de la nación más favorecida."

Igualmente, en las negociaciones se hizo especial énfasis en que "en el caso de que un español en Honduras, o un hondureño en España, tomase parte en las cuestiones interiores o  en las luchas civiles de cualquiera de los dos Estados, será tratado, juzgado, y, si para ello hubiese motivo, condenado por los mismos procedimientos y Tribunales que lo sean los nacionales que se hallen en igual caso, sin que pueda reclamar la intervención diplomática para convertir el hecho personal, en cuestión internacional, sino de negación de justicia, infracción manifiesta de la ley en el procedimiento o de injusticia notoria; es decir, siempre que hubiese violación manifiesta de las leyes del País donde el crimen, el delito o la falta se hubiese cometido". Esta insistencia respondía especialmente al interés por anular la tradicional colaboración de Honduras en los levantamientos de las -todavía- provincias de ultramar (Cuba se independizará 4 años más tarde).

Curiosamente, en este Tratado Honduras reconocía indirectamente la existencia de una realidad plural al establecerse en el artículo 4°: "Queda además convenido que los Gobiernos respectivos no podrán exigirse recíprocamente responsabilidad por los daños, vejámenes o exacciones que los naturales de una de las dos Naciones sufrieren en el territorio de la otra por parte de […] las tribus sustraídas a la obediencia del Gobierno […]".

Y por Honduras firmó... en 1894, José D. Gámez (Representante de Nicaragua en Guatemala) y en 1895, Baltasar Estupinian (Representante de El Salvador en Guatemala). 

Consulta el texto íntegro en la Gaceta de Madrid de 11 de julio de 1896.

Firma del convenio de cooperación cultural, educativa y científica

Firmado el Convenio de cooperación cultural, educativa y científica, en sustitución del Tratado de Intercambio Cultural de mediados del siglo pasado.

Este nuevo Convenio establece -entre otras cosas- que (Artículo 6) "Las dos Partes considerarán los términos y modalidades necesarios para el reconocimiento mutuo de grados y títulos, tanto de nivel universitario como de nivel secundario, de acuerdo con las disposiciones vigentes en cada uno de los países."

Accede al texto íntegro del Convenio en: http://www.boe.es/boe/dias/1998/10/17/pdfs/A34418-34419.pdf

Dictamen del Consejo de Estado sobre el Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica

La Comisión Permanente del Consejo de Estado en sesión celebrada el día 9 de junio de 1994, emitió el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de la Orden de V.E. de 6 de mayo de 1994, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre el Reino de España y la República de Honduras, en consulta sobre la necesidad de autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado en obligarse por medio de ese Convenio.

De los antecedentes remitidos resulta:

Primero. El Convenio consta de 11 artículos. Las Partes se comprometen a promover: la lengua española (artículo 1), las actividades culturales mediante intercambios de personas (artículo 2.1) y cosas (artículo 2.2), la protección de los derechos de autor y propiedad intelectual (artículo 3), el acceso a las instituciones universitarias e intercambio de profesores (artículo 4), la concesión de becas (artículo 5), el reconocimiento mutuo de grados y títulos (artículo 6), la colaboración entre medios de comunicación (artículo 7), el intercambio de jóvenes y la cooperación entre organizaciones deportivas (artículo 8). Para la aplicación del Convenio las Partes acuerdan constituir una Comisión Mixta Permanente (artículo 9). Este Convenio derogará, cuando entre en vigor, el Tratado de Intercambio Cultural firmado por las mismas Partes el 12 de junio de 1957 (artículo 10). El Convenio tiene una duración de 5 años prorrogables (artículo 11).

Segundo. El informe de la Subdirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y Ciencia, de 9 de febrero de 1994, manifiesta su conformidad con el texto del Convenio. Tampoco presenta objeciones la Subdirección General de Cooperación Cultural Internacional del Ministerio de Cultura en su informe de 11 de enero de 1994.

Tercero. La propuesta de resolución del Gabinete de Tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores, con fecha de 6 de mayo de 1994, considera que no es necesaria la autorización previa de las Cortes Generales, dado que "el Convenio no afecta a ninguno de los apartados del artículo 94.1 de la Constitución".

Y, en tal estado de tramitación, V.E. dispuso la remisión del expediente para dictamen.

El expediente plantea una consulta sobre la necesidad de autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado en obligarse por medio de un Convenio internacional.

El Convenio que motiva esta consulta responde al modelo de ciertos Convenios o Acuerdos de cooperación, sobre los que este Consejo ha tenido ocasión de dictaminar en múltiples ocasiones y en los que las Partes se comprometen en términos muy amplios y generales a prestarse apoyo y asistencia en materias de mutuo interés, creando un órgano que tiene encomendadas la aplicación e interpretación de las cláusulas o estipulaciones pactadas.

Los artículos del Convenio no invaden materia reservada a la ley, ni implican nuevas obligaciones para la Hacienda Pública, ni, en fin, afectan a ninguno de los apartados del artículo 94.1 de la Constitución.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que la prestación del consentimiento del Estado en obligarse por medio del Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre el Reino de España y la República de Honduras, no requiere previa autorización de las Cortes Generales."

V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 9 de junio de 1994

EL SECRETARIO GENERAL,

EL PRESIDENTE,

EXCMO. SR. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES

10 años de la muerte de la doctora Elisenda Portabella

Fuente: La Vanguardia

10 años de la muerte de la doctora Elisenda Portabella

Creada la Cámara Oficial Española de Comercio en Honduras

Creada la Cámara Oficial Española de Comercio en Honduras, con sede en San Pedro Sula -ciudad industrial y comercial de Honduras-.

Esta Cámara es heredera de la que durante décadas funcionó en Tegucigalpa, y su funcionamiento y organización están regulados por las normas del estatuto de las Cámaras de Comercio de España en el extranjero, comprendido en el Real Decreto 786 del 16 de marzo de 1979.

Conforme a la propia Cámara: “Somos una institución sin fines de lucro y nuestra labor se presta en beneficio de los intereses españoles en Honduras, los hondureños en España y especialmente, el fomento de los intercambios comerciales entre ambas naciones. Esto se realiza en una estrecha colaboración con la Oficina Comercial de la Embajada de España, siendo el Embajador nuestro Presidente Honorario y el Jefe de la Oficina Económica y Comercial nuestro Asesor Técnico.

Asimismo, nuestra Cámara es una asociación libremente constituida por españoles y hondureños que están relacionados comercialmente con España. Aunque está sometida a la legislación propia del país, mantiene un amplio marco normativo que le permite cumplir sus funciones y alcanzar con eficacia sus objetivos. Además, con tal propósito, se relaciona directamente con las Cámaras Españolas de Comercio en el extranjero y con las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.”

La Cámara Oficial Española de Comercio en Honduras asocia a las principales empresas españolas radicadas en el país, aquellas que pertenecen a españoles residentes o a sus descendientes y las que mantienen relaciones de intercambio comercial con el país hispano y empresas nacionales, así como a delegaciones de empresas no radicadas en Honduras. 

Más información en: http://www.camacoes.hn

Cambio de la tripulación española del bulk-carrier "Castillo de Butrón" por otra de veinte marineros hondureños

Fuente: Boletín Oficial de las Cortes Generales

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Landeta Alvarez-Valdés, Diputado por Asturias, del Grupo parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la que desea obtener contestación por escrito.
A este Diputado le han llegado noticias de que la Empresa Nacional «Elcano» perteneciente al Grupo INI, ha cambiado la tripulación española del bulkcarrier
«Castillo de Butrón», uno de los barcos más modernos de la flota naviera estatal, por una tripulación de veinte marineros hondureños, sustituyendo el pabellón español por el de las Bahamas.

Si son ciertas estas noticias, ¿considera correcta esta actuación dado el paro existente de trabajo en el mar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 1994.

-Antonio Landeta Alvarez-Valdés. 

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841002883 y 002884.
AUTOR: Landeta Alvarez-Valdés, Antonio (G. P).
Asunto: Cambio de la tripulación española del bulkcarrier «Castillo de Butrón» por otra de veinte marineros hondureños y abanderamiento de los bulk-carrier
de la Empresa Nacional Elcano en las Islas Bahamas.
 
«ELCANO es propietario 100% de LAURIA Shipping Corporation Ltd. Compañía radicada en Bahamas, cuya finalidad es proporcionar a EILANO buques con costes operativos competitivos.
Los siete bulk-carriers que tiene en propiedad LAURIA, filial de EKANO, están abanderados en Bahamas.
La elección de Bahamas no responde al tratamiento fiscal ya que los beneficios que se produzcan en ELCANO incluyen los generados por LAURIA, por lo que el Grupo ELCANO tributa en España por la totalidad de los resultados consolidados. Las ventajas laborales son las de un marco de contratación laboral totalmente abierto, idéntico al que disfrutan las compañías de la competencia.
Sin embargo, esto no significa que se haya prescindido del empleo español, ya que 6 de los 9 buques propiedad de LAURIA son tripulados por marineros
españoles. A esta situación se ha llegado mediante un acuerdo suscrito con la representación legal de los trabajadores como única forma de hacer viable la Compañía, que ha permitido reducir los costes laborales aproximándolos a los de los competidores y hacer éstos compatibles con el empleo de españoles.
Específicamente, el Castillo de Butrón es un bulkcarrier de 79.000 Tpm. tripulado por 24 hombres de los que 6 son españoles, 5 peruanos y 13 hondureños; esta composición de la tripulación está en el marco del
acuerdo señalado.»
Madrid, 22 de marzo de 1994.-El Ministro.

Desaparecidos en Honduras

Fuente: El País

Tomás Nativí Gálvez era, o es, profesor, periodista y sindicalista. Era, o es, hondureño. Desde hace 13 años nadie sabe dónde está. Tenía 33 años; ahora tendría, o tiene, 46. Tomás Nativí Gálvez es uno de los más de 100 hombres y mujeres desaparecidos en Honduras durante la década de los ochenta. A lo largo de todos estos años las autoridades han prometido siempre investigar cada caso. Pero hasta ahora nunca lo han hecho. El pueblo hondureño sabe que las autoridades, tarde o temprano, acaban negando los casos de desapariciones. Pero ese mismo pueblo no se resigna, y por eso sigue preguntando por la suerte de los suyos..Tomás Nativí fue secuestrado el 11 de junio de 1981, en su propia casa, por tres hombres enmascarados que irrumpieron en su cuarto mientras dormía con su mujer. Desde hacía un tiempo había sido objeto de detenciones arbitrarias y de torturas. Pocos dudan de que quienes le secuestraron fueron, una vez más, miembros de las fuerzas de seguridad.

Han pasado casi 13 años. Parecería lógico suponer que Tomás Nativí ya no vive, que ya no merece la pena seguir insistiendo por él. Pero su esposa y sus tres hijos no deben pensar lo mismo. Tampoco las esposas, maridos, hijos o padres del resto de los más de 100 desaparecidos dan por muertos a quienes sólo recuerdan vivos la última vez que les vieron. Un hombre desaparecido nunca está muerto. Siempre está vivo. Quizá le olviden las autoridades de su país, pero nunca le puede olvidar Honduras. Mientras tanto, los familiares de Tomás Nativí deberían saber que, desde el otro extremo del Atlántico, hay personas que nunca conocieron personalmente a Tomás Nativí Gálvez, pero que se resisten a olvidarle o a enterrarle antes de tiempo-.

Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la Republica de Honduras

Escasos meses previos a la creación oficial de la Cámara Oficial Española de Comercio en Honduras, se ha firmado el Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la Republica de Honduras, firmado «ad referendum» en Tegucigalpa el 18 de marzo de 1994.

No entrará, sin embargo, en vigor hasta el 23 de mayo de 1996.

Con este acuerdo se supera el anterior Convenio de cooperación económica entre la República de Honduras y el Estado Español de 1972.

Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones

Fuente: EFE

Honduras y España suscriben hoy, viernes, un convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que impulsará más sus relaciones comerciales.
El acuerdo será suscrito por funcionarios del gobierno hondureño y el ministro español de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, quien llegó el jueves a Tegucigalpa para una visita oficial de tres días.
Gómez Navarro se entrevistará con el presidente Carlos Roberto Reina, y varios de sus ministros, con quienes revisará las relaciones comerciales entre ambas naciones.
El ministro declaró a EFE que su visita tiene como objetivo "incrementar las relaciones comerciales y hablar con el Gobierno de Honduras sobre un nuevo protocolo de cooperación económica que será formalizado a corto plazo".
Añadió que el convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones es un instrumento que incrementará las relaciones comerciales y dará mayor seguridad a los inversores españoles en Honduras.
Gómez Navarro también se reunirá con los ministros de Economía, Hacienda, Planificación y Obras Públicas y Transporte y la directora de Turismo.
Honduras es el país centroamericano con el que España tiene un mayor volumen global de comercio, y le vende unos 42 millones de dólares anuales en productos derivados de la madera, café y otros rubros.
Las compras de Honduras a España se calculan en unos 27,5 millones de dólares en diversos artículos como maquinaria y equipo para la generación de energía eléctrica, manufacturas de hierro y acero, medicamentos y maquinaria agrícola.
Pero además de esa buena relación comercial que favorece a Honduras, España ha incrementado su cooperación en los últimos cuatro años con una asistencia directa de 150 millones de dólares para proyectos sociales.
Además hay otra asistencia española por diferentes vías que llega a Honduras a través de la Unión Europea.
En 1990, España estableció con Honduras una aportación de 50 millones de dólares para un período de dos años que concluyó en 1991.
En febrero de 1992 firmaron otro convenio que puso a la disposición de Honduras facilidades financieras por un monto de 100 millones de dólares, que se agotaron en agosto de 1993.
Un nuevo convenio sería suscrito este año, aunque Tegucigalpa todavía no ha formalizado la solicitud respectiva, pero podría ser planteado durante la visita del ministro español.
España brinda asistencia a Honduras en la construcción de canales para el control de inundaciones en la zona norte del país, desarrollo social, rural y agroforestal, reforzamiento municipal, ayuda alimentaria y sanitaria, asistencia en materia de vivienda a grupos campesinos, programas de formación a través de becas y actividades culturales, entre otros proyectos.
La ayuda se extiende a otras áreas, como mejora de aeropuertos y un centro nacional de biología, inaugurado la semana pasada en Tegucigalpa por la presidenta de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Ana María Ruiz-Tagle.
El sábado, el ministro español de Comercio y Turismo viajará al parque arqueológico maya de Copán Ruinas, en el occidente de Honduras, y ese mismo día regresará a Madrid.

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras sobre modificación del Convenio de Doble Nacionalidad

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en su sesión del día 9 de septiembre, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de la Orden de V.E. de 12 de julio de 1993, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras sobre modificación del Convenio de Doble Nacionalidad de 15 de junio de 1966.

Resulta de antecedentes:

Primero.- El Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras sobre modificación del Convenio de Doble Nacionalidad de 15 de junio de 1966 propone la modificación del apartado primero del artículo 2 de este último Convenio. En su redacción originaria disponía el mencionado apartado:

"Los españoles que hayan adquirido la nacionalidad hondureña, conservando su nacionalidad de origen, deberán ser inscritos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, y los hondureños que hayan adquirido la nacionalidad española, conservando su nacionalidad de origen, deberán ser inscritos en el Registro Civil español correspondiente al lugar del domicilio".

Se propone la siguiente redacción:

"Los españoles que hayan adquirido la nacionalidad hondureña, conservando su nacionalidad de origen, deberán ser inscritos en el Registro Nacional de las Personas, y los hondureños que hayan adquirido la nacionalidad española, conservando su nacionalidad de origen, deberán ser inscritos en el Registro Civil español".

La reforma se motiva, por un lado, por la creación del Registro Nacional de las Personas en Honduras, y, por otro, por la necesidad de ajustar el Convenio al sistema registral español que prevé la inscripción en el Registro Central o Consular competentes por razón del lugar del nacimiento de los interesados.

Segundo.- El 21 de enero de 1993 informó la Dirección General de Registros y del Notariado. En su informe consideraba que el inciso "correspondiente al lugar del domicilio" -que se suprime por el Canje de Notas sometido a consulta-, "no se corresponde con el sistema registral español".

Tercero.- El Gabinete de Tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores estima que es necesaria la autorización de las Cortes Generales.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.

Es objeto de consulta el Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras sobre modificación del Convenio de Doble Nacionalidad de 15 de junio de 1966.

Entiende el Consejo de Estado que el citado Canje de Notas requiere la previa autorización de las Cortes Generales, ya que mediante la modificación propuesta se cambia el sistema registral de inscripción de la adquisición de la nacionalidad española, regulado en el artículo 16 de la Ley de Registro Civil. Se estima, en consecuencia, que resulta de aplicación el artículo 94.1, apartado e), de la Constitución.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que la prestación del consentimiento para obligarse por el Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras sobre modificación del Convenio de Doble Nacionalidad de 15 de junio de 1966 requiere la previa autorización de las Cortes Generales."

V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 9 de septiembre de 1993

EL SECRETARIO GENERAL,

EL PRESIDENTE,

EXCMO. SR. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.

La situación de los derechos humanos es "grave" en los países de Centroamérica

Fuente: El País
La situación de los derechos humanos en Centroamérica "sigue siendo grave", según las organizaciones internacionales especializadas que destacan, sobre todo, los casos de Guatemala, Honduras y El Salvador. En Panamá y en Nicaragua, las acusaciones contra los actuales gobiernos son múltiples y serias, aunque se han registrado evidentes progresos.

El informe más reciente del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP) precisa que incluso en Costa Rica, cuya estabilidad democrática data de 1948, existen denuncias contra la policía. Las agresiones a la prensa, a organizaciones humanitarias, a los sindicatos y la Iglesia católica durante 1992 fueron consideradas por los expertos una manifestación de las prácticas de violación de los derechos humanos dirigidas contra la sociedad civil.En Guatemala, según un informe anual presentado por la Procuraduría de los Derechos Humanos el año pasado, se recibieron 387 denuncias de ejecuciones extrajudiciales, 48 de las cuales se tipificaron como tales mientras 318 son investigadas y dos fueron desestimadas. Sobre desapariciones forzadas, el organismo oficial citado informó de 99 casos, en 21 de los cuales las personas aparecieron vivas y en seis, muertas.
En El Salvador, a pesar de los significativos avances recogidos por los organismos humanitarios, la firma de la paz entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en 1992 no permitió por sí sola el cese absoluto de las transgresiones a las libertades y las garantías individuales.
Estadísticas parciales de la ONU en los cinco primeros meses de 1992 en El Salvador dan cuenta de 105 "ejecuciones extrajudiciales", 138 amenazas de muerte, 15 desapariciones, 44 secuestros, 109 torturas, 261 detenciones ilegales y otras 103 violaciones de los derechos humanos.
En Nicaragua el informe dice que la violencia en el campo, la radicalización de las posturas y la corrupción causaron a lo largo del año 1992 una "nueva espiral".

Acuerdo entre España y Honduras sobre transporte aéreo y anejo

Fuente: BOE

Recientemente Iberia comenzó a operar vuelos regulares con Honduras y unos días antes (30 de octubre de 1992) entró en vigor provisionalmente el ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y HONDURAS SOBRE TRANSPORTE AÉREO. 

Hoy se hace público el mismo:

ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y HONDURAS SOBRE TRANSPORTE AÉREO

Siendo Partes del Convenio de Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944;

Deseosos de favorecer el desarrollo del transporte aéreo entre sus respectivos territorios y de proseguir en la medida más amplia posible la cooperación internacional en este sector.

Han convenido lo siguiente:

 

(...)

 

ARTICULO II

Derechos operativos

1. Cada Parte Contratante concederá a la otra Parte Contratante los derechos especificados en el presente Acuerdo, con el fin de establecer los servicios aéreos internacionales regulares en las rutas especificadas en el anejo al mismo.

2. La empresa aérea que haya sido designada por cualquiera de las Partes Contratantes gozará, mientras opere un servicio convenido en una ruta especificada, de los siguientes derechos:

a) Sobrevolar sin aterrizar el territorio de la otra Parte Contratante.

b) Hacer escalas en dicho territorio para fines no comerciales.

c) Hacer escalas en los puntos del territorio de la otra Parte Contratante que se especifiquen en el cuadro de rutas del anejo al presente Acuerdo, con el propósito de embarcar y desembarcar pasajeros, correo y carga, conjunta o separadamente en tráfico aéreo internacional procedente o con destino al territorio de la otra Parte Contratante o procedente o con destino al territorio de otro Estado, de acuerdo con lo establecido en el anejo al presente Acuerdo.

d) Ninguna disposición del presente Acuerdo podrá ser interpretada en el sentido de que se confieren a la empresa aérea designada por una de las Partes Contratantes derechos de cabotaje dentro del territorio de la otra parte contratante.

ARTICULO III

Designación de empresas

1. Cada Parte Contratante tendrá derecho a designar por escrito a la otra Parte Contratante, una empresa de transporte aéreo con el fin de explotar los servicios convenidos en las rutas especificadas, así como a sustituir por otra a la empresa previamente designada.

2. Al recibir dicha designación, la Parte Contratante deberá, con arreglo a las disposiciones de los párrafos 3) y 4) del presente artículo, conceder, sin demora, a la empresa aérea designada las correspondientes autorizaciones de explotación.

3. Las Autoridades Aeronáuticas de una de las Partes Contratantes podrán exigir que la empresa aérea designada de la otra parte contratante, demuestre que están en condiciones de cumplir con las obligaciones prescritas en las Leyes y Reglamentos, normal y razonablemente aplicados por dichas Autoridades a la explotación de los servicios aéreos internacionales de conformidad con las disposiciones del Convenio.

4. Cada Parte Contratante tendrá el derecho de negar la autorización de explotación mencionada en el párrafo 2 de este artículo, o de imponer las condiciones que estime necesarias para el ejercicio, por parte de la empresa aérea designada, de los derechos especificados en el artículo II del presente Acuerdo, cuando no esté convencida de que una parte sustancial de la propiedad y el control efectivo de esta empresa se hallen en manos de la Parte Contratante que ha designado a la empresa o de sus nacionales.

5. Cuando la empresa aérea haya sido de este modo designada y autorizada, podrá comenzar, en cualquier momento, a explotar los servicios convenidos, siempre que esté en vigor en dichos servicios una tarifa establecida de conformidad con las disposiciones del artículo VII del presente Acuerdo.

ARTICULO IV

Revocaciones

1. Cada Parte Contratante se reserva el derecho de revocar la autorización de explotación concedida a la empresa aérea designada por la otra Parte Contratante, de suspender el ejercicio por dicha empresa de los derechos especificados en el artículo II del presente Acuerdo, o de imponer las condiciones que estime necesarias para el ejercicio de dichos derechos:

a) Cuando no esté convencida de que una parte sustancial de la propiedad y el control efectivo de la empresa se halle en manos de la Parte Contratante que designa a la empresa o de sus nacionales, o

b) Cuando esta empresa no cumpla las Leyes y Reglamentos de la Parte Contratante que otorga estos derechos, o

c) Cuando la empresa aérea deje de explotar los servicios convenidos con arreglo a las condiciones prescritas en el presente Acuerdo.

2. A menos que la revocación, suspensión o imposición inmediata de las condiciones previstas en el párrafo 1 de este artículo sean esenciales para impedir nuevas infracciones de las Leyes y Reglamentos, tal derecho se ejercerá solamente después de consultar a la otra Parte Contratante.

ARTICULO V

Exenciones

1. Las aeronaves utilizadas en los servicios aéreos internacionales por la empresa aérea designada por cada una de las Partes Contratantes, y su equipo habitual, combustible, lubricantes y provisiones (incluyendo los alimentos, tabaco y bebidas) a bordo de dichas aeronaves, estarán exentos de los derechos a la importación y de los demás impuestos y gravámenes exigibles a la entrada de las mercancías en el territorio de la otra Parte Contratante, siempre que aquéllos permanezcan a bordo de la aeronave hasta el momento de su reexportación.

2. Estarán igualmente exentos de los mismos derechos e impuestos, con excepción de los derechos por el servicio prestado:

a) Las provisiones de a bordo embarcadas en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes, dentro de los límites fijados por las Autoridades de dicha parte contratante, para su consumo a bordo de las aeronaves dedicadas a servicios internacionales de la otra Parte Contratante;

b) Piezas de recambio introducidas en el territorio de una de las Partes Contratantes para el mantenimiento o reparación de las aeronaves utilizadas en los servicios aéreos internacionales por la empresa aérea designada por la otra Parte Contratante;

c) El combustibles y lubricantes destinados al abastecimiento de las aeronaves utilizadas por la empresa aérea designada por la otra Parte Contratante, y dedicada a servicios aéreos internacionales, incluso cuando estas provisiones se consuman durante el vuelo sobre el territorio de la parte contratante en que se hayan embarcado, y

d) Existencias de billetes impresos, conocimientos aéreos, cualquier material impreso que lleve el emblema de la Compañía impreso en el mismo y el material publicitario normal que se distribuya gratuitamente por dicha empresa aérea designada.

Los artículos mencionados en los subpárrafos a), b), c) y d) podrán ser sometidos a vigilancia o control aduaneros.

3. El equipo habitual de las aeronaves, así como los materiales y provisiones a bordo de las aeronaves de cualquiera de las Partes Contratantes, no podrán desembarcarse en el territorio de la otra Parte Contratante sin la aprobación de las Autoridades aduaneras de dicho territorio. En tal caso, podrán mantenerse bajo vigilancia por dichas Autoridades hasta que sean reexportados o hayan recibido otro destino de conformidad con la reglamentación aduanera.

4. Salvo por razones de seguridad, los pasajeros en tránsito a través del territorio de cualquiera de las Partes Contratantes, sólo estarán sujetos a un simple control. El equipaje y la carga en tránsito directo estarán exentos de derechos de aduana y demás impuestos y gravámenes exigibles a la importación.

ARTICULO VI

Tasas aeroportuarias

Cada una de las Partes Contratantes podrá imponer o permitir que se impongan tasas o tarifas justas y razonables por el uso de aeropuertos públicos y de las instalaciones y servicios de ayuda a la navegación bajo su control, con tal de que dichas tarifas no sean superiores a las impuestas a sus aeronaves nacionales destinadas a servicios internacionales similares por el uso de dichos aeropuertos y servicios.

ARTICULO VII

Tarifas

1. Las tarifas aplicables por la empresa aérea designada de cada una de las Partes Contratantes por el transporte con destino al territorio de la otra Parte Contratante o proveniente de él, se establecerán a unos niveles razonables, teniendo debidamente en cuenta todos los elementos de valoración, especialmente el coste de explotación, las necesidades de los usuarios, un beneficio razonable y las tarifas aplicadas por otras empresas de transporte aéreo.

2. Las tarifas mencionadas en el párrafo 1 de este artículo se acordarán, si es posible, por la empresa aérea designada de cada una de las Partes Contratantes, previa consulta con las otras empresas que operen en toda la ruta o parte de ella. Las empresas llegarán a este acuerdo recurriendo en la medida de lo posible, al procedimiento para la elaboración de tarifas de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional.

3. Las tarifas así acordadas se someterán a la aprobación de las Autoridades Aeronáuticas de las dos Partes Contratantes, al menos cuarenta y cinco días antes de la fecha propuesta para su entrada en vigor. En casos especiales, este plazo podrá reducirse con el consentimiento de dichas Autoridades.

4. La aprobación podrá concederse expresamente. Si ninguna de las dos Autoridades Aeronáuticas ha expresado su disconformidad con el plazo de treinta días a partir de la fecha en que la notificación haya tenido lugar, conforme al párrafo 3 de este artículo, dichas tarifas se considerarán aprobadas. En caso que se reduzca el plazo de notificación en la forma prevista en el párrafo 3, las Autoridades Aeronáuticas pueden acordar que el plazo para la notificación de cualquier disconformidad sea inferior a treinta días.

5. Cuando no se haya podido acordar una tarifa conforme a las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo o cuando una Autoridad Aeronáutica en los plazos mencionados en el párrafo 4 de este artículo, manifieste a la otra Autoridad Aeronáutica su disconformidad respecto a cualquier tarifa acordada conforme a las disposiciones del párrafo 2, las Autoridades Aeronáuticas de ambas partes contratantes tratarán de determinar la tarifa de mutuo acuerdo.

6. Si las Autoridades Aeronáuticas no pueden llegar a un acuerdo sobre la tarifa que se les someta conforme al párrafo 3 del presente artículo, o sobre la determinación de una tarifa según el párrafo 5 de este artículo, la controversia se resolverá con arreglo a las disposiciones previstas en el artículo XIX del presente Convenio aéreo.

7. Una tarifa establecida conforme a las disposiciones del presente artículo continuará en vigor hasta el establecimiento de una nueva tarifa. Las tarifas aéreas podrán, sin embargo, prolongarse más allá de su fecha original de vencimiento por un período que no sobrepase los doce meses.

ARTICULO VIII

Personal técnico y comercial

1. A la empresa aérea designada de cada Parte Contratante se le permitirá, en base de reciprocidad, mantener en el territorio de la otra Parte Contratante a sus representantes y al personal comercial, técnico y de operaciones que sea necesario en relación con la operación de los servicios convenidos.

2. Estos requerimientos de personal podrán, a opción de la empresa aérea designada de cada Parte Contratante, ser cumplimentados bien por su propio personal o mediante los servicios de cualquier otra organización, compañía o empresa aérea que preste sus servicios en el territorio de la otra Parte Contratante y que esté autorizada para prestar dichos servicios en el territorio de dicha parte contratante.

3. Los representantes y el resto del personal deberán estar sujetos a las Leyes y Reglamentos en vigor de la otra Parte Contratante y, de conformidad con dichas Leyes y Reglamentos, cada Parte Contratante deberá conceder, en base de reciprocidad y con un mínimo de demora, las correspondientes autorizaciones de empleo, visado de visitantes y otros documentos similares a los representantes y al personal a que hace mención el párrafo 1 de este artículo.

4. Cuando circunstancias especiales requieran la entrada o permanencia de personal de servicio con carácter temporal y urgente, las autorizaciones, visados y documentos requeridos, en su caso, por las Leyes y Reglamentos de cada Parte Contratante, serán expedidos con prontitud para no retrasar la entrada al país en cuestión de dicho personal.

5. La empresa aérea designada por cada una de las Partes Contratantes podrá suministrarse sus propios servicios de asistencia en tierra dentro del territorio de la otra Parte Contratante.

ARTICULO IX

Leyes y Reglamentos

1. Las Leyes y Reglamentos de cada Parte Contratante que regulen en su territorio la entrada y salida de las aeronaves dedicadas a la navegación aérea internacional o relativas a la operación de dichas aeronaves durante su permanencia dentro de los límites de su territorio, se aplicarán a las aeronaves de la empresa aérea designada por la otra Parte Contratante.

2. Las Leyes y Reglamentos que regulen en el territorio de cada Parte Contratante la entrada, permanencia o salida de pasajeros, tripulaciones, equipajes, correo y carga, así como los trámites relativos a las formalidades de entrada y salida del país, a la emigración, a las aduanas y a las medidas sanitarias se aplicarán también en dicho territorio a las operaciones de la empresa aérea designada de la otra Parte Contratante.

ARTICULO X

Zonas prohibidas

Por razones militares o de seguridad pública cada Parte Contratante podrá restringir o prohibir los vuelos de las aeronaves de la empresa aérea designada de la otra Parte Contratante sobre ciertas zonas de su territorio, siempre que dichas restricciones o prohibiciones se apliquen igualmente a las aeronaves de la empresa aérea designada de la primera Parte Contratante o a las empresas de transporte aéreo de terceros Estados que operen servicios aéreos internacionales regulares.

ARTICULO XI

Certificados y licencias

1. Los certificados de aeronavegabilidad, los títulos de aptitud y las licencias expedidas o convalidadas por una de las Partes Contratantes y no caducadas para la explotación de los servicios convenidos en las rutas especificadas en el anejo al presente Acuerdo, con tal que los requisitos bajo los que tales certificados o licencias fueron expedidos o convalidados sean iguales o superiores al mínimo que pueda ser establecido en los Convenios sobre la Aviación Civil Internacional.

2. Cada Parte Contratante se reserva, no obstante, el derecho de no reconocer la validez para el sobrevuelo de su propio territorio, de los títulos de aptitud y las licencias expedidas a sus propios ciudadanos por la otra Parte Contratante.

ARTICULO XII

Seguridad

1. De conformidad con los derechos y obligaciones que les impone el derecho internacional, las Partes Contratantes ratifican que su obligación mutua de proteger la seguridad de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita, constituye parte integrante del presente Acuerdo.

Sin limitar la validez general de sus derechos y obligaciones en virtud del derecho internacional, las Partes Contratantes actuarán, en particular, de conformidad con las disposiciones del Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos cometidos a bordo de las aeronaves, firmado en Tokio el 14 de septiembre de 1963, el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970 y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.

2. Las Partes Contratantes se prestarán mutuamente toda la ayuda necesaria que soliciten para impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea, y toda otra amenaza contra la seguridad de la aviación civil.

3. Las Partes actuarán, en sus relaciones mutuas, de conformidad con las disposiciones sobre seguridad de la aviación establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional y que se denominan Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en la medida en que esas disposiciones sobre seguridad sean aplicables a las Partes; exigirán que los explotadores de aeronaves de su matrícula, o los explotadores que tengan la oficina principal o residencia permanente en su territorio, y los explotadores de aeropuertos situados en su territorio actúen de conformidad con dichas disposiciones sobre seguridad de la Aviación.

4. Cada Parte Contratante conviene en que puede exigirse a dichos explotadores de aeronaves que observen las disposiciones sobre seguridad de la Aviación que se menciona en el párrafo anterior, exigidas por la otra Parte Contratante para la entrada, salida o permanencia en el territorio de esa Parte Contratante. Cada Parte Contratante se asegurará de que en su territorio se aplican efectivamente medidas adecuadas para proteger a la aeronave e inspeccionar a los pasajeros, la tripulación, los efectos personales, el equipaje, la carga y suministros de la aeronave antes y durante el embarque o la estiba. Cada una de las Partes Contratantes estará también favorablemente predispuesta a entender toda solicitud de la otra Parte Contratante de que adopte medidas especiales razonables de seguridad con el fin de afrontar una amenaza determinada.

5. Cuando se produzca un incidente o amenaza de incidente de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles u otros actos ilícitos contra la seguridad de tales aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos o instalaciones de navegación aérea, las Partes Contratantes se asistirán mutuamente facilitando las comunicaciones y otras medidas apropiadas destinadas a poner término, en forma rápida y segura, a dicho incidente o amenaza.

ARTICULO XIII

Transferencia de excedentes de ingresos

1. Con carácter de reciprocidad y sobre una base de no discriminación en relación con cualquier otra empresa aérea que opere en tráfico internacional, las empresas aéreas designadas de las Partes Contratantes tendrán libertad para vender servicios de transporte aéreo en los territorios de ambas Partes Contratantes, ya sea directamente o a través de agentes, y en cualquier moneda, de acuerdo con la legislación en vigor en cada una de las Partes Contratantes.

2. Las empresas aéreas designadas de las Partes Contratantes tendrán libertad para transferir desde el territorio de venta a su territorio nacional los excedentes de los ingresos respecto a los gastos, obtenidos en el territorio de la venta. En dicha transferencia neta se incluirán los ingresos de las ventas, realizadas directamente o a través de un agente, de los servicios de transporte aéreo y de los servicios auxiliares y suplementarios, así como el interés comercial normal obtenido de dichos ingresos, mientras que se encontraban en depósito esperando la transferencia.

3. Tales transferencias serán efectuadas sin perjuicio de las obligaciones fiscales en vigor en el territorio de cada una de las Partes Contratantes.

4. Las empresas aéreas designadas de las Partes Contratantes recibirán la autorización correspondiente dentro de los plazos reglamentarios para que dichas transferencias se realicen en moneda libremente convertible al tipo de cambio oficial vigente en la fecha de la solicitud.

ARTICULO XIV

Régimen fiscal

Cada Parte Contratante podrá conceder a la empresa aérea designada de la otra Parte Contratante, en base de reciprocidad, la exención de todos los impuestos y gravámenes sobre los beneficios o rentas obtenidos de la explotación de los servicios aéreos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones formales establecidas legalmente por cada Parte Contratante.

ARTICULO XV

Capacidad

1. Las empresas aéreas designadas de ambas Partes Contratantes gozarán de una oportunidad justa y equitativa para la explotación de los servicios convenidos en las rutas especificadas.

2. Los servicios convenidos en cualquiera de las rutas especificadas en el anejo al presente Acuerdo tendrán por objeto esencial ofrecer una capacidad adecuada a las necesidades del público en tales servicios.

3. La empresa aérea designada de una de las Partes Contratantes deberá tomar en consideración al operar los servicios convenidos los intereses de la empresa aérea designada de la otra Parte Contratante a fin de no afectar de forma indebida los servicios que esta última realice en parte o en la totalidad de las mismas rutas.

4. El derecho a embarcar o desembarcar en los respectivos territorios de las Partes Contratantes tráfico internacional en o con destino a terceros países, de acuerdo con lo establecido en el artículo II c) y en el anejo al presente Acuerdo será ejercido conforme a los principios generales de desarrollo ordenado del tráfico aéreo internacional, aceptado por ambas Partes Contratantes y en tales condiciones que la capacidad sea adaptada a:

a) Las necesidades del tráfico entre el país de origen y los países de destino de dicho tráfico.

b) Las necesidades de una explotación económica en la ruta.

c) Las necesidades del tráfico en el sector que atraviesan las empresas aéreas designadas.

ARTICULO XVI

Estadísticas

Las autoridades aeronáuticas de cada una de las Partes Contratantes deberán facilitar a las autoridades aeronáuticas de la otra Parte Contratante, si les fuesen solicitadas, la información y estadísticas relacionadas con el tráfico transportado por la empresa aérea designada de la primera Parte en los servicios convenidos con destino al territorio de la otra Parte o procedente del mismo, tal y como hayan sido elaboradas y sometidas por las empresas aéreas designadas a sus autoridades aeronáuticas nacionales para su publicación. Cualquier dato estadístico adicional de tráfico que las autoridades aeronáuticas de una de las Partes Contratantes desee obtener de las autoridades aeronáuticas de la otra Parte será objeto de conversaciones mutuas entre las autoridades aeronáuticas de las dos Partes Contratantes, a petición de cualquiera de ellas.

ARTICULO XVII

Consultas

Las autoridades aeronáuticas de las Partes Contratantes se consultarán de vez en cuando con espíritu de estrecha colaboración, a fin de asegurar la aplicación y cumplimiento satisfactorio de las disposiciones de este Acuerdo.

ARTICULO XVIII

Modificaciones

1. Si cualquiera de las Partes Contratantes estima conveniente modificar alguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá solicitar una consulta con la otra Parte Contratante. Tal consulta, que podrá hacerse entre autoridades aeronáuticas verbalmente o por correspondencia, se iniciará dentro de un plazo de sesenta días a partir de la fecha de la solicitud. Todas las modificaciones así convenidas habrán de ser aprobadas con arreglo a las formalidades constitucionales de las Partes Contratantes y entrarán en vigor cuando hayan sido confirmadas mediante canje de notas por vía diplomática.

2. No obstante, si las modificaciones se refieren al anejo a este Acuerdo, éstas podrán hacerse mediante acuerdo directo entre las autoridades aeronáuticas de las Partes Contratantes y entrarán en vigor mediante Canje de Notas por vía diplomática.

3. El presente Acuerdo se modificará para que esté en armonía con cualquier Convenio Multilateral que sea obligatorio para las dos Partes Contratantes.

ARTICULO XIX

Solución de controversias

1. En caso de surgir una controversia sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo entre las Partes Contratantes, éstas se esforzarán, en primer lugar, para solucionarla mediante negociaciones directas.

2. Si las Partes Contratantes no llegan a una solución mediante negociaciones, la controversia podrá someterse, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, a la decisión de un Tribunal compuesto por tres árbitros, uno nombrado por cada Parte Contratante, y un tercero designado por los dos así nombrados. Cada una de las Partes Contratantes nombrará un árbitro dentro del plazo de sesenta días a partir de la fecha en que reciba cualquiera de las Partes Contratantes una nota de la otra Parte Contratante, por vía diplomática, solicitando el arbitraje de la controversia. El tercer árbitro se designará dentro de un plazo de sesenta días, a contar de la designación del segundo de los árbitros citados, será siempre nacional de un tercer Estado, actuará como Presidente del Tribunal arbitral y determinará el lugar de celebración del arbitraje. Si cualquiera de las Partes no nombra un árbitro dentro del plazo señalado o si el tercer árbitro no ha sido nombrado dentro del plazo fijado, cualquiera de las Partes Contratantes podrá pedir al Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional que nombre un árbitro o árbitros, según el caso. De suceder esto, el tercer árbitro será un nacional de un tercer Estado y actuará como Presidente del Tribunal arbitral.

3. Las Partes Contratantes se comprometen a respetar todo laudo adoptado de acuerdo con el párrafo 2 del presente artículo.

ARTICULO XX

Registro

El presente Acuerdo y toda modificación al mismo, se registrarán en la Organización de Aviación Civil Internacional.

ARTICULO XXI

Entrada en vigor y denuncia

1. El presente Acuerdo se aplicará provisionalmente en el momento de su firma y entrará en vigor en el momento que ambas Partes Contratantes se hayan notificado mutuamente, mediante Canje de Notas diplomáticas el cumplimiento de sus respectivas formalidades constitucionales.

2. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en cualquier momento, notificar a la otra Parte Contratante su decisión de denunciar el presente Acuerdo. Esta notificación se comunicará simultáneamente a la Organización de Aviación Civil Internacional. Si se hace tal notificación, el Acuerdo terminará doce meses después de la fecha en que reciba la notificación la otra Parte Contratante, a menos que dicha notificación se retire por acuerdo mutuo antes de la expiración de dicho plazo. Si la Parte Contratante no acusase recibo de dicha notificación, ésta se considerará recibida catorce días después de que la Organización de Aviación Civil Internacional haya recibido la notificación.

En fe de lo cual los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.

Hecho por duplicado, siendo ambos textos igualmente auténticos. En Tegucigalpa, el día 30 de octubre de 1992.

Por España,

José Manuel López Barrón,

Embajador

Por Honduras,

Jaime Güell Bográn,

Ministro de Relaciones Exteriores

ANEJO

Al Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre España y Honduras

Cuadro de rutas

1. Ruta que podrá ser explotada en ambas direcciones por la empresa aérea designada de España:

Puntos en España: Un punto en los Estados Unidos de América, Miami; un punto en el Caribe a elegir entre Santo Domingo, La Habana, San Juan de Puerto Rico-Tegucigalpa y San Pedro Sula; un punto más allá en Centro América a elegir entre El Salvador, Costa Rica y Panamá.

2. Ruta que podrá ser explotada en ambas direcciones por la empresa aérea designada de Honduras:

Puntos en Honduras: Un punto intermedio en el Caribe a elegir entre Santo Domingo, La Habana, San Juan de Puerto Rico; un punto en los Estados Unidos de América, Miami; dos puntos en España; un punto más allá, en Europa.

3. La determinación de los puntos intermedios y más allá que figuran sin especificar en los puntos 1 y 2 anteriores se llevará a cabo mediante acuerdo de las autoridades aeronáuticas de las dos Partes Contratantes.

4. Las empresas aéreas designadas podrán omitir uno o varios puntos o alterar el orden de los mismos en las rutas indicadas en los apartados 1 y 2 de este anejo, en todos o en parte de sus servicios siempre que el punto de partida se halle situado en el territorio de la Parte Contratante que ha designado a dichas empresas.

5. La empresa aérea designada de cada una de las Partes Contratantes someterá a la aprobación de las autoridades de la otra Parte Contratante e contratante, las frecuencias y horarios de las operaciones de los servicios aéreos convenidos, al menos treinta días antes del comienzo de dichas operaciones.

6. La empresa aérea designada de cada una de las Partes Contratantes tendrá derecho a realizar vuelos exclusivos de carga desde puntos situados en sus respectivos territorios, vía puntos intermedios a puntos situados en territorio de la otra Parte Contratante y a puntos más allá con plenos derechos de tráfico.

7. En la operación de los servicios convenidos la empresa aérea designada de cada una de las Partes Contratantes tendrá derecho a realizar, en cualquier punto de la ruta, cambios de la aeronave utilizada por otra u otras aeronaves, siempre que la capacidad total de las aeronaves que operen más allá del punto en que se lleve a cabo el cambio de calibre este relacionado con la de la aeronave inicial y se programe en conexión directa con la misma con el fin de asegurar una verdadera y genuina continuación de los servicios.

El presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde el día 30 de octubre de 1992, fecha de su firma, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Acuerdo.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 1 de diciembre de 1992.-El Secretario general técnico, Aurelio Pérez Giralda. 

Accede al texto íntegro en: http://www.boe.es/boe/dias/1992/12/30/pdfs/A44549-44555.pdf