Fuente: EFE
La policía remitió al juzgado de instrucción de Segovia, a unos 90 kilómetros de Madrid,
unas diligencias sobre la presunta existencia de una red de
inmigración ilegal de ciudadanas hondureñas dirigida desde la
localidad de Cuevas de Provanco de esa provincia.
Fuentes
policiales afirmaron hoy que, en el último año, se advirtió un
considerable aumento de matrimonios entre hondureñas y españoles, cuyo
lazo común era la vecina de Cuevas de Provanco Marta Antúnez, de 37
años.
La vecina de la localidad segoviana, nacida en La Ceiba
(Honduras), se nacionalizó en España tras su matrimonio, hace 13 años,
con el segoviano de Cuevas José María Melero, un ganadero de 50 años.
Según estas fuentes, ciudadanos de diversas provincias españolas, en
su mayoría ganaderos y agricultores, contactaban con Marta Antúnez y
ésta les enseñaba fotografías de chicas hondureñas, con datos como
edad, talla, peso y número de hijos.
Una vez elegida la chica, el
español entraba en contacto con la hondureña a través de Marta,
después de utilizar su propio teléfono o por carta y remitir una
fotografía.
Si en los contactos previos se llegaba a un acuerdo, el
español enviaba a Honduras diversas remesas de dinero, que oscilaban
entre 200.000 y 300.000 pesetas (entre 2.000 y 3.000 dólares), más un
billete de ida y vuelta y otros 2.000 dólares.
La Policía calcula
que cada matrimonio puede haber costado al español que lo deseaba
entre 500.000 y 800.000 pesetas (entre 5.000 y 8.000 dólares) y que,
en el plazo de un año, Marta ha hecho más de 200 contactos, en
colaboración con su hermana y un abogado hondureño, con 60 bodas registradas.
En un informe remitido al Gobierno Civil, la Policía pide que se
retire la tarjeta de residencia a dos hondureñas que ya han abandonado
el domicilio conyugal, ya que no se descarta que se produzcan más
casos de este tipo al haber una gran diferencia de edad entre las
hondureñas y los hombres españoles.
Marta Antúnez, según las fuentes policiales, acompañaba al futuro esposo a recibir a la jóven hondureña al aeropuerto de Madrid-Barajas y, en unos tres meses se producía el matrimonio y se legalizaba la residencia de la mujer en España.
Debido a dificultades con la Policía por el aumento de ciudadanas
hondureñas que entraban en España por el aeropuerto de Barajas, Marta,
según la versión policial, cambió de sistema y trasladaba a Honduras a
grupos enteros de españoles, que tras convivir unos días con las
chicas, eran casados por el abogado-notario hondureño Nectalí Montoya.
Tras regrasar a España, las jóvenes solicitaban la legalización de
su residencia y "por este procedimiento -según el informe policial- al
español le costaba el matrimonio entre 700.000 y 800.000 pesetas
(entre 7.000 y 8.000 dólares), ya que el trasladarse a Honduras
incrementaba el gasto".
