Puedes escuchar el podcast en:
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Puedes escuchar igualmente Radio Exterior de España a través de CCET Radio, radio del Centro Cultural de España asociada a Radio Nacional.
Fuente: CCET/AECID
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sábado, 17 de noviembre de 2012
Noelia Velasquez, una mujer transexual hondureña y refugiada en España participa en Radio Nacional de España
Esta semana, Noelia Velasquez, una mujer transexual hondureña, refugiada en España, participa en "Wisteria Lane" de Radio Nacional de España: cuenta, en primera persona, el drama y el terror al que están sometidas las mujeres transexuales en Centroamérica. Noelia es una de las voces del proyecto "Lo Soy" de la Fundación Triángulo, cuya responsable, Marina Saenz, explicó cuales son sus objetivos.
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martes, 29 de marzo de 2011
Jornadas hondureñas de CCOO - Extremadura
La Fundación Paz y Solidaridad "Gregorio Morán" de CCOO de Extremadura
ha organizado unas jornadas para este martes, 29 de marzo, en Cáceres
para promover el acercamiento a la realidad hondureña. Este encuentro se celebrará a
partir de las 10:30 horas en el Hotel Extremadura de Cáceres
En estas jornadas habrá una serie de intervenciones que aportarán la visión sobre esta cuestión de representantes de los ámbitos sindicales, de cooperación para el desarrollo, sociales y residentes hondureños en España, algunos de los cuales se vieron obligados a salir de Honduras tras el golpe de Estado del 2009.
En su presentación estarán presentes responsables del Ayuntamiento de Cáceres, la presidenta de la Fundación, Cruces Rosado, y el secretario General de CCOO de Extremadura, Julián Carretero.
Participarán igualmente, los hondureños René Amador Padilla y de Jonathan Ponce y Laureano Cuerdo (responsable de América Latina de la Secretaría de Internacional de CCOO) y Mª José Espinosa (Coordinadora de proyectos de Cooperación para el Desarrollo en Honduras de Asamblea de Cooperación por la Paz-ACPP).
Esta jornada se engloba dentro de un proyecto de la Fundación Paz y Solidaridad "Gregorio Morán" de sensibilización e información sobre la situación actual de la sociedad de Honduras cofinanciado por el Ayuntamiento de Cáceres.
En estas jornadas habrá una serie de intervenciones que aportarán la visión sobre esta cuestión de representantes de los ámbitos sindicales, de cooperación para el desarrollo, sociales y residentes hondureños en España, algunos de los cuales se vieron obligados a salir de Honduras tras el golpe de Estado del 2009.
En su presentación estarán presentes responsables del Ayuntamiento de Cáceres, la presidenta de la Fundación, Cruces Rosado, y el secretario General de CCOO de Extremadura, Julián Carretero.
Participarán igualmente, los hondureños René Amador Padilla y de Jonathan Ponce y Laureano Cuerdo (responsable de América Latina de la Secretaría de Internacional de CCOO) y Mª José Espinosa (Coordinadora de proyectos de Cooperación para el Desarrollo en Honduras de Asamblea de Cooperación por la Paz-ACPP).
Esta jornada se engloba dentro de un proyecto de la Fundación Paz y Solidaridad "Gregorio Morán" de sensibilización e información sobre la situación actual de la sociedad de Honduras cofinanciado por el Ayuntamiento de Cáceres.
viernes, 3 de diciembre de 2010
102.050 inscripciones de españoles gracias a la Ley de Memoria Histórica
Fuente: CCOO
La entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica ha supuesto la presentación de 212.523 solicitudes de nacionalidad y dado lugar a 102.050 inscripciones en el Registro Civil. La ampliación del plazo, hasta el 27 de diciembre de 2011, mantiene la posibilidad de optar a la nacionalidad española para familiares descendientes de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la misma, como consecuencia del exilio.
Desde su entrada en vigor el 27 de diciembre de 2008 hasta el final del pasado abril, se han presentado un total de 212.523 solicitudes de opción, habiéndose realizado ya 102.050 inscripciones de nacimiento en el Registro Civil. El 95,6 % de las solicitudes se han incoado ante las oficinas consulares de España situadas en Iberoamérica y Miami y el 4,4 % en el resto del mundo.
Las cifras del Padrón de Españoles Residentes en el Exterior a 1 de enero de 2010, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, totalizan 1.574.123 españoles en el extranjero, un aumento de 102.432 personas con respecto a la misma fecha del año pasado.
El crecimiento no se ha debido a la emigración -de hecho, en le último año el número de emigrantes españoles en el extranjero disminuyó en cerca de 1.500, sea por retorno sea por fallecimiento- sino al acceso a la nacionalidad española de descendientes de españoles residentes en el extranjero, debido fundamentalmente a la aplicación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Memoria Histórica, en virtud de la cual durante 2009, se practicaron 65.236 inscripciones de nacimiento de nuevos españoles.
El Gobierno español ha ampliado hasta el 27 de diciembre de 2011 el plazo para solicitar la nacionalidad española, pues los dos años iniciales que contemplaba la Ley de Memoria Histórica son insuficientes para atender la demanda que se ha generado por lo dispondrán ahora de 12 meses extra para iniciar el trámite.
Cuando entró en vigor la ley, en diciembre de 2008, el Ejecutivo español estimó que alrededor de 500.000 ciudadanos contaban con los requisitos necesarios para solicitar la nacionalidad, en su mayoría residentes en Venezuela, Argentina, Chile, Cuba, Francia y México. Muchos de los consulados han contratado personal para tramitar las peticiones. Con la prórroga se podrán atender tanto las solicitudes que quedan pendientes como las nuevas que se generen.
- Si te interesa este tema, para más información, pide cita en la Embajada de España, o consulta http://leymemoria.mjusticia.es/
jueves, 25 de noviembre de 2010
Ricardo acaba de conseguir asilo político en España: "En parte han logrado asesinarme: me han apartado del camino"
Fuente: Periodismo Humano
Es callado, tímido. Lleva unos 30 minutos en la sala y nadie ha reparado en él. Viste un polo de manga larga, discreto, unos pantalones marrones ni nuevos ni viejos. Es (o está) muy delgado, y aunque mira con atención a las conversaciones que tiene alrededor algo en sus ojos te dice que lo hace más bien por educación y que no está entendiendo gran cosa. Alguien comenta en voz baja: “oye, y este chico hindú, ¿quién es?”.
Su piel es tostada, de un tono mate, y su mandíbula hace ángulo y se desvía ligeramente a la izquierda cuando aprieta los dientes; su pelo es muy negro, denso, corto por los lados, más largo en la parte superior de la cabeza. Pero no es hindú, no. Es hondureño y se llama Ricardo. El día de su 42 cumpleaños, el 13 de abril de 2010, lo metieron en un avión y lo sacaron de su país rumbo a España; 24 horas antes, una bala había sobrevolado su cabeza.
Los peores cuatro meses de la vida de Ricardo Figueroa comenzaron el 3 de enero de 2010. “Yo estaba en Tegucigalpa e iba para mi trabajo, tranquilo”, y de hecho no aparenta ser un hombre nervioso. “Nunca hasta ese día pensé que podría estar estar en una lista negra”, nos cuenta respirando hondo para recordar cómo en su país había llegado a ser un activista reconocido en la comunidad homosexual. “Comenzamos con actividades de concienciación sobre el SIDA. Pero de ahí pasamos a reclamar la visibilidad social de los homosexuales, y a defender su particicipación política y ciudadana”. Cuando fructificó el golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009, que impulsó meses después unas elecciones tuteladas por el Ejército, “Honduras se convirtió en un país dirigido por homófobos” y Ricardo consideró que el paso natural del colectivo LGTB era implicarse en la oposición política.
Aquel 3 de enero iba “de camino a la oficina y paré en un mercado a esperar que abrieran. Se acercó un hombre, vestido de civil pero con actitudes militares”. La fragilidad y la timidez del Ricardo de las apariencias van dejando paso a un hombre seguro manejando palabras. “Se para a mi lado y comienza a preguntarme por cuestiones triviales, partidos de fútbol y alguna anécdota de la plaza donde estábamos. Al cabo de un rato, me menciona el golpe de Estado, que qué me parece”. Ricardo contesta que no tiene ningún punto de vista al respecto, que no es político ni trabaja en “esas cosas”, que a él no le gusta discutir “ni de fútbol, ni de religión, ni de política”. A pesar de que “yo me intentaba zafar del tema, él volvía. Me hacía preguntas sobre si yo pertenecía a la resistencia… Me di cuenta de que aquello era un interrogatorio”. Ricardo se despide de su interlocutor intentando contener las prisas por salir de allí. Cuando lo intenta, éste le agarra del brazo y cambia el tono: “Sabemos dónde vives, conocemos tu barrio, sabemos todo de ti, Ricardo”.
Aparecieron unas chicas en la plaza, “era mi oportunidad para desconcertarle: le abracé, incluso le di un beso. Él me empujó y salí corriendo”. Pocas horas después la organización de derechos humanos hondureña COFADEH anotaba el nombre de Ricardo en la lista de amenazados. La visita en el mercado no había constituido una anécdota. Varias ONG internacionales han denunciado la ola de asesinatos contra homosexuales y transexuales en Honduras, recrudecida desde el golpe. “Lo que diferencia nuestro caso del de otros colectivos de oposición es que hay un agravante de odio por nuestra condición sexual; con nosotros se ceban, son crímenes más sádicos. Además de ser asesinado, a un compañero de mi organización, Walter Trochas, lo secuestraron en tres ocasiones, lo torturaron y le cortaron la lengua”, dice. “Conocemos varios casos más de personas a las que les han cortado los genitales”.
El incidente del mercado abrió a la paranoia las puertas de la mente de Ricardo. “Entras en bloqueo emocional, le tienes pánico a la gente, te alejas de tus amigos, comienza la psicosis. No te encuentras a gusto con nadie y a la vez no quieres estar sólo en la calle”. ¿Por qué a mi?, había llegado el momento de hacerse esa pregunta: “Mi perfil activista no es tan alto como para esto”, pensó y sigue pensando ahora. Y añade sin estar seguro de si debe contarlo: “teníamos un infiltrado: un español que a nosotros nos dijo que era periodista, que nos apoyaba desde dentro, y que en realidad nos estaba espiando, dando informes de mis rutinas y las de Walter”.
Hay que hacer vida, se dijo. Pero poco más de un mes después, otro susto. “Otra vez en frente del trabajo, dos hombres se bajan de una camioneta de cristales oscuros”. Los policías le piden el carné de indetidad, y “sin casi mirarlo”, le solicitan que les acompañe porque había un problemilla con el documento. “Yo les pedí que me permitieran hacer una llamada y ellos me respondieron ‘no, no, pero si esto no es una detención, es sólo para arreglarte el problema…’. Yo insistí en que me dejaran llamar a COFADEH y, al nombrar a la organización, se les cambió la cara. ‘No, no tienes ningún problema, te puedes ir…’”. Cuando se dieron media vuelta, Ricardo asegura que les escuchó decir: “ya van dos, a la tercera va la vencida”.
La familia de Ricardo, sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, no sabían nada de su activismo, “yo llevaba tiempo viviendo lejos de ellos y no quise preocuparles”. Eso explica su reacción en lo que Ricardo llama “el tercer intento de secuestro”. Estaba en casa de su madre, a finales de febrero. Suena el teléfono: “Ricardo, la camioneta”, la de los cristales oscuros, “está aquí, no salgas”. A pesar del consejo de su amigo desde algún lugar del barrio, “yo estaba con mi madre y preferí salir; si me pasaba algo, que me pasara en la calle, a mí solo”. Mientras tanto, un grupo de amigos de Ricardo empieza a reunir gente en la calle “con el pretexto de jugar al fútbol” pero con el objetivo real de disuadir a los visitantes, por acumulación de testigos. Lo consiguieron. La camioneta de los cristales tintados arrancó y se fue. Al día siguiente, Ricardo debería dejarlo todo para esconderse durante en una pequeña aldea en la montaña.
Ricardo permaneció dos meses en la montaña, justo hasta “el día en que quisieron asesinarme”. El día antes de su cumpleaños, el 12 de abril, se cruzó en un camino de tierra con una mujer de la aldea. Nada raro hasta que sus ojos expresaron alerta y el miedo volvió a activar sus resortes; Ricardo miró hacia atrás y pudo ver a dos personas en una motocicleta. “Sacaron un arma, apuntaron hacia mi, y me tiré al suelo. Dispararon”, y la voz se le hace oscura, “dispararon pero no me dieron. Pasaron con la moto junto a mi y siguieron, se fueron”.
Bonito aniversario para Ricardo Figueroa. “No se podía esperar más, me dijeron. Al día siguiente, el 13 de abril de 2010, cumplí años volando hacia España para solicitar asilo político”. En este momento de la conversación Ricardo nombra a una persona que no había aparecido en el relato: su novio. “Llevaba 5 años viviendo con él y no pude ni despedirme”, y de pronto el drama del amor se antoja más tremendo que el de las pistolas y los cristales tintados. “Las primeras semanas intentamos conservar lo que teníamos, pero fue imposible, yo no voy a poder volver y hablar nos lo hacía más difícil a los dos. Es el punto y final”. Y siente que escapar con vida es en parte una derrota: “Lo he tenido que dejar todo, me han dejado sin nada. En parte han logrado asesinarme, porque me han apartado del camino“.
El trámite definitivo para obtener el asilo político terminó hace un mes. Vive en Mérida e intenta reconstruir su vida en un país en el que nunca se había planteado vivir: “Yo jamás me había planteado emigrar a España, si lo pienso no sé qué hago aquí. No es una decisión tomada voluntariamente por motivos económicos, por ejemplo. Ahora tengo que construir todo de nuevo”…
¿Activismo? ¿política? ¿derechos de los homosexuales? “Cuando llegué quise dedicarme a la vida sencilla, no complicarme más la vida, no más. Pero tengo a CEAR Extremadura apoyándome, tengo a la Fundación Triángulo conmigo, y tengo a un país, España, que me protege; ahora no me veo abandonando la trayectoria de defensa de derechos humanos que ha sido mi vida. Desde aquí intentaré ayudar en lo que pueda a la gente de Honduras”, aunque su organización haya sido desmantelada y aunque otro compañero suyo haya sido encontrado muerto tras un mes desaparecido.
Ricardo va aceptando su nueva vida despacio, soltando las amarras cuando ya no queda más remedio. “Mi familia se enteró de que yo era activista de la comunidad LGTB, de que me habían amenazado e intentado asesinarme y de que me había refugiado en España cuando yo ya llevaba un mes aquí”. Trató de ocultar los cuatro meses más difíciles de su vida. “Mis amigos me han dicho que ya los han dejado en paz, que por la casa de mi madre ya no se ve la camioneta de los cristales oscuros”.
Es callado, tímido. Lleva unos 30 minutos en la sala y nadie ha reparado en él. Viste un polo de manga larga, discreto, unos pantalones marrones ni nuevos ni viejos. Es (o está) muy delgado, y aunque mira con atención a las conversaciones que tiene alrededor algo en sus ojos te dice que lo hace más bien por educación y que no está entendiendo gran cosa. Alguien comenta en voz baja: “oye, y este chico hindú, ¿quién es?”.
Su piel es tostada, de un tono mate, y su mandíbula hace ángulo y se desvía ligeramente a la izquierda cuando aprieta los dientes; su pelo es muy negro, denso, corto por los lados, más largo en la parte superior de la cabeza. Pero no es hindú, no. Es hondureño y se llama Ricardo. El día de su 42 cumpleaños, el 13 de abril de 2010, lo metieron en un avión y lo sacaron de su país rumbo a España; 24 horas antes, una bala había sobrevolado su cabeza.
Los peores cuatro meses de la vida de Ricardo Figueroa comenzaron el 3 de enero de 2010. “Yo estaba en Tegucigalpa e iba para mi trabajo, tranquilo”, y de hecho no aparenta ser un hombre nervioso. “Nunca hasta ese día pensé que podría estar estar en una lista negra”, nos cuenta respirando hondo para recordar cómo en su país había llegado a ser un activista reconocido en la comunidad homosexual. “Comenzamos con actividades de concienciación sobre el SIDA. Pero de ahí pasamos a reclamar la visibilidad social de los homosexuales, y a defender su particicipación política y ciudadana”. Cuando fructificó el golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009, que impulsó meses después unas elecciones tuteladas por el Ejército, “Honduras se convirtió en un país dirigido por homófobos” y Ricardo consideró que el paso natural del colectivo LGTB era implicarse en la oposición política.
Aquel 3 de enero iba “de camino a la oficina y paré en un mercado a esperar que abrieran. Se acercó un hombre, vestido de civil pero con actitudes militares”. La fragilidad y la timidez del Ricardo de las apariencias van dejando paso a un hombre seguro manejando palabras. “Se para a mi lado y comienza a preguntarme por cuestiones triviales, partidos de fútbol y alguna anécdota de la plaza donde estábamos. Al cabo de un rato, me menciona el golpe de Estado, que qué me parece”. Ricardo contesta que no tiene ningún punto de vista al respecto, que no es político ni trabaja en “esas cosas”, que a él no le gusta discutir “ni de fútbol, ni de religión, ni de política”. A pesar de que “yo me intentaba zafar del tema, él volvía. Me hacía preguntas sobre si yo pertenecía a la resistencia… Me di cuenta de que aquello era un interrogatorio”. Ricardo se despide de su interlocutor intentando contener las prisas por salir de allí. Cuando lo intenta, éste le agarra del brazo y cambia el tono: “Sabemos dónde vives, conocemos tu barrio, sabemos todo de ti, Ricardo”.
Aparecieron unas chicas en la plaza, “era mi oportunidad para desconcertarle: le abracé, incluso le di un beso. Él me empujó y salí corriendo”. Pocas horas después la organización de derechos humanos hondureña COFADEH anotaba el nombre de Ricardo en la lista de amenazados. La visita en el mercado no había constituido una anécdota. Varias ONG internacionales han denunciado la ola de asesinatos contra homosexuales y transexuales en Honduras, recrudecida desde el golpe. “Lo que diferencia nuestro caso del de otros colectivos de oposición es que hay un agravante de odio por nuestra condición sexual; con nosotros se ceban, son crímenes más sádicos. Además de ser asesinado, a un compañero de mi organización, Walter Trochas, lo secuestraron en tres ocasiones, lo torturaron y le cortaron la lengua”, dice. “Conocemos varios casos más de personas a las que les han cortado los genitales”.
El incidente del mercado abrió a la paranoia las puertas de la mente de Ricardo. “Entras en bloqueo emocional, le tienes pánico a la gente, te alejas de tus amigos, comienza la psicosis. No te encuentras a gusto con nadie y a la vez no quieres estar sólo en la calle”. ¿Por qué a mi?, había llegado el momento de hacerse esa pregunta: “Mi perfil activista no es tan alto como para esto”, pensó y sigue pensando ahora. Y añade sin estar seguro de si debe contarlo: “teníamos un infiltrado: un español que a nosotros nos dijo que era periodista, que nos apoyaba desde dentro, y que en realidad nos estaba espiando, dando informes de mis rutinas y las de Walter”.
Hay que hacer vida, se dijo. Pero poco más de un mes después, otro susto. “Otra vez en frente del trabajo, dos hombres se bajan de una camioneta de cristales oscuros”. Los policías le piden el carné de indetidad, y “sin casi mirarlo”, le solicitan que les acompañe porque había un problemilla con el documento. “Yo les pedí que me permitieran hacer una llamada y ellos me respondieron ‘no, no, pero si esto no es una detención, es sólo para arreglarte el problema…’. Yo insistí en que me dejaran llamar a COFADEH y, al nombrar a la organización, se les cambió la cara. ‘No, no tienes ningún problema, te puedes ir…’”. Cuando se dieron media vuelta, Ricardo asegura que les escuchó decir: “ya van dos, a la tercera va la vencida”.
La familia de Ricardo, sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, no sabían nada de su activismo, “yo llevaba tiempo viviendo lejos de ellos y no quise preocuparles”. Eso explica su reacción en lo que Ricardo llama “el tercer intento de secuestro”. Estaba en casa de su madre, a finales de febrero. Suena el teléfono: “Ricardo, la camioneta”, la de los cristales oscuros, “está aquí, no salgas”. A pesar del consejo de su amigo desde algún lugar del barrio, “yo estaba con mi madre y preferí salir; si me pasaba algo, que me pasara en la calle, a mí solo”. Mientras tanto, un grupo de amigos de Ricardo empieza a reunir gente en la calle “con el pretexto de jugar al fútbol” pero con el objetivo real de disuadir a los visitantes, por acumulación de testigos. Lo consiguieron. La camioneta de los cristales tintados arrancó y se fue. Al día siguiente, Ricardo debería dejarlo todo para esconderse durante en una pequeña aldea en la montaña.
Ricardo permaneció dos meses en la montaña, justo hasta “el día en que quisieron asesinarme”. El día antes de su cumpleaños, el 12 de abril, se cruzó en un camino de tierra con una mujer de la aldea. Nada raro hasta que sus ojos expresaron alerta y el miedo volvió a activar sus resortes; Ricardo miró hacia atrás y pudo ver a dos personas en una motocicleta. “Sacaron un arma, apuntaron hacia mi, y me tiré al suelo. Dispararon”, y la voz se le hace oscura, “dispararon pero no me dieron. Pasaron con la moto junto a mi y siguieron, se fueron”.
Bonito aniversario para Ricardo Figueroa. “No se podía esperar más, me dijeron. Al día siguiente, el 13 de abril de 2010, cumplí años volando hacia España para solicitar asilo político”. En este momento de la conversación Ricardo nombra a una persona que no había aparecido en el relato: su novio. “Llevaba 5 años viviendo con él y no pude ni despedirme”, y de pronto el drama del amor se antoja más tremendo que el de las pistolas y los cristales tintados. “Las primeras semanas intentamos conservar lo que teníamos, pero fue imposible, yo no voy a poder volver y hablar nos lo hacía más difícil a los dos. Es el punto y final”. Y siente que escapar con vida es en parte una derrota: “Lo he tenido que dejar todo, me han dejado sin nada. En parte han logrado asesinarme, porque me han apartado del camino“.
El trámite definitivo para obtener el asilo político terminó hace un mes. Vive en Mérida e intenta reconstruir su vida en un país en el que nunca se había planteado vivir: “Yo jamás me había planteado emigrar a España, si lo pienso no sé qué hago aquí. No es una decisión tomada voluntariamente por motivos económicos, por ejemplo. Ahora tengo que construir todo de nuevo”…
¿Activismo? ¿política? ¿derechos de los homosexuales? “Cuando llegué quise dedicarme a la vida sencilla, no complicarme más la vida, no más. Pero tengo a CEAR Extremadura apoyándome, tengo a la Fundación Triángulo conmigo, y tengo a un país, España, que me protege; ahora no me veo abandonando la trayectoria de defensa de derechos humanos que ha sido mi vida. Desde aquí intentaré ayudar en lo que pueda a la gente de Honduras”, aunque su organización haya sido desmantelada y aunque otro compañero suyo haya sido encontrado muerto tras un mes desaparecido.
Ricardo va aceptando su nueva vida despacio, soltando las amarras cuando ya no queda más remedio. “Mi familia se enteró de que yo era activista de la comunidad LGTB, de que me habían amenazado e intentado asesinarme y de que me había refugiado en España cuando yo ya llevaba un mes aquí”. Trató de ocultar los cuatro meses más difíciles de su vida. “Mis amigos me han dicho que ya los han dejado en paz, que por la casa de mi madre ya no se ve la camioneta de los cristales oscuros”.
jueves, 8 de julio de 2010
Estreno en CCOO-Madrid del documental "QUIÉN DIJO MIEDO, Honduras de un golpe..."
La película ofrece las claves para entender la
naturaleza profunda de esta involución en la consolidación de los procesos democráticos en Latinoamérica.
El recorrido de la presentación del documental incluye
ciudades como Madrid, Hamburgo, París, Bruselas, Managua, San Salvador,
Guatemala, San José, Caracas, Washington y San Francisco.
- Más información en: http://quiendijomiedofilm.blogspot.com
jueves, 17 de junio de 2010
España recibe cien solicitudes de asilo para hondureños
Fuente: La Tribuna
España ha recibido unas cien solicitudes de asilo de ciudadanos hondureños tras el golpe de Estado de hace un año y casi todas han sido admitidas a trámite, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
“Casi la totalidad” de estas cien solicitudes han sido admitidas a trámite y “al menos dos” ya han obtenido el estatuto de refugiado en un procedimiento de urgencia, indicó este jueves la presidenta de CEAR, María Jesús Arsuaga, y el coordinador del informe 2009, Mauricio Valiente.
Uno de los solicitantes, Jonathan Ponce, relató su caso este jueves en una conferencia de prensa en la que se presentó el informe 2009 del asilo en España. Ponce, de 30 años, salió de Honduras después de que mataran a su pareja, torturada y asesinada en su domicilio.
El hondureño llegó a España en febrero después de pasar un tiempo escondido por una ONG en su país y saber que estaba “en las listas de los escuadrones de la muerte”, y se encuentra en un centro de acogida de la ciudad de Mérida (suroeste).
“Los asilados políticos no somos migrantes económicos. Nos vemos involucrados en situaciones de injusticia en nuestros países”, “venimos traumatizados por la situación de persecución”, subrayó Ponce, que relató que salió de Honduras por tener “sueños de justicia” y porque allí tenía “las horas contadas”.
CEAR situó en 3.000 los solicitantes de asilo en España en 2009, “un 34% menos que el año anterior” y “la cifra más baja en la historia del asilo en España”, según su informe.
“Estas cifras revelan, sin duda, las enormes y crecientes dificultades que existen para acceder al procedimiento de asilo en España” a lo que se añade la normativa de la Unión Europea, estimó.
Por países encabezaron las solicitudes los ciudadanos de Nigeria (459), seguidos de los de Costa de Marfil (304) y Colombia, con 247 solicitudes, de las cuales 147 admitidas a trámite.
España ha recibido unas cien solicitudes de asilo de ciudadanos hondureños tras el golpe de Estado de hace un año y casi todas han sido admitidas a trámite, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
“Casi la totalidad” de estas cien solicitudes han sido admitidas a trámite y “al menos dos” ya han obtenido el estatuto de refugiado en un procedimiento de urgencia, indicó este jueves la presidenta de CEAR, María Jesús Arsuaga, y el coordinador del informe 2009, Mauricio Valiente.
Uno de los solicitantes, Jonathan Ponce, relató su caso este jueves en una conferencia de prensa en la que se presentó el informe 2009 del asilo en España. Ponce, de 30 años, salió de Honduras después de que mataran a su pareja, torturada y asesinada en su domicilio.
El hondureño llegó a España en febrero después de pasar un tiempo escondido por una ONG en su país y saber que estaba “en las listas de los escuadrones de la muerte”, y se encuentra en un centro de acogida de la ciudad de Mérida (suroeste).
“Los asilados políticos no somos migrantes económicos. Nos vemos involucrados en situaciones de injusticia en nuestros países”, “venimos traumatizados por la situación de persecución”, subrayó Ponce, que relató que salió de Honduras por tener “sueños de justicia” y porque allí tenía “las horas contadas”.
CEAR situó en 3.000 los solicitantes de asilo en España en 2009, “un 34% menos que el año anterior” y “la cifra más baja en la historia del asilo en España”, según su informe.
“Estas cifras revelan, sin duda, las enormes y crecientes dificultades que existen para acceder al procedimiento de asilo en España” a lo que se añade la normativa de la Unión Europea, estimó.
Por países encabezaron las solicitudes los ciudadanos de Nigeria (459), seguidos de los de Costa de Marfil (304) y Colombia, con 247 solicitudes, de las cuales 147 admitidas a trámite.
martes, 2 de febrero de 2010
Ampliado en un año el plazo para optar a la nacionalidad española
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se amplía en un año el plazo para ejercer el derecho de optar a la nacionalidad española, recogido en la Disposición Adicional Séptima de la Ley de 26 de diciembre de 2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
De acuerdo con las previsiones del Apartado 1 de dicha Disposición Adicional Séptima, el Consejo de Ministros podrá prorrogar por un tercer año el plazo de dos años previsto para el ejercicio del derecho a optar a la nacionalidad española de origen que dicha Disposición Adicional reconoce a las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio
En la Disposición Final Segunda de la misma Ley se establecía que la Disposición Adicional Séptima entraría en vigor al año de la publicación de la Ley, por lo que el plazo inicialmente previsto para su vigencia termina el 27 de diciembre de 2010.
Esta normativa implica a las oficinas del Registro Civil, con una incidencia muy importante sobre las oficinas del Registro Civil Consular, que han recibido 161.463 solicitudes de opción a la nacionalidad española de origen durante el primer año de vigencia de la Disposición Adicional Séptima. De estas, 154.327 solicitudes, el 95,5% por ciento del total, se ha recibido en oficinas del Registro Civil Consular de las embajadas y consulados generales de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami.
Refuerzos en las oficinas
Los refuerzos en la dotación de las oficinas del Registro Civil Consular y una importante campaña de información han permitido el inicio y un desarrollo satisfactorio de la aplicación de la normativa. Sin embargo, se ha comprobado que el elevado número de solicitudes presentadas en Iberoamérica va a desbordar la capacidad de las oficinas consulares y podría hacer imposible atender todas las solicitudes de opción a la nacionalidad española de origen que se presenten en los dos años inicialmente previstos para la vigencia de la Disposición Adicional Séptima.
En consecuencia, la prórroga en un año del plazo de dos previsto para optar a la nacionalidad española, permitiría atender todas las solicitudes de cita ya presentadas y pendientes de asignación de fecha, así como todas las solicitudes que se presenten y que no puedan ser atendidas en los dos primeros años de aplicación inicialmente previstos en la Ley 2007.
- Si te interesa este tema, para más información, pide cita en la Embajada de España, o consulta http://leymemoria.mjusticia.es/.
lunes, 1 de diciembre de 2008
Entrada en vigor de la disposición sobre opción a la nacionalidad española de la Ley de "memoria histórica"
En la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se ha abierto un canal con información sobre la entrada en vigor de la disposición adicional sobre opción a la nacionalidad española contenida en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Para accdeder a esta información pulse aquí.
En dicho enlace se puede encontrar INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA (CONOCIDA COMO “LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA”)
Esa página web está pensada para las personas que residan en el extranjero interesadas en la opción a la nacionalidad española de origen, según la Ley 52/2007. Las personas que residan en España pueden dirigirse a la página web del Registro Civil de su domicilio, o a la página web de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es).
miércoles, 20 de junio de 2007
Interior elabora una ”Guía de Buenas Prácticas para la formalización de las solicitudes de asilo”
Día Mundial del Refugiado
Esta guía pretende reforzar las garantías del sistema de asilo en España y orientar a todas las
personas implicadas en esta materia
El Ministerio del Interior ha elaborado una ”Guía de Buenas Prácticas para la formalización de
las solicitudes de asilo” que comenzará a distribuirse a finales de la próxima semana y que la
Directora General de Política Interior, Rosario García Mahamut, ha presentado hoy, Día Mundial del
Refugiado. Para su elaboración se ha contado con la colaboración del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de las ONG especializadas en la atención a los
solicitantes de asilo y refugiados.
La Guía, que refleja el compromiso del sistema de asilo español con la protección internacional, ha sido concebida como documento base de referencia sobre los principios y criterios por los que se debe regir el trámite de formalización de las solicitudes de asilo que se presenten en territorio español. En su contenido destaca la especial atención que se presta a las mujeres solicitantes de asilo y a otras personas en situación de vulnerabilidad.
El principal objetivo que se persigue con la guía es reforzar las garantías del sistema de asilo, en línea de otras medidas ya adoptadas, mediante la fijación de pautas de procedimiento y niveles de calidad que deben ser conocidos y demandados por los profesionales y organizaciones que asisten o representan a los solicitantes de asilo, y que permitan asegurar que ningún obstáculo condicione el modo en que la persona extranjera expone su demanda de protección.
La Guía está dirigida principalmente a todos los trabajadores públicos que intervienen en la tramitación de las solicitudes de asilo, así como a los demás actores que también participan en el procedimiento (abogados, intérpretes y trabajadores sociales, y a las personas que estén interesadas en la materia. Además, esta publicación pretende facilitar la tarea de todos los agentes, principalmente públicos, en la formalización de las solicitudes de asilo, orientarles y facilitar su delicada tarea, asegurando con ello el tratamiento homogéneo de todas las solicitudes, con independencia del lugar en que sean presentadas.
La Guía, que refleja el compromiso del sistema de asilo español con la protección internacional, ha sido concebida como documento base de referencia sobre los principios y criterios por los que se debe regir el trámite de formalización de las solicitudes de asilo que se presenten en territorio español. En su contenido destaca la especial atención que se presta a las mujeres solicitantes de asilo y a otras personas en situación de vulnerabilidad.
El principal objetivo que se persigue con la guía es reforzar las garantías del sistema de asilo, en línea de otras medidas ya adoptadas, mediante la fijación de pautas de procedimiento y niveles de calidad que deben ser conocidos y demandados por los profesionales y organizaciones que asisten o representan a los solicitantes de asilo, y que permitan asegurar que ningún obstáculo condicione el modo en que la persona extranjera expone su demanda de protección.
La Guía está dirigida principalmente a todos los trabajadores públicos que intervienen en la tramitación de las solicitudes de asilo, así como a los demás actores que también participan en el procedimiento (abogados, intérpretes y trabajadores sociales, y a las personas que estén interesadas en la materia. Además, esta publicación pretende facilitar la tarea de todos los agentes, principalmente públicos, en la formalización de las solicitudes de asilo, orientarles y facilitar su delicada tarea, asegurando con ello el tratamiento homogéneo de todas las solicitudes, con independencia del lugar en que sean presentadas.
Más información en Protección Internacional: Derecho de Asilo y Protección Subsidiaria
sábado, 13 de noviembre de 1999
Aprobado el Tratado de Extradición entre España y Honduras
Según el tratado, darán lugar a extradición los delitos que, con arreglo a la legislación de ambas partes, se castiguen en cualquier grado de ejecución o participación con pena privativa de libertad de, al menos, un año de duración.
"Artículo 3: Delitos que dan lugar a extradición
1. A los efectos del presente Tratado darán lugar a extradición los delitos que, con arreglo a la legislación de ambas Partes Contratantes, se castiguen en cualquier grado de ejecución o participación sea con pena privativa de libertad con una duración máxima de al menos un año, sea con pena más grave.
2. Cuando la solicitud de extradición se refiera a una persona condenada a una pena privativa de libertad por un tribunal de la Parte requirente impuesta por algún delito que dé lugar a extradición, ésta únicamente se concederá en el caso de que queden por cumplir al menos seis meses de condena.
3. Para determinar si un delito es punible con arreglo a la legislación de ambas Partes Contratantes, será irrelevante que:
a) Las legislaciones de las Partes Contratantes tipifiquen o no la conducta constitutiva del delito dentro de la misma categoría delictiva o utilicen o no para denominarlo la misma terminología.
b) Los elementos constitutivos del delito sean distintos en la legislación de una y otra Parte Contratante, siempre y cuando se tenga en cuenta la totalidad de la conducta tal como haya sido calificada por el Estado requirente.
4. Cuando se solicite la extradición de una persona por un delito que entrañe la infracción de una disposición legal en materia tributaria, arancelaria o cambiaria, o de cualquier otra disposición de carácter fiscal, no podrá denegarse la extradición, so pretexto de que en la legislación de la Parte requerida no se establece el mismo tipo de impuesto o gravamen ni son iguales que en la Parte requirente sus disposiciones fiscales, arancelarias o cambiarias.
5. Cuando en la solicitud de extradición figuren varios delitos distintos y punibles por separado con arreglo a la legislación de ambas Partes Contratantes, aun cuando algunos de ellos no reúnan las demás condiciones establecidas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo, la Parte requerida podrá conceder la extradición por estos últimos, siempre y cuando se extradite al menos por un delito que dé lugar a extradición."
Al igual que los Convenios Bilaterales de Extradición firmados por España con otros países latinoamericanos, este tratado se inspira en el Convenio Europeo de Extradición de 1996 y en el Convenio Europeo de represión del Terrorismo de 1999.
Más información en:
- TRATADO de extradición entre el Reino de España y la República de Honduras, hecho "ad referendum" en Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1999.
- INSTRUMENTO de ratificación del Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Honduras, hecho en Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1999.
viernes, 19 de febrero de 1999
Situación en España del ciudadano hondureño Billy Joya (II)
Respuesta:
El señor Joya Amendola solicitó asilo en Sevilla el 22 de octubre de 1996, petición que fue admitida a trámite por las autoridades españolas el 20 de diciembre del mismo año, siendo el informe del instructor desfavorable a su concesión.
El 15 de febrero de 1997 se terminó la instrucción del expediente y el 25 de febrero del mismo año pasó a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que emitió propuesta desfavorable a la concesión de asilo, remitida al Ministro del Interior el 11 de abril.
Con fecha 6 de mayo de 1997, el Ministro del Interior firmó la denegación, que fue comunicada al interesado el 22 de julio del citado año, imponiéndole salida obligatoria.
El señor Joya Amendola recurrió la resolución denegatoria del Ministerio del Interior en vía judicial, dictando Auto la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, en fecha 17 de diciembre de 1997, denegando la suspensión del acto administrativo que se solicitaba.
Con fecha 29 de julio de 1998 el Fiscal Especial de Derechos Humanos de la República de Honduras se ha dirigido al Servicio de Interpol en Madrid, solicitando la «detención preventiva y eventual deportación»
del citado hondureño, en tanto dicha Fiscalía realiza las gestiones pertinentes ante los órganos jurisdiccionales y administrativos oportunos para conseguir la extradición del señor Joya Amendola.
El 7 de agosto de 1998, Interpol-Madrid comunicó a la citada autoridad hondureña la necesidad de efectuar una demanda formal de extradición por vía diplomática, con el fin de que el Gobierno español pudiera examinar la demanda; en tales circunstancias no podía accederse a la petición de detención preventiva.
Con fecha 5 de agosto de 1998, la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (España) se dirigió al Ministro de Asuntos Exteriores en relación con la estancia en España
del señor Joya Amendola, lo que dio lugar a que el Ministerio de Asuntos Exteriores solicitara información a la Dirección General de la Policía (10 de agosto de 1998).
La Dirección General de la Policía (Interpol-Madrid) ha remitido escrito fechado el pasado 11 de agosto, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares (Subdirección de Extranjería) del Ministerio de Asuntos Exteriores, participando los siguientes antecedentes:
* El 20 de diciembre de 1996, Interpol-Madrid solicitó a este servicio policial en Tegucigalpa información sobre el señor Joya Amendola, ya que, según datos policiales, podía estar reclamado en su país. Interpol-Tegucigalpa contestó (24 de diciembre de 1996) afirmando que dicho hondureño tenía un juicio pendiente en el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal, al que informaban, por si consideraba oportuno solicitar la extradición.
* El 30 de julio de 1997, Interpol-Madrid solicitaba al Servicio en Honduras información sobre la decisión adoptada, contestando Interpol-Tegucigalpa que el citado órgano judicial indicaba que, en caso de que el señor Joya fuera localizado en nuestro país, se pediría la extradición por vía diplomática «por lo que se solicitaba la detención preventiva» (sin más).
* El 14 de julio de 1997, Interpol-Madrid informó a Tegucigalpa que don Billy Joya Amendola estaba localizado, sugiriendo que remitieran con urgencia la demanda de extradición por vía diplomática.
Con fecha 14 de octubre de 1998 se le abrió expediente por estancia ilegal en España.
En la actualidad, de acuerdo con las informaciones de que se dispone, el ciudadano hondureño don Billy Joya Amendola, que con fecha 10 de noviembre de 1998 fue objeto de una petición de extradición por las
autoridades hondureñas, se desplazó el pasado día 15 de diciembre por vía aérea a Honduras, con intención de someterse voluntariamente a la justicia de su país y ese mismo día realizó su primera declaración ante el juez correspondiente.
Madrid, 19 de febrero de 1999.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
martes, 27 de octubre de 1998
Honduras pedirá a España la extradición del militar Billy Joya
Fuente: El País
La Corte Suprema de Justicia de Honduras acordó ayer solicitar a España la extradición del militar hondureño Billy Joya, acusado de violación de los derechos humanos y actualmente prófugo de la justicia. La petición fue aprobada por unanimidad por los nueve magistrados del máximo tribunal hondureño.Billy Joya, capitán retirado del Ejército hondureño -que reside en España desde 1996-, permanece prófugo desde hace tres años, cuando un juez de Tegucigalpa ordenó su captura y la de otros dos oficiales, que también han evitado la acción de la justicia, por su supuesta participación en el secuestro y tortura de seis estudiantes universitarios en 1982.
Según la legislación hondureña, esta petición debe pasar ahora al
Ministerio de Gobernación (Interior) y al de Relaciones Exteriores, que
la formalizarán ante el Gobierno español a través de la embajada en
Tegucigalpa.
El embajador de España, Carlos Gómez-Múgica, ha dicho en varias ocasiones que, una vez que se presente la solicitud, se le dará el trámite correspondiente, aunque no hay tratado de extradición entre ambos países.
El juzgado había presentado la solicitud a la Corte Suprema después de que el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH, privado) confirmara que el militar prófugo se encuentra en España. Joya carece de pasaporte hondureño, ya que le caducó en abril pasado y la Cancillería no se lo renovó al tratarse de un prófugo. Sin embargo su familia sí pudo regresar al país recientemente.
El oficial buscado por la justcia hondureña fue miembro del Batallón 3-16, un escuadrón de la muerte de los militares hondureños al que grupos defensores de los derechos humanos achaca la mayoría de casos de desaparición forzada, asesinato y tortura ocurridos en los años 80 en Honduras.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras acordó ayer solicitar a España la extradición del militar hondureño Billy Joya, acusado de violación de los derechos humanos y actualmente prófugo de la justicia. La petición fue aprobada por unanimidad por los nueve magistrados del máximo tribunal hondureño.Billy Joya, capitán retirado del Ejército hondureño -que reside en España desde 1996-, permanece prófugo desde hace tres años, cuando un juez de Tegucigalpa ordenó su captura y la de otros dos oficiales, que también han evitado la acción de la justicia, por su supuesta participación en el secuestro y tortura de seis estudiantes universitarios en 1982.
El embajador de España, Carlos Gómez-Múgica, ha dicho en varias ocasiones que, una vez que se presente la solicitud, se le dará el trámite correspondiente, aunque no hay tratado de extradición entre ambos países.
El juzgado había presentado la solicitud a la Corte Suprema después de que el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH, privado) confirmara que el militar prófugo se encuentra en España. Joya carece de pasaporte hondureño, ya que le caducó en abril pasado y la Cancillería no se lo renovó al tratarse de un prófugo. Sin embargo su familia sí pudo regresar al país recientemente.
El oficial buscado por la justcia hondureña fue miembro del Batallón 3-16, un escuadrón de la muerte de los militares hondureños al que grupos defensores de los derechos humanos achaca la mayoría de casos de desaparición forzada, asesinato y tortura ocurridos en los años 80 en Honduras.
jueves, 8 de octubre de 1998
Situación del ciudadano hondureño Billy Joya (I)
Situación del ciudadano hondureño Billy Joya buscado por la justicia de su país por grave violación de derechos humanos.
Respuesta:
El citado capitán reside en España con su familia desde abril de 1996, manteniendo su situación de legalidad como extranjero y contando con recursos económicos suficientes para atender a su subsistencia.
En octubre de 1996 dicho ciudadano hondureño solicitó asilo político que, tras la instrucción del correspondiente expediente, fue denegado por el Ministerio del Interior. La denegación de asilo fue comunicada al interesado el 22 de julio de 1997, imponiéndole la salida obligatoria.
El aludido recurrió la resolución denegatoria de asilo en vía judicial. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dictó auto el 17 de diciembre de 1997 denegando la suspensión del acto administrativo que el recurrente reclamaba, advirtiendo a la Administración que dicha resolución no suponía autorización para proceder a la expulsión del territorio nacional del extranjero recurrente, debiendo proceder de acuerdo con la legislación de extranjería sobre causas y procedimientos de expulsión si el extranjero incurría en alguna de ellas.
Desde diciembre de 1996 se ha mantenido comunicación entre los servicios de la Interpol de Madrid y Tegucigalpa.
El 30 de julio de 1997 la Interpol de Honduras comunicó a Madrid que el Juzgado de Letras de lo Criminal de aquel país interesaba la detención preventiva del capitán mencionado por tener un juicio pendiente y que se procedería a solicitar su extradición por vía diplomática.
Con fecha 14 de agosto de 1997 Interpol-Madrid comunicó a Tegucigalpa que el capitán interesado estaba localizado en España.
Hasta la fecha no ha sido remitida a España una demanda de extradición por vía diplomática ni una solicitud internacional de detención vía Interpol en regla: es decir, con los requisitos que establece nuestra Ley de Extradición Pasiva o con los datos necesarios que requiere cualquier convenio de extradición. Se significa que no existe tratado de extradición entre España y Honduras.
El citado capitán reside en España con su familia desde abril de 1996, manteniendo su situación de legalidad como extranjero y contando con recursos económicos suficientes para atender a su subsistencia.
En octubre de 1996 dicho ciudadano hondureño solicitó asilo político que, tras la instrucción del correspondiente expediente, fue denegado por el Ministerio del Interior. La denegación de asilo fue comunicada al interesado el 22 de julio de 1997, imponiéndole la salida obligatoria.
El aludido recurrió la resolución denegatoria de asilo en vía judicial. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dictó auto el 17 de diciembre de 1997 denegando la suspensión del acto administrativo que el recurrente reclamaba, advirtiendo a la Administración que dicha resolución no suponía autorización para proceder a la expulsión del territorio nacional del extranjero recurrente, debiendo proceder de acuerdo con la legislación de extranjería sobre causas y procedimientos de expulsión si el extranjero incurría en alguna de ellas.
Desde diciembre de 1996 se ha mantenido comunicación entre los servicios de la Interpol de Madrid y Tegucigalpa.
El 30 de julio de 1997 la Interpol de Honduras comunicó a Madrid que el Juzgado de Letras de lo Criminal de aquel país interesaba la detención preventiva del capitán mencionado por tener un juicio pendiente y que se procedería a solicitar su extradición por vía diplomática.
Con fecha 14 de agosto de 1997 Interpol-Madrid comunicó a Tegucigalpa que el capitán interesado estaba localizado en España.
Hasta la fecha no ha sido remitida a España una demanda de extradición por vía diplomática ni una solicitud internacional de detención vía Interpol en regla: es decir, con los requisitos que establece nuestra Ley de Extradición Pasiva o con los datos necesarios que requiere cualquier convenio de extradición. Se significa que no existe tratado de extradición entre España y Honduras.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
domingo, 9 de agosto de 1998
El paraíso español de Billy Joya
Fuente: El País
Billy Joya Améndola es un nombre difícil de olvidar. Más aún en Honduras, donde se le busca desde octubre de 1995 por grave violación de los derechos humanos. Joya, que vivía oculto en España desde abril de 1996, está en Sevilla, con residencia en el barrio de Los Remedios, en uno de sus edificios más emblemáticos y caros, el Presidente. En él, un piso cuesta cerca de 40 millones, y el alquiler no baja de 140.000 pesetas.En estos 28 meses en España, Joya nunca ha trabajado. Se mantiene de las ayudas y del dinero que le envía su cuñado, con quien comparte empresa de seguridad en Honduras. La única actividad que se le conoce es la de catequista. Él ayudó a comprender el cristianismo a los alumnos del colegio de San José, de los Sagrados Corazones de Sevilla.
Los organismos de defensa de los derechos humanos de Honduras exigen
su extradición inmediata. Allí se le acusa de haber pertenecido al
Batallón 3-16, un escuadrón de la muerte, y de secuestrar y torturar a
seis universitarios hondureños en 1982.
"Él tiene la conciencia tranquila", dice una fuente próxima a Joya en España. "Está convencido de que no cometió delito alguno. Sólo cumplió con la orden de detener a unos presuntos subversivos".
Aquel 27 de abril de 1982, a las cinco de la madrugada, el entonces subteniente Joya y seis de sus hombres fuertemente armados penetraron en la vivienda del subprocurador de la República (el segundo en la Fiscalía del Estado), Rafael Rivera, para detener a los estudiantes. Dos de ellos era hijas de Rivera, quien, por su cargo, tenía inmunidad. "Joya llegó chillando, muy agitado", recuerda ahora Milton Jiménez. "Llevaba una pistola en la mano. Con ella amenazó a Gilda Rivera". El padre de Gilda se acreditó como autoridad del Estado, y Joya se retiró. A los pocos minutos retornó acompañado por más hombres. "Se emplearon con mucha violencia. Nos detuvieron a todos, también al subprocurador. Nos maniataron con los cordones de nuestros propios zapatos", dice Milton.
La persona que le identificó fue Ana, hermana de Gilda. "En el momento no lo reconocí, pero cuando nos dejaron libres [ocho días después y gracias a los contactos de su padre], me di cuenta de quién me había interrogado y torturado... Era Billy Joya". Ana le había conocido a través de una compañera de universidad con quien mantuvo una relación mientras era cadete.
"Primero nos trasladaron a la comisaría de Manchén. Allí nos pegaron. A Guillermo López Lone casi lo matan. Le hicieron la capucha. Tuvieron que reanimarlo", recuerda Jiménez. La capucha es una tortura que consiste en colocar al preso una bolsa con cal para que se ahogue mientras intenta respitar.
"De ahí nos trasladaron a una casa de campo en el caserío de Amarateca, a unos 30 minutos de la comisaría. Pertenecía al general Amílcar Zelaya. Allí nos volvieron a torturar. Hacían simulacros de fusilamiento. En realidad no nos preguntaban por nada concreto. Sólo nos pegaban y amenazaban", dice Milton.
Los seis estudiantes coincidieron en su cautiverio con otros detenidos que después jamás aparecieron. Aunque ni la policía ni el Ejército reconocieron la detención de los seis universitarios, dos de ellos fueron puestos a disposición de la justicia 11 días después. Se les acusó de tenencia de armas y explosivos. Pero en la casa de Rivera, donde vivían alquilados, sólo hallaron apuntes. "Lo más comprometedor era un libro de Marx y un disco de música andina", ironiza Ana.
"Tuvimos suerte, después de todo. En la detención hubo testigos, y el padre de Ana y Gilda movió sus contactos. Si no hubiera sido por él, ahora estaríamos muertos. Seríamos un número más entre los desaparecidos", asegura Milton.
Aunque no existe un tratado formal entre España y Honduras, una ley española, la de Extradición Pasiva de 1985, permite el envío de Billy Joya a Honduras. "El juez competente del caso en Tegucigalpa debe solicitar, a través de la Interpol o por vía diplomática, la extradición. Una vez recibida, las autoridades judiciales españolas pueden ordenar la detención de Joya. El juez hondureño tendría 40 días para fundamentar su petición, que, de aprobarse, sería de ejecución inmediata.
La fiscal de Derechos Humanos de Honduras, Lorena Soto, instó el viernes a ese juzgado de Tegucigalpa, el que ordenó su detención en 1995, para que inicie el proceso de extradición desde España. La policía española le tiene vigilado las 24 horas del día para que no escape y está convencida de que en cualquier momento lo tendrá que detener.
No es la primera vez que se intenta su extradición. La Interpol de Tegucigalpa ya envió a la policía española un telegrama, fechado el 7 de agosto del 1997, en el que se decía: "Informamos de que el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal nos ha indicado que, en caso de ubicar en su país a la persona requerida [Joya], se realicen los trámites para su extradición por los canales diplomáticos, por lo que se socilita la detención preventiva". No hubo respuesta. Ha pasado un año.
"El problema es que el Gobierno hondureño es el primero que no está interesado en que se extradite a Billy Joya, y no entiendo por qué el español debe ser más papista que el Papa", dice la fuente próxima al capitán.
Joya no desea hablar con los medios de comunicación españoles, aunque no descarta dar una rueda de prensa en breve. Se encuentra en Sevilla, con su mujer y cuatro hijas (la última nació hace ocho meses en España). "Sé cómo son los periódicos", asegura Joya. "Intentarán que diga cosas que después se utilizarán en mi contra en Honduras".
Milton Jiménez Puerto, uno de los seis estudiantes que fueron secuestrados y torturados por el 3-16 al mando de Joya es quien ha presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional. Le acusa de violar la Convención Internacional Contra la Tortura, firmada por España.
La situación jurídica de este capitán es compleja. Entró en España en abril de 1996 con un visado de turista. Procedía de Colombia, donde se había escondido tras su precipitada huida de Honduras al abrirse un proceso contra él y otros miembros del escuadrón de la muerte. En octubre, temiendo por su situación de alegalidad, solicitó asilo político. Joya argumentó que la justicia de su país no ofrece suficientes garantías. "Ésa es una táctica conocida, que han empleado todos los militares prófugos", dice Ernesto Custodio, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), una organización que en dos años ha sufrido dos extrañas muertes. La hermana de Ernesto apareció con un disparo en la cabeza el 5 de julio de 1996. La policía anunció suicidio, pero la pistola no tenía huellas. Ernesto Sandoval, del directorio de la Codeh, pereció en un atentado. Entre los detenidos había ex militares.
Billy Joya está ahora protegido por esa resolución. "No se le puede expulsar. La justicia está, afortunadamente, por encima del Ministerio de Interior", dice la fuente próxima al capitán hondureño. La decisión final de la sala, que puede llegar después del verano, se puede recurrir ante el Supremo. "Estamos hablando de un mínimo de dos años", añade esa fuente.
Francisco Pérez, de Izquierda Unida, asegura que el problema es de origen. No se debió haber tramitado esa solicitud.
La denuncia de Milton Jiménez trata de abrir otra vía. Que el juez de la Audiencia Nacional encargado de la querella, Israel Moreno, ordene su detención y le procese. ¿Un caso similar a los de Chile y Argentina? Para la fiscalía de la Audiencia, España no es competente. Para el abogado de Joya, Julio Coca, no tiene nada que ver. "La querella no tiene ni pies ni cabeza. Aquí se trata de hondureños, no de españoles".
"Es verdad que está mal planteada", afirma un abogado español experto en este tipo de casos de violación de los derechos humanos. "En los sumarios sobre los desaparecidos de los magistrados Manuel García-Castellón y Baltasar Garzón se castiga el delito de tortura, pero sólo en caso de los españoles que es lo que permite la ley. En los de terrorismo y genocidio la ley española no distingue la nacionalidad".
Aunque a Billy Joya se le persigue por un hecho concreto, para la Codeh, su testimonio ante la justicia hondureña podría aclarar gran parte de las actividades de ese siniestro Batallón 3-16. "Él es un archivo viviente", dice Custodio. En febrero de 1996, el capitán pidió perdón por sus actos, pero no se entregó. Guarda silencio. "Ahora Joya tampoco va a revelar ninguno de sus secretos", advierte la fuente próxima al militar hondureño.
Billy Joya Améndola es un nombre difícil de olvidar. Más aún en Honduras, donde se le busca desde octubre de 1995 por grave violación de los derechos humanos. Joya, que vivía oculto en España desde abril de 1996, está en Sevilla, con residencia en el barrio de Los Remedios, en uno de sus edificios más emblemáticos y caros, el Presidente. En él, un piso cuesta cerca de 40 millones, y el alquiler no baja de 140.000 pesetas.En estos 28 meses en España, Joya nunca ha trabajado. Se mantiene de las ayudas y del dinero que le envía su cuñado, con quien comparte empresa de seguridad en Honduras. La única actividad que se le conoce es la de catequista. Él ayudó a comprender el cristianismo a los alumnos del colegio de San José, de los Sagrados Corazones de Sevilla.
"Él tiene la conciencia tranquila", dice una fuente próxima a Joya en España. "Está convencido de que no cometió delito alguno. Sólo cumplió con la orden de detener a unos presuntos subversivos".
Aquel 27 de abril de 1982, a las cinco de la madrugada, el entonces subteniente Joya y seis de sus hombres fuertemente armados penetraron en la vivienda del subprocurador de la República (el segundo en la Fiscalía del Estado), Rafael Rivera, para detener a los estudiantes. Dos de ellos era hijas de Rivera, quien, por su cargo, tenía inmunidad. "Joya llegó chillando, muy agitado", recuerda ahora Milton Jiménez. "Llevaba una pistola en la mano. Con ella amenazó a Gilda Rivera". El padre de Gilda se acreditó como autoridad del Estado, y Joya se retiró. A los pocos minutos retornó acompañado por más hombres. "Se emplearon con mucha violencia. Nos detuvieron a todos, también al subprocurador. Nos maniataron con los cordones de nuestros propios zapatos", dice Milton.
La persona que le identificó fue Ana, hermana de Gilda. "En el momento no lo reconocí, pero cuando nos dejaron libres [ocho días después y gracias a los contactos de su padre], me di cuenta de quién me había interrogado y torturado... Era Billy Joya". Ana le había conocido a través de una compañera de universidad con quien mantuvo una relación mientras era cadete.
"Primero nos trasladaron a la comisaría de Manchén. Allí nos pegaron. A Guillermo López Lone casi lo matan. Le hicieron la capucha. Tuvieron que reanimarlo", recuerda Jiménez. La capucha es una tortura que consiste en colocar al preso una bolsa con cal para que se ahogue mientras intenta respitar.
"De ahí nos trasladaron a una casa de campo en el caserío de Amarateca, a unos 30 minutos de la comisaría. Pertenecía al general Amílcar Zelaya. Allí nos volvieron a torturar. Hacían simulacros de fusilamiento. En realidad no nos preguntaban por nada concreto. Sólo nos pegaban y amenazaban", dice Milton.
Los seis estudiantes coincidieron en su cautiverio con otros detenidos que después jamás aparecieron. Aunque ni la policía ni el Ejército reconocieron la detención de los seis universitarios, dos de ellos fueron puestos a disposición de la justicia 11 días después. Se les acusó de tenencia de armas y explosivos. Pero en la casa de Rivera, donde vivían alquilados, sólo hallaron apuntes. "Lo más comprometedor era un libro de Marx y un disco de música andina", ironiza Ana.
"Tuvimos suerte, después de todo. En la detención hubo testigos, y el padre de Ana y Gilda movió sus contactos. Si no hubiera sido por él, ahora estaríamos muertos. Seríamos un número más entre los desaparecidos", asegura Milton.
Aunque no existe un tratado formal entre España y Honduras, una ley española, la de Extradición Pasiva de 1985, permite el envío de Billy Joya a Honduras. "El juez competente del caso en Tegucigalpa debe solicitar, a través de la Interpol o por vía diplomática, la extradición. Una vez recibida, las autoridades judiciales españolas pueden ordenar la detención de Joya. El juez hondureño tendría 40 días para fundamentar su petición, que, de aprobarse, sería de ejecución inmediata.
La fiscal de Derechos Humanos de Honduras, Lorena Soto, instó el viernes a ese juzgado de Tegucigalpa, el que ordenó su detención en 1995, para que inicie el proceso de extradición desde España. La policía española le tiene vigilado las 24 horas del día para que no escape y está convencida de que en cualquier momento lo tendrá que detener.
No es la primera vez que se intenta su extradición. La Interpol de Tegucigalpa ya envió a la policía española un telegrama, fechado el 7 de agosto del 1997, en el que se decía: "Informamos de que el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal nos ha indicado que, en caso de ubicar en su país a la persona requerida [Joya], se realicen los trámites para su extradición por los canales diplomáticos, por lo que se socilita la detención preventiva". No hubo respuesta. Ha pasado un año.
"El problema es que el Gobierno hondureño es el primero que no está interesado en que se extradite a Billy Joya, y no entiendo por qué el español debe ser más papista que el Papa", dice la fuente próxima al capitán.
Joya no desea hablar con los medios de comunicación españoles, aunque no descarta dar una rueda de prensa en breve. Se encuentra en Sevilla, con su mujer y cuatro hijas (la última nació hace ocho meses en España). "Sé cómo son los periódicos", asegura Joya. "Intentarán que diga cosas que después se utilizarán en mi contra en Honduras".
Milton Jiménez Puerto, uno de los seis estudiantes que fueron secuestrados y torturados por el 3-16 al mando de Joya es quien ha presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional. Le acusa de violar la Convención Internacional Contra la Tortura, firmada por España.
La situación jurídica de este capitán es compleja. Entró en España en abril de 1996 con un visado de turista. Procedía de Colombia, donde se había escondido tras su precipitada huida de Honduras al abrirse un proceso contra él y otros miembros del escuadrón de la muerte. En octubre, temiendo por su situación de alegalidad, solicitó asilo político. Joya argumentó que la justicia de su país no ofrece suficientes garantías. "Ésa es una táctica conocida, que han empleado todos los militares prófugos", dice Ernesto Custodio, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), una organización que en dos años ha sufrido dos extrañas muertes. La hermana de Ernesto apareció con un disparo en la cabeza el 5 de julio de 1996. La policía anunció suicidio, pero la pistola no tenía huellas. Ernesto Sandoval, del directorio de la Codeh, pereció en un atentado. Entre los detenidos había ex militares.
No a la expulsión
El 30 de mayo de 1997, el Ministerio de Interior español rechazó la solicitud de asilo. "El estatuto internacional del refugiado prohibe expresamente su concesión a toda persona perseguida por violación de derechos humanos", recuerda Goyo Dionis, de la Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina, una ONG dedicada a la defensa de estos derechos básicos.La denegación de asilo en España llevaba pareja la orden administrativa de expulsión en 15 días. El abogado de Joya interpuso un recurso ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia, paralizando la medida. La sala notificó a Joya el 5 de febrero de 1998 que la orden de expulsión quedaba congelada hasta que resolviera el asunto del asilo.Billy Joya está ahora protegido por esa resolución. "No se le puede expulsar. La justicia está, afortunadamente, por encima del Ministerio de Interior", dice la fuente próxima al capitán hondureño. La decisión final de la sala, que puede llegar después del verano, se puede recurrir ante el Supremo. "Estamos hablando de un mínimo de dos años", añade esa fuente.
Francisco Pérez, de Izquierda Unida, asegura que el problema es de origen. No se debió haber tramitado esa solicitud.
La denuncia de Milton Jiménez trata de abrir otra vía. Que el juez de la Audiencia Nacional encargado de la querella, Israel Moreno, ordene su detención y le procese. ¿Un caso similar a los de Chile y Argentina? Para la fiscalía de la Audiencia, España no es competente. Para el abogado de Joya, Julio Coca, no tiene nada que ver. "La querella no tiene ni pies ni cabeza. Aquí se trata de hondureños, no de españoles".
"Es verdad que está mal planteada", afirma un abogado español experto en este tipo de casos de violación de los derechos humanos. "En los sumarios sobre los desaparecidos de los magistrados Manuel García-Castellón y Baltasar Garzón se castiga el delito de tortura, pero sólo en caso de los españoles que es lo que permite la ley. En los de terrorismo y genocidio la ley española no distingue la nacionalidad".
Aunque a Billy Joya se le persigue por un hecho concreto, para la Codeh, su testimonio ante la justicia hondureña podría aclarar gran parte de las actividades de ese siniestro Batallón 3-16. "Él es un archivo viviente", dice Custodio. En febrero de 1996, el capitán pidió perdón por sus actos, pero no se entregó. Guarda silencio. "Ahora Joya tampoco va a revelar ninguno de sus secretos", advierte la fuente próxima al militar hondureño.
Con información de Santiago F.Fuertes (Sevilla) y Paco Gómez Nadal (Nicaragua).
martes, 4 de agosto de 1998
El Gobierno español niega el asilo al militar hondureño acusado de crímenes
Fuente: El País
El Gobierno denegó ayer el asilo en España al capitán Billy Joya,
prófugo de la justicia hondureña y acusado de la desaparición temporal
en 1982 de seis estudiantes universitarios. El capitán ha recurrido la
decisión de las autoridades españolas y es ahora la Comisión
Interministerial de Petición de Asilo la que ha de resolver el caso. Su
paso por los juzgados podría alargarse más de lo que quisiera ya que el
Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh)
anunció ayer que piensa denunciar a Joya ante la justicia española por
delitos contra los derechos humanos. Su presidente, Ramón Custodio,
considera que la legislación hondureña permite que crímenes de ese tipo
sean juzgados en todo el mundo.
"Esta vez no se nos va a escapar", afirmó Custodio después de conocer
la noticia de la denegación de asilo a Joya. El juicio contra militares
argentinos que lleva la Audiencia Nacional le sirvió al presidente de
Codeh como precedente para defender que se puede abrir un proceso
judicial en España contra el capitán. "Calculamos que la tramitación del
recurso presentado por los abogados de Joya durará 60 días; pasado ese
tiempo le denunciaremos", dijo Custodio.El capitán hondureño figura como
prófugo desde el 17 de octubre de 1995, cuando un juez de Tegucigalpa
emitió una orden de captura en su contra y de otros 18 oficiales por
"tentativa de asesinato" y tortura contra seis estudiantes en abril de
1982. Diversos organismos de defensa de los derechos humanos vinculan al
militar a los escuadrones de la muerte del llamado Batallón 3-16 del
Ejército hondureño, a los que se les considera responsables de la
desaparición de 184 personas entre 1979 y 1989.
Extradición
La
noticia sobre el paradero de Joya trascendió la semana pasada, cuando
el Codeh y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras pidieron al ministro de Interior español, Jaime Mayor Oreja,
que no concediese el asilo a Joya y que le extraditase a Honduras. La
primera petición fue satisfecha ayer, pero la segunda pasa, según
apuntaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, por que la
solicitud provenga del Gobierno hondureño.Por ahora las autoridades de
Tegucigalpa no han tramitado ninguna petición, ni la Embajada de
Honduras en España ha recibido ninguna notificación al respecto. "Nos
estamos enterando por la prensa", afirmó el diplomático hondureño José
Manuel Castelar.
El presidente de Codeh acusó ayer al Gobierno
hondureño de no estar "moviendo un dedo" para poner ante la justicia a
Joya. Custodio aseguró que en 1997 el ex presidente de Honduras, Carlos
Roberto Reina, ya había denunciado que Joya podía estar viviendo en
España, aunque no pidió su extradición. "No reaccionamos entonces porque
pensamos que nos estaban poniendo en una pista falsa. Siempre nos ponen
pistas falsas", afirmó Custodio, quien sospecha que Joya pasó por
Estados Unidos antes de llegar a España.
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