Agradecimiento Sección Sindical del Servicio Exterior de la FSC-CCOO

Información sobre HUELGA GENERAL y MANIFESTACIONES 14N

  destinada a las trabajadoras y trabajadores

de la Administración General del Estado en el Exterior

MUCHAS GRACIAS

La Sección Sindical del Servicio Exterior de la FSC-CCOO agradece a todas las trabajadoras y todos los trabajadores que ayer secundaron la huelga en el exterior su participación y manifiesta su satisfacción por el seguimiento de la misma, a pesar de que la dispersión geográfica de los diversos centros de trabajo y la escasa dimensión de las plantillas en la mayoría de ellos suponga un escollo difícil de saltar en este tipo de movilizaciones.

Como podréis ver por la exhaustiva información que adjuntamos a este comunicado, han sido muchos millones de ciudadanos los que han secundado la huelga y acudido a las diversas manifestaciones que han tenido lugar en todo el territorio español. Muchos trabajadores de embajadas, consulados, consejerías, oficinas técnicas, centros culturales, institutos cervantes, etc. en el exterior han secundado esta huelga y en diversos países se han celebrado también manifestaciones de apoyo a la misma ante diversas embajadas, demostrando también así su rechazo a la política de recortes en derechos y libertades que se nos quiere imponer.

El día 14 fue sólo un paso importante en este intento ciudadano por mantener nuestros derechos y libertades duramente conseguidos. Entre todas y todos tenemos que impedir el desmantelamiento del Estado del Bienestar. No va a ser nada fácil cuando lo que rige es el poder económico de los mercados, ejecutado bajo la dirección de un gobierno que sigue a pies juntillas los dictados de la canciller alemana, Angela Merkel, de la Comisión Europea y del FMI, pero todos sabemos que tenemos la capacidad de cambiar las cosas. Ayer vimos y sentimos la fortaleza de la sociedad civil y esto es ya imparable.

¡TODOS JUNTOS PODEMOS!

Los derechos sindicales en la crisis

INFORME CSI 2010: Más 100 sindicalistas asesinados.
Aunque en los países en los que hay juego democrático el problema de la hostilidad o aislamiento mediático de las posiciones sindicales tiene una importancia grande, no es, sin duda, el más duro de los ataques que sufren el sindicalismo en el mundo, agudizados por las consecuencias de la crisis y por los conflictos sociales que el modelo de salida de la misma implican.

Durante el pasado año, y especialmente a partir del momento en que se convocó la huelga general del 29 de septiembre, el sindicalismo confederal español ha sufrido una durísima campaña de prensa denigratoria por parte de los medios de comunicación de orientación derechista como no se ha conocido desde la recuperación de la democracia.

La mayor parte de estos medios no se han detenido ante la utilización de la calumnia y la injuria, en ese estilo habitual de la extrema derecha, combinando los ataques personales a los dirigentes y al colectivo de sindicalistas profesionales –los “liberados”- con las acusaciones de vivir de los presupuestos públicos y de representar un tipo de sindicalismo trasnochado, incapaz de adaptare a la evolución de las sociedades modernas. Sin importar no ya la verdad sino la misma coherencia de su discurso, podían atacar a CC OO y UGT por defender “sólo a los trabajadores con empleo fijo”, en el mismo momento en que la prioridad de sus esfuerzos estaba en la creación de empleo, la reducción de los contratos temporales o la mejora de la protección de los parados; o bien, calificarlos de “vendidos al Gobierno” por no convocar una huelga general política contra Zapatero, cuando este no adoptaba medidas de recorte de los derechos laborales y sociales, y seguir siendo una mezcla de vendidos y radicales trasnochados cuando se convocó la huelga general del 29 de septiembre, ante la adopción por el Gobierno de Zapatero del conjunto de medidas antisociales más extenso que se haya conocido en democracia. Un análisis semántico de esta campaña sería un buen filón para los estudiosos de la comunicación. Una vez decretado, en contra de la verdad, el fracaso de la huelga del 29 de septiembre, la campaña disminuyó en intensidad. Al comenzar el nuevo año la campaña parece que vuelve a empezar.


Vuelve el neoloberalismo
Una campaña de prensa antisindical tan intensa no se producido en otros países europeos, incluidos aquellos que han vivido movilizaciones sindicales más duras y prolongadas como Grecia y Francia. Pero sí existen numerosos ejemplos en otros países y momentos. Lo que se detecta con claridad es que la reacción de los poderes económicos del mundo, en particular del capital financiero, tras su salvamento por los gobiernos y tras haber tenido que soportar políticas keynesianas durante un par de años –en Europa sólo año y medio- y las amenazas de ser regulados y controlados algo más –por el momento sólo amenazas- es la de volver a imponer su agenda neoliberal con la colaboración de una gran parte de los medios de comunicación. Hoy, en Europa, a pesar de las críticas de políticos europeístas y de las líneas editoriales de periódicos de referencia –Le Monde, Financial Times, etc.- a los descomunales errores e insuficiencias del liderazgo político europeo –capitaneado por Merkel y su acompañante Sarkozy- son pocos los que cuestionan a fondo las políticas de ajuste de la agenda neoliberal renacida.
Aunque en los países en los que hay juego democrático el problema de la hostilidad o aislamiento mediático de las posiciones sindicales tiene una importancia grande, no es, sin duda, el más duro de los ataques que sufren el sindicalismo en el mundo, agudizados por las consecuencias de la crisis y por los conflictos sociales que el modelo de salida de la misma implican.

Impacto e la crisis en el empleo

Desde 2008, la crisis económica y financiera mundial ha tenido un enorme impacto sobre el nivel de empleo en todo el mundo. Cerca de 40 millones de puestos de trabajo se han perdido (datos de la OIT). La amenaza del desempleo, la precarización y el paso a la economía informal pesan aún sobre muchos otros millones de trabajadores y trabajadoras. La OIT estima que actualmente el 50% de la mano de obra global tiene un trabajo precario. Esto afecta a los trabajadores de las zonas francas industriales, especialmente en el Sudeste asiático y en América Central, a los empleados del servicio doméstico (sobre todo en Oriente Medio y el Sudeste asiático), los migrantes y los trabajadores/as agrícolas. En estos Sectores, las mujeres son mayoría. Los trabajadores de la economía informal y los precarios -entre ellos los que sufren una forma de empleo atípico como los falsos autónomos- encuentran dificultades adicionales para organizarse sindicalmente y hacer valer sus derechos.

La violación de los derechos sindicales en el mundo
La Confederación Sindical Internacional (CSI) constata, en su “Informe, 2010, sobre Violaciones de los Derechos Sindicales en el Mundo” (1), que “…la tarea central de los sindicatos, como es la defensa y promoción de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de empleos decentes para todos, resulta más difícil que en ningún otro momento de la historia reciente. De hecho, en muchos países, a pesar del llamamiento lanzado por los Líderes del G20, las autoridades públicas y el sector empresarial han seguido utilizando la crisis como pretexto para debilitar y socavar los derechos sindicales”.

El número de países afectados por violaciones, más o menos graves, de los derechos sindicales ha aumentado hasta llegar a 140. En la más grave de todas, el asesinato de sindicalistas, los casos se incrementaron de 76, en 2008, a 101, en 2009 (un 30% más). Por países: 48 en Colombia, 16 en Guatemala, 12 en Honduras, seis en México, seis en Bangladesh, cuatro en Brasil, tres en la República Dominicana, tres en Filipinas, uno en India, uno en Iraq y uno en Nigeria. La concentración de 85 de los asesinados en América Latina es un hecho notable, habiendo aumentado el porcentaje que se acumula en esta Región del mundo que presenta el más elevado grado de desigualdad social de nuestro planeta. De los 48 sindicalistas asesinados en Colombia, la nación que año tras año encabeza este macabro ranking, 22 eran dirigentes sindicales. En 2009 también destacan los casos de Guatemala y Honduras que superan ampliamente la decena de sindicalistas asesinados.

La estadística anterior se refiere a los casos de asesinatos individuales premeditados. Se elevan a centenares el número de trabajadores muertos o heridos, por disparos de las policías o las fuerzas armadas, en protestas laborales y sociales convocadas o apoyadas por sindicatos. El caso más sangriento, en 2009, fue la matanza del 29 de septiembre en Guinea (Conakry) en el que un número todavía mal contabilizado de personas –que pudieron haber sido varios centenares- murió en la represión del Ejército de la huelga general y las manifestaciones, convocadas por los sindicatos en defensa de la democracia. Este compromiso del sindicalismo confederal en la defensa de la libertad y la democracia, y sus dramáticas consecuencias cuando se enfrenta a golpes de estado, también se puso de manifiesto en Honduras, tras el derrocamiento del presidente constitucional Manuel Zelaya. Pero así mismo, en conflictos laborales: en Bangladesh, seis trabajadores de la confección que estaban en huelga para reclamar un incremento salarial y el pago de salarios adeudados perdieron la vida como consecuencia de una intervención policial.

Las detenciones y las penas de prisión por el ejercicio de actividades sindicales llevaron a las cárceles a miles de sindicalistas. Destacan en ello países como Irán, Honduras, Pakistán, Corea del Sur, Turquía Y Zimbawe. Éste es uno de los aspectos más destacados de la vulneración de los derechos sindicales en el mundo. El informe de la CSI menciona como países en los que ha habido un más claro deterioro del respeto a los derechos sindicales a Egipto, la Federación Rusa, Corea del Sur y Turquía. Las violaciones de los derechos sindicales no pueden ser en bastantes ocasiones denunciadas por el clima de acoso e intimidación que sufren los trabajadores que quieren iniciar o desarrollar actividades sindicales en las empresas. El momento de crear un sindicato es cuando en muchos países los trabajadores son despedidos por los empresarios. En lugares del Norte y el Sur de América, por ejemplo, en países en donde existe libertad sindical formal -como EE UU, Perú o Colombia- el proceso de creación de un sindicato en una empresa, en el cual sus promotores tienen que cubrir numerosos requisitos, es utilizado por los empresarios para despedir a quienes lo intentan.

La represión de huelgas, manifestaciones y otros actos de protesta sigue produciendo cada año miles de heridos y detenidos en todas las regiones del mundo. En los últimos dos años, a los objetivos habituales de las protestas sindicales –reclamación de salarios o denuncia de condiciones de trabajo especialmente onerosas- se han añadido las de denuncia de la crisis, sus consecuencias y las políticas de los gobiernos frente a ella. En 2009 el mapa de este tipo de conflictos, con su secuela de agredidos y detenidos, fue muy extenso. Como botón de muestra: Argelia, Bielorusia, Birmania, Costa de Marfil, Egipto, Honduras, India, Irán, Kenya, Nepal, Pakistán y Turquía.

Crisis, represión y control político de los sindicatos
Hay que referirse, por su actualidad y proximidad, a las protestas sociales que se están produciendo en el momento de escribir estas líneas en dos países del Magreb: Túnez y Argelia. Son protestas contra las consecuencias de la crisis y la fundada sensación de falta de futuro de los jóvenes, la mayoría de ellos en paro o con trabajos informales que proporcionan ínfimos ingresos, muchos de ellos diplomados universitarios. La brutal respuesta policial de una dictadura –Túnez- y un régimen autoritario –Argelia- han producido decenas de muertos, hasta el momento, en protestas que, surgidas de un modo más o menos espontáneo, tocan a las puertas de unas centrales sindicales, de carácter casi único y fuertemente influenciadas por sus gobiernos, aunque con respectivas historias en las que se alternan períodos de subordinación con otros de mayor autonomía y aún de confrontación. La evolución de la situación en Túnez merece ser seguida con atención. La dirección de la UGTT ha pasado de una posición de apoyo al Gobierno del dictador Ben Alí a otra de pretendida equidistancia y búsqueda de una posición “pacificadora”, mientras que numerosas federaciones y sindicatos se suman a la protesta, destacando la federación de enseñanza que ha llamado a una huelga general a la que el Gobierno , también atemorizado por la activa participación de los estudiantes en las protestas masivas, ha respondido clausurando todos los centros educativos por tiempo indefinido.
La intervención de los gobiernos en la configuración y el control del sindicalismo tiene una amplia tradición en numerosos países y a lo largo de toda la Historia del movimiento sindical. Se puede decir, de modo general, que donde no hay democracia no hay libertad sindical ni los derechos sindicales fundamentales se respetan. Pero la propensión del poder político o de los partidos políticos a controlar o influenciar al sindicalismo también se da en bastantes naciones democráticas. En ocasiones, las propias direcciones de las centrales y sindicatos valoran más dicha influencia que la autonomía sindical. El caso extremo de intervencionismo gubernamental se da en las monarquías del Golfo: salvo muy recientemente en Bahrein, en donde acaban de ser permitidos, en todos los demás países simplemente no se permite su existencia. En otros países árabes no democráticos como Libia, Egipto, Libia o Sudán, las centrales sindicales únicas llevan largo tiempo controladas por los partidos únicos o casi únicos de las respectivas dictaduras. El sindicalismo único controlado por el Gobierno también es el característico de otro tipo de dictaduras, las de los regímenes gobernados por partidos comunistas. En dos de ellas –Vietnam y China- en muy avanzada transición al capitalismo más duro, sin sistemas de protección social avanzados. Conviene resaltar que la consecución de los derechos sindicales fundamentales en estos países, en particular en China, tiene una importancia universal. El modelo de competitividad que se quiere imponer en Europa, basado en fuertes recortes de los costes laborales y de las prestaciones de los Estados de Bienestar tiene bastante que ver con la falta de derechos sindicales en China y otros países emergentes.

En estos países, la crisis ha producido un incremento de las protestas de los trabajadores al margen de los sindicatos oficiales. Importantes, por ejemplo, fueron en Egipto donde hubo una fuerte represión gubernamental. Estas protestas han permitido el fortalecimiento de organizaciones democráticas autónomas con fuerte vocación sindical como CTUWS (2). China y Vietnam han vivido importantes huelgas espontáneas En la etapa de pronta recuperación que siguió al año de crisis -que fue el 2009- por mejoras salariales, se realizaron las huelgas sobre todo en empresas multinacionales. En dicho año, cuando un crecimiento de “sólo el 6%” y la caída de las exportaciones en diversos sectores manufactureros como consecuencia de la recesión en las economías desarrolladas, motivó el cierre de empresas, las protestas de los trabajadores –en China- fueron también por el pago de las indemnizaciones por despido, y en ellas participaron también contingentes de trabajadores migrantes, ese auténtico “ejército de reserva” del capitalismo chino que puede alcanzar los 180 millones de personas, censadas como campesinos pero que trabajan en las ciudades sin la mayoría de los derechos de los trabajadores urbanos. Las centrales oficiales china y vietnamita –ACFTU y VGCL- están por completo al margen de estos movimientos de protesta: En los contactos que la Secretaría de Internacional de CC OO ha mantenido con los responsables de ambas, hemos encontrado una actitud más abierta y comprensiva hacia los movimientos huelguísticos por parte de los sindicalistas oficialistas vietnamitas que en los chinos.

Crisis, políticas de ajuste y recortes sociales en Europa
La utilización de la crisis para recortar los derechos sindicales, sociales y laborales no ha sido una práctica generalizada por parte de los gobiernos, al menos hasta 2010. Las resoluciones de las cumbres del G20 de Washington (noviembre de 2008), Londres (abril de 2009) y Pittsburgh (septiembre de 2009) decidieron salvar el sistema financiero con dinero público y reactivar las economías mediante la adopción de políticas keynesianas de estímulo de la demanda. La participación de la delegación de la CSI en reuniones previas y encuentros paralelos, en las cumbres, con los principales jefes de estado y de gobierno de los países del G20 consiguieron introducir en las declaraciones finales conceptos, orientaciones y compromisos -.más o menos concretos- sobre el empleo y su protección y otros temas de la agenda sindical. Buena parte de estos no se han cumplido y, a partir de la fracasada Cumbre de Toronto (junio de 2010), las declaraciones finales incluyen un contradictorio conjunto de preceptos para contentar tanto a aquellos países que continúan en la senda keynesiana (EE UU y los emergentes) como a a aquellos otros que han vuelto a la agenda neoliberal (los de la UE y Canadá).

Previamente, la UE, en la crítica reunión del consejo Europeo del 9 de mayo, -incapaces y faltos de voluntad sus líderes políticos para resolver la crisis de las deudas soberanas mediante el gobierno de los mercados- había realizado un giro radical en la orientación de sus políticas macroeconómicas para marcarse como única prioridad la reducción de los déficits públicos y de la deuda pública de sus Estados miembros. Dos instrumentos se promovieron para ello: a) drásticas políticas de ajuste presupuestario basadas en la reducción o/y congelación de salarios y pensiones, reducción de la inversión pública y de los gastos sociales y, en menor medida, aumento de los impuestos (sobre todo los indirectos); y, b) las llamadas “reformas estructurales” que no son otra cosa que la aplicación de los contenidos de la resucitada agenda neoliberal a los sistemas de protección social, mercados laborales y sistemas de negociación colectiva. Es decir, recortes de derechos sindicales, laborales y sociales, mientras que los responsables de la crisis, los agentes del sistema financiero, siguen sin regulación suficiente, efectiva y justa, y una parte de ellos pueden permitirse el haberse enriquecido especulando al alza, para provocar la crisis, y, ahora, enriquecerse especulando a la baja, contra la deuda de los Estados, deuda adquirida para salvar al sistema de las impunes fechorías que cometieron antes de desencadenarse la crisis. ¡Toda una parábola moral a costa de la ciudadanía europea!

Vulneración del derecho de negociación colectiva

La deriva política de la UE, que está poniendo en peligro no sólo el euro sino el mismo proceso de integración política europeo, implica la vulneración de derechos sindicales fundamentales, al menos de los empleados públicos que han visto anulado su derecho a la negociación colectiva y al reconocimiento del valor legal de los acuerdos suscritos. También los responsables políticos europeo pretenden debilitar el valor de la negociación colectiva en el sector privado, siguiendo los designios e interesas de los empresarios.
El derecho a la negociación colectiva, estrechamente relacionado con el derecho de sindicalización, tal como proclama el Convenio 98 la OIT, es uno de los más vulnerables y vulnerados. De hecho el Convenio 98 no está ratificado por países que superan la mitad de la población de la humanidad: Canadá, China. India, Irán, México, República de Korea, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. Aún en los países en los que está ratificado, la aplicación de sus disposiciones no siempre se cumple. En el mencionado Informe la CSI se dice: “El respeto de los derechos de sindicalización y negociación colectiva resulta crucial para restaurar el poder adquisitivo y el crecimiento económico en el mundo entero, y los Gobiernos deben actuar para asegurarse de que esos derechos sean respetados tanto en la ley como en la práctica. La alternativa es una mayor desigualdad y una recesión aún más profunda”.

Distribución de la riqueza, poder sindical y crisis
Sería muy interesante que los gobernantes europeos (y de las demás partes del mundo, por supuesto) leyeran el artículo recientemente publicado por dos economistas del FMI, Michel Kumhof y Romain Rancière (3). En él se estudian, con un sólido aparato empírico y teórico, las variables desigualdad social y endeudamiento en la Gran Depresión de 1929 y la Gran Depresión, de 2007, para llegar a la conclusión que el elevado endeudamiento y la crisis son resultados de una cambio en la distribución de los ingresos hacia una mayor desigualdad:
“Empíricamente, los períodos 1920-1929 y 1983-2008 mostraron un gran incremento en la cuota de ingresos de los ricos, un gran aumento en el endeudamiento para el resto, y una eventual crisis financiera y real. El documento presenta un modelo teórico en el que estas características surgen de manera endógena como resultado de un cambio en la capacidad de negociación sobre los ingresos. Una crisis financiera puede reducir el endeudamiento si es muy grande y no está acompañado de una contracción real. Sin embargo, la restauración del poder de negociación del grupo con menores ingresos es más eficaz… Un mayor poder de negociación para los trabajadores con el fin de reducir la desigualdad de ingresos puede ser muy efectivo para reducir la probabilidad de una nueva crisis".
El reto del sindicalismo europeo y mundial en la difícil y compleja situación que vivimos es de una gran dimensión: analizar, comunicar, convencer, aunar intereses, organizar y luchar, local y globalmente.

(1) Recoge los datos del año 2009. Su enlace, en castellano, es: http://survey.ituc-csi.org/+-Whole-World-+.html?lang=es
(2) CTUWS son las siglas, en inglés, de Centro de Servicios para los Trabajadores y Sindicatos.
(3) Kumhof, Michael/ Rancière, Romain: “Inequality, Leverage and Crises” IMF, Working Paper, november 2010

Javier Doz
Secretario de Internacional. CC OO

Mujer y mercado global: ¿quién nos robo nuestros derechos?

Intermón Oxfam denuncia que la precariedad laboral de millones de trabajadoras es consecuencia del modelo de negocio de las grandes cadenas de ropa y productos frescos. Una fábrica de confección de Tánger vende por dos euros a las grandes firmas de moda españolas un pantalón que hace tres años vendía por 3,3. Las empresas textiles de esta ciudad del norte de Marruecos tienen que entregar sus pedidos en un plazo de entre 15 y 30 días (en ocasiones en apenas cinco), cuando hace tres años lo hacían en tres meses. La presión de las grandes tiendas españolas sobre sus proveedores marroquíes se traslada al eslabón más vulnerable de la cadena de producción: la mujer trabajadora. En las fábricas de Tánger las jornadas son de 12 o 13 horas diarias en temporada alta, a veces incluso de 16. Una joven embarazada de 7 meses trabajaba 10 horas sin que el patrón la dejara ir al baño, "una autentica tortura, pero no se podía permitir el lujo de perder el trabajo", explica una compañera. Centenares de casos parecidos aparecen en los dos informes que Intermón Oxfam presenta en España. "Más por menos. El trabajo precario de las mujeres en las cadenas de producción globalizadas" es el resultado de dos años de investigación de Oxfam Internacional en 12 países centrada en dos sectores: el textil y los productos frescos. "Moda que aprieta. La precariedad de las trabajadoras de la confección y la responsabilidad social de las empresas" es un estudio sobre el sector de la confección en España. Ambos muestran que las políticas empresariales que exigen entregas más rápidas y baratas minan los derechos laborales de los trabajadores, que ven cerradas las puertas para salir de la pobreza. Su publicación forma parte de la campaña internacional "Comercio con Justicia" lanzada en 2002 para pedir un cambio de las reglas del comercio mundial. Los empleos precarios, los sueldos insuficientes, las horas extras obligatorias y no remuneradas, la prohibición de sindicatos y las malas condiciones higiénicas y sanitarias, derivan de las estrategias globales de supermercados, grandes almacenes y marcas de ropa. Todos los trabajadores sufren las consecuencias pero las mujeres, que representan entre un 60% y un 90% de la fuerza laboral en las cadenas de los países investigados, se llevan la peor parte. "El abuso de poder de las empresas exprime a los trabajadores al final de la cadena, la mayoría mujeres e inmigrantes, de países ricos y pobres. Esto tiene que acabar. El comercio mundial puede servir para mucho más que para crear empleos que dejan a millones de persones sin opciones de futuro", afirma Ignasi Carreras, director general de Intermón Oxfam.

LO QUE ESCONDEN LA ROPA Y LA FRUTA QUE COMPRAMOS 
Gran parte de la fruta y ropa que se vende en los grandes almacenes y supermercados esconde una grave degradación de los derechos laborales de millones de trabajadores de las explotaciones agrícolas de América Latina o África y de las fábricas textiles del sudeste asiático o el norte de África. Las mujeres tienen cargas añadidas: no disfrutan de bajas de maternidad, muchas sufren acoso o abusos sexuales y, además, "Mas por menos" denuncia las prácticas de cadenas como la estadounidense Wal-mart (el mayor minorista del mundo) o el supermercado británico Tesco, que suelen fijar el precio al proveedor en función del precio final de venta y no de los costes de producción. En Florida, los cultivadores de tomates (la mayoría mexicanos) han visto caer el precio que reciben un 25% desde 1992 y llegan a trabajar hasta 148 horas extras cada mes sin cobrarlas, ya que su sueldo depende del número de piezas recolectadas. En Chile, el 75% de las mujeres dedicadas a recoger fruta tienen contratos temporales y trabajan más de 60 horas semanales en temporada alta. Sobre el sector de la confección, el informe revela que los tiempos de producción en las fábricas de todo el mundo se han reducido un 30% en los últimos cinco años. En la provincia china de Guangdong, una de las regiones industriales de mayor crecimiento del mundo, las trabajadoras hacen más de 150 horas extras al mes y el 90% no tiene acceso a la seguridad social. En las maquilas de Honduras, las trabajadoras ganan sueldos que apenas sirven para cubrir un tercio de sus necesidades básicas, según reconoce el propio gobierno del país. "Es cierto que millones de mujeres tienen ahora un empleo que antes no tenían. Pero un sueldo insuficiente y que degrada sus derechos no las aleja de la pobreza. Las empresas no tienen justificación para aprovecharse de estas trabajadoras", asegura Ignasi Carreras. El informe descarta que la responsabilidad de esta situación sea sólo de las grandes corporaciones y recuerda, por ejemplo, que muchos Gobiernos, alentados por el FMI y el Banco Mundial, atraen a los inversores ofreciendo bajos costes y mano de obra flexible. Los miembros de Oxfam Internacional nos dirigimos a todos los participantes en la cadena de producción para pedir: 

-A las grandes compañías: que revisen sus prácticas de compra y se comprometan con el respeto de los derechos laborales en toda la cadena de producción. 
-A los productores y proveedores: que garanticen un trabajo digno a sus empleados, lo que incluye, entre otras cosas, el derecho a la asociación y no discriminar a las mujeres trabajadoras. 
-A los Gobiernos del Sur y del Norte: que cumplan las normas laborales internacionales y fomenten un empleo que reduzca la pobreza y permita la igualdad de género y el desarrollo. 
-A las grandes instituciones internacionales como el FMI o el Banco Mundial: que promuevan los derechos de los trabajadores como herramienta fundamental en la erradicación de la pobreza. 
-A los inversores (accionistas y fondos de pensiones): que utilicen su poder en los mercados para promover prácticas de respeto a los estándares internacionales en las cadenas globales. 
-A los consumidores: que presionen a las compañías para que cambien sus prácticas de compra. 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS DE CONFECCIÓN ESPAÑOLAS  
Según el estudio "Moda que aprieta", las empresas de confección españolas deben avanzar más en sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para que influyan en sus estrategias comerciales y garanticen los derechos laborales en toda la cadena. El grupo Induyco, principal compañía de abastecimiento de ropa de El Corte Inglés, ha recortado en ocasiones hasta sólo 5 días los plazos de entrega a sus proveedores marroquíes, lo que se explica, según un industrial textil de Tánger, porque "algunas veces hay "Semanas Fantásticas". En el caso de Inditex (Zara), los plazos son de los más cortos del mercado (Zara renueva cada 20 días sus escaparates). Aunque la carga de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales no recae sólo en las grandes marcas y empresas de moda, Intermón Oxfam considera clave que el sector de la confección en España desarrolle una política plena de RSC. Algunas de las recomendaciones del informe son: fijar períodos de entrega adecuados, establecer relaciones a largo plazo para incentivar a los proveedores en la mejora de los estándares laborales e incorporar expertos en cuestiones éticas que participen en la definición de las prácticas de compra. Según el estudio, marcas como Inditex, Cortefiel y Mango ya han empezado a dar los primeros pasos. En cambio, Induyco-El Corte Inglés aún tiene pendiente elaborar una política de RSC y asumir, como principal grupo empresarial español, el liderazgo de este compromiso. 

Intermón Oxfam 
(+34) 902 330 331 
www.intemonOxfam.org
info@intermonofxam.org

Honduras: Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales (2000)

Fuente: CIOSL 

Golpes y gases lacrimógenos contra los trabajadores que protestaban por la violación de un convenio colectivo en una zona franca industrial.

Protestas contra la privatización

El 1 de mayo, los sindicatos realizaron una jornada de protesta contra la política económica del gobierno, en particular, contra la privatización de los servicios públicos que había sido negociada con el FMI pero no con los sindicatos. Declararon que el gobierno quería acabar con los sindicatos mediante las privatizaciones.

Maquiladoras

En 1996, luego de que se dieran a conocimiento público en Estados Unidos las condiciones de trabajo en las maquiladoras hondureñas, que en gran parte producen ropa para el mercado del gran país del norte, los fabricantes estadounidenses impusieron controles más rigurosos a sus proveedores hondureños. El gobierno también hizo algunos esfuerzos para modernizar el Ministerio de Trabajo y para mejorar el servicio de inspección del trabajo.

A principios de la década de los años 1990, se había atraído a los inversionistas a las zonas francas industriales con promesas de que la legislación laboral no se aplicaría estrictamente y no se tolerarían los sindicatos. Han aumentado las violaciones de los derechos sindicales y se han deteriorado las condiciones de trabajo.

Discriminación antisindical

Los sindicatos hondureños afirman que la aplicación de la ley no protege a los trabajadores y a sus sindicatos suficientemente contra los actos de discriminación antisindical y las interferencias de los empleadores. Los trabajadores que protestan, o reclaman sus derechos, o aquellos de quienes se sospecha que están organizando sindicatos se arriesgan a ser hostigados, intimidados o despedidos. Los empleadores tienen listas negras de sindicalistas despedidos, crean asociaciones solidaristas y otras formas de sindicatos controlados por la empresa.

Convenio colectivo firmado...

En marzo de 1999, se firmó un convenio colectivo en la maquiladora de propiedad sudcoreana Kimi, en el Continental Park, de Lima, cerca de San Pedro Sula. La fábrica produce para el comercializador de venta directa al público norteamericano JC Penney.

En mayo, el propietario de la zona, un hombre de negocios y candidato presidencial, anunció que sacaría a la empresa de la zona en agosto, cuando expirara su contrato de alquiler, porque tenía un sindicato. El propietario finalmente aceptó que la fábrica se quedara pero impuso condiciones inaceptables. Mientras tanto, los propietarios de la fábrica encontraron otro lugar para instalarse.

El sindicato SITRAKIMIH dijo que la mayoría de los trabajadores no podrían trasladarse al nuevo predio y que el sindicato quedaría destruido. Finalmente, el traslado fue cancelado.

...pero violado

Las discusiones entre el sindicato y la dirección iban bien hasta que el 18 de agosto, la dirección abandonó repentinamente las negociaciones. Al día siguiente, impuso una modificación salarial que quebrantaba un acuerdo previo. El sindicato hizo huelga y ocupó la fábrica. Los directivos fueron encerrados dentro de la fábrica hasta que la policía los sacó en la tarde. La empresa intentó que se arrestara a los dirigentes sindicales y que se los acusara de secuestro.

Los días 27 y 28 de agosto, el sindicato bloqueó el Continental Park en protesta por la negativa de la dirección de respetar el convenio colectivo. El 30 de agosto, la policía antidisturbios se situó en las entradas de la zona para asegurar que los trabajadores pudieran entrar a trabajar. Los trabajadores de las fábricas vecinas se negaron a entrar, en solidaridad con los trabajadores de Kimi. Fueron golpeados y se les lanzaron gases lacrimógenos. Muchos tuvieron que ir al hospital.

La dirección exigió la expulsión del dirigente del sindicato y el Ministerio del Trabajo intervino como mediador.

En la misma zona ha habido informes de que los organizadores sindicales de la fábrica Yoo Yang fueron despedidos luego de solicitar el reconocimiento del sindicato el 16 de agosto.

El código laboral viola los derechos sindicales

El gobierno ya no habla de un proyecto de código laboral que según ha venido declarando fue redactado en 1995 como resultado de conversaciones tripartitas y revocaría muchas de las siguientes disposiciones de la ley que violan los derechos sindicales.

? El código laboral no cubre a ciertos trabajadores del sector agrícola o ganadero.
? El código laboral permite sólo un sindicato por empresa o establecimiento.
? Para constituir un sindicato se requieren 30 trabajadores.
? El 90% de los miembros del sindicato deben ser hondureños.
? Los responsables de los sindicatos y de las confederaciones deben ser hondureños, estar empleados en el sector representado por el sindicato y saber leer y escribir.
? Dos terceras partes de los miembros de un sindicato deben votar a favor de una huelga, las federaciones y confederaciones no pueden convocar huelgas.
? El Ministerio de Trabajo puede poner fin a las huelgas en la industria del petróleo, que está definida como un servicio esencial.
? El arbitraje obligatorio puede ser impuesto en conflictos de servicios públicos no esenciales.
? Las huelgas en los servicios públicos que no dependen directa o indirectamente del Estado, deben estar autorizadas por el gobierno con seis meses de antelación.

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* CCOO integra la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres - CIOSL