La
Unión Europea y Estados Unidos se enfrentan en la OMC por el comercio
de la banana. Mientras tanto, en las plantaciones de América Central se
libra otra guerra. Esta última es contra los sindicatos.
Estados
Unidos y la Unión Europea están inmersas en una pulseada por el
comercio de la banana. Mientras tanto, las multinacionales de las
plantaciones de América Central libran una "guerra sucia" contra los
sindicatos de los trabajadores bananeros y, aprovechando las
consecuencias del huracán Mitch, brindan condiciones de trabajo peores
que las que existían anteriormente.
Esto afirma en Bruselas la
CIOSL que, con la ayuda de la Unión Internacional de Trabajadores de la
Alimentación y Afines (UITA), inventarió una serie de graves violaciones
de derechos sindicales en las plantaciones bananeras de América
Central.
En efecto, la CIOSL condenó el mes pasado el arresto en
Guatemala de dos dirigentes sindicales de plantaciones bananeras
pertenecientes a la Corporación Bananera Sociedad Anónima (COBSA), una
empresa guatemalteca que abastece a la multinacional Dole en
exclusividad. Según las fuentes sindicales, Julián Guisar García,
secretario del sindicato de la COBSA, y Marvin León Cerón Fernández,
dirigente del sindicato de la granja "Dublín", fueron arrestados por
miembros de la policía guatemalteca los días 7 y 4 de marzo
respectivamente. La CIOSL indica que un representante del servicio de
seguridad de la COBSA estuvo presente durante el arresto de Marvin
Fernández y que se lo interpeló luego de que interviniera la empresa.
Ésta acusa a los sindicalistas, sin pruebas, de haber provocado daños
materiales y proferido amenazas.
La COBSA despidió recientemente
a 465 sindicalistas a pesar de una decisión de la justicia y la UITA
hace referencia a ataques contra simpatizantes o seguidores del
movimiento sindical por parte de grupos armados.
Por otra parte,
la multinacional Del Monte, también presente en Guatemala, habría
amenazado con trasladar la producción a sus plantaciones de Indonesia en
caso de que los trabajadores se negaran a renunciar a ciertos derechos
adquiridos.
Chiquita, otro gigante de la banana, también amenazó
en Honduras con trasladarse. Esa empresa lanzó el pasado mes de febrero
un ultimátum al sindicato de los trabajadores de las plantaciones,
amenazando con irse del país si los trabajadores se negaban a firmar un
nuevo contrato colectivo. En el mismo se habían suprimido una serie de
garantías que precedentemente había conseguido el sindicato. Sin
embargo, gracias a la presión internacional que ejerció la UITA, en este
caso se logró reanudar las negociaciones. Esto no impidió que se
notificara a los obreros encargados de la sección de embalaje -mujeres,
en su mayoría- que no recuperarían sus puestos de trabajo antes de
finales de 1999.
En Costa Rica, los productores de banana
aprovecharon la ola inmigratoria provocada por el huracán para contratar
en sus plantaciones a trabajadores nicaragüenses y hondureños. La CIOSL
opina que esos cientos de miles de refugiados, muchos de los cuales son
"ilegales", no tienen otra alternativa por lo que aceptan empleos
precarios donde se los explota a voluntad. Además, se estaría creando
una coalición entre productores, miembros del gobierno y de la Iglesia
para lograr que el Parlamento reconozca legalmente a las organizaciones
solidaristas. Esas organizaciones pro patronales libran en Costa Rica
una verdadera guerra contra el sindicalismo, al que buscan reemplazar.
La CIOSL cree que, a pesar de que la Organización Internacional del
Trabajo denunció en repetidas oportunidades al movimiento solidarista
como contrario a la libertad sindical, el parlamento costarricense se
dispondría a abrir el 1 de abril un debate que podría conducir a su
reconocimiento oficial. Las organizaciones afiliadas de la UITA también
aluden a los nuevos intentos de implantar organizaciones solidaristas en
Guatemala.
En Panamá, la policía hizo en enero un allanamiento
en una granja perteneciente a una sucursal de Chiquita. Se pidió la
documentación a los trabajadores y seis de ellos fueron detenidos y
golpeados. Por su parte, a fines de diciembre la Armuelles Fruit
Company, filial de Chiquita, fue objeto de una queja ante el Ministerio
de Trabajo por el despido abusivo de 28 trabajadores. Los servicios de
inspección del trabajo conocen muy bien a esa empresa, que ya fue
multada en repetidas oportunidades por haberse negado a cooperar con los
inspectores. Uno de los expedientes iniciados contra ella se refiere a
la muerte de un trabajador, muerte que sigue sin ser dilucidada.
En
un comentario reciente sobre el conflicto entre Estados Unidos y la
Unión Europea relativo al comercio de la banana, el Secretario General
de la CIOSL señaló que "hasta ahora nadie ha hablado de los problemas
sociales que esconde ese contencioso". Por su parte, Ron Oswal,
Secretario General de la UITA, puntualizó que "la razón por la que el
sistema de intercambios se veía amenazado por sanciones se encuentra
sobre todo en las presiones que ejercen multinacionales como Chiquita,
Del Monte y Fyffes, que intentan lograr que sus gobiernos defiendan su
causa y libren una amarga lucha por el acceso a los mercados de los
países consumidores". La CIOSL y la UITA pidieron a la Organización
Mundial de Comercio que se incluyan las preocupaciones sociales al
examinar ese expediente. Lanzaron un llamamiento a favor de un programa
internacional con el que se procure tanto mejorar el respeto de los
derechos sociales y ambientales en América Central como ampliar las
posibilidades de empleo en el Caribe.
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* CCOO integra la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres - CIOSL