101 sindicalistas asesinados en el 2009, de los que 12 son hondureños.
El Informe Anual de la CSI sobre los derechos
sindicales documenta un impresionante incremento en el número de
sindicalistas asesinados en 2009: 101 muertes – un 30% más que el año
anterior. El Informe, publicado el día de hoy, expone además la
creciente presión que pesa sobre los derechos fundamentales de los
trabajadores de todo el mundo debido al impacto, cada vez más profundo,
de la crisis económica global en el empleo.
De las 101 víctimas, 48 fueron
asesinadas en Colombia, 16 en Guatemala, 12 en Honduras, seis en México,
seis en Bangladesh, cuatro en Brasil, tres en la República Dominicana,
tres en Filipinas, una en la India, una en Iraq y una en Nigeria.
Veintidós de los sindicalistas colombianos asesinados eran dirigentes
sindicales, y cinco de ellos mujeres, lo que mantiene la acometida
registrada en años anteriores. La escalada de la violencia en Guatemala y
Honduras también sigue una tendencia que se ha venido desarrollando en
los últimos años.
“Colombia ha vuelto a ser el país
donde defender los derechos fundamentales de los trabajadores significa,
con mayor probabilidad que en ningún otro país, sentencia de muerte, a
pesar de la campaña de relaciones públicas del Gobierno colombiano en el
sentido contrario. El empeoramiento de la situación en Guatemala,
Honduras y varios otros países es también motivo de extrema
preocupación”, dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI.
El informe de este año vuelve a
registrar una extensa lista de violaciones sufridas por sindicalistas
que luchan por defender los intereses de los trabajadores, en esta
ocasión en 140 países. Otras violaciones siguen sin ser registradas
debido a que mujeres y hombres trabajadores se ven privados de los
medios necesarios para hacer oír sus voces, o bien prefieren no hablar
por miedo a las consecuencias que ello pudiera implicar para sus empleos
o incluso para su seguridad física. Junto con la abrumadora lista de
asesinatos, el Informe proporciona documentación detallada de acosos,
intimidaciones y otras formas de persecución antisindical.
Se ha tenido además noticia de otros
10 intentos de asesinatos y 35 amenazas de muerte, una vez más en
Colombia y Guatemala principalmente. Por otro lado, numerosos
sindicalistas permanecen en prisión, y en 2009 se sumaron a ellos un
centenar más. Muchos otros fueron arrestados en Irán, Honduras,
Pakistán, Corea del Sur, Turquía y Zimbabwe. La situación general con
respecto a los derechos sindicales continuó deteriorándose en numerosos
países, entre ellos Egipto, la Federación Rusa, Corea del Sur y Turquía.
Las fuerzas antidemocráticas han
seguido tomando como blanco de sus ataques la actividad sindical,
conscientes de que los sindicatos suelen situarse en primera línea a la
hora de defender la democracia. Esto quedó patente en Honduras, durante
los episodios de violencia que siguieron al Golpe de Estado; y en
Guinea, durante una manifestación de protesta contra la Junta en el
poder que desembocaría en una terrible matanza el 28 de septiembre.
En cada una de las regiones se
documentaron numerosos casos de represión de huelgas y ataques contra
huelguistas. Miles de trabajadores y trabajadoras que se manifestaban
para reclamar sus salarios, denunciar unas condiciones de trabajo
extremas o los efectos perniciosos de la crisis financiera y económica
mundial, fueron objeto de agresiones, arrestos y detenciones, en países
como Argelia, Argentina, Belarús, Birmania, Côte d’Ivoire, Egipto,
Honduras, India, Irán, Kenya, Nepal, Pakistán y Turquía. También se ha
tenido noticia en muchos países de despidos de trabajadores/as a causa
de sus actividades sindicales. En Bangladesh, seis trabajadores de la
confección que estaban en huelga para reclamar un incremento salarial y
el pago de salarios adeudados perdieron la vida como consecuencia de una
intervención policial.
Los empleadores siguieron
recurriendo a presiones y acciones encaminadas a destruir los
sindicatos. En varios países, diversas empresas amenazaron a los
trabajadores con cerrar las plantas de producción si optaban por
organizar o afiliarse a un sindicato. Muchas veces, sencillamente se
negaron a negociar con los representantes legales de los trabajadores y
trabajadoras, sin que las autoridades hiciesen nada al respecto. Algunos
códigos laborales fueron enmendados para permitir una mayor
“flexibilidad” y para desbaratar los sistemas de seguridad social, lo
cual suele tener un impacto importante en el sistema existente de
relaciones industriales y redunda en un recorte de los derechos
sindicales.
El debilitamiento de las normas del
trabajo internacionalmente reconocidas ha supuesto que cada vez más
trabajadores se enfrenten a la inseguridad y vulnerabilidad en el
empleo: el 50% de la mano de obra global tiene un trabajo vulnerable.
Esto afecta a los trabajadores y trabajadoras en las zonas francas
industriales, especialmente en el Sudeste asiático y en América Central;
a los empleados del servicio doméstico, sobre todo en Oriente Medio y
el Sudeste asiático; a los migrantes y a los trabajadores/as agrícolas.
Conviene mencionar que las mujeres
representan la mayoría de la mano de obra en estos sectores. Por otro
lado, se ha constatado el crecimiento del empleo informal y el
desarrollo de nuevas formas de empleo “atípico”, tanto en las regiones
como en los distintos sectores industriales. Las dificultades que
encuentran estos trabajadores a la hora de organizarse o de ejercer sus
derechos sindicales guardan relación directa con su posición vulnerable
en el mercado laboral.
El Informe también pone de relieve
muchos casos en los que, aun cuando los derechos sindicales están
oficialmente protegidos por la legislación, las restricciones en la
cobertura legal y una aplicación débil o inexistente se suman a la
vulnerabilidad de los trabajadores que luchan en las profundidades de la
crisis. En un gran número de países las huelgas están severamente
restringidas o rotundamente prohibidas. Por otro lado, unos
procedimientos complejos, la imposición del arbitraje obligatorio y el
recurso a definiciones excesivamente amplias de los “servicios
esenciales” hacen que el ejercicio de los derechos sindicales resulte a
menudo imposible en la práctica, con lo que se priva a los trabajadores y
trabajadoras de sus derechos legítimos a contar con una representación
sindical y a participar en acciones industriales.
“El informe de la CSI de este año
muestra que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del mundo
todavía carecen de una protección efectiva de sus derechos a organizar
sindicatos y negociar colectivamente, un factor importante del
incremento a largo plazo de la desigualdad económica dentro y entre los
países. Los ingresos inadecuados para la mayoría de la mano de obra
mundial contribuyó a provocar la crisis económica global, y está
haciendo que resulte mucho más difícil encauzar la economía por la vía
del crecimiento sostenible”, dijo Ryder.
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