miércoles, 29 de noviembre de 2000

Quesada narra las delirantes aventuras de un hondureño en Nueva York

Fuente: El País


El escritor Roberto Quesada (Honduras, 1962), afincado en Nueva York desde hace 11 años, narra en Big Banana, su segunda novela y la primera publicada en España, por Seix Barral, las "delirantes aventuras de un hondureño en Nueva York". Se trata de una obra impregnada de humor, sueños y ritmo frenético, protagonizada por un grupo de emigrantes latinos en la gran ciudad. Según contó el propio Quesada -que no quiere ser catalogado como un escritor del Tercer Mundo sino como un autor de Tres Mundos, Honduras, Nueva York y España-, en la presentación del libro en Madrid, en la que estuvo acompañado por Jesús Ferrero, llegó a Nueva York "una tarde lluviosa para engañar las lágrimas, con veinte dólares en el bolsillo y mudez idiomática". Pero huye de lo dramático y se decanta por el humor, "la mejor arma de defensa de todo un pueblo, el latinoamericano" y afronta "victorioso" la nostalgia.

Quesada, delegado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por la embajada de Honduras, relata en Big Banana las aventuras y desventuras de Eduardo Lin, un hondureño enamorado de Nueva York, al que no le importa malvivir en la Gran Manzana con tal de conseguir su sueño de ser actor. Su novia, Miriam, una periodista hondureña que siente fascinación por el personaje de James Bond, pero sólo por el interpretado por el Roger Moore; y el entrañable Casagrande, un chileno que comparte piso y sueños con el protagonista, son los otros dos pilares sobre los que descansa la novela. En Big Banana, "realidad y sueños se funden y confunden, y sus personajes se burlan de todo, empezando por sí mismos".

viernes, 24 de noviembre de 2000

Aprobado el primer Plan Director de la Cooperación Española

En los últimos veinte años, España ha pasado de la condición de receptor de ayuda oficial al desarrollo (AOD) a la condición de donante, cuya política de cooperación al desarrollo, inspirada en la Constitución, expresa la solidaridad del pueblo español con los países en vías de desarrollo y, particularmente, con los pueblos más desfavorecidos de otras naciones sobre la base de un amplio consenso político y social a escala nacional.


La Ley de Cooperación, en su artículo 31, reconoce a los sindicatos como uno de los agentes de la cooperación para el desarrollo, labor que han venido realizando en los ámbitos de programas de apoyo al fortalecimiento de las organizaciones sindicales de los países en desarrollo, así como en la puesta en marcha de actuaciones relacionadas con la creación de empleo, formación profesional, mejoras en el área social, procesos de democratización, buen gobierno, defensa de los derechos fundamentales, educación y sensibilización para el desarrollo. Así mismo se presta regularmente apoyo a los programas
de la OIT financiados por la AECI."



IBEROAMÉRICA
 
• Es el área principal de nuestra cooperación, tanto más cuanto que existe ya
un marco regional de cooperación, el Convenio de Bariloche, en el contexto de la Conferencia Iberoamericana, que requiere una atención preferente y recursos
específicos. En 1999 se destinaron 60.107 millones de pesetas a este área, a razón de 12.180 millones de pesetas en concepto reembolsable y 47.927 millones de pesetas en no reembolsable; es decir, el componente de liberalidad de nuestra AOD hacia esta región es el mayor de toda nuestra cooperación bilateral, lo que es coherente con las necesidades de una región donde el bajo nivel de ahorro nacional y el alto grado de exposición de su sector exterior a los países desarrollados, un 63%, aproximadamente,
implican un riesgo especial a problemas de endeudamiento externo.
• La liberalización y desregulación de la economía, en suma las reformas
económicas realizadas en la región han atraído un volumen sustancial de inversión directa. La presencia del sector privado español en esas economías es un dato de importancia a la hora de elaborar una estrategia de cooperación que refuerce el compromiso inversor de nuestro país dedicado especialmente al desarrollo social básico, infraestructuras e inversión en el ser humano con el objetivo primordial de alivio de la pobreza en un marco de desarrollo sostenible, para lo que un aspecto esencial es la formación de cuadros.



Dentro de Iberoamérica, sin embargo, el distinto nivel de desarrollo determinará un grado distinto de prioridad para la acción de la cooperación española. Los países que tendrán la consideración de países programa serán,
• en América Central: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los cuales representan el núcleo principal de la estrategia regional de cooperación para Centroamérica.
• en el Caribe: la República Dominicana.
• respecto a América del Sur, los países programa serán: Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay.
• además de este conjunto de países, mención particular merecen Colombia y Cuba.
• Colombia será objeto de un programa especialmente dirigido a acompañar el
proceso de arreglo del conflicto, cuyas bases ya se están estableciendo.
• en lo relativo a la política española de cooperación respecto a Cuba se dirigirá a facilitar la evolución interna del país y a apoyar la mejora de las condiciones de vida de la población cubana, tanto a través de la cooperación bilateral como de la realizada desde la Unión Europea.

Conforme a este primer Plan Director de la Cooperación Española, "Para lograr estos objetivos, [...] debe fomentarse una política de información y comunicación con los diferentes actores de la cooperación (sindicatos, empresas, instituciones y ONGs) que permita una mayor presencia española en la gestión y ejecución de proyectos de estos organismos."


En ese sentido, la estrategia incorporará a la propia Administración, Sindicatos, empresas y Organizaciones empresariales, Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo tanto a nivel bilateral como multilateral.

"Los sindicatos son instituciones especializadas en el ámbito laboral y uno de los tres pilares básicos del pacto social en el que se sustenta el actual estado de derecho. Entre sus fines esta la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, actividad que realizan con carácter internacional.


Consulte el texto íntegro en www.aecid.es

martes, 7 de noviembre de 2000

Cooperación española tras el Mitch

Fuente: EFE

La cooperación no reembolsable de España a Honduras, el país de Centroamérica más afectado por el huracán Mitch en 1998, se ha cuadruplicado en los últimos dos años, según se informo hoy, martes.
El embajador de España en Tegucigalpa, Carlos Gómez-Múgica, dijo a EFE que después del Mitch se ha desarrollado un trabajo que ha servido para una mayor presencia española en Honduras.
Como ejemplo de esta presencias, Gómez-Múgica señaló que hace dos años solamente había dos organizaciones de desarrollo no gubernamentales (ONG) con sede y ahora hay 21.
Uno de los campos que más se ha fortalecido con la cooperación española es el de la educación, con la reparación y reconstrucción de escuelas y colegios en diferentes regiones del país.
Uno de esos centros es el "Instituto España Je
sús Milla Selva", en Te
gucigalpa, del cual fueron recientemente inauguradas 11 aulas con su respectivo mobiliario y laboratorios.
Este centro educativo, que durante la emergencia que provocó el Mitch se convirtió en albergue para miles de damnificados, también duplicó su población estudiantil.
Actualmente 5.000 estudiantes de nivel medio se forman en la institución, que fue visitada en noviembre de 1999 por el presidente del Gobierno español, José María Aznar.
Gómez-Múgica indicó que España continúa apoyando en Honduras "el reforzamiento de las instituciones democráticas, sin abandonar áreas tan sensibles como salud, educación y seguridad alimentaria, o tan importantes para el desarrollo económico como los proyectos forestales, teniendo en cuenta la vulnerabilidad del país".
La mayor parte de la ayuda se canaliza a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), clasificada en dos tipos de acciones: las motivadas por la emergencia tras el desastre ocasionado por el Mitch (fondos extraordinarios de emergencia) y aquellas otras que se inscriben en programas de cooperación.
Fernando Mudarra, director de la AECI en Honduras, dijo que el monto de la ayuda de emergencia y cooperación ordinaria para el período 1999-2000 asciende a 61,2 millones de dólares.
El Programa Ordinario de Cooperación incluye, entre otros proyectos, desarrollo de los municipios, ordenamiento territorial a nivel municipal y nacional; apoyo a la elaboración del nuevo sistema procesal penal, fortalecimiento del poder judicial, turismo, restauración y rehabilitación de monumentos históricos.
Otros se extienden a salud y educación como el apoyo al Programa Materno Infantil, al Centro Nacional de Biológicos, la lucha contra el SIDA, reformas al sistema educativo, alfabetización de adultos, construcción de 1.000 viviendas en el proyecto "Ciudad España" y asistencia a las comunidades indígenas.
España también financia la elaboración del mapa nacional de contingencias, un inventario de recursos hídricos, proyectos de pesca artesanal, cooperativas cafetaleras, fomento de empresas de mujeres para la producción y programas de becas.
El embajador de España destacó que la visita a Honduras de Aznar; del Príncipe Felipe de Borbón y la Infanta Cristina, después del paso del Mitch, fortalecieron las relaciones bilaterales.
Añadió que España "ha hecho un esfuerzo notable por contribuir a la reconstrucción y transformación de Honduras", y recordó que hay un compromiso de financiación en condiciones ventajosas por unos 200 millones de dólares.

martes, 24 de octubre de 2000

La cancillería de Honduras investigará la situación de 36 marineros hondureños que permanecen en un transatlántico retenido desde hace más de un mes en Barcelona

Fuente: EFE
La cancillería de Honduras investigará la situación de 36 marineros hondureños que permanecen en un transatlántico retenido desde hace más de un mes en Barcelona (España) como consecuencia de problemas financieros de la empresa naviera.
El viceministro hondureño de Relaciones Exteriores, Tomás Arita, dijo hoy a periodistas locales que, aunque se carece de un informe oficial sobre el caso, se han iniciado gestiones para que la embajada hondureña en Madrid brinde ayuda a los tripulantes.
Familiares de los marinos pidieron hoy, a través de la prensa, la asistencia gubernamental para el sustento de los marineros en Barcelona y su eventual regreso a Honduras.
Arita remarcó que se brindará ayuda a los marinos una vez que la cancillería conozca oficialmente un informe de su situación.
Los hondureños forman parte de la tripulación de 260 personas de 26 nacionalidades a bordo del crucero "Sea Wind Crown", que permanece en Barcelona desde el 17 de septiembre pasado por un embargo contra la empresa propietaria, "Premier Cruise Lines"(EEUU).
Según versiones difundidas por la prensa hondureña, las raciones de agua y alimentos del crucero se están agotando y no hay muchas posibilidades de un arreglo con la empresa.
Los marinos no han recibido sus salarios ni la liquidación por parte de la compañía de cruceros, que fue embargada por un banco estadounidense.

viernes, 7 de julio de 2000

Consejo de Ministros autoriza a hispano-hondureños a tener pasaporte español

Madrid, 7 jul (EFE).- El Consejo de Ministros aprobó hoy la firma del Protocolo Adicional entre el Reino de España  y la República de Honduras, que modifica el Tratado de Doble Nacionalidad de 15 de junio de 1966, para adecuarlo al artículo 11.3 de la Constitución.

Se establece a tal fin que las personas que se hayan acogido a dicho Convenio podrán desvincularse de la aplicación del mismo, mediante declaración de voluntad ante la autoridad competente, sin perder la última nacionalidad adquirida.
Los efectos de este Protocolo para los españoles actualmente acogidos al Convenio son que se les va a poder documentar con pasaporte español y que van a poder ejercer sus derechos electorales en España, sin renunciar por ello a su nacionalidad hondureña ni al ejercicio de los derechos derivados de ésta.

sábado, 1 de julio de 2000

Los procesos de integración económica en América Latina: una respuesta sindical



En el marco del 7º Congreso Confederal de CC.OO., y organizado por la Secretaría de Relaciones Internacionales, se celebró durante los días 10 y 11 de abril de 2000 un Seminario Internacional sobre «Los procesos de integración económica en América Latina: una respuesta sindical». En él se abordaron los problemas que plantean los diferentes procesos de integración económica que se están desarrollando en el área y el impacto de las inversiones extranjeras en las economías de estos países, así como las políticas sindicales que deben enfrentarse a ellos.
La asistencia al 7º Congreso de CC.OO. de delegaciones de sindicatos de la práctica totalidad de los países de América Latina, con representaciones al máximo nivel, brindó la oportunidad de abrir un rico debate en el que se intercambiaron experiencias e ideas sin la necesidad de alcanzar unas conclusiones cerradas que la propia naturaleza de los temas tratados hubiera hecho difícil en cualquier caso. Sin embargo, los puntos de vista compartidos por la mayoría de los asistentes, que se resumen en el apartado de conclusiones de este número de Cuadernos Internacionales, configuran un importante acervo común.
El seminario se estructuró en una conferencia y dos paneles. La conferencia, que tuvo como título «Competencia global, integración parcial», la impartió Juan Ignacio Palacio, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Enmarcó el debate a partir de las enseñanzas de la experiencia europea.
En el primer panel se analizaron y debatieron los procesos de integración económica y las respuestas sindicales y sociales a los mismos a partir de las ponencias presentadas por Daniel Vásquez, coordinador de Redacción y Propaganda de la UNSITRAGUA (Guatemala) Juan José Gorriti, secretario general de la CGTP (Perú), y Julio García, secretario de Integración del PIT-CNT (Uruguay).
Las experiencias de integración económica en Centroamérica, la región andina y el Cono Sur sirvieron de base para analizar estos procesos en todo el continente y su relación con la globalización, en el contexto de las políticas económicas neoliberales dominantes.
Frente a la realidad de un incremento de la pobreza y la desigualdad y de las
políticas de recorte de los derechos laborales y sindicales, resulta imprescindible el fortalecimiento del sindicalismo latinoamericano, siendo inaplazable reforzar su capacidad de coordinación y acción transnacionales. Integración política democrática, y no sólo económica, y extensión de los derechos sociales, desde un nuevo papel de lo público, son ejes vertebradores del pensamiento sindical frente a las políticas neoliberales.
Las inversiones extranjeras, tan necesarias pero también tan controvertidas, y la acción sindical en las empresas transnacionales fueron el tema del segundo panel.
Andrés Gómez, entonces secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO., presentó una ponencia sobre acción sindical en las empresas multinacionales, y Oscar Valverde, experto en cooperación técnica y responsable del programa ACTRAV de la OIT, otra sobre relaciones laborales y diálogo social en las zonas francas y «maquilas».
De nuevo, la necesidad de coordinar eficazmente la acción sindical de los trabajadores de las empresas transnacionales resulta ineludible, y el papel que en ella han de jugar los sindicatos de los países en donde tienen su sede matriz las multinacionales es fundamental. Es uno de los pilares del internacionalismo solidario que la globalización no permite descuidar por más tiempo, a pesar de las muchas dificultades de este tipo de acción sindical. El papel de las multinacionales españolas en América Latina en sectores como la energía, las comunicaciones y la banca obliga al sindicalismo de clase español
a hacer de este tipo de trabajo una de las prioridades de su acción sindical internacional.
(...)

2.1. EL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA)
Daniel Vásquez Cisneros
Coordinador Redacción y Propaganda de la UNSITRAGUA de Guatemala
El Sistema de Integración Centroamericana, conocido como SICA, necesariamente nos conduce a lo que se conoce como Sistema de Integración Económica de Centroamérica, SIECA, puesto que no puede obviarse el aspecto económico como fase de un proceso de integración, indistintamente la región en la que se aplique.
Como marco de referencia, históricamente, la región centroamericana surge de
forma integrada tras lograr su independencia, proclamándose como Provincias Unidas del Centro de América, como estados federados, cuya sede continuó siendo la misma que se asentó en el tiempo de la colonia, la provincia de Guatemala.
Centroamérica antes de alcanzar su independencia, su control absoluto desde la capitanía general del Reino de Guatemala sobre el resto de sus provincias, tendencia que continuó aún después de su independencia. Se sumó la concentración de la industria manufacturera y consecuentemente la economía de la región, lo que permitió a Guatemala alcanzar mayor desarrollo industrial y de infraestructura ante el resto de países de la región.
 
Situación de Centroamérica de 1923 a 1950
En la década de los años veinte, de relativa bonanza económica, surgieron y se desarrollaron movimientos obreros y campesinos en toda Centroamérica. Recibió tal impacto por vía de pequeños grupos de intelectuales y de artesanos, en donde la futura historia social de esta región encontrará las raíces de los actuales conflictos.
Surge la organización sindical en las plantaciones y los movimientos de protesta con caracteres más modernos. La huelga de los obreros de la Fruit Co. en Honduras y en Nicaragua revela un comportamiento ideológico nuevo que nada tiene que ver con la pasividad campesina. Son, sin embargo, movimientos económicos sin ningún contenido político y corresponden al despertar de una conciencia nacionalista que la crisis de 1930 postergó para otra generación.
El balance general de esta etapa es muy desfavorable para el proceso de desarrollo y para la consolidación de la sociedad nacional en Centroamérica. Tal período puso de manifiesto no sólo los efectos y limitaciones de la reforma liberal, sino la imposibilidad de modernizar el sistema político y su base económica.

Factores que favorecieron la integración económica
No puede aducirse causa única que condujera a la fórmula de una nueva modalidad de desarrollo económico sobre la base de la integración de los Estados de la antigua federación;
es decir, que existen varios factores que favorecieron la integración económica:
1. Como resultado de la insatisfacción de los grupos urbanos se habían producido en Centroamérica significativos cambios políticos.
2. En el año 1940, Costa Rica tiene importantes reformas sociales, dando paso a la superación de modalidades dictatoriales tradicionales de organización económica.
3. En 1944, Guatemala, con el derrocamiento de la dictadura del coronel Jorge Ubico que duró 30 años, dio paso a reformas económicas y sociales.
4. En 1948 en El Salvador es derrocada la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez.
5. En ese mismo año en Costa Rica, producto de una rebelión, si bien tuvo origen electoral, se dan cambios en el mismo orden.
6. En 1949, Honduras, ante la dictadura del general Tiburcio Carías se abre paso a cambios.
7. En Nicaragua, si bien Anastasio Somoza continúa gobernando, empezó a presentar otra imagen menos dictatorial.
 
En síntesis, la región centroamericana empezó a advertir una voluntad de renovación.
Como en todo proceso, se presentan algunos obstáculos contra la integración. En su mayoría, industriales y agricultores recelaban del libre comercio por temor a su propia ineficiencia, por lo que se oponían a la liberalización del intercambio, así como una serie de excusas sin fundamento.
Al inicio de la década de los años 50, la tendencia moderna hacia la integración económica centroamericana sólo existía como instrumento de libre comercio del istmo. A partir de 1951, lentamente tomaba cuerpo el programa multilateral de integración económica auspiciado por la CEPAL.
La iniciativa de El Salvador de iniciar la concertación de tratados bilaterales de libre comercio con los demás Estados condujo al resto de países de la región a hacerlo con los demás Estados.
Los tratados bilaterales eran modestos en sus alcances y podían calificarse de tímidos experimentos; sin embargo, constituyeron la base del Mercado Común Centro Americano.
Centroamérica inicia sus procesos de integración en 1950, un siglo después de su independencia y las guerras civiles que dieron al traste con la federación, los 5 Estados centroamericanos se encontraban entre los países más pequeños y menos desarrollados de América Latina, con una población de 8 millones de personas.
La dependencia de cada Estado de los capitales y mercados del exterior, el crecimiento económico sostenido se veía entorpecido por el escaso ahorro, la débil capitalización, la carencia de tecnologías modernas, la inestabilidad de los mercados exteriores y la distribución desigual del ingreso, condiciones que se mantienen en la actualidad, las cuales no han sido factor positivo en el proceso de integración.
Frente a todo ello, el crecimiento acelerado de la población motivaba a enfrentar un problema con mayor gravedad, pues se encontraba insuficiente para promover empleo a los centroamericanos y menos para mejorar las condiciones de vida de los sectores mayoritarios.
Al inicio del programa de integración económica centroamericana, la influencia de la ONU se hizo sentir particularmente por medio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con un pensamiento económico desarrollista nacionalista.
En ese organismo imperaba un espíritu de solidaridad latinoamericano y una convicción cada vez más definida de que el desarrollo de América Latina requería una acción conjunta en el ámbito de lo económico, con posibilidades de expansión de la demanda mediante el intercambio recíproco, a fin de lograr una mejor integración de sus economías y un mayor desarrollo de su productividad y de su ingreso real.
Ello sólo podría alcanzarse mediante el impulso de desarrollo por vía de la industrialización y la sustitución de importaciones.
La CEPAL solicita al secretario ejecutivo de la Comisión invitar a los gobiernos centroamericanos a constituir un Comité de Cooperación Económica integrado por los ministros de economía, con lo cual se inicia oficialmente el Programa de Integración Económica Centroamericana, contando con una Secretaría Técnica de la CEPAL y con un organismo coordinador, el Comité de Cooperación Económica del istmo centroamericano (CCE).
 
El Comité de Cooperación Económica llegó a contar con seis subcomités de carácter permanentes:
1. De Comercio.
2. Coordinación Estadística.
3. Electrificación.
4. Transporte.
5. Vivienda.
6. Desarrollo Agropecuario.
Contaba, además, como órgano permanente con la Comisión de Iniciativas Industriales.

El CCE cumplió un extraordinario papel a lo largo del proceso de integración económica, especialmente durante la década de los años 50, planteando la cuestión de si Centroamérica debía entrar de inmediato a una unión económica o si por el contrario, a una integración gradual.
Se considera no proceder de inmediato a la unión económica completa de las repúblicas centroamericanas, aún cuando ello constituye una aspiración histórica de todas ellas.
Dicha unión tendría consecuencias políticas y administrativas, e implicaría uniformidad en la legislación, unificación monetaria, unificación arancelaria hacia el exterior, unificación fiscal y centralización de la política de desarrollo económico.
En cambio, en algunas actividades económicas importantes, especialmente las de carácter industrial y de transformación de productos agropecuarios y minerales, sería factible establecer unidades de producción del tamaño adecuado para aprovechar las materias primas de la región y poder abastecer los mercados centroamericanos en su conjunto a costos de producción lo más bajos posibles. Lo que significaba establecer industrias nuevas evitando pequeñas fábricas en los diversos países, ubicadas en aquellos sitios que, por
el mercado o cercanía de la materia prima, la mano de obra, la energía, el combustible o por los medios de transporte disponibles, fueran los más convenientes.
A ello se debe que en la región centroamericana se asentaron empresas industriales estratégicas como el caso de la fábrica de vidrio en Guatemala y Costa Rica, el cemento en Guatemala para abastecer a toda la región, las empresas de neumáticos en Guatemala y Costa Rica, entre otras.
En suma, tal como fue concebida originalmente, la integración debía ser enfocada como un proceso gradual y progresivo, y debía responder al objetivo del desarrollo tanto nacional como el de la región en su conjunto.
A comienzos de la década de los años 60 era sentir general que la ODECA podría considerarse como un experimento más entre los tantos que habían fracasado para dar unidad a las repúblicas del istmo.
 
Se crearon los siguientes órganos:
1. Reunión de los Jefes de Estado.
2. Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores.
3. Consejo Ejecutivo.
4. Consejo Legislativo.
5. Corte de Justicia Centroamericana.
6. Consejo Económico Centroamericano.
7. Consejo Cultural y Educativo.
8. Consejo de Defensa Centroamericana.
 
La Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) es debilitada, producto de que la jerarquía subordinaba del Consejo Económico Centroamericano a la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores.
Hasta la década de los 70, el Programa de Integración Económica Centroamericana pasó por tres etapas.

PRIMERA ETAPA. De 1951 a 1957. Se caracterizó por la suscripción de una serie de tratados bilaterales que ofrecieron nuevas experiencias en materia de intercambio.
Analizando los problemas relacionados con la elaboración de la Nomenclatura
Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA) y su manual de Codificación que permitiera negociar el libre comercio y la equiparación arancelaria.
El programa de integración dio origen a dos instituciones centroamericanas, las cuales se fundaron con la cooperación de las Naciones Unidas: La Escuela Superior de Administración Pública para América Central (ESAPAC) y el Instituto Centroamericano de lnvestigación y Tecnología Industrial (ICAITI).
Se crean diversas instituciones al margen del programa de integración: Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), la Cooperación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COSESNA) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
SEGUNDA ETAPA. De 1958 a 1960. En ella tienen inicio las primeras experiencias de cooperación multilateral en materia de liberación del comercio, con la suscripción del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica.
Se ampliaron los estrechos mercados nacionales y se empezaron a crear condiciones para poner en funcionamiento una zona libre de comercio así como un mercado común y una unión aduanera, así como para ordenar el desarrollo industrial de la región.
Se alcanza la suscripción del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica. La suscripción no se logró con facilidad, ya que eran pocas las reservas que tenían los países respecto de varias cláusulas, lo mismo que sobre algunas del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, que se negociaba a la par. Fórmulas transnacionales la hicieron posible.
Desde el primer planteamiento que la CEPAL formuló al Comité de Cooperación
Económica en 1952, insistió en un Programa de Integración basado fundamentalmente en una política regional de desarrollo industrial y en una liberación limitada del intercambio.
El gran problema para lograr la industrialización era la magnitud de los mercados por no existir mercados propiamente nacionales, sino más bien locales, con frecuencia aislados unos de otros debido a las malas comunicaciones. En los convenios comerciales se discutió sobre la adopción de un arancel común de conformidad a los suscritos entre los países centroamericanos, como instrumento para llegar a una unión aduanera
centroamericana.
TERCERA ETAPA. De 1960 a 1970. Se caracteriza por el impulso extraordinario del Programa que permitió conocer sus mejores momentos y sus crisis más profundas.
Se puso en marcha la vigencia del Tratado General de Integración Económica Centroamericana en el territorio de los cinco países, dando como resultado una extraordinaria aceleración del proceso que produjo un notable crecimiento del comercio entre las zonas como: el desarrollo de la infraestructura de la región y la interconexión de sus redes viales; el financiamiento conjunto de las actividades productivas; el perfeccionamiento del Arancel Externo Común; la suscripción de compromisos monetarios y cambiarios; la creación de regímenes jurídicos uniformes especialmente en los campos aduaneros, de incentivos fiscales a la industria y de la propiedad industrial.
Pero también, durante esta etapa, el Programa de Integración vive sus perores experiencias.
Se resalta en esta etapa el desigual desarrollo de los Estados y su consiguiente desigualdad en los beneficios, que habrá de dar origen a graves dificultades; la falta de una conducción adecuada del proceso, resultante de los frecuentes cambios en las estructuras gubernamentales nacionales; el comportamiento no siempre positivo de algunos elementos del sector empresarial de la región, que termina por degenerar el concepto de libre comercio limitado a productos originarios; la falta de coordinación
entre las políticas de desarrollo nacional y las convenidas dentro del Programa, que conspira contra su necesaria coincidencia y, por último, la guerra entre El Salvador y Honduras, que termina de desintegrar el Mercado Común.
Se concluye que durante la tercera etapa tuvieron lugar los hechos que determinaron el auge y la caída del Programa de Integración Económica Centroamericana.
 
Asimismo, en el proceso de integración centroamericana se distinguen las siguientes fases o etapas:
PRIMERA: Una Zona de Libre Comercio caracterizada por la eliminación o reducción progresiva de todo tipo de barreras arancelarias y no arancelarias que impidan o dificulten el intercambio de mercancías originarias, naturales o manufacturadas, entre los territorios de los Estados miembros, con miras a asegurar su libre circulación.
SEGUNDA:Un Mercado Común en el cual, además del libre comercio, comprende
la unificación de los aranceles de los países miembros para el resto del mundo y se uniforma la política comercial externa en sus aspectos más importantes.
TERCERA: La Unión Aduanera supone el libre comercio para todo tipo de mercancías, cualquiera que sea su origen, una administración aduanera común y la comunidad de los ingresos fiscales provenientes del arancel uniforme de importación.
CUARTA: La Unión Económica en la que, además de todo lo anterior, se aseguraría el libre movimiento de personas, bienes y capitales y se adoptarían políticas comunes en lo económico y social.
Por otro lado se apunta que los dirigentes del Programa de Integración, por resolución del Comité de Cooperación Económica del istmo, solicitó a la CEPAL que en cooperación de los organismo financieros internacionales, estudiara las formas de financiamiento que fueran más adecuadas para realizar los planes de desarrollo e integración en Centroamérica.

Como resultado de los estudios efectuados por la CEPAL, se advirtió la necesidad de crear lo que entonces se llamó Instituto Centroamericano de Fomento.
En 1961 se constituye el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que se encargará promover la integración económica y el desarrollo económico equilibrado de los países miembros, atendiendo proyectos de infraestructura, de inversión a largo plazo en industrias de carácter regional, proyectos de especialización agropecuaria, proyectos de financiamiento de empresas que requieran ampliar sus operaciones, proyectos de financiamiento de servicios que sean indispensables para el funcionamiento del mercado común así como otros proyectos productivos.
Otros procesos de integración en la región La confrontación social en la región centroamericana, cuya máxima expresión se manifestó en la guerra protagonizada por grupos insurgentes y ejércitos de Centroamérica,
especialmente en los países de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, provocó
inestabilidad política que repercutió en la situación económica y de integración a nivel de la región.
La profundización del neoliberalismo y sus programas de ajuste estructural, así
como la integración de mercados en el continente europeo y asiático, obliga a los Estados Unidos a cambiar su política militarista en la región por una política de democratización, aunque formalista, para constituir un mercado en la región latinoamericana.
Para el efecto impulsa un proceso de pacificación en la región.
Aquel espíritu de unidad, de integración de nuestros países trae como consecuencia la iniciativa de países como Panamá, Colombia y México de constituir un grupo al que se denominó Grupo Contadora; sin embargo, por los problemas sociales que se dieron en ese momento en Panamá con la invasión estadounidense y los problemas de Colombia, y por creer que era una intervención en los problemas de la región centroamericana, éste fracasó y surge la alternativa materializada en Esquipulas I y consolidada en Esquipulas lI, foros de los presidentes centroamericanos donde se asumió el compromiso de buscar la pacificación del área, la democratización de los gobiernos y el
respeto a la soberanía nacional.
En ese contexto, el movimiento sindical centroamericano, y fundamentado en los compromisos de los gobiernos en los acuerdos de pacificación en cada país, tanto organizaciones afiliadas a la ORIT-CIOSL, CLAT-CMT y aquellas que sin afiliación alguna constituyen la línea independiente de la región para coadyuvar con estos procesos y especialmente con la integración constituyeron un proceso denominado Coordinadora Centroamericana de Trabajadores, COCENTRA, la cual en los primeros años de la década de los 90 desarrolló un trabajo muy efectivo e hizo planteamientos serios desde el punto de vista político, económico y social a los distintos foros o reuniones que presidentes
y ministros llevaron a cabo en la región.

Este proceso se ha visto un poco disminuido por la creación de otras instancias, que aunque su objetivo es fortalecer, provocó la división y la propia línea de cada una de las indicadas, las cuales hacen esfuerzos por seguir en el proceso de unidad y planteamientos de integración. Asimismo, a lo largo de los procesos integracionistas, la sociedad civil crea la instancia denominada 
INICIATIVA CIVIL PARA LA INTEGRACION CENTROAMERICANA, con participación de distintos sectores organizados de la sociedad civil, en la cual se discuten temas de connotada relevancia, en cuyo seno se encuentra conformada una mesa laboral con participación de dos referentes, COCENTRA y
CTCA, cabe señalar que las discusiones y propuestas no estuvieron a la altura del proceso oficial y que en la actualidad se ha estancado.
La ICIC se aglutina por la necesidad de incidir en los procesos oficiales, ya que el movimiento social no estaba representado en el SICA, por lo que no se reflejaría la propuesta y los planteamientos sobre los problemas sociales.
Como resultado de estas iniciativas de los Estados de la región, se constituye lo que hoy se conoce como Parlamento Centroamericano, cuyos diputados son electos popularmente.
Si bien no tiene poder coercitivo, permite impulsar discusión de temas como:
la necesidad de la creación del Código Laboral Centroamericano.
El proceso de integración centroamericana, y especialmente en el marco de las organización sindical, se sigue fortaleciendo a través del diálogo, la negociación y el consenso que se ha impulsado y dentro de los cuales ha contado con el apoyo del Consejo Económico Social de España y en el caso muy particular de Comisiones Obreras, apoyo que ha tenido obstáculos por algunos sectores que pretenden mantener la confrontación en los países del área.
Como en todo proceso de integración en cualquier región del planeta, el eje principal ha sido el referente al aspecto económico como fórmula impuesta por la globalización y el impulso de las políticas económicas.



Cuadernos Internacionales nº 51 (Los procesos de integración económica en América Latina: una respuesta sindical)

miércoles, 22 de marzo de 2000

Diálogo Social en España y en los Países Centroamericanos: El Sindicalismo se ha opuesto a la privatización en Latinoamérica



Conforme al Consejo Económico y Social, "el Encuentro sobre diálogo social en España y en los países centroamericanos, celebrado en Guatemala en marzo de 2000, contó con el apoyo de la AECI y el Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Estos seminarios propiciaron un reconocimiento y acercamiento mutuos como interlocutores entre las organizaciones sindicales y empresariales; en algunos casos, supusieron un primer encuentro entre organizaciones largo tiempo distanciadas y enfrentadas como consecuencia de los conflictos armados en Centroamérica (Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua)".

EFE, sin embargo resaltó que "El Sindicalismo se ha opuesto a la privatización en Latinoamérica, aunque no ha hecho propuestas alternativas a esa corriente económica que se impuso en el Continente, afirmó hoy un directivo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Arturo Bronstein, director del equipo técnico multidisciplinario de la OIT, participa en el Diálogo Social en España y en los Países Centroamericanos que se desarrolla en la ciudad colonial de la Antigua Guatemala, a 45 kilómetros al oeste de la capital.
Según Bronstein, el movimiento sindical está fragmentado, ha sido golpeado por el neoliberalismo y tiene poco protagonismo en la empresa.
El directivo del organismo internacional expuso sobre La situación actual de los modelos de relaciones laborales en Centroamérica, en la segunda jornada de la cita, que reúne a un centenar de delegados de los Gobiernos, los empresarios y los trabajadores de España, Centroamérica, y de la República Dominicana.
Bronstein recordó que cerca del 80 por ciento, de los 35 millones de centroamericanos, vive en condiciones de pobreza, además de tener un bajo nivel educativo y una baja productividad."

martes, 15 de febrero de 2000

Los pabellones de la vergüenza

Fuente: CIOSL

Francia reuniría este mes una mesa redonda destinada a elaborar “una verdadera carta de seguridad marítima” y desea dotar a la Organización Marítima Internacional de los medios necesarios para evaluar el estado de la flota mundial. El naufragio del Erika en la costa de Bretaña, en todo caso, reactivó el combate contra los pabellones de conveniencia. Es una lucha que libra desde hace mucho tiempo la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF). Sin embargo, durante el tiempo que transcurre entre una y otra catástrofe ecológica, a menudo los políticos hacen caso omiso de ella. Los pabellones de conveniencia no matan únicamente pájaros. Anualmente mueren 2.000 marinos en accidentes marítimos, la mayoría de los cuales ocurre en barcos que enarbolan pabellones de conveniencia. Esas personas navegan a bordo de verdaderos “sarcófagos flotantes” y miles de ellos no perciben nunca remuneración alguna. Esta hecatombe se completa con la pesca peligrosa y la piratería. Investigación de un escándalo.

¿Pero qué tienen en común el Erika, ese petrolero “maltés” que el 12 de diciembre pasado se quebró en dos en el mar de Iroise en la costa de Bretaña y derramó una parte de las 37.000 toneladas de combustible que había en su bodega en la costa atlántica de Francia, y el petrolero liberiano Braer que en 1993 se estrelló a la altura del Faro de Sunburgh y derramó 85.000 toneladas de petróleo en las costas de las islas Shetlands, e inclusive ese otro “liberiano”, Amoco-Cádiz, cuyo nombre basta para recordar la marea negra más grande de la historia: una napa de 220.000 toneladas de petróleo derramadas en las costas bretonas en 1978?

Tres petroleros, tres naufragios, tres napas de petróleo, centenares de kilómetros de playa contaminados y decenas de miles de aves migratorias empapadas de petróleo.

Además de esos puntos en común hay otro suplementario: El Erika, al igual que el Braer o que el Amoco-Cádiz, enarbolaban pabellones de conveniencia. La invención de dicho sistema se debe sin duda a la empresa marítima estadounidense United America Line que a partir de los años veinte registró sus barcos en Panamá para evadir las restricciones impuestas por Washington sobre el comercio de alcohol, ya que era entonces la época de la “ley seca”. En un principio, ese método se utilizaba más bien para hacer contrabando pero rápidamente fue emulado ya que la tentación de reducir los costos de funcionamiento fue demasiado grande para los armadores, confrontados a una concurrencia cada vez más exacerbada. El operativo es simple: El propietario de un barco de un determinado país lo registra en otro país que, por supuesto, sea netamente menos ávido de impuestos sobre los ingresos del armador, esté menos atento a las normas de seguridad del barco y sea mucho más tolerante en cuanto a las condiciones de trabajo y a las garantías sociales de las tripulaciones. Esas zonas francas flotantes, verdaderos paraísos fiscales, recibieron incluso el aval de las Naciones Unidas que ya en 1986 legitimaron esa práctica con gran reprobación de la Federación Internacional del Transporte (ITF), que desde 1948 denuncia sin cesar los abusos que se cometen.
El hecho es que si bien los pabellones de conveniencia permiten a sus felices propietarios hacer pingües ahorros, el sistema está lejos de ser estanco y exento de riesgos. Las cifras lo demuestran.

El total de 19.000 barcos con pabellones de conveniencia sobre una flota mundial de 95.000, es decir 20% del total, implica que en 1998 se registraron entre ellos el 40% de la cantidad de naufragios registrados (39 naves cada 94). Según la ITF, 46% de las pérdidas en términos de toneladas sería atribuibles a solamente 8 pabellones de conveniencia de los 27 identificados como tales por esa federación internacional (1). “Entre los diez registros que se llevan la palma de las toneladas perdidas figuran cinco pabellones de conveniencia”, indica la ITF, citando a Camboya que se ubica en primer lugar, San Vicente (segundo), Antigua (octava), Chipre (noveno) y Belice (décimo). Liberia, que atribuyó su pabellón a no menos de 510 petroleros tiene el triste récord de las pérdidas en toneladas en los casos más graves de contaminación que se hayan registrado entre 1963 y 1996. De las 36 mareas negras contabilizadas durante ese período por su gravedad, 14 fueron provocadas por barcos de pabellón liberiano que derramaron en total por lo menos 1,2 millón de toneladas de combustible en los océanos. Antes de contaminar la región de Vendée, el Erika estaba lejos de ser un barco modelo: había quedado varado en cuatro oportunidades a raíz de controles portuarios y ya había encallado dos veces, además, los inspectores habían descubierto por lo menos dos averías graves durante sus 25 años de carrera.

Cada vez que se produce un accidente se reactiva, con toda legitimidad, la polémica en torno a los pabellones de conveniencia y, sin embargo, las condiciones de trabajo de los marinos que genera ese sistema parecen dejar indiferentes a los responsables marítimos. Las inspecciones de la ITF y las efectuadas por las autoridades de control estatales de los distintos puertos confirman que muchas tripulaciones son víctimas de explotación, están sobrecargadas de trabajo, mal remuneradas, mal alimentadas y no tienen suficiente agua potable. La falta de normas en los países de matriculación permite que los armadores no brinden formación a las tripulaciones en materia de seguridad y que, al buscar mano de obra barata, pocos sean los propietarios que se preocupen por saber si los marinos que contrataron en las diferentes escalas están en condiciones de comunicarse entre sí. Los pabellones de conveniencia simbolizan así los aspectos más nocivos de la “mundialización”: falta de reglas, competencia encarnizada, explotación e irresponsabilidad en caso de accidentes. En pocas palabras, la ley de la jungla. ¿Cómo podría no ser así? El Erika, construido en Japón en 1974, era en el momento de naufragar propiedad de un armador italiano (tras haber pasado por manos noruegas y griegas), había sido fletado por una multinacional francesa, enarbolaba pabellón maltés (tras haber izado los de Panamá y de Liberia) y tenía a bordo tripulación india. Si las autoridades francesas continúan mostrándose diligentes, quizás se pueda obtener rápidamente un fallo en el juicio del Erika. No obstante, eso está lejos de ser algo seguro. En el caso del Amoco-Cádiz, que había suscitado una gran conmoción pública, hubo que esperar 12 años.

Entre tanto, los mares seguirán siendo peligrosos. Generalmente se estima en más de un millón la cantidad de marinos que trabajan a bordo de barcos que enarbolan pabellones de conveniencia y, según la ITF, su suerte está lejos de ser envidiable. “Salarios irrisorios, malas condiciones a bordo, falta de reposo adecuado entre largos períodos de trabajo, pocos o ningún permiso para bajar a tierra, insuficientes controles médicos, falta de formación en materia de seguridad...”, las quejas de la ITF figuran en numerosos informes. En cuanto a testimonios, la bodega de esa internacional está llena.

Unos meses antes de que encallara el Braer en 1993, la ITF había recibido quejas de la tripulación. Los marinos, en su mayoría filipinos, se quejaban de que faltaban por lo menos dos marineros de sala de máquinas y de que tenían que hacer demasiadas horas extraordinarias”. Algunos oficiales llegaban a hacer hasta 200 horas extraordinarias por mes y dos de ellos, que habían abandonado la nave semanas antes por enfermedad, todavía no habían cobrado en el momento de la catástrofe.

Desde entonces, la situación no se ha mejorado por cierto. Prueba de ello es el caso del Queen of Vevey, del cual informó la ITF el pasado mes de noviembre. Ese petrolero de 6.500 toneladas con pabellón panameño, construido en 1970, está anclado desde julio de 1999 en Puerto Stanley, en las islas Falklands (Malvinas). Cuando en octubre de 1999 el capitán y los marinos bajaron a tierra, el último permiso se remontaba a diciembre de 1998 ¡fecha también de su último salario! El fletero, Chemoil, una empresa con sede en Suiza, cerró en septiembre y no se sabe casi nada de su propietario panameño. La vida a bordo no es cosa fácil. No hay calefacción ni equipamiento para el invierno, el agua y la comida escasean. El 29 de septiembre, arrastrado por una tempestad, el barco dio de quilla y tuvo que ser reflotado por remolcadores. Ya en 1998, cuando su nombre era Lady of Monica su tripulación, entonces ucrania y rusa, se quejaba en un puerto cubano de fisuras en la cala, de falta de sistema de lastre y de malas condiciones sanitarias...

La industria reconoce que el 80% de los accidentes que se producen en el mar se deben a errores humanos. La ITF dice: “No es de sorprender, sobre todo, cuando se sabe que las tripulaciones están sobrecargadas de trabajo, cobran salarios ínfimos y no pueden descansar convenientemente”. Los accidentes a bordo también son numerosos: caídas en las escotillas, miembros seccionados, quemaduras etc. “Nada de eso parece preocupar demasiado a los propietarios de navíos con pabellones conveniencia, a quienes interesa ante todo la carga y el costo de cualquier eventual retraso en las entregas”, se queja la ITF. Como resultado, en esta ocupación se deploran 2.000 muertes por año. En cuanto a las indemnizaciones para las familias de esas víctimas del mar, muchas veces se hacen esperar. La Sra. Fernando, viuda de un marino de Sri Lanka muerto en 1995 durante una maniobra de descarga en Puerto Talbot, tuvo que esperar varios años para conseguir la indemnización, a pesar de que se había demostrado la negligencia del armador del carguero matriculado en Bahamas. En un primer momento, éste ofreció a la Sra. Fernando hacer un acuerdo “amistoso”: 50.000 dólares y no ir a juicio. Gracias a la intervención de la ITF, la señora obtuvo más del doble.

Los inspectores de la ITF están presentes en la mayoría de los puertos y no escatiman sus esfuerzos. No pasa un día sin que reciban alguna queja. La falta de pago de los salarios es el reclamo más frecuente.

El pasado mes de noviembre, cuando de encontraba en Seattle para las reuniones de la CIOSL preparatorias para el gran evento de la Organización Mundial de Comercio (OMC), David Cockroft, Secretario General de la ITF estuvo en el Sea Fox, un barco con pabellón de Belice anclado en ese puerto estadounidense. Allí celebró una victoria. Lila Smith, la inspectora local de la ITF, luego de tres meses de esfuerzo acababa de conseguir que se pagara la suma de 200.000 dólares que el propietario ruso del navío debía a los miembros de la tripulación, tripulación que el propietario se encargaría además de repatriar a su Rusia natal. En 1997, la ITF recuperó no menos de 37 millones de dólares estadounidenses en atrasos salariales de marinos empleados en navíos con pabellones de conveniencia. La cuarta parte de las naves de esa flota actualmente entran dentro del marco de acuerdos de la ITF que brindan una protección directa a más de 80.000 marinos.

No obstante, la misma federación internacional confiesa que los casos denunciados representan solamente la punta visible del témpano. “Muchos marinos empleados en barcos con pabellón de conveniencia tienen demasiado miedo para quejarse”, reconoce la organización. Por ejemplo, en Manila, las agencias de contratación de marinos, primeros proveedores de mano de obra para la flota mundial (más de 200.000 marinos son filipinos), señalan con el dedo a la gente de mar “que hace historias”. Es frecuente que los capitanes inscriban la mención “agente provocador de la ITF” en el carnet de desembarco. Ciertos marinos fueron incluso detenidos a su regreso a casa.

Por su parte, la ITF también tiene su propia lista negra. En ella figura el nombre de unas veinte empresas fleteras, propietarios de navíos, armadores o agentes marítimos poco recomendables. Uno de ellos, Adriatic Tanker, ex propietario de una flota de sesenta barcos, debía en el momento de ir a la quiebra, en 1996, más de 5 millones de dólares a sus marinos. El estado de los barcos era tal que la liquidación no llegó a cubrir el monto de la deuda. Panagis Zissimatos, el patrón de esa “armada” inculpada en Grecia, pasa hoy tranquilamente sus días en Suiza, donde reanudó sus actividades... en la industria marítima. Naufragios, quiebras, detenciones de naves para control, racionamiento o cuarentenas, todos los motivos son válidos para que ciertos armadores sin escrúpulos abandonen a sus tripulaciones... esperando que éstos se vayan sin exigir lo que se les debe, ni salario ni gastos de repatriación.

Entre 1995 y 1998, la ITF registró 199 casos de abandono de navíos que afectaban a más de 3.500 marinos. En este ámbito también, las cifras sin duda reflejan tan sólo una parte de la realidad. Datos oficiales de esa industria revelan 4.500 casos de naufragios, arrestos o embargos de barcos.

Pocos días antes de que el Erika naufragara en las costas de Bretaña, el Global Mariner, un barco alquilado por la ITF dentro del marco de una campaña mundial contra los pabellones de conveniencia, hacía escala en La Valette. El “capitán” de la ITF, Jean-Yves Legouas, que dirige su sección marítima, aprovechó esa oportunidad para llamar al orden a las autoridades maltesas. Entre 1996 y 1998, por lo menos 443 barcos con pabellón maltés, sobre una flota total de 1.500, fueron detenidos en puerto tras controles de las autoridades portuarias. Solamente Panamá y Chipre consiguieron un récord peor. También son pabellones de conveniencia...

Luc Demaret y Jacky Delorme

(1) Las Naciones Unidas evitan utilizar el término “pabellones de conveniencia” y hablan de “pabellones de libre matriculación” o de registros “abiertos”. La ITF, por su parte, declaró que son “pabellones de conveniencia” los registros de los 27 países siguientes: Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Aruba (Países Bajos), Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas (Reino Unido), Birmania, Camboya, Chipre, Gibraltar (Reino Unido), Honduras, Islas Canarias (España), Islas Caimán (Reino Unido), Islas Cook (Nueva Zelandia), Islas Marshall (Estados Unidos), Líbano, Liberia, Luxemburgo, Malta, Mauricio, Panamá, Registro Marítimo Internacional Alemán (GIS), San Vicente, Sri Lanka, Tuvalu y Vanuatu.

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* CCOO integra la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres - CIOSL

sábado, 1 de enero de 2000

Honduras: Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales (2000)

Fuente: CIOSL 

Golpes y gases lacrimógenos contra los trabajadores que protestaban por la violación de un convenio colectivo en una zona franca industrial.

Protestas contra la privatización

El 1 de mayo, los sindicatos realizaron una jornada de protesta contra la política económica del gobierno, en particular, contra la privatización de los servicios públicos que había sido negociada con el FMI pero no con los sindicatos. Declararon que el gobierno quería acabar con los sindicatos mediante las privatizaciones.

Maquiladoras

En 1996, luego de que se dieran a conocimiento público en Estados Unidos las condiciones de trabajo en las maquiladoras hondureñas, que en gran parte producen ropa para el mercado del gran país del norte, los fabricantes estadounidenses impusieron controles más rigurosos a sus proveedores hondureños. El gobierno también hizo algunos esfuerzos para modernizar el Ministerio de Trabajo y para mejorar el servicio de inspección del trabajo.

A principios de la década de los años 1990, se había atraído a los inversionistas a las zonas francas industriales con promesas de que la legislación laboral no se aplicaría estrictamente y no se tolerarían los sindicatos. Han aumentado las violaciones de los derechos sindicales y se han deteriorado las condiciones de trabajo.

Discriminación antisindical

Los sindicatos hondureños afirman que la aplicación de la ley no protege a los trabajadores y a sus sindicatos suficientemente contra los actos de discriminación antisindical y las interferencias de los empleadores. Los trabajadores que protestan, o reclaman sus derechos, o aquellos de quienes se sospecha que están organizando sindicatos se arriesgan a ser hostigados, intimidados o despedidos. Los empleadores tienen listas negras de sindicalistas despedidos, crean asociaciones solidaristas y otras formas de sindicatos controlados por la empresa.

Convenio colectivo firmado...

En marzo de 1999, se firmó un convenio colectivo en la maquiladora de propiedad sudcoreana Kimi, en el Continental Park, de Lima, cerca de San Pedro Sula. La fábrica produce para el comercializador de venta directa al público norteamericano JC Penney.

En mayo, el propietario de la zona, un hombre de negocios y candidato presidencial, anunció que sacaría a la empresa de la zona en agosto, cuando expirara su contrato de alquiler, porque tenía un sindicato. El propietario finalmente aceptó que la fábrica se quedara pero impuso condiciones inaceptables. Mientras tanto, los propietarios de la fábrica encontraron otro lugar para instalarse.

El sindicato SITRAKIMIH dijo que la mayoría de los trabajadores no podrían trasladarse al nuevo predio y que el sindicato quedaría destruido. Finalmente, el traslado fue cancelado.

...pero violado

Las discusiones entre el sindicato y la dirección iban bien hasta que el 18 de agosto, la dirección abandonó repentinamente las negociaciones. Al día siguiente, impuso una modificación salarial que quebrantaba un acuerdo previo. El sindicato hizo huelga y ocupó la fábrica. Los directivos fueron encerrados dentro de la fábrica hasta que la policía los sacó en la tarde. La empresa intentó que se arrestara a los dirigentes sindicales y que se los acusara de secuestro.

Los días 27 y 28 de agosto, el sindicato bloqueó el Continental Park en protesta por la negativa de la dirección de respetar el convenio colectivo. El 30 de agosto, la policía antidisturbios se situó en las entradas de la zona para asegurar que los trabajadores pudieran entrar a trabajar. Los trabajadores de las fábricas vecinas se negaron a entrar, en solidaridad con los trabajadores de Kimi. Fueron golpeados y se les lanzaron gases lacrimógenos. Muchos tuvieron que ir al hospital.

La dirección exigió la expulsión del dirigente del sindicato y el Ministerio del Trabajo intervino como mediador.

En la misma zona ha habido informes de que los organizadores sindicales de la fábrica Yoo Yang fueron despedidos luego de solicitar el reconocimiento del sindicato el 16 de agosto.

El código laboral viola los derechos sindicales

El gobierno ya no habla de un proyecto de código laboral que según ha venido declarando fue redactado en 1995 como resultado de conversaciones tripartitas y revocaría muchas de las siguientes disposiciones de la ley que violan los derechos sindicales.

? El código laboral no cubre a ciertos trabajadores del sector agrícola o ganadero.
? El código laboral permite sólo un sindicato por empresa o establecimiento.
? Para constituir un sindicato se requieren 30 trabajadores.
? El 90% de los miembros del sindicato deben ser hondureños.
? Los responsables de los sindicatos y de las confederaciones deben ser hondureños, estar empleados en el sector representado por el sindicato y saber leer y escribir.
? Dos terceras partes de los miembros de un sindicato deben votar a favor de una huelga, las federaciones y confederaciones no pueden convocar huelgas.
? El Ministerio de Trabajo puede poner fin a las huelgas en la industria del petróleo, que está definida como un servicio esencial.
? El arbitraje obligatorio puede ser impuesto en conflictos de servicios públicos no esenciales.
? Las huelgas en los servicios públicos que no dependen directa o indirectamente del Estado, deben estar autorizadas por el gobierno con seis meses de antelación.
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* CCOO integra la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres - CIOSL