Los sindicatos CCOO y UGT en el Servicio
Exterior han realizado un comunicado conjunto donde expresan las medidas
y recortes que conlleva la reforma laboral para los trabajadores y
trabajadoras y piden a su afiliación que secunde masivamente las
manifestaciones y la Huelga General del 29 de marzo.
Comunicado de CCOO y UGT en el Servicio Exterior
En menos de dos meses el Gobierno ha adoptado dos medidas que supondrán un cambio radical de nuestras vidas.
Esas dos medidas supondrán una mayor reducción de los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras sujetos a la negociación colectiva, la anulación de la práctica totalidad de los derechos básicos conseguidos desde el inicio de la transición en favor de un poder cuasi ilimitado para los empresarios, la introducción, en la práctica, del despido libre y gratuito, así como la reducción a su mínima expresión de la negociación colectiva, vaciando de contenido preceptos constitucionales como los recogidos en los artículos 7 y 37 de nuestra Constitución.
El ajuste del gasto público iniciado con la aprobación del Real Decreto de 30 de diciembre de 2011, anunciando toda una serie de recortes presupuestarios, ha tenido como consecuencia inmediata una reducción presupuestaria sin precedentes en nuestra trayectoria democrática en diversos ministerios. El mayor recorte, que alcanza el 65,7%, se lo lleva el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que es donde está ubicada la inmensa mayoría de trabajadores de la AGE en el exterior. Además, a la espera de que, a finales de este mes, se aprueben los presupuestos generales del estado, el presidente del Gobierno español ya ha anunciado una nueva reducción en el orden del 12% en todos los departamentos ministeriales.
El ministro de asuntos exteriores ha anunciado públicamente el cierre de unidades administrativas en el exterior y crea un "comité de sabios" con sólo políticos y en el que no está prevista la presencia de los agentes sociales para reformar el servicio exterior. Si la reforma se sustenta básicamente en esa política de recortes, nos tememos lo peor para el empleo público en el exterior. La reforma del Servicio Exterior no será posible si se plantea en contra de los trabajadores y los sindicatos.
En todas las comunidades autónomas donde gobierna el PP u ofrece su apoyo, los recortes en la Función Pública son brutales: reducción de jornada con sus consecuentes descuentos salariales, reducciones salariales en pagas extraordinarias, despidos, movilidad funcional y geográfica forzosa, reducción de días de vacaciones o libre disposición, no cobertura de vacantes, destrucción de puestos de trabajo, libertinaje en la organización interna del trabajo y en la modificación de manera unilateral y sin negociación de las condiciones esenciales de trabajo, asignación provisional de puestos de trabajo, atribución temporal de funciones y comisiones de servicio forzosas, etc. En definitiva, lo que hace es utilizar sus competencias en materia de organización interna como subterfugio para utilizar también en el ámbito del empleo público las medidas más regresivas del Real Decreto de reforma del mercado laboral.
Si bien el Estatuto de los Trabajadores y las reformas en él introducidas no son de aplicación a la inmensa mayoría de los trabajadores de la Administración General del Estado en el Exterior, que se rigen por el Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo del personal laboral en el exterior, los daños colaterales derivados de dicha modificación vamos a sufrirlos también muy directamente y cabe esperar que se nos pongan todas las trabas habidas y por haber para evitar el desarrollo y aplicación de los compromisos adquiridos en el citado acuerdo.
Los ajustes y recortes nos afectan de pleno y la Administración podrá recurrir a su capacidad de autoorganización para cerrar las unidades administrativas que crea conveniente mediante real decreto u orden ministerial, si bien no tendrá más remedio que negociar con los sindicatos más representativos las consecuencias de dichos cierres para los trabajadores y las trabajadoras que puedan verse afectados, respetando también, por poco que les guste, el Acuerdo de 2008.
La prueba más evidente de lo que nos espera, si no nos movilizamos, es el boicot a que está sometiendo la Administración General del Estado, y, muy en particular, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a las elecciones sindicales del personal laboral en el exterior. Quieren evitar a toda costa que los trabajadores y trabajadoras elijan a sus legítimos representantes, que serán los que defiendan sus intereses laborales en los distintos países.
CCOO y UGT hemos convocado también a todos los trabajadores, trabajadoras, empleados y empleadas públicos que desempeñan sus actividades laborales y funcionariales para la Administración Pública Española y sus empresas y organismos en el Exterior.
Esta huelga general va contra la reforma más lesiva y desequilibrada introducida por un gobierno español en democracia contra los derechos de los trabajadores y con ella hemos de conseguir se imponga el sentido común y que el Gobierno rectifique.
Hagamos oír nuestra voz y secundemos masivamente esta Huelga General.
CCOO y UGT piden la participación en la huelga general al personal del Exterior.
En menos de dos meses el Gobierno ha adoptado dos medidas que supondrán un cambio radical de nuestras vidas.
Esas dos medidas supondrán una mayor reducción de los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras sujetos a la negociación colectiva, la anulación de la práctica totalidad de los derechos básicos conseguidos desde el inicio de la transición en favor de un poder cuasi ilimitado para los empresarios, la introducción, en la práctica, del despido libre y gratuito, así como la reducción a su mínima expresión de la negociación colectiva, vaciando de contenido preceptos constitucionales como los recogidos en los artículos 7 y 37 de nuestra Constitución.
El ajuste del gasto público iniciado con la aprobación del Real Decreto de 30 de diciembre de 2011, anunciando toda una serie de recortes presupuestarios, ha tenido como consecuencia inmediata una reducción presupuestaria sin precedentes en nuestra trayectoria democrática en diversos ministerios. El mayor recorte, que alcanza el 65,7%, se lo lleva el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que es donde está ubicada la inmensa mayoría de trabajadores de la AGE en el exterior. Además, a la espera de que, a finales de este mes, se aprueben los presupuestos generales del estado, el presidente del Gobierno español ya ha anunciado una nueva reducción en el orden del 12% en todos los departamentos ministeriales.
El ministro de asuntos exteriores ha anunciado públicamente el cierre de unidades administrativas en el exterior y crea un "comité de sabios" con sólo políticos y en el que no está prevista la presencia de los agentes sociales para reformar el servicio exterior. Si la reforma se sustenta básicamente en esa política de recortes, nos tememos lo peor para el empleo público en el exterior. La reforma del Servicio Exterior no será posible si se plantea en contra de los trabajadores y los sindicatos.
En todas las comunidades autónomas donde gobierna el PP u ofrece su apoyo, los recortes en la Función Pública son brutales: reducción de jornada con sus consecuentes descuentos salariales, reducciones salariales en pagas extraordinarias, despidos, movilidad funcional y geográfica forzosa, reducción de días de vacaciones o libre disposición, no cobertura de vacantes, destrucción de puestos de trabajo, libertinaje en la organización interna del trabajo y en la modificación de manera unilateral y sin negociación de las condiciones esenciales de trabajo, asignación provisional de puestos de trabajo, atribución temporal de funciones y comisiones de servicio forzosas, etc. En definitiva, lo que hace es utilizar sus competencias en materia de organización interna como subterfugio para utilizar también en el ámbito del empleo público las medidas más regresivas del Real Decreto de reforma del mercado laboral.
Si bien el Estatuto de los Trabajadores y las reformas en él introducidas no son de aplicación a la inmensa mayoría de los trabajadores de la Administración General del Estado en el Exterior, que se rigen por el Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo del personal laboral en el exterior, los daños colaterales derivados de dicha modificación vamos a sufrirlos también muy directamente y cabe esperar que se nos pongan todas las trabas habidas y por haber para evitar el desarrollo y aplicación de los compromisos adquiridos en el citado acuerdo.
Los ajustes y recortes nos afectan de pleno y la Administración podrá recurrir a su capacidad de autoorganización para cerrar las unidades administrativas que crea conveniente mediante real decreto u orden ministerial, si bien no tendrá más remedio que negociar con los sindicatos más representativos las consecuencias de dichos cierres para los trabajadores y las trabajadoras que puedan verse afectados, respetando también, por poco que les guste, el Acuerdo de 2008.
La prueba más evidente de lo que nos espera, si no nos movilizamos, es el boicot a que está sometiendo la Administración General del Estado, y, muy en particular, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a las elecciones sindicales del personal laboral en el exterior. Quieren evitar a toda costa que los trabajadores y trabajadoras elijan a sus legítimos representantes, que serán los que defiendan sus intereses laborales en los distintos países.
CCOO y UGT hemos convocado también a todos los trabajadores, trabajadoras, empleados y empleadas públicos que desempeñan sus actividades laborales y funcionariales para la Administración Pública Española y sus empresas y organismos en el Exterior.
Esta huelga general va contra la reforma más lesiva y desequilibrada introducida por un gobierno español en democracia contra los derechos de los trabajadores y con ella hemos de conseguir se imponga el sentido común y que el Gobierno rectifique.
Hagamos oír nuestra voz y secundemos masivamente esta Huelga General.
