Fuente: El País
La Comisión Constitucional ha aprobado el informe de la subcomisión de la reforma electoral que incluye la limitación del voto de los emigrantes, las exigencias a las televisiones privadas para la información electoral y las nuevas medidas para impedir la llegada a las instituciones de quienes apoyen al terrorismo.
La subcomisión ha trabajado durante meses y ahora esas propuestas deberían convertirse en proposición de ley, pero se excluye la reforma de la proporcionalidad de la representación electoral. Esta última decisión provoca que Izquierda Unida rechace de plano el acuerdo y que su diputado Gaspar Llamazares haya proclamado que se "ilegaliza a IU" y se acaba con el pluralismo político.
Con esta reforma, los españoles inscritos en el Censo de Residentes Ausentes ya no podrán votar en las elecciones municipales y en el resto de comicios se les impone el llamado voto rogado, es decir, la necesidad de estar inscritos previamente y la posibilidad de votar en urnas para evitar el fraude.
Además, las televisiones privadas tendrán que emitir espacios gratuitos de los partidos como las públicas y se lleva por primera vez a la ley el pacto contra el transfuguismo en los ayuntamientos, lo que dificultará la presentación de mociones de censura.
Se incluye también la limitación de actos de inauguración durante las campañas electorales y la limitación de gastos de campaña.
Sobre los grupos que apoyan el terrorismo, se recoge la posibilidad de impedir la inclusión en candidaturas de quienes no condenen el terrorismo, lo que, por ejemplo, impediría la presencia de miembros de Batasuna en listas de Eusko Alkartasuna.
El informe es fruto del acuerdo entre PSOE y PP, al que se une CiU. El PNV lo rechaza porque no comparte la reforma "anti Batasuna" y han presentado votos particulares IU, BNG, UPyD y Coalición Canaria.
Ana Oramas, portavoz de CC, ha anunciado recursos contra la limitación del voto de los emigrantes.
