Fuente: Crónicas de la Emigración
Las elecciones para los CRE se agrupan este año
por primera vez, de forma que sus mandatos serán coincidentes con los
del Consejo General.
La directora general de la Ciudadanía
Española en el Exterior y secretaria del Consejo, Pilar Pin, precisó que
ya se han iniciado los trabajos de coordinación entre su Dirección
General y la de Asuntos Consulares para el desarrollo de estas
elecciones y que lo previsto es que la convocatoria tenga lugar entre el
24 de abril y el 24 de junio y las elecciones desde el 24 de abril
hasta el 24 de septiembre. Después se procedería a la renovación del
CGCEE, cuyos componente electos por la emigración provienen de los CRE.
El cambio en la normativa para la convocatoria de elecciones a los CRE
podría hacer que éstos aumentasen en número, al ser convocados por la
Administración sin necesidad de que le inste la ciudadanía. No obstante,
es precisa la respuesta de ésta pues no pueden celebrarse elecciones si
no hay candidaturas, se explicó.
En la reunión de la Comisión participaron, en distintos momentos, además
de Pin, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna
Terrón, y el director general de Asuntos Consulares, Santiago Cabanas.
Sobre la reforma de la Loreg
La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg),
que limita el voto de los españoles residentes en el exterior, fue
objeto de amplio debate en el seno de la Comisión, que elaboró una
declaración en la que repasa las actuaciones del CGCEE desde que se
inició el proceso y expresa su postura en el momento actual.
Además, Ruiz informó de que el CGCEE se está interesando sobre las
posibilidades actuales que tiene de manifestarse sobre el asunto y se
plantea la posibilidad de dirigirse al Defensor del Pueblo para
solicitar un recurso de inconstitucionalidad.
Este recurso se sumaría al ya presentado por la Plataforma del Voto
Exterior el martes pasado. Una iniciativa calificada de “perfecta” por
parte del presidente del CGCEE, que valoró que todas las asociaciones y
federaciones tienen derecho a ello y que cuantas más reclamaciones se
produzcan más fuerza tendrán en ella.
También apreció que el órgano de consulta que es el Consejo General
tiene una forma de obrar que no es la misma que la de los ciudadanos o
la del movimiento asociativo, “por la regulación que tiene por ley,
porque sino corre el riesgo de salirse del marco legal y no actuar como
Consejo General”. “Pero todo lo que se haga a favor de los españoles
residentes en el exterior es bienvenido”, añadió, tanto ante las
iniciativas del asociacionismo como ante la posiblidad de que el
Gobierno de Canarias también presente recurso de inconstitucionalidad a
la reciente reforma.
Participación en las lecciones autonómicas
Por otra parte, ante las previsiones de participación de los españoles
residentes en el exterior en las elecciones autonómicas, Ruiz recordó la
experiencia que se ha vivido hasta ahora: en torno al 5 por ciento de
participación en las elecciones municipales, que requerían el voto
rogado, y más del 30 por ciento en el resto de comicios, para los que se
les enviaba de oficio la documentación para votar. El presidente del
Consejo extrapoló esta experiencia temiéndose que la participación
electoral de los residentes en el exterior en las elecciones autonómicas
de mayo se sitúe en el anterior nivel de las municipales.
También recordó que en las últimas elecciones catalanas, “con un
ambiente enrarecido”, la participación bajó al 12 por ciento desde el 25
por ciento de la ocasión anterior.
Luis Lamiel, consejero general por CCOO, opinó que “el problema es que
podemos retroceder veinte años atrás, cuando apenas había 100.000
inscritos en el CERA” y valoró que “el desencanto es mayor” en tanto que
el paso de los 100.000 al cerca de 1.400.000 inscritos en la actualidad
se ha debido “al esfuerzo de muchas instancias, como ésta”. No
obstante, manifestó rotundo que “hemos perdido una batalla, haremos para
intentar no perder la guerra”, en alusión a futuras acciones.
Por otra parte, los consejeros generales miembros de la Comisión
Permanente rechazaron algunas críticas que las asociaciones han hecho a
la actuación del CGCEE durante el proceso de reforma de la Loreg y que
se hubiesen tenido que plantear un pleno extraordinario, asuntos con los
que el presidente no quiso polemizar, limitándose a señalar que a él
sólo un consejero general le pidió la celebración de un pleno
extraordinario del Consejo.
Ángeles Ruisánchez, consejera por Argentina, recordó que los consejeros
generales someten su gestión cada cuatro años a las urnas y que no todos
sus trabajos tienen reflejo en la prensa, en contraste con lo que opina
que sucede con el asociacionismo.
Lamiel precisó que no han considerado necesario hacer un pleno
extraordinario porque la Comisión Permanente del Consejo ha estado en
continua comunicación y porque “ya hicimos en el pleno anterior una
parte importante de nuestros deberes: un documento que es mil veces
superior a todos los que se han publicado por el voto del exterior”. “No
hemos visto en ningún momento necesidad de un pleno extraordinario. No
habría resuelto nada”.
“La nueva situación pone de manifiesto que tenemos que actuar para
frenar los efectos e iniciar un proceso para volver a crecer”, valoró.
