Fuente: El País
Billy Joya Améndola es un nombre difícil de olvidar. Más aún en Honduras, donde se le busca desde octubre de 1995 por grave violación de los derechos humanos. Joya, que vivía oculto en España desde abril de 1996, está en Sevilla, con residencia en el barrio de Los Remedios, en uno de sus edificios más emblemáticos y caros, el Presidente. En él, un piso cuesta cerca de 40 millones, y el alquiler no baja de 140.000 pesetas.En estos 28 meses en España, Joya nunca ha trabajado. Se mantiene de las ayudas y del dinero que le envía su cuñado, con quien comparte empresa de seguridad en Honduras. La única actividad que se le conoce es la de catequista. Él ayudó a comprender el cristianismo a los alumnos del colegio de San José, de los Sagrados Corazones de Sevilla.
Los organismos de defensa de los derechos humanos de Honduras exigen
su extradición inmediata. Allí se le acusa de haber pertenecido al
Batallón 3-16, un escuadrón de la muerte, y de secuestrar y torturar a
seis universitarios hondureños en 1982.
"Él tiene la conciencia tranquila", dice una fuente próxima a Joya en España. "Está convencido de que no cometió delito alguno. Sólo cumplió con la orden de detener a unos presuntos subversivos".
Aquel 27 de abril de 1982, a las cinco de la madrugada, el entonces subteniente Joya y seis de sus hombres fuertemente armados penetraron en la vivienda del subprocurador de la República (el segundo en la Fiscalía del Estado), Rafael Rivera, para detener a los estudiantes. Dos de ellos era hijas de Rivera, quien, por su cargo, tenía inmunidad. "Joya llegó chillando, muy agitado", recuerda ahora Milton Jiménez. "Llevaba una pistola en la mano. Con ella amenazó a Gilda Rivera". El padre de Gilda se acreditó como autoridad del Estado, y Joya se retiró. A los pocos minutos retornó acompañado por más hombres. "Se emplearon con mucha violencia. Nos detuvieron a todos, también al subprocurador. Nos maniataron con los cordones de nuestros propios zapatos", dice Milton.
La persona que le identificó fue Ana, hermana de Gilda. "En el momento no lo reconocí, pero cuando nos dejaron libres [ocho días después y gracias a los contactos de su padre], me di cuenta de quién me había interrogado y torturado... Era Billy Joya". Ana le había conocido a través de una compañera de universidad con quien mantuvo una relación mientras era cadete.
"Primero nos trasladaron a la comisaría de Manchén. Allí nos pegaron. A Guillermo López Lone casi lo matan. Le hicieron la capucha. Tuvieron que reanimarlo", recuerda Jiménez. La capucha es una tortura que consiste en colocar al preso una bolsa con cal para que se ahogue mientras intenta respitar.
"De ahí nos trasladaron a una casa de campo en el caserío de Amarateca, a unos 30 minutos de la comisaría. Pertenecía al general Amílcar Zelaya. Allí nos volvieron a torturar. Hacían simulacros de fusilamiento. En realidad no nos preguntaban por nada concreto. Sólo nos pegaban y amenazaban", dice Milton.
Los seis estudiantes coincidieron en su cautiverio con otros detenidos que después jamás aparecieron. Aunque ni la policía ni el Ejército reconocieron la detención de los seis universitarios, dos de ellos fueron puestos a disposición de la justicia 11 días después. Se les acusó de tenencia de armas y explosivos. Pero en la casa de Rivera, donde vivían alquilados, sólo hallaron apuntes. "Lo más comprometedor era un libro de Marx y un disco de música andina", ironiza Ana.
"Tuvimos suerte, después de todo. En la detención hubo testigos, y el padre de Ana y Gilda movió sus contactos. Si no hubiera sido por él, ahora estaríamos muertos. Seríamos un número más entre los desaparecidos", asegura Milton.
Aunque no existe un tratado formal entre España y Honduras, una ley española, la de Extradición Pasiva de 1985, permite el envío de Billy Joya a Honduras. "El juez competente del caso en Tegucigalpa debe solicitar, a través de la Interpol o por vía diplomática, la extradición. Una vez recibida, las autoridades judiciales españolas pueden ordenar la detención de Joya. El juez hondureño tendría 40 días para fundamentar su petición, que, de aprobarse, sería de ejecución inmediata.
La fiscal de Derechos Humanos de Honduras, Lorena Soto, instó el viernes a ese juzgado de Tegucigalpa, el que ordenó su detención en 1995, para que inicie el proceso de extradición desde España. La policía española le tiene vigilado las 24 horas del día para que no escape y está convencida de que en cualquier momento lo tendrá que detener.
No es la primera vez que se intenta su extradición. La Interpol de Tegucigalpa ya envió a la policía española un telegrama, fechado el 7 de agosto del 1997, en el que se decía: "Informamos de que el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal nos ha indicado que, en caso de ubicar en su país a la persona requerida [Joya], se realicen los trámites para su extradición por los canales diplomáticos, por lo que se socilita la detención preventiva". No hubo respuesta. Ha pasado un año.
"El problema es que el Gobierno hondureño es el primero que no está interesado en que se extradite a Billy Joya, y no entiendo por qué el español debe ser más papista que el Papa", dice la fuente próxima al capitán.
Joya no desea hablar con los medios de comunicación españoles, aunque no descarta dar una rueda de prensa en breve. Se encuentra en Sevilla, con su mujer y cuatro hijas (la última nació hace ocho meses en España). "Sé cómo son los periódicos", asegura Joya. "Intentarán que diga cosas que después se utilizarán en mi contra en Honduras".
Milton Jiménez Puerto, uno de los seis estudiantes que fueron secuestrados y torturados por el 3-16 al mando de Joya es quien ha presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional. Le acusa de violar la Convención Internacional Contra la Tortura, firmada por España.
La situación jurídica de este capitán es compleja. Entró en España en abril de 1996 con un visado de turista. Procedía de Colombia, donde se había escondido tras su precipitada huida de Honduras al abrirse un proceso contra él y otros miembros del escuadrón de la muerte. En octubre, temiendo por su situación de alegalidad, solicitó asilo político. Joya argumentó que la justicia de su país no ofrece suficientes garantías. "Ésa es una táctica conocida, que han empleado todos los militares prófugos", dice Ernesto Custodio, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), una organización que en dos años ha sufrido dos extrañas muertes. La hermana de Ernesto apareció con un disparo en la cabeza el 5 de julio de 1996. La policía anunció suicidio, pero la pistola no tenía huellas. Ernesto Sandoval, del directorio de la Codeh, pereció en un atentado. Entre los detenidos había ex militares.
Billy Joya está ahora protegido por esa resolución. "No se le puede expulsar. La justicia está, afortunadamente, por encima del Ministerio de Interior", dice la fuente próxima al capitán hondureño. La decisión final de la sala, que puede llegar después del verano, se puede recurrir ante el Supremo. "Estamos hablando de un mínimo de dos años", añade esa fuente.
Francisco Pérez, de Izquierda Unida, asegura que el problema es de origen. No se debió haber tramitado esa solicitud.
La denuncia de Milton Jiménez trata de abrir otra vía. Que el juez de la Audiencia Nacional encargado de la querella, Israel Moreno, ordene su detención y le procese. ¿Un caso similar a los de Chile y Argentina? Para la fiscalía de la Audiencia, España no es competente. Para el abogado de Joya, Julio Coca, no tiene nada que ver. "La querella no tiene ni pies ni cabeza. Aquí se trata de hondureños, no de españoles".
"Es verdad que está mal planteada", afirma un abogado español experto en este tipo de casos de violación de los derechos humanos. "En los sumarios sobre los desaparecidos de los magistrados Manuel García-Castellón y Baltasar Garzón se castiga el delito de tortura, pero sólo en caso de los españoles que es lo que permite la ley. En los de terrorismo y genocidio la ley española no distingue la nacionalidad".
Aunque a Billy Joya se le persigue por un hecho concreto, para la Codeh, su testimonio ante la justicia hondureña podría aclarar gran parte de las actividades de ese siniestro Batallón 3-16. "Él es un archivo viviente", dice Custodio. En febrero de 1996, el capitán pidió perdón por sus actos, pero no se entregó. Guarda silencio. "Ahora Joya tampoco va a revelar ninguno de sus secretos", advierte la fuente próxima al militar hondureño.
Billy Joya Améndola es un nombre difícil de olvidar. Más aún en Honduras, donde se le busca desde octubre de 1995 por grave violación de los derechos humanos. Joya, que vivía oculto en España desde abril de 1996, está en Sevilla, con residencia en el barrio de Los Remedios, en uno de sus edificios más emblemáticos y caros, el Presidente. En él, un piso cuesta cerca de 40 millones, y el alquiler no baja de 140.000 pesetas.En estos 28 meses en España, Joya nunca ha trabajado. Se mantiene de las ayudas y del dinero que le envía su cuñado, con quien comparte empresa de seguridad en Honduras. La única actividad que se le conoce es la de catequista. Él ayudó a comprender el cristianismo a los alumnos del colegio de San José, de los Sagrados Corazones de Sevilla.
"Él tiene la conciencia tranquila", dice una fuente próxima a Joya en España. "Está convencido de que no cometió delito alguno. Sólo cumplió con la orden de detener a unos presuntos subversivos".
Aquel 27 de abril de 1982, a las cinco de la madrugada, el entonces subteniente Joya y seis de sus hombres fuertemente armados penetraron en la vivienda del subprocurador de la República (el segundo en la Fiscalía del Estado), Rafael Rivera, para detener a los estudiantes. Dos de ellos era hijas de Rivera, quien, por su cargo, tenía inmunidad. "Joya llegó chillando, muy agitado", recuerda ahora Milton Jiménez. "Llevaba una pistola en la mano. Con ella amenazó a Gilda Rivera". El padre de Gilda se acreditó como autoridad del Estado, y Joya se retiró. A los pocos minutos retornó acompañado por más hombres. "Se emplearon con mucha violencia. Nos detuvieron a todos, también al subprocurador. Nos maniataron con los cordones de nuestros propios zapatos", dice Milton.
La persona que le identificó fue Ana, hermana de Gilda. "En el momento no lo reconocí, pero cuando nos dejaron libres [ocho días después y gracias a los contactos de su padre], me di cuenta de quién me había interrogado y torturado... Era Billy Joya". Ana le había conocido a través de una compañera de universidad con quien mantuvo una relación mientras era cadete.
"Primero nos trasladaron a la comisaría de Manchén. Allí nos pegaron. A Guillermo López Lone casi lo matan. Le hicieron la capucha. Tuvieron que reanimarlo", recuerda Jiménez. La capucha es una tortura que consiste en colocar al preso una bolsa con cal para que se ahogue mientras intenta respitar.
"De ahí nos trasladaron a una casa de campo en el caserío de Amarateca, a unos 30 minutos de la comisaría. Pertenecía al general Amílcar Zelaya. Allí nos volvieron a torturar. Hacían simulacros de fusilamiento. En realidad no nos preguntaban por nada concreto. Sólo nos pegaban y amenazaban", dice Milton.
Los seis estudiantes coincidieron en su cautiverio con otros detenidos que después jamás aparecieron. Aunque ni la policía ni el Ejército reconocieron la detención de los seis universitarios, dos de ellos fueron puestos a disposición de la justicia 11 días después. Se les acusó de tenencia de armas y explosivos. Pero en la casa de Rivera, donde vivían alquilados, sólo hallaron apuntes. "Lo más comprometedor era un libro de Marx y un disco de música andina", ironiza Ana.
"Tuvimos suerte, después de todo. En la detención hubo testigos, y el padre de Ana y Gilda movió sus contactos. Si no hubiera sido por él, ahora estaríamos muertos. Seríamos un número más entre los desaparecidos", asegura Milton.
Aunque no existe un tratado formal entre España y Honduras, una ley española, la de Extradición Pasiva de 1985, permite el envío de Billy Joya a Honduras. "El juez competente del caso en Tegucigalpa debe solicitar, a través de la Interpol o por vía diplomática, la extradición. Una vez recibida, las autoridades judiciales españolas pueden ordenar la detención de Joya. El juez hondureño tendría 40 días para fundamentar su petición, que, de aprobarse, sería de ejecución inmediata.
La fiscal de Derechos Humanos de Honduras, Lorena Soto, instó el viernes a ese juzgado de Tegucigalpa, el que ordenó su detención en 1995, para que inicie el proceso de extradición desde España. La policía española le tiene vigilado las 24 horas del día para que no escape y está convencida de que en cualquier momento lo tendrá que detener.
No es la primera vez que se intenta su extradición. La Interpol de Tegucigalpa ya envió a la policía española un telegrama, fechado el 7 de agosto del 1997, en el que se decía: "Informamos de que el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal nos ha indicado que, en caso de ubicar en su país a la persona requerida [Joya], se realicen los trámites para su extradición por los canales diplomáticos, por lo que se socilita la detención preventiva". No hubo respuesta. Ha pasado un año.
"El problema es que el Gobierno hondureño es el primero que no está interesado en que se extradite a Billy Joya, y no entiendo por qué el español debe ser más papista que el Papa", dice la fuente próxima al capitán.
Joya no desea hablar con los medios de comunicación españoles, aunque no descarta dar una rueda de prensa en breve. Se encuentra en Sevilla, con su mujer y cuatro hijas (la última nació hace ocho meses en España). "Sé cómo son los periódicos", asegura Joya. "Intentarán que diga cosas que después se utilizarán en mi contra en Honduras".
Milton Jiménez Puerto, uno de los seis estudiantes que fueron secuestrados y torturados por el 3-16 al mando de Joya es quien ha presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional. Le acusa de violar la Convención Internacional Contra la Tortura, firmada por España.
La situación jurídica de este capitán es compleja. Entró en España en abril de 1996 con un visado de turista. Procedía de Colombia, donde se había escondido tras su precipitada huida de Honduras al abrirse un proceso contra él y otros miembros del escuadrón de la muerte. En octubre, temiendo por su situación de alegalidad, solicitó asilo político. Joya argumentó que la justicia de su país no ofrece suficientes garantías. "Ésa es una táctica conocida, que han empleado todos los militares prófugos", dice Ernesto Custodio, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), una organización que en dos años ha sufrido dos extrañas muertes. La hermana de Ernesto apareció con un disparo en la cabeza el 5 de julio de 1996. La policía anunció suicidio, pero la pistola no tenía huellas. Ernesto Sandoval, del directorio de la Codeh, pereció en un atentado. Entre los detenidos había ex militares.
No a la expulsión
El 30 de mayo de 1997, el Ministerio de Interior español rechazó la solicitud de asilo. "El estatuto internacional del refugiado prohibe expresamente su concesión a toda persona perseguida por violación de derechos humanos", recuerda Goyo Dionis, de la Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina, una ONG dedicada a la defensa de estos derechos básicos.La denegación de asilo en España llevaba pareja la orden administrativa de expulsión en 15 días. El abogado de Joya interpuso un recurso ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia, paralizando la medida. La sala notificó a Joya el 5 de febrero de 1998 que la orden de expulsión quedaba congelada hasta que resolviera el asunto del asilo.Billy Joya está ahora protegido por esa resolución. "No se le puede expulsar. La justicia está, afortunadamente, por encima del Ministerio de Interior", dice la fuente próxima al capitán hondureño. La decisión final de la sala, que puede llegar después del verano, se puede recurrir ante el Supremo. "Estamos hablando de un mínimo de dos años", añade esa fuente.
Francisco Pérez, de Izquierda Unida, asegura que el problema es de origen. No se debió haber tramitado esa solicitud.
La denuncia de Milton Jiménez trata de abrir otra vía. Que el juez de la Audiencia Nacional encargado de la querella, Israel Moreno, ordene su detención y le procese. ¿Un caso similar a los de Chile y Argentina? Para la fiscalía de la Audiencia, España no es competente. Para el abogado de Joya, Julio Coca, no tiene nada que ver. "La querella no tiene ni pies ni cabeza. Aquí se trata de hondureños, no de españoles".
"Es verdad que está mal planteada", afirma un abogado español experto en este tipo de casos de violación de los derechos humanos. "En los sumarios sobre los desaparecidos de los magistrados Manuel García-Castellón y Baltasar Garzón se castiga el delito de tortura, pero sólo en caso de los españoles que es lo que permite la ley. En los de terrorismo y genocidio la ley española no distingue la nacionalidad".
Aunque a Billy Joya se le persigue por un hecho concreto, para la Codeh, su testimonio ante la justicia hondureña podría aclarar gran parte de las actividades de ese siniestro Batallón 3-16. "Él es un archivo viviente", dice Custodio. En febrero de 1996, el capitán pidió perdón por sus actos, pero no se entregó. Guarda silencio. "Ahora Joya tampoco va a revelar ninguno de sus secretos", advierte la fuente próxima al militar hondureño.
Con información de Santiago F.Fuertes (Sevilla) y Paco Gómez Nadal (Nicaragua).
