CCOO-Paz y Solidaridad de Andalucía inicia un proyecto de equidad de género con sindicatos centroamericanos y caribeños

Fuente CCOO-Paz y Solidaridad de Andalucía

El proyecto “Incorporación de la equidad de género a la acción sindical en las organizaciones sindicales de América Central y El Caribe” de la Fundación Paz y Solidaridad Andalucía arranca este fin de semana con una reunión de trabajo en la capital nicaragüense a la que asisten la Responsable de la Secretaría de la Mujer de CCOO Andalucía, Antonia Martos y el Presidente de la Fundación Paz y Solidaridad Andalucía, Alfonso Martínez Foronda.

Los representantes de la Fundación van a encontrarse con una Comisión Operativa integrada por siete mujeres dirigentes, delegadas de los siete países y las diecisiete organizaciones sindicales que forman el Instituto Sindical para América Central y el Caribe (ISACC), contraparte de la iniciativa.

Durante los días 22 y 23 planificarán las acciones formativas y materiales didácticos sobre perspectiva de género con los que el proyecto pretende fortalecer el trabajo en red de la Comisión Regional Ampliada de Mujeres Sindicalistas (CRAMS), un órgano recientemente creado para coordinar las políticas de igualdad de las organizaciones pertenecientes al ISACC. La actuación busca también fortalecer sus estructuras nacionales (Secretarías de la Mujer o de Igualdad), a las que se ha dotado de equipamientos. El objetivo estratégico del proyecto es fomentar la participación en igualdad de condiciones y capacitación de mujeres y hombres en la actividad sindical de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Se trata de la segunda fase de un programa que se ha desarrollado a lo largo del periodo 2007-09 y que se ocupó de formar a las responsables de las Secretarías de la Mujer y de Educación de las 17 organizaciones sindicales centroamericanas y caribeñas. Además, se realizaron dos estudios sobre la participación de la mujer en las estructuras sindicales y en el mercado laboral regional que sirvieron para definir las actuales necesidades de actuación. En esta ocasión se pretende extender la capacitación en las organizaciones de cada país a través de 7 cursos nacionales de formador de formadores y 14 talleres (2 por país), que multiplicarán el alcance de esos cursos entre representantes de los y las trabajadoras en las empresas, poniendo el acento en cuatro materias: políticas de igualdad, negociación colectiva, salud laboral y acoso moral y sexual.

Durante el fin de semana, la responsable de la Secretaría de la Mujer de CCOO Andalucía y el Presidente de la Fundación Paz y Solidaridad Andalucía abordarán también con dirigentes sindicales de El Salvador y Guatemala la próxima presentación en estos países de una campaña contra el acoso de sexual en las maquilas. 

 

 

ORGANIZACIONES SINDICALES PERTENECIENTES AL ISAAC

Guatemala
Central de Trabajadores del Campo
Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustrias y Similares
Confederación de Unidad Sindical de Guatemala
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud  de Guatemala

El Salvador
Confederación Sindical de Trabajadores/ras Salvadoreños
Central de Trabajadores Democráticos

Honduras
Confederación de Trabajadores de HondurasConfederación Única de Trabajadores de Honduras

Nicaragua
Central Sandinista de Trabajadores
Confederación de Unidad Sindical
Confederación de Unidad Sindical Autónoma
Federación Nacional de los Trabajadores

Costa Rica
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum

Panamá 
Convergencia Sindical de Panamá
Confederación de Trabajadores de la República de Panamá.

República Dominicana

Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos
Consejo Nacional de Unidad Sindical

CCOO se suma a las denuncias internacionales por el despido de cinco magistrados en Honduras y pide su restitución

Fuente CCOO

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronunció el pasado 5 de mayo a favor de apartar de sus cargos a cinco miembros de la asociación hondureña Jueces por la Democracia, por causas vinculadas indudablemente con su participación en manifestaciones contra el golpe de Estado o por haber expresado su opinión contra el mismo.

También ha sido un elemento importante que estos magistrados, con el apoyo de otros funcionarios, hayan conseguido que ningún miembro de la Resistencia fuera procesado en la zona del país donde ejercían sus funciones, la de San Pedro Sula. Allí, cuando la policía detenía a los opositores, los abogados presentaban sus habeas corpus y los jueces decretaban la libertad de los acusados.

Los despedidos son: Luis Alonso Chévez, juez; Ramón Enrique Barrios, juez;  Guillermo López, juez; Tirza Flores, magistrada; y Osmán Fajardo, defensor público. Dos de ellos iniciaron el lunes 17 de mayo una huelga de hambre, que aún mantienen y a la que se han sumado por el momento otros dos compañeros.

Los hechos han sido considerados por Amnistía Internacional como "motivos políticos", la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU criticó a actuación de la Corte Suprema de Justicia y los procesos disciplinarios; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -que realizó una visita al país entre el 15 y el 18 de mayo- y ante la que han llevado el caso los propios afectados, se ha mostrado especialmente preocupada por los actos de hostigamiento contra jueces y juezas, que enmarcan en un clima de violación de derechos humanos mucho más amplio.

CCOO considera inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia estén siendo injustamente acusadas y despedidas por defender la democracia y el orden constitucional del país. Esta decisión es un mensaje al resto de los jueces en el que se les deja claro que no pueden actuar con independencia sino que han de subordinarse a la jerarquía de la Corte Suprema, algo intolerable en un Estado de derecho. Y es un mensaje más claro y desalentador aún para los ciudadanos hondureños que se sienten aún más vulnerables e indefensos a la hora de reclamar el respeto de sus derechos.

Ante lo ocurrido, CCOO ha trasladado su posición al Ministerio de Asuntos Exteriores, denunciando los hechos, y pidiendo una postura clara ante el gobierno de Honduras, al que debe exigir el respeto de los derechos humanos, el fin de la persecución política que aún se está produciendo en el país y de las amenazas, hostigamientos y actuaciones contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, que han causado la muerte de varios de ellos y de algunos periodistas. Estos ataques tienen lugar en la más absoluta impunidad porque no se investigan eficazmente para esclarecer lo ocurrido, debilitándose así aún más el Estado de derecho.