Fuente: El País
Ha tenido que llegar un desastre como Mitch para que Honduras salte del olvido al corazón de la humanidad. La ayuda internacional fluye sin parar hacia esta tierra arrasada. En medio de la solidaridad, los donantes experimentan preocupación por el destino final de sus aportaciones. No son los únicos. El propio Gobierno hondureño ha encargado a las organizaciones civiles la distribución de la ayuda y ha establecido mecanismos de control con la participación ciudadana. Su credibilidad, y la del país, están en juego.
La inquietud internacional está alimentada por las tristes
experiencias vividas en Centroamérica. Los terremotos que asolaron
Guatemala, en 1976, y Nicaragua, en 1972, llenaron los bolsillos de un
puñado de miserables, amparados en la impunidad que les brindaba su
poder político. El recuerdo del huracán Fifí, que golpeó a
Honduras en 1974, también supura. "Los militares se robaron lo que
pudieron, y muchos damnificados se quedaron con las manos vacías",
explica Nelson, un profesor de instituto.La situación ha cambiado
sustancialmente. Las dictaduras centroamericanas han dado paso a
democracias que, si bien aún endebles, ofrecen contrapesos (desde
partidos políticos a medios de comunicación) nunca antes conocidos. Y
los países donantes hacen un seguimiento más intenso sobre el terreno.
Con estos elementos, el Gobierno de Honduras ha diseñado una estrategia para luchar contra la corrupción. "La mejor forma de lograr transparencia es que la sociedad participe", afirma Moisés Starkman, ministro de Cooperación Internacional. "Hemos trazado un esquema muy abierto, que posibilite lo que llamamos la auditoría social. Cualquier persona o institución que haga algún donativo es bienvenida a hacer el acompañamiento".
El primer paso ha sido tratar de mantener a los organismos oficiales al margen del manejo de la ayuda. Para ello, el presidente, Carlos Flores, ha pedido a los grupos y países donantes que canalicen sus aportaciones a través de embajadas y organizaciones civiles y religiosas, de forma que el papel del Gobierno se reduzca a darles la entrada oficial.
Así, dos grandes entidades se encargan de la distribución de la comida: el Programa Mundial de Alimentos (PAM) y la estadounidense Care, que cuentan desde hace años con redes consolidadas en el país. El mismo patrón sigue Médicos Sin Fronteras, que trabaja en coordinación con las autoridades locales, pero controla sus programas y donaciones.
Cuando no hay organizaciones privadas, es el Comité Permanente de Contingencias (Copeco), integrado por instituciones oficiales e independientes, quien distribuye la ayuda mediante los Comités de Emergencia regionales y municipales. "Ahí participan todos: alcaldes y oposición", dice Starkman.
Sea cual sea la vía de distribución, la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General llevan un registro de las donaciones que llegan al país. Las listas, publicadas regularmente en los periódicos, incluyen desde los cargamentos de pañales hasta las toneladas de frijol. "En todos los puntos de entrada al país, centros de acopio y destinos finales hay inspectores fiscales y auditores. Hemos incorporado incluso brigadas de estudiantes universitarios", afirma Vera Rubí, secretaria de la Contraloría.
El lunes mismo, las autoridades abrieron un teléfono para denuncias de manejo irregular, negligente o discriminatorio de la ayuda. Ramón Custodio, el más combativo luchador por los derechos humanos en Honduras y crítico implacable del poder político, observa ilusionado el proceso. "Los pasos que ha ido dando el presidente son muy claros. Es imposible seguir toda la ayuda, pero todos estamos haciendo muchos esfuerzos por evitar la corrupción. El único caso grave del que hemos tenido conocimiento ha sido el de un teniente de la Brigada 105 de San Pedro Sula, que intentó desviar un camión de ayuda y ya está encarcelado". En medio de la desgracia, piensan muchos, quizás Mitch haya sembrado en Honduras la semilla de una auténtica revolución moral.
Ha tenido que llegar un desastre como Mitch para que Honduras salte del olvido al corazón de la humanidad. La ayuda internacional fluye sin parar hacia esta tierra arrasada. En medio de la solidaridad, los donantes experimentan preocupación por el destino final de sus aportaciones. No son los únicos. El propio Gobierno hondureño ha encargado a las organizaciones civiles la distribución de la ayuda y ha establecido mecanismos de control con la participación ciudadana. Su credibilidad, y la del país, están en juego.
Con estos elementos, el Gobierno de Honduras ha diseñado una estrategia para luchar contra la corrupción. "La mejor forma de lograr transparencia es que la sociedad participe", afirma Moisés Starkman, ministro de Cooperación Internacional. "Hemos trazado un esquema muy abierto, que posibilite lo que llamamos la auditoría social. Cualquier persona o institución que haga algún donativo es bienvenida a hacer el acompañamiento".
El primer paso ha sido tratar de mantener a los organismos oficiales al margen del manejo de la ayuda. Para ello, el presidente, Carlos Flores, ha pedido a los grupos y países donantes que canalicen sus aportaciones a través de embajadas y organizaciones civiles y religiosas, de forma que el papel del Gobierno se reduzca a darles la entrada oficial.
Así, dos grandes entidades se encargan de la distribución de la comida: el Programa Mundial de Alimentos (PAM) y la estadounidense Care, que cuentan desde hace años con redes consolidadas en el país. El mismo patrón sigue Médicos Sin Fronteras, que trabaja en coordinación con las autoridades locales, pero controla sus programas y donaciones.
Cuando no hay organizaciones privadas, es el Comité Permanente de Contingencias (Copeco), integrado por instituciones oficiales e independientes, quien distribuye la ayuda mediante los Comités de Emergencia regionales y municipales. "Ahí participan todos: alcaldes y oposición", dice Starkman.
Sea cual sea la vía de distribución, la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General llevan un registro de las donaciones que llegan al país. Las listas, publicadas regularmente en los periódicos, incluyen desde los cargamentos de pañales hasta las toneladas de frijol. "En todos los puntos de entrada al país, centros de acopio y destinos finales hay inspectores fiscales y auditores. Hemos incorporado incluso brigadas de estudiantes universitarios", afirma Vera Rubí, secretaria de la Contraloría.
El lunes mismo, las autoridades abrieron un teléfono para denuncias de manejo irregular, negligente o discriminatorio de la ayuda. Ramón Custodio, el más combativo luchador por los derechos humanos en Honduras y crítico implacable del poder político, observa ilusionado el proceso. "Los pasos que ha ido dando el presidente son muy claros. Es imposible seguir toda la ayuda, pero todos estamos haciendo muchos esfuerzos por evitar la corrupción. El único caso grave del que hemos tenido conocimiento ha sido el de un teniente de la Brigada 105 de San Pedro Sula, que intentó desviar un camión de ayuda y ya está encarcelado". En medio de la desgracia, piensan muchos, quizás Mitch haya sembrado en Honduras la semilla de una auténtica revolución moral.
