Madrid, 30 de septiembre de 2009
La Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación hace público el siguiente comunicado:
El Gobierno español ha reiterado en diversas oportunidades su condena por la ruptura de la institucionalidad democrática en Honduras, cuando el pasado 28 de junio el presidente constitucional, Manuel Zelaya, fue depuesto ilegalmente de sus atribuciones.
Desde ese momento, el Gobierno español ha venido acordando con sus socios europeos, con los países iberoamericanos y con los Estados Unidos una respuesta concertada a la crisis que reflejara claramente la determinación de la comunidad internacional de considerar al Gobierno del presidente Zelaya como único interlocutor legítimo, apoyando al propio tiempo todas aquellas iniciativas que, directamente impulsadas por la OEA o autorizadas por esta Organización, pudiesen conducir a una salida pacífica y negociada de la crisis hondureña y recompusiesen el orden institucional vulnerado por aquellos acontecimientos.
En este sentido, el Gobierno español no sólo ha respaldado sino que ha colaborado activamente en los procesos de negociación abiertos para superar, en beneficio de la sociedad hondureña, los desencuentros existentes en el país. En particular, el Gobierno español valora especialmente el Acuerdo de San José, auspiciado por el presidente de Costa Rica, cuyas propuestas equilibradas le convierten en vía preferente para resolver la crisis.
En el marco de la concertación antes mencionada y tras los acontecimientos del 28 de junio, el Gobierno español procedió a llamar a consultas al embajador de España en Honduras. Asimismo, siguiendo la práctica diplomática habitual, se atendió la petición formulada por el Gobierno legítimo de Honduras de sustituir al embajador de la República de Honduras por un nuevo jefe de Misión.
Las relaciones diplomáticas entre España y Honduras se encuentran plenamente vigentes y, por ello, la Embajada y los servicios consulares de España en Honduras van a seguir cumpliendo las funciones que les son propias, de conformidad con los Tratados internacionales en la materia.
A este respecto, el Gobierno español recuerda a las autoridades de facto que, de acuerdo con las mismas Convenciones, tienen la obligación de respetar y proteger los derechos, privilegios e inmunidades que corresponden tanto a los funcionarios de las Representaciones diplomáticas y consulares de España en Honduras como a los locales de la Cancillería española y Oficinas dependientes de la misma.
