domingo, 15 de diciembre de 2002

La mafia del mar ha tocado fondo en España: empresa española contrata pastores en Honduras como marineros

REPORTAJE: CATÁSTROFE ECOLÓGICA- La ley de los nuevos piratas
LAS BANDERAS DE CONVENIENCIA Y LOS PARAÍSOS FISCALES BLINDAN A ARMADORES Y FLETADORES ANTE CATÁSTROFES COMO LA DEL 'PRESTIGE'
Fuente: El País

'Un barco, una compañía', es el lema de los armadores para que no haya nada que embargar. Tras la sociedad del 'Prestige' sólo hay humo El transporte marítimo internacional, por donde circula la mayor parte de mercancías del planeta, esconde su peor rostro detrás de paraísos fiscales y exóticas banderas de conveniencia que ocultan la identidad de los navieros que controlan un gigantesco negocio a veces basado en la explotación de las tripulaciones. Catástrofes como la del 'Prestige' sacan a flote el pirateo y los trucos que utilizan algunas compañías para eludir sus responsabilidades
One ship, one company (Un barco, una compañía). Éste es el lema que figura en el libro de cabecera de los armadores que navegan en las sucias aguas de piratas por las que viajaba el Prestige y circula la mayoría del transporte marítimo internacional, en especial los petroleros y barcos basura escudados en banderas de conveniencia. Unas aguas en las que los paraísos fiscales, la explotación laboral y las sociedades instrumentales son habitual moneda de cambio.

La cabeza y el tronco de Alfa Group, el grupo ruso que fletó el 'Prestige', está a buen recaudo en Liechtenstein, Gibraltar, Luxemburgo, Man y Suiza
El Gobierno todavía ignora quién era el dueño del buque panameño 'Casón', que explotó en 1987 en Galicia. Tras el 'Erika' había una larga cadena de sociedades
"A veces se amañan las inspecciones para evitar que un barco esté parado. He visto cómo llegaba un señor con un maletín y salíamos dos horas después"
"La mafia del mar ha tocado fondo en España. Una empresa de Bilbao contrata pastores en Honduras. Gente excelente, pero inútil para navegar"
La sociedad Mare Shipping Inc., domiciliada en Liberia y dueña del buque siniestrado en Galicia, es propietaria sólo del petrolero que ahora yace a 3.600 metros de profundidad en aguas españolas escupiendo 125 toneladas diarias de fuel. No hay más bienes ni barcos a su nombre que hagan frente a una demanda de responsabilidad civil para cobrar los daños causados, según fuentes próximas a la compañía. Solo queda humo.
Todo lo que figura a nombre de esta sociedad pantalla, inscrita en el registro del cálido y agitado país africano, se ha perdido. El lema Un barco, una compañía, una consigna clave en el negocio marítimo, se ha cumplido a rajatabla, y los propietarios del buque que se esconden tras Marc Shipping Inc. han conseguido que esta estrategia mercantil impida a los jueces españoles embargar nada que vaya más allá del casco y los hierros retorcidos del Prestige, el único bien que figura a nombre de esta sociedad de Liberia, un país de África occidental con tres millones de habitantes que ha convertido las discutidas banderas de conveniencia en un lucrativo negocio.
Los Coulouthros, una familia de armadores griegos, son los dueños del PrestigePrestige, que han contratado en Londres los servicios de Inc. and Co., el despacho de abogados de derecho marítimo más prestigioso de la City. y las personas que están detrás de Mare Shipping Inc., la sociedad pantalla contra la que actuará la justicia española cuando el siniestro llegue por la vías penal y civil a los tribunales. Pero casi nadie habla de esta saga de navieros tan influyente como discreta. La cara virtual en Monrovia de Mare Shipping actúa de eficaz parachoques y difumina la identidad de los dueños del
El Prestige tenía un seguro con la London Mutual Insurance, una mutualidad londinense, de unos 25 millones de euros, la mínima cuantía para un buque de su tamaño, según exige el convenio de reparación por daños de buques petroleros, aprobado en Bruselas en 1969, tres años después del desastre del Torrey Canyon, ocurrido en las costas del sur de Inglaterra. Un convenio que estableció que el responsable de los daños de contaminación es el dueño del buque, es decir, los griegos parapetados tras Mare Shipping Inc. Pero esta cantidad no cubrirá los daños, hasta ahora sin cuantificar, de la marea negra que ha destrozado las costas gallegas y amenaza a Cantabria, el País Vasco, Portugal y Francia.
La táctica de Un barco, una compañía y la opacidad de las sociedades instrumentales que utilizan la mayoría de los armadores ha dado excelentes resultados a los empresarios que abanderan sus barcos en los países más lejanos e intentan huir de las responsabilidades de una catástrofe. El Gobierno español todavía se pregunta quién era el dueño del buque panameño Casón, que se incendió en 1987 en la Costa de la Muerte cargado de sodio y provocó el desalojo de los habitantes de Finisterre y Corcubión. Veintitrés de los 31 tripulantes del cargero perdieron la vida.
"El domicilio ficticio de la naviera estaba en Panamá, y la sociedad tenedora de acciones, en Hong Kong. Al final, el Ministerio de Asuntos Exteriores descubrió que era propiedad del Gobierno chino a través de un holding de empresas. No se pudo cobrar ni un duro del propietario", recuerda José Luis Gavaldón, 54 años, profesor de Derecho Marítimo en la Universidad Carlos III de Madrid y representante de España en foros internacionales.

Cadena de sociedades

En el desastre en 1999 del Erika, un barco con bandera de Malta que se partió en dos frente al cabo de Penmarch (Bretaña) y arrojó 20.000 toneladas de fuel, la búsqueda del propietario fue un fracaso. "Había una cadena de sociedades, cada una había creado la siguiente, y así sucesivamente. No se llegaba nunca al dueño del buque porque el rosario de compañías era interminable", recuerda Galvaldón, quien recomienda que las futuras leyes obliguen a identificar al naviero.
En el desastre del Erika, al final se actuó contra el fletador de la carga, el poderoso grupo petrolero TotalFinaElf, que tuvo que abonar parte de las operaciones de limpieza. Los afectados todavía no han cobrado la totalidad de las indemnizaciones. José Ramón González, 50 años, secretario de la Federación de Transporte de CC OO de Euskadi, critica la opacidad de la propiedad: "Los dueños de los buques que causan estas catástrofes están ocultos tras empresas interpuestas. Es una forma de escapar a la responsabilidad del accidente. Hay que cambiar la ley y obligar a que responda el dueño de la carga". Valeriano Palacios, capitán cántabro que ha navegado por todo el mundo, corrobora la dificultad de cazar al armador: "Todo se dispone para evitar su localizacion".
Las gigantescas petroleras se han desecho de la flota propia y alquilan barcos como el Prestige para que respondan otros en caso de catástrofe. Es el caso de Mijaíl Fridman, el empresario ruso de 38 años que fletó las 70.000 toneladas de fuel que transportaba el buque accidentado en Galicia. Fridman también ha blindado su compañía Crown Resources, con sede en Zug, una tranquila localidad suiza rodeada de lagos en la que guardan su fortuna algunos de los hombres más ricos del mundo. La compañía, que se lava las manos y anuncia que "no va a pagar ni un euro porque nos limitamos a alquilar una nave que se estropeó", depende de un holding de múltiples negocios, incluyendo una televisión, denominado Alfa Group, cuya sede está en Liechtenstein, un paraíso fiscal especializado en fundaciones en pleno corazón de Europa. La cabeza de la compañía del amigo de Putin, a la que no parece preocuparle su reputación, arranca en el diminuto país de los castillos y desciende a Gibraltar, Luxemburgo y Suiza (véase gráfico), otros fortines inexpugnables para la justicia a la hora de identificar a los auténticos propietarios. Esta semana, la UE ha sido incapaz de acabar con el férreo secreto bancario de esos países.

Banderas para todo

La bandera de conveniencia (BDC) de Bahamas que ondeaba en la cubierta del Prestige y su tripulación de aterrorizados e inexpertos filipinos es todo un símbolo de las sombras, trampas y abusos que se esconden tras la pulcra fachada de muchos de los barcos que navegan con cargas contaminantes. Para los sindicatos del mar, un barco tiene pabellón de conveniencia cuando la empresa propietaria del buque reside en un país distinto de la enseña que enarbola. Navegar bajo una de estas banderas supone no pagar impuestos, pasar menos y más flexibles controles de seguridad y pagar a la mayoría de la tripulación sueldos que en ocasiones bordean la esclavitud.
El uso de la BDC se remonta a la Segunda Guerra Mundial, y el primer boicoteo mundial a esta práctica la inició, en 1948, la Federación Internacional del Transporte (IFT), un sindicato creado en los viejos muelles de Londres en 1896 y que hoy agrupa a 137 países. Aquella batalla sindical contra la explotación de los tripulantes de conveniencia, de distinta nacionalidad de la bandera que enarbola el barco, duró un mes y se bautizó como Panlibhonco, las iniciales de Panamá, Liberia, Honduras y Colombia, los primeros países que abrieron registros para abanderar buques mercantes.
Diez años después, en 1958, la entrada de Liberia en el consejo rector de la OMI (Organización Marítima Internacional), agencia dependiente de la ONU, cuestionó la existencia de las BDC, pero EE UU, Rusia, Japón y la mayoría de países de Europa las apoyaron, y el Tribunal Internacional de La Haya falló a favor de Liberia y las consagró. Actualmente, una tercera parte de la flota mundial navega bajo estas banderas, y 29 países, algunos díficiles de encontrar en el mapa, han convertido las BDC en un formidable negocio. En España, 125 de los 328 barcos mercantes ondean estas banderas.
La República de Liberia, donde está registrada Mare Shipping, la propietaria del Prestige, es un buen ejemplo. Este país de 111.000 kilómetros cuadrados, en guerra civil entre los rebeldes y las fuerzas leales al Gobierno de Charles Taylor y sin administración marítima capaz de controlar la seguridad de los buques, es en la actualidad la segunda potencia mundial en flota mercante, detrás de Panamá, con 1.566 barcos inscritos en su registro marítimo. Un registro con sede en Nueva York y gestionado por una compañía norteamericana de seguros de vida.
Un abogado español que trabaja para importantes navieras internacionales y pide no ser identificado lo explica así: "Éste y otros registros similares se gestionan como un simple negocio y no hay control de ninguna clase. En Liberia no hay inspectores para controlar los buques. Todo es pura fachada. El registro de Bahamas en el que se inscribió el Prestige está en Londres".
Sobre el papel, tanto Liberia, como Bahamas, Vanuatu, San Vicente y las Granadinas, y otras islas del Caribe que han creado registros marítimos, han ratificado los convenios internacionales de la OMI sobre seguridad y derechos laborales, pero los sindicatos, juristas y el colegio de Marina Mercante coinciden en que no se cumplen. "Hay un incumplimiento sistemático en la mayoría de los barcos que ondean banderas de conveniencia, aunque existen excepciones y algunos armadores respeten las leyes", dice González, el sindicalista vizcaíno de CCOO.
Joaquín Buelga, 52 años, presidente del colegio oficial de Marina Mercante que agrupa a más de 3.000 capitanes, jefes de máquina y oficiales, recuerda que llevan 25 años luchando contra las BDC. "Suscribo todo lo que dicen los sindicatos. El rigor en las inspecciones de esos países es mucho más bajo y hemos tenido casos en los que en la disputa han aparecido hasta 15 nacionalidades distintas. Se rompen todos los vínculos para que no se pueda localizar al dueño. ¿Cómo se puede perseguir un siniestro así? ¿ A cuál de los 15 persigues?".

Esclavitud

Los 24 filipinos y rumanos que tripulaban el Prestige representan la cara más oscura de las banderas de conveniencia: inexperiencia y explotación. El 13 de noviembre, cuando el barco iba escorado, dieron muestras de pánico y tuvieron que ser evacuados. "Otra tripulación nunca habría reaccionado así. Esta clase de tripulantes son kamikazes, les dan un cursillo rápido y no saben ni echar un cabo cuando llegan a puerto. La explicación es que un filipino le cuesta al armador 400 dólares al mes (400 euros), y un europeo, más de 3.000", dice el capitán Palacios.
Los sindicalistas de la ITF, a cuya federación pertenecen UGT, CCOO y ELA-LSTV, vigilan con una red de 130 inspectores en todo el planeta el trato a estas tripulaciones compuestas por marineros de países cada vez más lejanos del propietario del buque. Seis de los inspectores están en Bilbao, Tenerife, Barcelona, Algeciras, A Coruña y Valencia. Fiscalizan la seguridad y las condiciones de trabajo de los barcos mercantes que atracan en los puertos españoles.
Miguel Coronado, 60 años, afiliado a UGT y coordinador de todos los inspectores de ITF, ha visto de todo: "Examinamos hasta 40 certificaciones que van desde los aparatos de navegación, sistema eléctrico hasta la estructura del buque. Hablamos con los tripulantes y comprobamos sus salarios, alimentación y habitabilidad. Cuando apreciamos fallos de seguridad los denunciamos a la capitanía marítima".

Sabuesos marinos

Los sabuesos de la ITF hacen unas 750 inspecciones al año y han embargado en puertos españoles decenas de barcos, la mayoría con bandera de conveniencia, por impago de salarios. El buque Eurolink, propiedad de un armador griego y con bandera panameña, sigue atracado en el muelle Levante del puerto de Barcelona. Su tripulación paquistaní llevaba tres meses sin cobrar. El barco se ha subastado y los marineros han cobrado, al menos, la mitad de la deuda.
José Ramón Gónzález, el sindicalista de CCOO, denuncia algunas trampas a las que se somete a los inspectores de ITF cuando suben al barco: "A veces se falsifican las nóminas de los trabajadores, a los que se les hace firmar en blanco. Por supuesto, lo hace un apoderado de una empresa en Nassau o Bahamas que no tiene nada que ver con el armador. Entonces, si no ves un abuso claro no puedes hacer nada". Cuando algún capitán se niega a que los inspectores crucen la escalerilla de sus barcos, el sindicato "lo persigue y boicotea" por todo el mundo, especialmente en los países nórdicos, donde la ley favorece la fiscalización sindical. El 30% de los barcos se escapa al control de ITF. El Convenio de Formación, Titulación y Guardia de la Gente del Mar (STCW) es el que regula internacionalmente las condiciones de los trabajadores. Según los sindicatos, muchas veces no se cumple.
La mafia del mar, calificativo que aplican algunos capitanes consultados a la degradación que sufre el tráfico marítimo internacional, ha tocado fondo en España. Una conocida empresa de Bilbao, dedicada a buscar tripulantes baratos y poco conflictivos en los puntos más lejanos y exóticos del planeta, contrató recientemente a un grupo de pastores de Honduras. "Buscan al personal más barato posible. Están trayendo peruanos, hombres del campo y de la selva que nunca han visto el mar. Quieren personas pacíficas y no conflictivas a las que todo les parezca bien. El oficial que navegó con este grupo de pastores me dijo que eran personas sencillas, maravillosas, de un gran corazón, pero completamente inútiles para navegar", confiesa un capitán. Todos los tripulantes que navegan bajo estas banderas firman los contratos en sus países de origen, nunca donde reside el armador.

Sueldo de origen

Manuel Carlier, 47 años, director general de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), que agrupa a los armadores, tiene una visión completamente distinta. "Se entiende que el salario que se paga a estas personas es de miseria, pero para otros puede ser completamente digno. Hablamos de gente que está a bordo durante meses y luego regresa a sus países. Si usted es sueco, pretende ganar con el nivel de vida de su país. ¿Por qué no se les puede pagar conforme a su nivel de vida?".
El representante de los navieros sostiene que "no hay esclavitud" y que se cumplen las normas laborales internacionales. Carlier evita hablar de banderas de conveniencia y los denomina "registros abiertos". "La mala prensa de estas banderas proviene de los sindicatos", y pone como ejemplo el segundo registro de Canarias, creado en 1992 para evitar que la flota española lo hiciera en los paraísos fiscales, y que la propia ITF ha borrado recientemente de su lista.
¿Por qué la UE ni siquiera ha mencionado las BDC en sus anunciadas reformas para combatir catástrofes como la del Prestige? Buelga, el representante de los capitanes y oficiales, contesta con otra pregunta: "¿Como las va atacar la UE si los principales beneficiarios son europeos? Los dueños de esos barcos están en Madrid y en Vigo". Rafael Goiria, 46 años, secretario del sindicato de trabajadores de la Marina Mercante, una escisión de CCOO, señala "al enorme poder" de las multinacionales y dice que "en Europa no hay voluntad de enfrentarse con el gran capital". Todos los sindicalistas consultados coinciden en que los intereses de los navieros son demasiado fuertes para que la UE acabe con un negocio tan lucrativo. "El pirateo no se va a eliminar de un plumazo", dice el capitán Palacios.
Importantes navieros españoles, como José Silveira Cañizares, presidente de la privatizada Elcano, y dueño del remolcador Ría de Vigo, al que el Ministerio de Fomento ha anunciado que va a demandar por un supuesto incumplimiento de contrato en la tarea de salvamento del Prestige, tiene sus barcos bajo banderas de conveniencia, al igual que los grandes petroleros españoles.
El profesor José Luis Gavaldón es pesimista: "Se tenía que haber establecido un régimen más severo, pero ahora la globalización y liberalización del sector impide cualquier cambio. Exigir que el dueño del buque sea de la misma nacionalidad que la bandera es imposible. No encaja en la corriente liberal actual".
El Colegio de Marina Mercante ha denunciado la progresiva reducción de plantilla, de un 25% a un 35%, para abaratar costes. El Memorándum París obliga a inspeccionar al 25% de los buques extranjeros que atraquen en España, pero faltan inspectores. Un capitán acusa: "Se cumple con la cantidad, pero no con la calidad. A veces se amañan para evitar que un barco esté parado una semana. Yo he visto cómo llegaba un señor con un maletín y salíamos dos horas después. Todo es posible en el mar".

viernes, 1 de noviembre de 2002

Miriam Reyes, sindicalista hondureña, en la Revista de la Unió Sindical de CCOO del Barcelonès.

En la edición de noviembre/diciembre de la Revista de la Unió Sindical de CCOO del Barcelonès, se dedica un artículo al "ABCDario de Miriam Reyes", dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) con motivo de su estadía conjuntamente con Nora Yesenia Córdova en la sede del Sindicato para tratar la temática de las maquilas en Centroamérica: "En Centroamérica, más de 1.500.000 personas trabajan en las maquilas. En Honduras son 100.000. Las maquilas son “zonas francas” de explotación laboral, puestas al servicio de empresas extranjeras para producir con el menor coste posible, sin ningún derecho laboral y con jornadas que pueden sobrepasar las 14 horas. Es lo más cercano a la esclavitud en el siglo XXI. Además, en muchos casos, son la única opción para encontrar trabajo y sobrevivir. La esperanza para mejorar esta situación está en los sindicatos que, poco a poco y pese a todas las dificultades –incluyendo
violencias de todo tipo– se están implantando maquila por maquila. Sólo entonces, mediante convenios colectivos consiguen ir dignificando las condiciones laborales y de vida.
Así nos lo han explicado, en su estancia en Barcelona Miriam Reyes, de la dirección de la CUTH y Nora Yesenia Córdova, trabajadora y dirigente sindical de una maquila. Este es su abecedario."


núm.160 novembre-desembre 2002

jueves, 10 de octubre de 2002

Un milagro llamado 'Ciudad España'

Fuente: El Mundo

Lo que el viento se llevó no podrán recuperarlo. Pero más de 1.500 familias hondureñas damnificadas por el huracán Mitch recibirán próximamente las llaves de sus nuevas viviendas. Casas con agua, saneamiento y electricidad, en una comunidad con escuela, mercado y centro de salud. El milagro se llama 'Ciudad España'.
Este ambicioso proyecto está situado en el Valle de Amarateca, a 27 kilómetros de Tegucigalpa. En la urbanización, levantada con el sudor de sus moradores, vivirán miles de personas que ocupaban los macroalbergues de la capital desde que, el 24 de octubre de 1998, vientos de más de 300 kilómetros por hora y grandes trombas de agua provocaron una catástrofe sin precedentes en Centroamérica. La tragedia se saldó con 10.000 víctimas (7.000 en Honduras) y dejó sin techo a millón y medio de personas.
El día del sorteo de las viviendas fue una jornada de fiesta para los beneficiarios, que vistieron sus mejores galas para la ocasión. Unos querían las casas de ladrillo, "porque son más fresquitas"; otros esperaban vivir en las de colores, "para dejar atrás tanta tristeza" y los más previsores confiaban en obtener morada en los bloques contiguos al centro de salud. El nerviosismo era evidente.
 
Un sueño hecho realidad 
 
Todos colaboraron en la preparación de las mesas donde se realizó el sorteo ante notario y en la elaboración de los platos y aperitivos con los que agasajaron a los asistentes. Nadie quiso perderse el acontecimiento.
Esta actuación ha sido sufragada por Cruz Roja, la Agencia de Cooperación Internacional, Naciones Unidas y la ONG Eco Vida. Cruz Roja Española apoya la construcción de 958 viviendas, la puesta en marcha de proyectos educativos y económicos y de programas de salud comunitaria y de apoyo a personas mayores. Fuentes de la ONG afirman que "Ciudad España es el proyecto habitacional de mayor envergadura puesto en marcha por Cruz Roja, que cierra con esta actuación el Plan Especial Mitch".

martes, 18 de junio de 2002

HONDURAS-ESPAÑA Suscribirán acta de V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación


Tegucigalpa, 18 jun (EFE).- Los gobiernos de Honduras y España  suscribirán el próximo jueves el Acta de la V Reunión de la Comisión Mixta Hispano Hondureña de Cooperación 2002-2006, informó hoy la Embajada española en Tegucigalpa.
El acta será suscrita en Tegucigalpa por el canciller, Guillermo Pérez-Cadalso Arias, y la ministra de Cooperación, Brenie Matute, por parte de Honduras, y el Director General de Cooperación para Iberoamérica, Juan López-Dóriga, por España.
Como testigos de honor asistirán el vicepresidente hondureño, Vicente Williams, y el embajador de España acreditado en Tegucigalpa, Javier Nagore San Martín.
La reunión se enmarca en el Convenio Básico General de Cooperación Científico-Técnica entre Honduras y el Reino de España, suscrito el 8 de diciembre de 1981, y el Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica, de julio de 1994.
La delegación española la presidirán Juan López-Dóriga y el embajador Nagore San Martín, acompañados del subdirector general de Cooperación con México, América Central y el Caribe, Rafael Gamanzo, y el subdirector general de Programas y Convenios Culturales y Científicos, Miguel Utray.
En un comunicado, la Embajada de España indicó que ambos países ratificarán el alto nivel de satisfacción por las excelentes relaciones de amistad y el espíritu de estrecha colaboración con la que Tegucigalpa y Madrid desarrollan el programa de cooperación.
Además, se comprometerán a que las acciones acordadas en la V Reunión de la Comisión Mixta "tengan una responsabilidad compartida a lo largo del próximo cuatrienio".
Honduras recibe el 55 por ciento de la Cooperación Española destinada al desarrollo en Centroamérica.
La cooperación española a Honduras en los próximos cuatro años se centrará en justicia, seguridad, educación, fortalecimiento del desarrollo municipal, vulnerabilidad ecológica, turismo, descentralización y patrimonio histórico y cultural.

martes, 12 de marzo de 2002

Tratado de Doble Nacionalidad

Siguiendo el espíritu del Tratado de Doble Nacionalidad entre el Estado Español y la República de Honduras, según el cual "los hondureños y los españoles se encuentran plenamente identificados por lazos de tradición, sangre, cultura y lengua. [...] tal identificación hace que de hecho, los hondureños en España y los españoles en Honduras se sientan en su propia Patria", ha sido publicado el Protocolo adicional entre el Reino de España y la República de Honduras modificando el Tratado de Doble Nacionalidad de 15 de junio de 1966, hecho "ad referendum" en Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1999.

Accede al texto íntegro del Protocolo en: http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/03/pdfs/A42174-42174.pdf

Consulta igualmente el Canje de Notas de 8 de diciembre de 1993 y el Instrumento de ratificación del Tratado de Doble Nacionalidad entre el Estado Español y la República de Honduras.

viernes, 1 de febrero de 2002

Publicado: Las maquilas un ejemplo de la globalización

"No existe un acuerdo unánime acerca del momento en que aparecieron las maquilas en Centroamérica. En cualquier caso, es en los años 60 y 70 cuando se instalan las primeras plantas maquiladoras, amparadas por las transnacionales de Estados Unidos, pero su extensión y desarrollo se produce en la década de los 90 con la liberalización del comercio internacional y la mundialización de la economía.
En concreto es en el año 1974 cuando surgen las primeras zonas francas en El Salvador; en 1976 en Honduras; en 1980 en Guatemala y a mediados de los 80 en Costa Rica." (...)


La Fundació Pau i Solidaritat País Valencià - CCOO, acaba de publicar el Cuaderno n° 4 "Las maquilas un ejemplo de la globalización" dentro de la colección Cuadernos sobre la Deslocalización y la Organización Mundial del Comercio.


Accede al documento en http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/imagenes/GeL%20Cuaderno%204.pdf

viernes, 25 de enero de 2002

Entra en vigor el ACUERDO entre el Reino de España y la República de Honduras sobre cooperación en materia de prevención del consumo y control del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas


El Reino de España y la República de Honduras, en adelante denominadas las Partes Contratantes.
Conscientes de que la cooperación bilateral resulta fundamental para hacer frente a los problemas derivados del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.
Teniendo en cuenta las recomendaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988.
Deseando cooperar mediante un Acuerdo Bilateral al objetivo mundial de la prevención, control y eliminación del uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

ACUERDAN LO SIGUIENTE:
Artículo 1.º
La cooperación en materia de prevención del consumo y control del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de conformidad con la legislación interna de las partes, se llevará a cabo:
a) Mediante el establecimiento de un intercambio permanente de información y documentación.
b) Mediante la elaboración de proyectos y programas.
c) Mediante la asistencia técnica y científica en la realización de todos los proyectos y programas.
Artículo 2.º
Las materias en las que se desarrollará la cooperación en materia de prevención del consumo y control del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas serán:
A) En materia de prevención:
a) Intercambio de propuestas para el desarrollo de programas experimentales.
b) Selección de programas prioritarios en el campo de la prevención.
c) Elaboración de programas generales de promoción de la salud y educación para el bienestar de los ciudadanos y especialmente de la juventud.
d) Asistencia en la implementación de dichos programas.
B) En materia socio-sanitaria:
a) Diseño del papel de los distintos servicios terapéuticos en la oferta asistencial y necesidades que se derivan de los mismos (servicios de desintoxicación, centros ambulatorios, centros de día, comunidades terapéuticas, etc.).
b) Tipología de centros y servicios asistenciales.
c) Estudio y evaluación de programas experimentales para un enfoque integral de la atención a toxicómanos.
d) Elaboración de programas experimentales de deshabituación.
e) Asistencia en la implementación de estos programas.
C) En materia de reinserción social:
a) Estudio y elaboración de proyectos de sensibilización de la comunidad con el objeto de apoyar la reinserción de los toxicómanos.
D) En materia legislativa:
a) Estudio de proyectos de leyes y de otros instrumentos normativos.
E) En materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas:
La cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas se efectuará, en el marco de la seguridad interna y en el ámbito aduanero, dentro de las competencias de las respectivas Administraciones de acuerdo con su legislación interna mediante:
a) Intercambio de información, publicaciones y datos estadísticos respecto al tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas.
b) Intercambio periódico de información operativa concreta y precisa sobre casos de interés mutuo, respecto a acontecimientos y personas presuntamente involucradas en el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas.
c) Intercambio de información sobre los medios de transporte, cargas, envío por correo y otros medios, y sobre las rutas y técnicas utilizadas para el tráfico ilícito de drogas en tránsito a través del territorio de una de las Partes, con destino final a cualquiera de ellas.
d) Apoyo técnico mediante el intercambio de profesionales para mejorar su formación.
e) Intercambio de medios materiales y de todo tipo para mejorar la operatividad y la eficacia de los profesionales y técnicos.
F) En materia de blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas:
a) Desarrollo de unidades de inteligencia especializadas en la investigación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
b) Intercambio periódico de información operativa de interés mutuo respecto de actividades de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.
Artículo 3.º
Los intercambios de información y demás aspectos antes señalados entre las Partes Contratantes, se hará a través de los órganos administrativos responsables en materia de drogas de ambos países, bajo las directrices de la Comisión Mixta a que se refiere el artículo 5.o
Artículo 4.º
Las autoridades competentes de las dos Partes Contratantes podrán negociar y concluir los acuerdos administrativos y normas de desarrollo necesarias para la aplicación del presente Acuerdo.
Artículo 5.º
Para la aplicación del presente Acuerdo se crea una Comisión Mixta Hispano-Hondureña integrada paritariamente por miembros designados por las autoridades competentes de los dos países.
Integrarán la Comisión Mixta por la parte española representantes de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y por la parte hondureña, representantes del Consejo Nacional Contra el Narcotráfico, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional, y la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores.
Artículo 6.º
La Comisión Mixta tendrá, además de las que le concedan las autoridades competentes, las siguientes funciones:
a) Servir de comunicación entre las autoridades competentes de ambos países en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo.
b) Proponer a las autoridades competentes de ambos países las condiciones de cooperación en la materia a que se refiere el artículo 2.º del presente Acuerdo.
c) Proponer a las autoridades competentes los acuerdos administrativos y normas a que se refiere el artículo 4.o de este Acuerdo.
d) Realizar el seguimiento en la aplicación de los programas e intercambios previstos en el presente Acuerdo.
Artículo 7.º
a) La Comisión Mixta podrá constituir en su seno grupos de trabajo y podrá recabar la colaboración de cualquier otro Departamento ministerial susceptible de ayudarle en su labor, a propuesta de una de las Partes Contratantes.
b) Independientemente de las reuniones de los grupos de trabajo, la Comisión Mixta se reunirá cuando lo solicite una de las Partes Contratantes con dos meses de antelación a la fecha prevista para la reunión, salvo en casos extraordinarios que aconsejen su inmediata convocatoria para el análisis de los trabajos en curso, definición de orientaciones y evaluación de los resultados obtenidos en los diversos campos de actuación.
Artículo 8.º
El presente Acuerdo entrará en vigor sesenta días después del canje de notas en que las Partes Contratantes se den conocimiento recíproco del cumplimiento de los requisitos previstos en sus respectivas legislaciones internas.
Cualquiera de las Partes Contratantes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante el envío de una notificación escrita a la otra Parte. Dicha denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que la otra Parte Contratante haya recibido la notificación. Los programas e intercambios provenientes de este Acuerdo, iniciados con anterioridad a la denuncia, continuarán hasta su completa ejecución.
Hecho en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de noviembre de 1999, en dos ejemplares idénticos.
Por el Reino de España "a.r.",
Fernando María Villalonga Campos,
Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica
Por la República de Honduras,
Roberto Flores Bermúdez,
Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores
El presente Acuerdo, según se establece en su artículo 8.o, entra en vigor el 25 de enero de 2002, sesenta días después de la última notificación cruzada entre las Partes comunicando el cumplimiento de los requisitos previstos en sus respectivas legislaciones internas.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 17 de enero de 2002.-El Secretario general técnico, Julio Núñez Montesinos.

Accede al texto íntegro en el www.boe.es

martes, 1 de enero de 2002

Honduras: Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales (2002)

Fuente: CIOSL
 
Las cuantiosas restricciones legislativas con respecto a los sindicatos continúan tal cual. Los trabajadores de los hospitales confrontaron actitudes antisindicales de parte del gobierno.
Si bien la ley reconoce el derecho a formar sindicatos y a afiliarse, impone al mismo tiempo restricciones al respecto. Para constituir un sindicato se requieren por lo menos 30 trabajadores/as y no puede haber más de uno en una empresa o institución. Por lo menos un 90 por ciento de los miembros del sindicato deben ser ciudadanos hondureños y los extranjeros no pueden ocupar altos cargos sindicales.
Asimismo, se reconoce -aunque en forma limitada- el derecho de huelga. Las federaciones y confederaciones no pueden convocar una huelga. Para convocar una huelga se requieren dos tercios de la mayoría de los votos de la membresía total del sindicato. Los funcionarios no pueden hacer huelga. Los empleados de empresas estatales deben dar un aviso de seis meses y contar con la aprobación del gobierno antes de lanzar la huelga.
El derecho de negociación colectiva está protegido por la ley y cualquier represalia por actividades sindicales de parte del empleador está prohibida.
Derechos en la práctica
En la práctica los trabajadores/as son hostigados e incluso despedidos por sus actividades sindicales y en las zonas francas los trabajadores sindicados son a veces incluidos en listas negras.
Algunas empresas han establecido organizaciones de tipo solidaristas como una alternativa dócil, sobre todo en las zonas francas.
El gobierno afirma que desea mejorar la aplicación de los derechos sindicales internacionalmente reconocidos y ha habido alguna mejoría, aunque lenta, en las maquiladoras.
Eventos en 2001
Honduras sigue siendo el país menos desarrollado de América Central. Persisten serias disparidades económicas y la delincuencia y la violencia no han menguado. Se piensa que son los grupos paramilitares de derecha los que estuvieron detrás de crímenes como el asesinato de Carlos Roberto Flores, un líder comunitario y ambientalista el 30 de junio, después de haber encabezado las protestas contra la construcción de un dique hidroeléctrico.
Negociaciones salariales bloqueadas
El gobierno bloqueó las negociaciones salariales del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEDHYS) al negarse a responder a las reivindicaciones iniciales presentadas en junio y luego en julio militarizó la escuela del hospital.
En septiembre, el Ministerio de Salud prometió al sindicato que el gobierno haría una contrapropuesta que sería presentada por el Ministerio de Finanzas. No obstante, el Ministerio de Finanzas negó saber nada al respecto. El 14 de septiembre, el Consejo de Ministros emitió un decreto en el que se socavaban las demandas sindicales y se ponía en peligro su existencia. El decreto afirmaba que SITRAMEDHYS y otros sindicatos habían suspendido los servicios de salud poniendo vidas en peligro. SITRAMEDHYS insistió en que sus miembros habían continuado asegurando que se prestaran todos los servicios principales.
En la empresa Yoo Yang en la maquiladora La Lima se conculcaron los derechos de negociación colectiva. El sindicato de trabajadores de Yoo Yang STEVY, que finalmente logró el reconocimiento en 2000, inició negociaciones salariales en febrero de 2001. En noviembre se había avanzado muy poco. La empresa no presentó la contraoferta como había prometido el 3 de noviembre antes de las negociaciones fijadas para el 5 de noviembre. Tampoco se presentó a la reunión ni dio ninguna explicación por su ausencia. El incidente fue uno más en una larga lista de tácticas dilatorias que incluyeron una solicitud anterior de la empresa de que se extendiera un mes más el plazo para preparar su oferta. Este tiempo fue utilizado para intimidar a los efectivos sindicales a través de despidos arbitrarios o enviando a los trabajadores a trabajar en depósitos sin aire acondicionado ni baños, ni agua. A fin de año no se había solucionado este conflicto.
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* CCOO integra la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres - CIOSL