Fuente: Hondudiario
Cuatro
años después, la fundación no ha certificado al
Ayuntamiento ni la entrega ni la finalización de las
viviendas.
Otro fraude financiero cometido por el derechista
Partido Popular (PP) de España, fue revelado este sábado
en ese país por una empresa de auditoría contratada por
el Ayuntamiento de Madrid para fiscalizar proyectos de
cooperación subvencionados.
Las
irregularidades financieras se descubrieron en un
programa de la Fundación Humanismo y Democracia,
vinculada al PP, sobre la construcción de casas en
Honduras como ayuda a los damnificados del huracán Mitch.
En el
patronato de la fundación figuran, entre otros, el ex
ministro de Trabajo del gobierno del PP Juan Carlos
Aparicio, el eurodiputado Luis de Grandes y Eugenio
Nasarre del Comité Ejecutivo de ese mismo partido.
Según
la historia del caso, la entidad obtuvo en el 2000 del
gobierno del PP una subvención de 255 mil 986 euros para
un proyecto en Honduras que consistía en construir 100
casas para los afectados del huracán Mitch.
El
Ayuntamiento de Madrid, que sigue en manos del PP,
aportó 40 por ciento del coste total de las obras
valoradas en 599 mil 12 euros para construir 46 de las
casas, mientras que el resto debía levantarse con las
aportaciones de la Generalitat valenciana (32 viviendas)
y del gobierno de Honduras (22 casas).
Se
había fijado que el plazo de ejecución de las 100
viviendas finalizaba el 16 de diciembre de 2001. En el
documento en el que justificó los gastos al
Ayuntamiento, el 03 de julio de 2002, la organización
certifica que "las obras realizadas en el proyecto (...)
se llevaron a cabo en su totalidad".
Además,
aportaba un certificado de la Unión Nacional de
Campesinos (UNC), la organización con la que trabajaba
en Honduras, que aseguraba el 30 de marzo de 2001 que 32
casas se habían edificado con la aportación de la
Generalitat.
Otro
certificado, del 30 de abril de 2002, señalaba que se
habían construido 46 viviendas con cargo a fondos del
Ayuntamiento de Madrid.
Sin
embargo, una investigación de Price Waterhouse Coopers
determinó que las casas no estaban terminadas. La
auditora determinó que sólo había 47 finalizadas y 17 en
construcción. De las 47 viviendas construidas, sólo 15
fueron atribuibles al dinero madrileño, las otras eran
de la Generalitat.
La
fundación contestó con informes en los que acusó a la
auditora de hacer un informe erróneo, pero luego
reconoció que faltaban 34 casas.
De ello
culpó a la organización local por no haberles informado
"con veracidad". Cuatro años después, la fundación no ha
certificado al Ayuntamiento ni la entrega ni la
finalización de las viviendas.
