Dice la sabiduría popular que toda crisis supone
una oportunidad. Tal vez esta sentencia pueda parecernos manida pero,
sin lugar a dudas, lleva consigo una importante carga de razón.
A estas alturas nadie duda que la crisis está
afectando a todos los sectores de nuestra sociedad - incluidas las ONG
de Desarrollo, algunas de las cuales han anunciado recortes de personal
en las últimas semanas. Nadie debería dudar tampoco, que ese impacto
está siendo mucho más agresivo y dramático para las personas más
vulnerables del planeta: hay más de 1.500 millones de personas que
sufren pobreza extrema en el mundo.
El Plan
Anual de Cooperación Internacional aprobado por el Consejo de Ministros
el pasado 4 de marzo, consolida una preocupante tendencia que rompe con
los compromisos asumidos por el gobierno en materia de cooperación al
desarrollo y que, en última instancia, impedirá que los objetivos
marcados en la lucha contra la pobreza para 2015 puedan alcanzarse. Los
recortes de más de 1.000 millones de euros recogidos por este Plan,
conllevan la disminución de la ayuda en sectores tan importantes como la
educación, la salud o el acceso al agua y al saneamiento y abren la
puerta a que la cifra de 1.500 millones de personas extremadamente
pobres se incremente.
En los últimos tiempos
estamos asistiendo a un giro en la política de cooperación al desarrollo
que pone en cuestión el papel de las ONGD, hasta el punto de que, desde
diferentes sectores, se insinúa que tendríamos que pedir a las empresas
los recursos para poder desarrollar nuestro trabajo. ¿Supone esto que
en un futuro dejaremos de ser un actor relevante en la planificación,
ejecución y fiscalización de la política pública de cooperación?
¿Significa que los objetivos de desarrollo humano deben financiarse, por
ejemplo, con fondos privados provenientes de empresas que ejercen su
trabajo en dudosas condiciones éticas? ¿Realmente se cree que la forma
más eficiente de combatir la pobreza es que las empresas dediquen una
cantidad de sus beneficios a financiar a las ONG? ¿Serán, entonces, los
consejos de administración o las juntas de accionistas quienes decidirán
qué se financia en el ámbito de la cooperación al desarrollo?
La
deriva de la política de cooperación y cuestionamiento del papel de las
ONG empieza a recordarnos la situación vivida hace diez años, frente a
la que más de 100 organizaciones y varios cientos de personas
comprometidas con el desarrollo respondieron suscribiendo el manifiesto
"Ante la contrarreforma en el sistema de ayuda: por una política de
cooperación efectivamente orientada a combatir la pobreza" donde se
señalaban las incoherencias y escasos compromisos de nuestro sistema
de cooperación, así como con ineficacia en la gestión de los recursos de
cooperación.
En este contexto, no debemos olvidar
que desde su surgimiento, cuando agrupaciones locales comenzaron su
apoyo solidario a países centroamericanos, la cooperación al desarrollo
ha estado directamente vinculada a
la sociedad civil organizada. Las ONGD son en esencia manifestaciones
de una ciudadanía global y responsable. La canalización de la ayuda al
desarrollo a través de ellas ha potenciado la participación ciudadana en
la construcción de la política pública y el fortalecimiento del tejido
social. El papel que estas organizaciones juegan en la fiscalización y
transparencia de la acción de las administraciones y los gobiernos, es
determinante para el ejercicio pleno de la democracia.
Las
ONG no son un fin en sí mismo; son representantes de una sociedad
comprometida que trabaja con otras sociedades en la defensa de los
Derechos Humanos y en el establecimiento de unas relaciones equitativas
entre los países. Nuestro objetivo es la erradicación de la pobreza en
sus múltiples y diversas manifestaciones; éste debería ser también el
objetivo de las políticas públicas, pero lamentablemente lo es el de las
empresas cuya lógica de actuación es muy distinta. En una democracia
consolidada, una política pública se construye y se pone en práctica de
manera compartida e incorpora a todos los actores implicados en la
consecución del mismo objetivo. Esto supone necesariamente la gestión
conjunta de los recursos públicos. No perdamos el foco, los fondos
públicos son de la ciudadanía, no de los gobiernos.
La
situación económica internacional y el papel de las instituciones
financieras mundiales, la debilidad de muchas de las políticas públicas
en el interior de los países donde trabajamos o la falta de financiación
para el desarrollo, son factores que condicionan de manera determinante
el trabajo que realizamos las ONG. Pero ello no supone, en ningún caso,
una excusa para rebajar nuestras exigencias, compromiso y trabajo para
que el desarrollo pase necesariamente por una transformación social.
Alcanzar el desarrollo exige una serie de condiciones imprescindibles
sobre las que, como ONG, podemos actuar tan solo de manera limitada. La
primera de esas condiciones es la existencia de una política pública que
por un lado proponga el desarrollo y, por todo, lo haga posible a
través de recursos y actuaciones coherentes. El ejercicio de esa
responsabilidad de los gobiernos no debe disociarse del papel de la
sociedad civil en la promoción del desarrollo, dentro y fuera de un
Estado. Los niveles de exigencia deben ser para ambos igualmente firmes.
Estos planteamientos deberían suponer un punto
de inflexión para todos y cada uno de los actores del desarrollo.
Deberíamos revisar nuestros aciertos y errores, buscar nuevas fórmulas
de trabajo, novedosas estrategias que nos permitan afrontar de manera
efectiva los grandes retos de un mundo complejo e interdependiente. Sólo
así podremos hacer realidad la sentencia popular que une crisis a
oportunidades.
Eduardo Sánchez
Presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
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* Fundación Paz y Solidaridad - CCOO integra la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
