La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), expresión continental de la Confederación Sindical Internacional (CSI), manifiesta su solidaridad con los más de 7000 migrantes hondureñas/os, salvadoreñas/os y guatemaltecas/os, que participan en la caravana migrante rumbo a Estados Unidos, que el viernes 19 de octubre llegó al puente que conecta la frontera entre Guatemala y México. Los esfuerzos de la seguridad mexicana para detener la caravana llevaron a denuncias de maltrato y uso excesivo de la fuerza, incluido el uso preocupante de gases lacrimógenos contra los migrantes por parte de la Policía Federal Mexicana.
Son personas que tras haber visto violados sus derechos y tener condiciones de vida difíciles en sus países de origen, lo que les impide su realización como ciudadanos (su derecho a no migrar), emprenden este viaje que amenaza su vida porque el crimen, la violencia y la pobreza aplastante en el hogar son tan extremas que no tienen más remedio que huir para sobrevivir y deciden procurar horizontes en otros países. Sin embargo, nuevamente se encuentran expuestos a la violencia y el rechazo con la que se responde a su presencia en esos países, vulnerado su derecho a migrar con seguridad.
El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte (PAPTN), que incluye a Guatemala, El Salvador y Honduras, es parte integral del muro de concreto en la frontera sur de Estados Unidos y las nuevas leyes federales y estatales antinmigración que se promueven y aprueban en ese país. Las políticas comerciales equivocadas de los Estados Unidos, así como la inestabilidad política, luego de golpes y otras maniobras contra la población, han exacerbado las condiciones peligrosas en los países centroamericanos, generando violencia y desesperación. En lugar de culpar a las familias de refugiados y negarles sus derechos, debe plantearse un cambio profundo en sus relaciones de dominación con la región. Los niños centroamericanos y sus familias continuarán huyendo de sus hogares hasta que puedan vivir sin temor constante a la violencia, ejercer sus derechos sin represalias y acceder al trabajo decente. El pedido de asilo a autoridades inmigratorias es un derecho de los individuos y es ilegal rechazarlos en los puertos de entrada.
La CSA reafirma el derecho a no migrar y a migrar con seguridad cuando sea el caso, haciendo responsables a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala por no garantizar condiciones mínimas de vida a sus ciudadanos, y de México y Estados Unidos por la violencia de Estado ejercida contra los migrantes. Las políticas del gobierno de EE. UU. deben priorizar la creación de empleos, el trabajo decente y la protección significativa de los derechos laborales y humanos para reducir los "factores de empuje" que generan desesperación y desplazan a las familias trabajadoras. Demandamos que la cuestión migratoria en la región sea tratada no como una cuestión de Patrullas Fronterizas y Ejércitos, sino que como un asunto urgente de dignidad humana, que exige definir políticas y establecer acuerdos para proteger a los derechos de las personas migrantes y facilitar la libre circulación de personas ¡Ninguna persona es ilegal!
Las/os migrantes existen y resisten, y por ello nos hacemos parte del coro que se escucha en la caravana: "¡Los inmigrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales!"
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