Fuente: EFE
La policía remitió al juzgado de instrucción de Segovia, a unos 90 kilómetros de Madrid, unas diligencias sobre la presunta existencia de una red de inmigración ilegal de ciudadanas hondureñas dirigida desde la localidad de Cuevas de Provanco de esa provincia.
Fuentes policiales afirmaron hoy que, en el último año, se advirtió un considerable aumento de matrimonios entre hondureñas y españoles, cuyo lazo común era la vecina de Cuevas de Provanco Marta Antúnez, de 37 años.
La vecina de la localidad segoviana, nacida en La Ceiba (Honduras), se nacionalizó en España tras su matrimonio, hace 13 años, con el segoviano de Cuevas José María Melero, un ganadero de 50 años.
Según estas fuentes, ciudadanos de diversas provincias españolas, en su mayoría ganaderos y agricultores, contactaban con Marta Antúnez y ésta les enseñaba fotografías de chicas hondureñas, con datos como edad, talla, peso y número de hijos.
Una vez elegida la chica, el español entraba en contacto con la hondureña a través de Marta, después de utilizar su propio teléfono o por carta y remitir una fotografía.
Si en los contactos previos se llegaba a un acuerdo, el español enviaba a Honduras diversas remesas de dinero, que oscilaban entre 200.000 y 300.000 pesetas (entre 2.000 y 3.000 dólares), más un billete de ida y vuelta y otros 2.000 dólares.
La Policía calcula que cada matrimonio puede haber costado al español que lo deseaba entre 500.000 y 800.000 pesetas (entre 5.000 y 8.000 dólares) y que, en el plazo de un año, Marta ha hecho más de 200 contactos, en colaboración con su hermana y un abogado hondureño, con 60 bodas registradas.
En un informe remitido al Gobierno Civil, la Policía pide que se retire la tarjeta de residencia a dos hondureñas que ya han abandonado el domicilio conyugal, ya que no se descarta que se produzcan más casos de este tipo al haber una gran diferencia de edad entre las hondureñas y los hombres españoles.
Marta Antúnez, según las fuentes policiales, acompañaba al futuro esposo a recibir a la jóven hondureña al aeropuerto de Madrid-Barajas y, en unos tres meses se producía el matrimonio y se legalizaba la residencia de la mujer en España.
Debido a dificultades con la Policía por el aumento de ciudadanas hondureñas que entraban en España por el aeropuerto de Barajas, Marta, según la versión policial, cambió de sistema y trasladaba a Honduras a grupos enteros de españoles, que tras convivir unos días con las chicas, eran casados por el abogado-notario hondureño Nectalí Montoya.
Tras regrasar a España, las jóvenes solicitaban la legalización de su residencia y "por este procedimiento -según el informe policial- al español le costaba el matrimonio entre 700.000 y 800.000 pesetas (entre 7.000 y 8.000 dólares), ya que el trasladarse a Honduras incrementaba el gasto".
La policía remitió al juzgado de instrucción de Segovia, a unos 90 kilómetros de Madrid, unas diligencias sobre la presunta existencia de una red de inmigración ilegal de ciudadanas hondureñas dirigida desde la localidad de Cuevas de Provanco de esa provincia.
Fuentes policiales afirmaron hoy que, en el último año, se advirtió un considerable aumento de matrimonios entre hondureñas y españoles, cuyo lazo común era la vecina de Cuevas de Provanco Marta Antúnez, de 37 años.
La vecina de la localidad segoviana, nacida en La Ceiba (Honduras), se nacionalizó en España tras su matrimonio, hace 13 años, con el segoviano de Cuevas José María Melero, un ganadero de 50 años.
Según estas fuentes, ciudadanos de diversas provincias españolas, en su mayoría ganaderos y agricultores, contactaban con Marta Antúnez y ésta les enseñaba fotografías de chicas hondureñas, con datos como edad, talla, peso y número de hijos.
Una vez elegida la chica, el español entraba en contacto con la hondureña a través de Marta, después de utilizar su propio teléfono o por carta y remitir una fotografía.
Si en los contactos previos se llegaba a un acuerdo, el español enviaba a Honduras diversas remesas de dinero, que oscilaban entre 200.000 y 300.000 pesetas (entre 2.000 y 3.000 dólares), más un billete de ida y vuelta y otros 2.000 dólares.
La Policía calcula que cada matrimonio puede haber costado al español que lo deseaba entre 500.000 y 800.000 pesetas (entre 5.000 y 8.000 dólares) y que, en el plazo de un año, Marta ha hecho más de 200 contactos, en colaboración con su hermana y un abogado hondureño, con 60 bodas registradas.
En un informe remitido al Gobierno Civil, la Policía pide que se retire la tarjeta de residencia a dos hondureñas que ya han abandonado el domicilio conyugal, ya que no se descarta que se produzcan más casos de este tipo al haber una gran diferencia de edad entre las hondureñas y los hombres españoles.
Marta Antúnez, según las fuentes policiales, acompañaba al futuro esposo a recibir a la jóven hondureña al aeropuerto de Madrid-Barajas y, en unos tres meses se producía el matrimonio y se legalizaba la residencia de la mujer en España.
Debido a dificultades con la Policía por el aumento de ciudadanas hondureñas que entraban en España por el aeropuerto de Barajas, Marta, según la versión policial, cambió de sistema y trasladaba a Honduras a grupos enteros de españoles, que tras convivir unos días con las chicas, eran casados por el abogado-notario hondureño Nectalí Montoya.
Tras regrasar a España, las jóvenes solicitaban la legalización de su residencia y "por este procedimiento -según el informe policial- al español le costaba el matrimonio entre 700.000 y 800.000 pesetas (entre 7.000 y 8.000 dólares), ya que el trasladarse a Honduras incrementaba el gasto".
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