Fuente: El País
La situación de los derechos humanos en Centroamérica "sigue siendo grave", según las organizaciones internacionales especializadas que destacan, sobre todo, los casos de Guatemala, Honduras y El Salvador. En Panamá y en Nicaragua, las acusaciones contra los actuales gobiernos son múltiples y serias, aunque se han registrado evidentes progresos.
El informe más reciente del Instituto Centroamericano de Estudios
Políticos (INCEP) precisa que incluso en Costa Rica, cuya estabilidad
democrática data de 1948, existen denuncias contra la policía. Las
agresiones a la prensa, a organizaciones humanitarias, a los sindicatos y
la Iglesia católica durante 1992 fueron consideradas por los expertos
una manifestación de las prácticas de violación de los derechos humanos
dirigidas contra la sociedad civil.En Guatemala, según un informe anual
presentado por la Procuraduría de los Derechos Humanos el año pasado, se
recibieron 387 denuncias de ejecuciones extrajudiciales, 48 de las
cuales se tipificaron como tales mientras 318 son investigadas y dos
fueron desestimadas. Sobre desapariciones forzadas, el organismo oficial
citado informó de 99 casos, en 21 de los cuales las personas
aparecieron vivas y en seis, muertas.
En El Salvador, a pesar de los significativos avances recogidos por los organismos humanitarios, la firma de la paz entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en 1992 no permitió por sí sola el cese absoluto de las transgresiones a las libertades y las garantías individuales.
Estadísticas parciales de la ONU en los cinco primeros meses de 1992 en El Salvador dan cuenta de 105 "ejecuciones extrajudiciales", 138 amenazas de muerte, 15 desapariciones, 44 secuestros, 109 torturas, 261 detenciones ilegales y otras 103 violaciones de los derechos humanos.
En Nicaragua el informe dice que la violencia en el campo, la radicalización de las posturas y la corrupción causaron a lo largo del año 1992 una "nueva espiral".
La situación de los derechos humanos en Centroamérica "sigue siendo grave", según las organizaciones internacionales especializadas que destacan, sobre todo, los casos de Guatemala, Honduras y El Salvador. En Panamá y en Nicaragua, las acusaciones contra los actuales gobiernos son múltiples y serias, aunque se han registrado evidentes progresos.
En El Salvador, a pesar de los significativos avances recogidos por los organismos humanitarios, la firma de la paz entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en 1992 no permitió por sí sola el cese absoluto de las transgresiones a las libertades y las garantías individuales.
Estadísticas parciales de la ONU en los cinco primeros meses de 1992 en El Salvador dan cuenta de 105 "ejecuciones extrajudiciales", 138 amenazas de muerte, 15 desapariciones, 44 secuestros, 109 torturas, 261 detenciones ilegales y otras 103 violaciones de los derechos humanos.
En Nicaragua el informe dice que la violencia en el campo, la radicalización de las posturas y la corrupción causaron a lo largo del año 1992 una "nueva espiral".
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