El jueves 31 de enero concluyó en la ciudad
de Guatemala la Conferencia sindical internacional sobre el papel de
las organizaciones sindicales en la lucha contra la impunidad,
organizada por la CSI, sus organizaciones regionales ORIT y CLAT, sus
afiliadas en Guatemala -CGTG y CUSG- y auspiciada por algunas
Federaciones Sindicales Internacionales y por centrales europeas y
norteamericanas, entre ellas CCOO. La conferencia fue inaugurada por el
Presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y al finalizar el evento se le
hizo entrega de la declaración aprobada, a través del Ministro de
Trabajo de Previsión social. En representación de CCOO participaron
Laureano Cuerdo, responsable de América Latina, y Victoria Montero,
responsable de derechos humanos, que intervino en uno de los paneles.
El
propósito de la Conferencia era desarrollar y aplicar estrategias
políticas y sindicales que promuevan las normas fundamentales del
trabajo, reforzar la capacidad de los sindicatos para combatir la
impunidad y conseguir que se investiguen a fondo los asesinatos de
sindicalistas, para que los responsables de los mismos sean juzgados y
castigados.
Guatemala es uno de los países más peligrosos para los sindicalistas. En la víspera de la conferencia, dos hombres armados asaltaron la sede la central guatemalteca CGTG, y tras amenazar de muerte a las personas que se encontraban allí , se llevaron dos equipos informáticos cuyo valor principal era la información que contenían.
En sus conclusiones, la Conferencia subraya la necesidad de esclarecer los casos de Pedro Zamora, Marco Tulio Ramirez, Raúl Castro Bosel y Rosalío González Villatoro, asesinados en los 12 últimos meses por ser dirigentes sindicales. La Conferencia comparte los criterios del Presidente Colom, sobre la urgencia de establecer bases sólidas para un diálogo social como mecanismo para generar confianza entre los interlocutores sociales. Es esencial también fortalecer las inspecciones de trabajo.
La comunidad internacional, por su parte, tiene que reiterar su apoyo político y material a la Comisión Interamericana contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) impulsada por la ONU. Su director, Carlos Castresana intervino en la conferencia con un testimonio que dejó una impresión muy fuerte en los delegados y delegadas.
El movimiento sindical va a incorporar como tema prioritario la lucha contra el “feminicidio”, que se considera absolutamente necesario tras el permanente aumento de asesinatos de mujeres en Guatemala y en Centroamérica. Asimismo, declaró durante la Conferencia la necesidad de desarrollar una campaña internacional en Guatemala y Centroamérica para fortalecer el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva establecido en los convenios 87 y 98 de la OIT.
Coincidiendo con la celebración de la conferencia, como ya hemos mencionado, tuvieron lugar también los actos de conmemoración del 28º aniversario del asalto a la Embajada española. Este asalto terminó en una masacre que acabó con la vida de 36 personas (indígenas, estudiantes y funcionarios) que se encontraban en la embajada. Los hechos aún no se han esclarecido y los culpables no han sido castigados. En estos actos intervino Victoria Montero, junto a la Premio Nobel Rigoberta Menchú.
En relación con este asunto, la participación de CCOO tenía como finalidad añadida informar a los asistentes sobre la situación actual de la denuncia por genocidio que presentaron Rigoberta Menchú y otras víctimas en 1999 en la Audiencia Nacional, a la que CCOO dio soporte jurídico.
El pasado mes de diciembre la Corte de Constitucionalidad guatemalteca resolvió que los hechos denunciados eran de carácter político, por lo que se encuadrarían en el ámbito de las amnistías en pro de la “reconciliación nacional”, dando por cerrado el caso, justificando y encubriendo la impunidad ante tan graves crímenes. No obstante, frente a esta resolución, el 16 de enero de 2008, el juzgado central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional resolvió que, ante la decisión manifestada por la citada Corte de no investigar los delitos y llevar a los responsables ante los tribunales, mantendrá su compromiso con el proceso, y continuará con la instrucción del mismo a pesar de la negativa del Estado guatemalteco y sus tribunales. Prueba de esta voluntad es la toma de declaraciones a varios testigos guatemaltecos en los primeros días de febrero en la Audiencia Nacional.
Guatemala es uno de los países más peligrosos para los sindicalistas. En la víspera de la conferencia, dos hombres armados asaltaron la sede la central guatemalteca CGTG, y tras amenazar de muerte a las personas que se encontraban allí , se llevaron dos equipos informáticos cuyo valor principal era la información que contenían.
En sus conclusiones, la Conferencia subraya la necesidad de esclarecer los casos de Pedro Zamora, Marco Tulio Ramirez, Raúl Castro Bosel y Rosalío González Villatoro, asesinados en los 12 últimos meses por ser dirigentes sindicales. La Conferencia comparte los criterios del Presidente Colom, sobre la urgencia de establecer bases sólidas para un diálogo social como mecanismo para generar confianza entre los interlocutores sociales. Es esencial también fortalecer las inspecciones de trabajo.
La comunidad internacional, por su parte, tiene que reiterar su apoyo político y material a la Comisión Interamericana contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) impulsada por la ONU. Su director, Carlos Castresana intervino en la conferencia con un testimonio que dejó una impresión muy fuerte en los delegados y delegadas.
El movimiento sindical va a incorporar como tema prioritario la lucha contra el “feminicidio”, que se considera absolutamente necesario tras el permanente aumento de asesinatos de mujeres en Guatemala y en Centroamérica. Asimismo, declaró durante la Conferencia la necesidad de desarrollar una campaña internacional en Guatemala y Centroamérica para fortalecer el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva establecido en los convenios 87 y 98 de la OIT.
Coincidiendo con la celebración de la conferencia, como ya hemos mencionado, tuvieron lugar también los actos de conmemoración del 28º aniversario del asalto a la Embajada española. Este asalto terminó en una masacre que acabó con la vida de 36 personas (indígenas, estudiantes y funcionarios) que se encontraban en la embajada. Los hechos aún no se han esclarecido y los culpables no han sido castigados. En estos actos intervino Victoria Montero, junto a la Premio Nobel Rigoberta Menchú.
En relación con este asunto, la participación de CCOO tenía como finalidad añadida informar a los asistentes sobre la situación actual de la denuncia por genocidio que presentaron Rigoberta Menchú y otras víctimas en 1999 en la Audiencia Nacional, a la que CCOO dio soporte jurídico.
El pasado mes de diciembre la Corte de Constitucionalidad guatemalteca resolvió que los hechos denunciados eran de carácter político, por lo que se encuadrarían en el ámbito de las amnistías en pro de la “reconciliación nacional”, dando por cerrado el caso, justificando y encubriendo la impunidad ante tan graves crímenes. No obstante, frente a esta resolución, el 16 de enero de 2008, el juzgado central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional resolvió que, ante la decisión manifestada por la citada Corte de no investigar los delitos y llevar a los responsables ante los tribunales, mantendrá su compromiso con el proceso, y continuará con la instrucción del mismo a pesar de la negativa del Estado guatemalteco y sus tribunales. Prueba de esta voluntad es la toma de declaraciones a varios testigos guatemaltecos en los primeros días de febrero en la Audiencia Nacional.
CCOO suscribe el Manifiesto contra las limitaciones de la Justicia Universal en España
ResponderEliminarCCOO suscribe el Manifiesto contra la reforma legislativa que introducirá limitaciones al ejercicio de la Justicia Universal en España. Una reforma que supondría un retroceso en la legislación española, limitando una de las mejores leyes de Europa en esta materia, que es referente en la lucha internacional contra la impunidad para todos los juristas, defensores y activistas de derechos humanos.
El Manifiesto, presentado el 2 de junio en rueda de prensa, ha sido suscrito por más de 90 organizaciones -entre las que se encuentra CCOO, junto con grandes organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Asociaciones de Derechos Humanos (FIDH), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Human Rights Watch, la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia - y, a título individual, por más de 350 personas.
El objetivo es manifestar la oposición ante la propuesta parlamentaria del PP, aprobada gracias al acuerdo alcanzado el pasado 19 de mayo con los grupos parlamentarios del PSOE, CiU y PNV, que pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar el alcance de la jurisdicción universal en España.
El Principio de Jurisdicción Universal, recogido en el artículo 23 de la LOPJ, otorga competencias a la Audiencia Nacional para juzgar determinados crímenes internacionales con independencia del lugar donde se hayan cometido los crímenes, de la nacionalidad de las víctimas y de la de los autores. Tras la reforma solo se podría ejercer la jurisdicción universal si los presuntos delincuentes se encontrasen en territorio español o si hubiera víctimas españolas y, en todo caso, siempre que un tribunal internacional o el país donde ocurrieron los hechos no hayan abierto una investigación sobre el tema.
En la actualidad, hay en la Audiencia Nacional 13 casos abiertos cuya competencia deriva de dicho principio; entre ellos, el caso del genocidio de Guatemala, en el que CCOO es acusación particular y popular. La reforma tiene lugar después de que fueran admitidos a trámite en la Audiencia Nacional casos contra oficiales israelitas, chinos y estadounidenses, que han dado lugar a presiones políticas por parte de los gobiernos de los países afectados. Con esta reforma España estaría cediendo ante las presiones de las grandes potencias.
http://fsc.ccoo.es/comunes/temp/recursos/99922/207037.pdf