Fuente: FSC-CCOO
La imagen de España en el exterior no responde a las exigencias de un Estado social, democrático y de derecho como el español. Conseguir un mayor acercamiento con la ciudadanía española en el exterior y una mejor articulación de las estructuras sindicales que ejercen nuestra acción sindical es necesario para evitar un mayor deterioro de las condiciones del trabajo del personal trabajador vinculado a la Administración Pública española y de los derechos de la ciudadanía española en el exterior.
Ya en anteriores informaciones se planteaba que las elecciones sindicales del personal laboral en el exterior debían celebrarse sin más dilación y relataba todas las dificultades que la Administración española estaba poniendo para poder celebrarlas. Pues bien, a pesar de todo, el Consejo de Ministros acaba de suspender por un periodo de 24 meses el acuerdo para la celebración de elecciones sindicales entre dicho personal, firmado el pasado mes de junio, así como el apartado 17 del Acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior, que regula los derechos de representación colectiva de este personal.
Alega que lo hace con el objetivo de evitar importantes costes derivados del procedimiento electoral, de su gestión y de la elevada pérdida de tiempos de trabajo que supondrían los créditos horarios asignados a los delegados y delegadas que resultaren elegidos.
Más allá de la gravedad que conlleva la adopción de esa drástica medida, tan contraria a la letra y espíritu de los principios constitucionales, y tan injusta como injustificada, lo que de tal forma se evidencia es que el Estado español persiste en mantener a un sector muy importante de su estructura en el exterior en la oscuridad de los años inmediatamente anteriores a nuestra transición democrática. Y esto es muy grave.
La situación que así se produce es sólo una muestra más de las múltiples dificultades a que nos venimos enfrentando continuamente en el exterior a la hora de desarrollar nuestra acción sindical en todas sus vertientes.
Si bien las mayores dificultades aparecen cuando intentamos regular las condiciones de trabajo y demás derechos del personal laboral en el exterior, éstas no sólo afectan a este colectivo concreto, pues no podemos obviar que estamos inmersos en un mundo complejo y globalizado. Son, pues, muchos y diversos los factores que condicionan la acción exterior del Estado español y, por ende, nuestra propia acción sindical.
Además de la existencia de casi un millar de unidades administrativas de la Administración General del Estado en el Exterior, dependientes de la casi totalidad de los departamentos ministeriales existentes en España, con una plantilla de unos 10.000 trabajadores y trabajadoras de nacionalidad diversa, sujetos a diversos regímenes de contratación, nos enfrentamos a la existencia de otros colectivos integrados por personal de las comunidades autónomas desplazados al exterior, agencias estatales, fundaciones, de organizaciones no gubernamentales españolas desplazados, personas desplazadas de grandes empresas con sede en España, etc.. Y no debemos olvidar el cada vez mayor número de servicios externalizados en los casi 150 países en que el Gobierno español desarrolla su acción exterior.
En la ponencia de acción sindical de la Sección Sindical del Servicio Exterior de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, aprobada durante nuestra Conferencia en el año 2009, nos planteábamos toda una serie de objetivos a conseguir en los próximos cuatro años y ya apuntábamos a la necesidad de replantearnos nuestra estructura sindical en exterior, sin que hasta ahora hayamos sido capaces de avanzar en una dirección de mayor operatividad, eficacia y eficiencia, para poder atender todas las variantes que la acción sindical en el exterior conlleva.
Además de lo que podemos tildar como acción sindical específica de nuestra sección, es decir, la correspondiente defensa y negociación de las condiciones de trabajo del personal que presta sus servicios para la Administración General del Estado en el Exterior, es obvio que habría que articular la interrelación con la ciudadanía española en el exterior, sus organizaciones y demás actores relacionados con la acción exterior del Estado español y nuestra propia acción sindical.
En principio, y mientras no se modifiquen nuestras estructuras confederales y federales, debemos poner todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir el mayor acercamiento posible al conjunto de la ciudadanía española en el exterior, articulando formas de colaboración interna que permitan utilizar mejor los recursos humanos y materiales de que disponemos en CCOO.
Esa interrelación debería llevarnos a evitar que nuestro Gobierno campe a sus anchas por el exterior, dando, en demasiadas ocasiones, una imagen de España tan deplorable como la que aquí se denuncian.
En esta sección sindical tenemos objetivos inmediatos que alcanzar y, a pesar del giro copernicano de 180º que ha dado el actual gobierno en su acción exterior, violando derechos fundamentales, recortando derechos laborales, dificultando así en extremo nuestra acción sindical, no van a conseguir doblegarnos y continuaremos luchando por mantener y mejorar las condiciones de trabajo de dicho personal y apoyando, en todo lo que esté a nuestro alcance, a la ciudadanía española en el exterior.
Ya en anteriores informaciones se planteaba que las elecciones sindicales del personal laboral en el exterior debían celebrarse sin más dilación y relataba todas las dificultades que la Administración española estaba poniendo para poder celebrarlas. Pues bien, a pesar de todo, el Consejo de Ministros acaba de suspender por un periodo de 24 meses el acuerdo para la celebración de elecciones sindicales entre dicho personal, firmado el pasado mes de junio, así como el apartado 17 del Acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior, que regula los derechos de representación colectiva de este personal.
Alega que lo hace con el objetivo de evitar importantes costes derivados del procedimiento electoral, de su gestión y de la elevada pérdida de tiempos de trabajo que supondrían los créditos horarios asignados a los delegados y delegadas que resultaren elegidos.
Más allá de la gravedad que conlleva la adopción de esa drástica medida, tan contraria a la letra y espíritu de los principios constitucionales, y tan injusta como injustificada, lo que de tal forma se evidencia es que el Estado español persiste en mantener a un sector muy importante de su estructura en el exterior en la oscuridad de los años inmediatamente anteriores a nuestra transición democrática. Y esto es muy grave.
La situación que así se produce es sólo una muestra más de las múltiples dificultades a que nos venimos enfrentando continuamente en el exterior a la hora de desarrollar nuestra acción sindical en todas sus vertientes.
Si bien las mayores dificultades aparecen cuando intentamos regular las condiciones de trabajo y demás derechos del personal laboral en el exterior, éstas no sólo afectan a este colectivo concreto, pues no podemos obviar que estamos inmersos en un mundo complejo y globalizado. Son, pues, muchos y diversos los factores que condicionan la acción exterior del Estado español y, por ende, nuestra propia acción sindical.
Además de la existencia de casi un millar de unidades administrativas de la Administración General del Estado en el Exterior, dependientes de la casi totalidad de los departamentos ministeriales existentes en España, con una plantilla de unos 10.000 trabajadores y trabajadoras de nacionalidad diversa, sujetos a diversos regímenes de contratación, nos enfrentamos a la existencia de otros colectivos integrados por personal de las comunidades autónomas desplazados al exterior, agencias estatales, fundaciones, de organizaciones no gubernamentales españolas desplazados, personas desplazadas de grandes empresas con sede en España, etc.. Y no debemos olvidar el cada vez mayor número de servicios externalizados en los casi 150 países en que el Gobierno español desarrolla su acción exterior.
En la ponencia de acción sindical de la Sección Sindical del Servicio Exterior de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, aprobada durante nuestra Conferencia en el año 2009, nos planteábamos toda una serie de objetivos a conseguir en los próximos cuatro años y ya apuntábamos a la necesidad de replantearnos nuestra estructura sindical en exterior, sin que hasta ahora hayamos sido capaces de avanzar en una dirección de mayor operatividad, eficacia y eficiencia, para poder atender todas las variantes que la acción sindical en el exterior conlleva.
Además de lo que podemos tildar como acción sindical específica de nuestra sección, es decir, la correspondiente defensa y negociación de las condiciones de trabajo del personal que presta sus servicios para la Administración General del Estado en el Exterior, es obvio que habría que articular la interrelación con la ciudadanía española en el exterior, sus organizaciones y demás actores relacionados con la acción exterior del Estado español y nuestra propia acción sindical.
En principio, y mientras no se modifiquen nuestras estructuras confederales y federales, debemos poner todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir el mayor acercamiento posible al conjunto de la ciudadanía española en el exterior, articulando formas de colaboración interna que permitan utilizar mejor los recursos humanos y materiales de que disponemos en CCOO.
Esa interrelación debería llevarnos a evitar que nuestro Gobierno campe a sus anchas por el exterior, dando, en demasiadas ocasiones, una imagen de España tan deplorable como la que aquí se denuncian.
En esta sección sindical tenemos objetivos inmediatos que alcanzar y, a pesar del giro copernicano de 180º que ha dado el actual gobierno en su acción exterior, violando derechos fundamentales, recortando derechos laborales, dificultando así en extremo nuestra acción sindical, no van a conseguir doblegarnos y continuaremos luchando por mantener y mejorar las condiciones de trabajo de dicho personal y apoyando, en todo lo que esté a nuestro alcance, a la ciudadanía española en el exterior.
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