lunes, 6 de agosto de 2001

I Edición de EXPO ESPAÑA

Fuente: EFE

La feria Expo España 2001, que concluye hoy en Honduras, "ha sido un éxito", aseguró el presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio en Honduras, Arnoldo Zablah.
En declaraciones a EFE, dijo que la muestra ha marcado el inicio de una relación comercial y de negocios entre empresarios hondureños y españoles.
"Varios de los inversionistas españoles no sólo han venido a buscar potenciales socios, sino también representación en Honduras para algunas casas comerciales", añadió Zablah, quien señaló, además, que la empresa privada de San Pedro Sula, en la región norte de Honduras, ha recibido con mucho interés la Expo España 2001.
Zablah también adelantó que la Cámara Oficial Española de Comercio en Honduras espera celebrar anualmente una muestra similar, que podría ser presentada en junio de 2002, con ocasión de la feria patronal de esta ciudad, la segunda del país en importancia.
Asimismo, informó de que, en materia turística, la cadena Barceló está interesada en tener una mayor presencia en Honduras, que ya inició con la construcción de un hotel en La Ceiba, y otra empresa española, cuyo nombre no precisó, posiblemente construya un complejo en Islas de la Bahía, ambos lugares en el Caribe.
Silvestre Huguet Salvador, gerente general de la empresa AMT (Aceros, Maquinaria, Tratamientos), dijo a EFE que San Pedro Sula ofrece oportunidades al inversor extranjero y que, en el caso de su empresa, instalada hace unos 18 años, ha tenido una buena recepción el equipo industrial que ofrece.
AMT es distribuidora en San Pedro Sula de maquinaria de todo tipo, entre la que figuran tornos y herramientas para cortes.
Una de las marcas españolas que representa AMT en Honduras es Pinacho, que fabrica tornos y otra maquinaria industrial.
En Centroamérica, la maquinaria de Pinacho ha sido adquirida por algunas empresas en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y en la ciudad de Santa Ana, El Salvador.
Otra de las industrias españolas que busca representantes en Honduras es Cisne, que ofrece productos para la limpieza, como friega suelos, cubos y carros.
En la Expo España 2001 también ha participado la empresa Ibero Equipos, con una muestra de equipo para la construcción e instalaciones para prefabricados.
Shalom Corporación, representante de pastelería y bollería española Castelló, espera comenzar a vender en Honduras, a partir de noviembre próximo, varios tipos de pan, reconocidos en países como Alemania, Portugal, Francia, Gran Bretaña e Italia, explicó a EFE el gerente de Operaciones, Werner De León.
El ejecutivo de Shalom Corporación indicó que ahora, la empresa sólo opera en Guatemala, donde tiene su sede regional, y que Honduras sería el segundo país de Centroamérica donde desarrollaría su trabajo. La empresa panificadora, de origen valenciano, lleva trabajando desde hace unos 50 años, y ofrece galletas, pan pizza, pan con jamón y pan tostado, entre otros artículos.
En la Expo España 2001 han participado 38 empresas españoles, y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid hizo llegar a la feria una lista de más de 130 empresas interesadas en venir a Honduras.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) también participa en la feria comercial española, como parte de su programa de asistencia crediticia a pequeños y medianos empresarios de la región.
La Expo España 2001 fue inaugurada el pasado jueves por el designado presidencial (vicepresidente) hondureño, William Handal, a quien acompañaron el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Larios Silva, y el embajador de España acreditado en Tegucigalpa, José Javier Nagore San Martín.

sábado, 30 de junio de 2001

40 años del Canje de Notas sobre supresión de visados entre España y Honduras

Se cumplen 40 años del Canje de Notas de 30 de junio de 1961 sobre supresión de visados entre España y Honduras, hecho en Tegucigalpa.

Conforme al mismo:
1. Los súbditos españoles sea cual fuese el lugar de su residencia, provistos de pasaporte válido expedido por las autoridades competentes de su país, podrán entrar y permanecer en Honduras sin necesidad de visado consular, por períodos superiores a tres meses.
2. Los ciudadanos hondureños, sea cual fuese el lugar de su residencia, provistos de pasaporte válido expedido por las autoridades competentes de su país, podrán entrar y permanecer en España, sin necesidad de visado consular, por períodos no superiores a tres meses.

jueves, 28 de junio de 2001

Cooperación Sindical para el Desarrollo

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, RAFAEL RODRÍGUEZ-PONGA SALAMANCA, ANTE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL CONGRESO, PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS FUTUROS DE LA CITADA AGENCIA
(BOCG núm. 282, 28 de junio de 2001)

[...]

En tercer lugar, estamos convencidos de que el desarrollo necesita un marco institucional adecuado y por ello nos esforzaremos en apoyar el reforzamiento institucional, desde la institución más básica y sencilla, como puede ser la familia, hasta el apoyo a reformas administrativas y políticas que conduzcan al buen gobierno, la lucha contra la corrupción, la consolidación de la democracia y del Estado de derecho, las libertades individuales y la defensa de los derechos humanos, empezando por el primer derecho, que es el derecho a la
vida. Y en ese sentido trabajamos en cooperación con otros gobiernos, con otros agentes sociales y trabajamos también con las centrales sindicales, y esto es una novedad en la política de cooperación, por lo menos en la política de cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y es que vamos a establecer unos programas de cooperación con las centrales sindicales. De la misma manera que durante unos años en España el apoyo de centrales sindicales de otros países europeos significó un paso importante en la consolidación de la democracia, estamos convencidos de que las centrales sindicales españolas, y en concreto las centrales mayoritarias, Comisiones Obreras y UGT, pueden prestar un gran apoyo en el fortalecimiento institucional, sobre todo de los países iberoamericanos, y pueden contribuir por tanto al desarrollo económico y social de esos países.

[...]

miércoles, 9 de mayo de 2001

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares

El Reino de España y la República de Honduras, en su deseo de permitir el libre ejercicio de actividades remuneradas, sobre la base de un tratamiento recíproco, a los familiares dependientes a cargo de los empleados de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales de una de las Partes destinados en misión oficial en el territorio de la otra Parte, acuerdan lo siguiente:


ARTÍCULO 1

Los familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de España en la República de Honduras y de la República de Honduras en España, quedan autorizados para ejercer actividades remuneradas en el Estado receptor, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado, una vez obtenida la autorización correspondiente de conformidad con lo dispuesto en este Acuerdo. Este beneficio se extenderá igualmente a los familiares dependientes de nacionales españoles u hondureños acreditados ante Organizaciones Internacionales con sede en cualquiera de los dos países.

ARTÍCULO 2

Para los fines de este Acuerdo se entienden por familiares dependientes:

a) Cónyuge, b) Hijos solteros menores de veintiún años, que vivan a cargo de sus padres, o menores de veintitrés que cursen estudios superiores en centros de enseñanza superior y, c) Hijos solteros que vivan a cargo de sus padres y tengan alguna incapacidad física o mental.

ARTÍCULO 3

No habrá restricciones sobre la naturaleza o clase de empleo que pueda desempeñarse. Se entiende, sin embargo, que en las profesiones o actividades en que se requieran cualificaciones especiales, será necesario que el familiar dependiente cumpla con las normas que rigen el ejercicio de dichas profesiones o actividades en el Estado receptor. Además, la autorización podrá ser denegada en aquellos casos en que, por razones de seguridad, puedan emplearse sólo nacionales del Estado receptor.

ARTÍCULO 4

La solicitud de autorización para el ejercicio de una actividad remunerada se realizará por la respectiva Misión Diplomática mediante Nota Verbal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta solicitud deberá acreditar la relación familiar del interesado con el empleado del cual es dependiente y la actividad remunerada que desee desarrollar. Una vez comprobado que la persona para la cual se solicita autorización se encuentra dentro de las categorías definidas en el presente Acuerdo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor informará inmediata y oficialmente a la Embajada del Estado acreditante que el familiar dependiente ha sido autorizado para trabajar, sujeto a la reglamentación pertinente del Estado receptor.

ARTÍCULO 5

Un familiar dependiente que goce de inmunidad de jurisdicción de acuerdo con el artículo 31 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas o de acuerdo con la Convención de Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas, o cualquier otro instrumento internacional y que obtuviera empleo al amparo del presente Acuerdo, no gozará de inmunidad civil ni administrativa frente a acciones deducidas en su contra respecto de los actos o contratos relacionados directamente con el desempeño de tales actividades, quedando sometidas a la legislación y a los Tribunales del Estado receptor en relación a las mismas.

ARTÍCULO 6

En el caso de que un familiar dependiente goce de inmunidad ante la jurisdicción criminal del Estado receptor de conformidad con las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares o bajo cualquier otro instrumento internacional que pueda ser aplicable:

a) El Estado acreditante renunciará a la inmunidad del familiar dependiente en cuestión ante la Jurisdicción criminal del Estado receptor respecto de cualquier acto u omisión cometidos en relación con su trabajo, salvo en supuestos especiales en los que el Estado acreditante considere que tal renuncia fuese contraria a sus intereses.
b) La renuncia a la inmunidad de la jurisdicción criminal no se entenderá como extensible a la ejecución de la sentencia, para lo cual se precisará una renuncia específica. En tales casos, el Estado acreditante estudiará seriamente la renuncia a esta última inmunidad.

ARTÍCULO 7

El familiar dependiente que desarrolle actividades remuneradas en el Estado receptor, estará sujeto a la legislación aplicable en ese Estado en materia tributaria y de seguridad social en lo referente al ejercicio de dichas actividades.

ARTÍCULO 8

Este Acuerdo no implica reconocimiento de títulos, grados o estudios entre los dos países.

ARTÍCULO 9

La autorización para ejercer una actividad remunerada en el Estado receptor, expirará en un plazo máximo de dos meses desde la fecha en que el agente diplomático o consular, empleado administrativo o técnico del cual emana la dependencia, termine sus funciones ante el Gobierno u Organización Internacional en que se encuentre acreditado, sin que el tiempo que permanezca en esta situación tenga ningún valor ni produzca ningún efecto al solicitar permisos de trabajo y residencia regulados con carácter general en la normativa del Estado receptor.

ARTÍCULO 10

Las Partes se comprometen a adoptar las medidas que fueren necesarias para aplicar el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 11

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación a la otra Parte por escrito y par vía diplomática de su intención de denunciarlo. La denuncia surtirá efectos transcurridos seis meses a partir de la fecha de la notificación.

ARTÍCULO 12

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última Nota en la que las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por sus respectivos ordenamientos jurídicos internos para la celebración de tratados internacionales.

En fe de lo cual, los abajo firmantes firman el presente Acuerdo.

Hecho en Madrid, el día 9 de mayo del año 2001 en dos ejemplares, siendo igualmente auténticos los textos.

lunes, 1 de enero de 2001

Honduras: Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales (2001)

Fuente: CIOSL 

A pesar de notables mejoras, en las maquiladoras los sindicatos siguen teniendo dificultades para desarrollar actividades. El contexto legislativo y económico engendra un clima poco propicio al desarrollo de sindicatos.

Marco legal restrictivo

En Honduras hay numerosos obstáculos legislativos que condicionan la creación de sindicatos. Los trabajadores de ciertas explotaciones agrícolas y de cría de ganado están excluidos del código laboral y, en consecuencia, no gozan de libertades sindicales. Se necesitan por lo menos 30 trabajadores para poder formar un sindicato, siempre y cuando no exista ya otro en la misma empresa o institución. Además, por lo menos el 90% de los afiliados del sindicato debe ser de nacionalidad hondureña y los extranjeros no pueden tener cargos directivos en el mismo.

La OIT critica las numerosas limitaciones del derecho de huelga, principalmente el quórum excesivo exigido, la imposibilidad de que las federaciones y confederaciones convoquen una huelga y también la facultad de las autoridades de poner término a un conflicto en sectores que no son servicios esenciales. Es también casi imposible hacer huelga en la función pública puesto que la ley exige un preaviso de 6 meses o una autorización gubernamental.

El gobierno se niega a reconocer sindicatos en las zonas francas de exportación

En las zonas francas de exportación hubo mejoras notables: lo demuestran los dos certificados de conformidad emitidos por primera vez a dos empresas hondureñas (por una entidad privada) para mejorar las condiciones de trabajo de las maquilas. No obstante, las violaciones de derechos no se han terminado y los sindicalistas sufren regularmente todo tipo de represión.

En julio de 1999, los trabajadores de Kimi y de Yoo Yang, dos empresas situadas en la zonas francas de exportación del Parque Continental de La Lima, decidieron formar un sindicato, el SITRAIMASH, con la esperanza de llevar a cabo una negociación colectiva para toda esa zona franca, conocida por su posición antisindical. En marzo de 2000, es decir, tres meses después del plazo estipulado por la ley hondureña, las autoridades rechazaban el pedido con el pretexto de que no se había cumplimentado el trámite de registro y que la ley prohibía la coexistencia de dos sindicatos en el seno de una misma empresa. Ahora bien, en realidad los trabajadores no tenían la intención de crear dos sindicatos dentro de la misma empresa sino una federación sectorial que se sumaría al sindicato que ya existía en la empresa KIMI. A raíz de la negativa del Ministerio de Trabajo, los trabajadores de Yoo Yang se vieron privados del derecho fundamental de sindicalizarse. Se apeló la decisión pero a finales del año todavía no se había tomado ninguna resolución. Por ese motivo, la Federación Internacional del Textil, el Vestido y el Cuero presentó una queja ante la OIT.

A pesar de ello, unos días antes de que las autoridades se pronunciaran por la negativa, Yoo Yang había hecho un acuerdo con SITRAIMASH que debía conducir a un convenio colectivo una vez que fuera reconocida la federación sectorial. La esperanza no duró mucho puesto que la patronal notificó al sindicato que no respetaría el acuerdo hasta tanto el SITRAIMASH no estuviera registrado oficialmente. Como reacción, los trabajadores decidieron fundar un sindicato de empresa. También en esta oportunidad se retardó el registro debido a maniobras turbias. Diversas organizaciones de índole social sospechaban que la empresa había sobornado a los dirigentes sindicales puesto que éstos dimitieron y desaparecieron el mismo día en que fue presentado el pedido de registro al Ministerio de Trabajo. Finalmente, los trabajadores consiguieron que se reconociera oficialmente su sindicato recién después de la segunda solicitud y tras 14 meses de espera; se llama Sindicato de Trabajadores de la Empresa Yoo Yang (STEYY).

Sin embargo, los trabajadores de KIMI no tuvieron esa suerte. KIMI fue la primera empresa de la zona franca que negoció con un sindicato y en 1999 el propietario de la misma la había declarado indeseable, afirmando que no quería sindicatos en su predio. No obstante, la empresa había conseguido permanecer allí con ciertas condiciones. Algo más tarde, la patronal decidió trasladar su producción a una empresa “no sindicalizada” de Guatemala, haciendo total caso omiso de los acuerdos negociados hasta entonces con el sindicato.

Fue reprimida una huelga

A comienzos del mes de octubre, la policía intervino de manera brutal durante una huelga convocada por la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH). La CTH protestaba por el aumento constante de los servicios básicos (agua, electricidad...) y reclamaba asimismo un aumento salarial a fin de atenuar la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, que se degrada constantemente desde que pasara el huracán Mitch. En el curso de la huelga, la policía intentó dispersar en varias oportunidades a los trabajadores que manifestaban en zonas neurálgicas del país, principalmente en los puertos. En las filas de los manifestantes hubo decenas de heridos.
---
* CCOO integra la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres - CIOSL 

miércoles, 29 de noviembre de 2000

Quesada narra las delirantes aventuras de un hondureño en Nueva York

Fuente: El País


El escritor Roberto Quesada (Honduras, 1962), afincado en Nueva York desde hace 11 años, narra en Big Banana, su segunda novela y la primera publicada en España, por Seix Barral, las "delirantes aventuras de un hondureño en Nueva York". Se trata de una obra impregnada de humor, sueños y ritmo frenético, protagonizada por un grupo de emigrantes latinos en la gran ciudad. Según contó el propio Quesada -que no quiere ser catalogado como un escritor del Tercer Mundo sino como un autor de Tres Mundos, Honduras, Nueva York y España-, en la presentación del libro en Madrid, en la que estuvo acompañado por Jesús Ferrero, llegó a Nueva York "una tarde lluviosa para engañar las lágrimas, con veinte dólares en el bolsillo y mudez idiomática". Pero huye de lo dramático y se decanta por el humor, "la mejor arma de defensa de todo un pueblo, el latinoamericano" y afronta "victorioso" la nostalgia.

Quesada, delegado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por la embajada de Honduras, relata en Big Banana las aventuras y desventuras de Eduardo Lin, un hondureño enamorado de Nueva York, al que no le importa malvivir en la Gran Manzana con tal de conseguir su sueño de ser actor. Su novia, Miriam, una periodista hondureña que siente fascinación por el personaje de James Bond, pero sólo por el interpretado por el Roger Moore; y el entrañable Casagrande, un chileno que comparte piso y sueños con el protagonista, son los otros dos pilares sobre los que descansa la novela. En Big Banana, "realidad y sueños se funden y confunden, y sus personajes se burlan de todo, empezando por sí mismos".

viernes, 24 de noviembre de 2000

Aprobado el primer Plan Director de la Cooperación Española

En los últimos veinte años, España ha pasado de la condición de receptor de ayuda oficial al desarrollo (AOD) a la condición de donante, cuya política de cooperación al desarrollo, inspirada en la Constitución, expresa la solidaridad del pueblo español con los países en vías de desarrollo y, particularmente, con los pueblos más desfavorecidos de otras naciones sobre la base de un amplio consenso político y social a escala nacional.


La Ley de Cooperación, en su artículo 31, reconoce a los sindicatos como uno de los agentes de la cooperación para el desarrollo, labor que han venido realizando en los ámbitos de programas de apoyo al fortalecimiento de las organizaciones sindicales de los países en desarrollo, así como en la puesta en marcha de actuaciones relacionadas con la creación de empleo, formación profesional, mejoras en el área social, procesos de democratización, buen gobierno, defensa de los derechos fundamentales, educación y sensibilización para el desarrollo. Así mismo se presta regularmente apoyo a los programas
de la OIT financiados por la AECI."



IBEROAMÉRICA
 
• Es el área principal de nuestra cooperación, tanto más cuanto que existe ya
un marco regional de cooperación, el Convenio de Bariloche, en el contexto de la Conferencia Iberoamericana, que requiere una atención preferente y recursos
específicos. En 1999 se destinaron 60.107 millones de pesetas a este área, a razón de 12.180 millones de pesetas en concepto reembolsable y 47.927 millones de pesetas en no reembolsable; es decir, el componente de liberalidad de nuestra AOD hacia esta región es el mayor de toda nuestra cooperación bilateral, lo que es coherente con las necesidades de una región donde el bajo nivel de ahorro nacional y el alto grado de exposición de su sector exterior a los países desarrollados, un 63%, aproximadamente,
implican un riesgo especial a problemas de endeudamiento externo.
• La liberalización y desregulación de la economía, en suma las reformas
económicas realizadas en la región han atraído un volumen sustancial de inversión directa. La presencia del sector privado español en esas economías es un dato de importancia a la hora de elaborar una estrategia de cooperación que refuerce el compromiso inversor de nuestro país dedicado especialmente al desarrollo social básico, infraestructuras e inversión en el ser humano con el objetivo primordial de alivio de la pobreza en un marco de desarrollo sostenible, para lo que un aspecto esencial es la formación de cuadros.



Dentro de Iberoamérica, sin embargo, el distinto nivel de desarrollo determinará un grado distinto de prioridad para la acción de la cooperación española. Los países que tendrán la consideración de países programa serán,
• en América Central: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los cuales representan el núcleo principal de la estrategia regional de cooperación para Centroamérica.
• en el Caribe: la República Dominicana.
• respecto a América del Sur, los países programa serán: Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay.
• además de este conjunto de países, mención particular merecen Colombia y Cuba.
• Colombia será objeto de un programa especialmente dirigido a acompañar el
proceso de arreglo del conflicto, cuyas bases ya se están estableciendo.
• en lo relativo a la política española de cooperación respecto a Cuba se dirigirá a facilitar la evolución interna del país y a apoyar la mejora de las condiciones de vida de la población cubana, tanto a través de la cooperación bilateral como de la realizada desde la Unión Europea.

Conforme a este primer Plan Director de la Cooperación Española, "Para lograr estos objetivos, [...] debe fomentarse una política de información y comunicación con los diferentes actores de la cooperación (sindicatos, empresas, instituciones y ONGs) que permita una mayor presencia española en la gestión y ejecución de proyectos de estos organismos."


En ese sentido, la estrategia incorporará a la propia Administración, Sindicatos, empresas y Organizaciones empresariales, Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo tanto a nivel bilateral como multilateral.

"Los sindicatos son instituciones especializadas en el ámbito laboral y uno de los tres pilares básicos del pacto social en el que se sustenta el actual estado de derecho. Entre sus fines esta la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, actividad que realizan con carácter internacional.


Consulte el texto íntegro en www.aecid.es

martes, 7 de noviembre de 2000

Cooperación española tras el Mitch

Fuente: EFE

La cooperación no reembolsable de España a Honduras, el país de Centroamérica más afectado por el huracán Mitch en 1998, se ha cuadruplicado en los últimos dos años, según se informo hoy, martes.
El embajador de España en Tegucigalpa, Carlos Gómez-Múgica, dijo a EFE que después del Mitch se ha desarrollado un trabajo que ha servido para una mayor presencia española en Honduras.
Como ejemplo de esta presencias, Gómez-Múgica señaló que hace dos años solamente había dos organizaciones de desarrollo no gubernamentales (ONG) con sede y ahora hay 21.
Uno de los campos que más se ha fortalecido con la cooperación española es el de la educación, con la reparación y reconstrucción de escuelas y colegios en diferentes regiones del país.
Uno de esos centros es el "Instituto España Je
sús Milla Selva", en Te
gucigalpa, del cual fueron recientemente inauguradas 11 aulas con su respectivo mobiliario y laboratorios.
Este centro educativo, que durante la emergencia que provocó el Mitch se convirtió en albergue para miles de damnificados, también duplicó su población estudiantil.
Actualmente 5.000 estudiantes de nivel medio se forman en la institución, que fue visitada en noviembre de 1999 por el presidente del Gobierno español, José María Aznar.
Gómez-Múgica indicó que España continúa apoyando en Honduras "el reforzamiento de las instituciones democráticas, sin abandonar áreas tan sensibles como salud, educación y seguridad alimentaria, o tan importantes para el desarrollo económico como los proyectos forestales, teniendo en cuenta la vulnerabilidad del país".
La mayor parte de la ayuda se canaliza a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), clasificada en dos tipos de acciones: las motivadas por la emergencia tras el desastre ocasionado por el Mitch (fondos extraordinarios de emergencia) y aquellas otras que se inscriben en programas de cooperación.
Fernando Mudarra, director de la AECI en Honduras, dijo que el monto de la ayuda de emergencia y cooperación ordinaria para el período 1999-2000 asciende a 61,2 millones de dólares.
El Programa Ordinario de Cooperación incluye, entre otros proyectos, desarrollo de los municipios, ordenamiento territorial a nivel municipal y nacional; apoyo a la elaboración del nuevo sistema procesal penal, fortalecimiento del poder judicial, turismo, restauración y rehabilitación de monumentos históricos.
Otros se extienden a salud y educación como el apoyo al Programa Materno Infantil, al Centro Nacional de Biológicos, la lucha contra el SIDA, reformas al sistema educativo, alfabetización de adultos, construcción de 1.000 viviendas en el proyecto "Ciudad España" y asistencia a las comunidades indígenas.
España también financia la elaboración del mapa nacional de contingencias, un inventario de recursos hídricos, proyectos de pesca artesanal, cooperativas cafetaleras, fomento de empresas de mujeres para la producción y programas de becas.
El embajador de España destacó que la visita a Honduras de Aznar; del Príncipe Felipe de Borbón y la Infanta Cristina, después del paso del Mitch, fortalecieron las relaciones bilaterales.
Añadió que España "ha hecho un esfuerzo notable por contribuir a la reconstrucción y transformación de Honduras", y recordó que hay un compromiso de financiación en condiciones ventajosas por unos 200 millones de dólares.

martes, 24 de octubre de 2000

La cancillería de Honduras investigará la situación de 36 marineros hondureños que permanecen en un transatlántico retenido desde hace más de un mes en Barcelona

Fuente: EFE
La cancillería de Honduras investigará la situación de 36 marineros hondureños que permanecen en un transatlántico retenido desde hace más de un mes en Barcelona (España) como consecuencia de problemas financieros de la empresa naviera.
El viceministro hondureño de Relaciones Exteriores, Tomás Arita, dijo hoy a periodistas locales que, aunque se carece de un informe oficial sobre el caso, se han iniciado gestiones para que la embajada hondureña en Madrid brinde ayuda a los tripulantes.
Familiares de los marinos pidieron hoy, a través de la prensa, la asistencia gubernamental para el sustento de los marineros en Barcelona y su eventual regreso a Honduras.
Arita remarcó que se brindará ayuda a los marinos una vez que la cancillería conozca oficialmente un informe de su situación.
Los hondureños forman parte de la tripulación de 260 personas de 26 nacionalidades a bordo del crucero "Sea Wind Crown", que permanece en Barcelona desde el 17 de septiembre pasado por un embargo contra la empresa propietaria, "Premier Cruise Lines"(EEUU).
Según versiones difundidas por la prensa hondureña, las raciones de agua y alimentos del crucero se están agotando y no hay muchas posibilidades de un arreglo con la empresa.
Los marinos no han recibido sus salarios ni la liquidación por parte de la compañía de cruceros, que fue embargada por un banco estadounidense.

viernes, 7 de julio de 2000

Consejo de Ministros autoriza a hispano-hondureños a tener pasaporte español

Madrid, 7 jul (EFE).- El Consejo de Ministros aprobó hoy la firma del Protocolo Adicional entre el Reino de España  y la República de Honduras, que modifica el Tratado de Doble Nacionalidad de 15 de junio de 1966, para adecuarlo al artículo 11.3 de la Constitución.

Se establece a tal fin que las personas que se hayan acogido a dicho Convenio podrán desvincularse de la aplicación del mismo, mediante declaración de voluntad ante la autoridad competente, sin perder la última nacionalidad adquirida.
Los efectos de este Protocolo para los españoles actualmente acogidos al Convenio son que se les va a poder documentar con pasaporte español y que van a poder ejercer sus derechos electorales en España, sin renunciar por ello a su nacionalidad hondureña ni al ejercicio de los derechos derivados de ésta.

sábado, 1 de julio de 2000

Los procesos de integración económica en América Latina: una respuesta sindical



En el marco del 7º Congreso Confederal de CC.OO., y organizado por la Secretaría de Relaciones Internacionales, se celebró durante los días 10 y 11 de abril de 2000 un Seminario Internacional sobre «Los procesos de integración económica en América Latina: una respuesta sindical». En él se abordaron los problemas que plantean los diferentes procesos de integración económica que se están desarrollando en el área y el impacto de las inversiones extranjeras en las economías de estos países, así como las políticas sindicales que deben enfrentarse a ellos.
La asistencia al 7º Congreso de CC.OO. de delegaciones de sindicatos de la práctica totalidad de los países de América Latina, con representaciones al máximo nivel, brindó la oportunidad de abrir un rico debate en el que se intercambiaron experiencias e ideas sin la necesidad de alcanzar unas conclusiones cerradas que la propia naturaleza de los temas tratados hubiera hecho difícil en cualquier caso. Sin embargo, los puntos de vista compartidos por la mayoría de los asistentes, que se resumen en el apartado de conclusiones de este número de Cuadernos Internacionales, configuran un importante acervo común.
El seminario se estructuró en una conferencia y dos paneles. La conferencia, que tuvo como título «Competencia global, integración parcial», la impartió Juan Ignacio Palacio, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Enmarcó el debate a partir de las enseñanzas de la experiencia europea.
En el primer panel se analizaron y debatieron los procesos de integración económica y las respuestas sindicales y sociales a los mismos a partir de las ponencias presentadas por Daniel Vásquez, coordinador de Redacción y Propaganda de la UNSITRAGUA (Guatemala) Juan José Gorriti, secretario general de la CGTP (Perú), y Julio García, secretario de Integración del PIT-CNT (Uruguay).
Las experiencias de integración económica en Centroamérica, la región andina y el Cono Sur sirvieron de base para analizar estos procesos en todo el continente y su relación con la globalización, en el contexto de las políticas económicas neoliberales dominantes.
Frente a la realidad de un incremento de la pobreza y la desigualdad y de las
políticas de recorte de los derechos laborales y sindicales, resulta imprescindible el fortalecimiento del sindicalismo latinoamericano, siendo inaplazable reforzar su capacidad de coordinación y acción transnacionales. Integración política democrática, y no sólo económica, y extensión de los derechos sociales, desde un nuevo papel de lo público, son ejes vertebradores del pensamiento sindical frente a las políticas neoliberales.
Las inversiones extranjeras, tan necesarias pero también tan controvertidas, y la acción sindical en las empresas transnacionales fueron el tema del segundo panel.
Andrés Gómez, entonces secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO., presentó una ponencia sobre acción sindical en las empresas multinacionales, y Oscar Valverde, experto en cooperación técnica y responsable del programa ACTRAV de la OIT, otra sobre relaciones laborales y diálogo social en las zonas francas y «maquilas».
De nuevo, la necesidad de coordinar eficazmente la acción sindical de los trabajadores de las empresas transnacionales resulta ineludible, y el papel que en ella han de jugar los sindicatos de los países en donde tienen su sede matriz las multinacionales es fundamental. Es uno de los pilares del internacionalismo solidario que la globalización no permite descuidar por más tiempo, a pesar de las muchas dificultades de este tipo de acción sindical. El papel de las multinacionales españolas en América Latina en sectores como la energía, las comunicaciones y la banca obliga al sindicalismo de clase español
a hacer de este tipo de trabajo una de las prioridades de su acción sindical internacional.
(...)

2.1. EL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA)
Daniel Vásquez Cisneros
Coordinador Redacción y Propaganda de la UNSITRAGUA de Guatemala
El Sistema de Integración Centroamericana, conocido como SICA, necesariamente nos conduce a lo que se conoce como Sistema de Integración Económica de Centroamérica, SIECA, puesto que no puede obviarse el aspecto económico como fase de un proceso de integración, indistintamente la región en la que se aplique.
Como marco de referencia, históricamente, la región centroamericana surge de
forma integrada tras lograr su independencia, proclamándose como Provincias Unidas del Centro de América, como estados federados, cuya sede continuó siendo la misma que se asentó en el tiempo de la colonia, la provincia de Guatemala.
Centroamérica antes de alcanzar su independencia, su control absoluto desde la capitanía general del Reino de Guatemala sobre el resto de sus provincias, tendencia que continuó aún después de su independencia. Se sumó la concentración de la industria manufacturera y consecuentemente la economía de la región, lo que permitió a Guatemala alcanzar mayor desarrollo industrial y de infraestructura ante el resto de países de la región.
 
Situación de Centroamérica de 1923 a 1950
En la década de los años veinte, de relativa bonanza económica, surgieron y se desarrollaron movimientos obreros y campesinos en toda Centroamérica. Recibió tal impacto por vía de pequeños grupos de intelectuales y de artesanos, en donde la futura historia social de esta región encontrará las raíces de los actuales conflictos.
Surge la organización sindical en las plantaciones y los movimientos de protesta con caracteres más modernos. La huelga de los obreros de la Fruit Co. en Honduras y en Nicaragua revela un comportamiento ideológico nuevo que nada tiene que ver con la pasividad campesina. Son, sin embargo, movimientos económicos sin ningún contenido político y corresponden al despertar de una conciencia nacionalista que la crisis de 1930 postergó para otra generación.
El balance general de esta etapa es muy desfavorable para el proceso de desarrollo y para la consolidación de la sociedad nacional en Centroamérica. Tal período puso de manifiesto no sólo los efectos y limitaciones de la reforma liberal, sino la imposibilidad de modernizar el sistema político y su base económica.

Factores que favorecieron la integración económica
No puede aducirse causa única que condujera a la fórmula de una nueva modalidad de desarrollo económico sobre la base de la integración de los Estados de la antigua federación;
es decir, que existen varios factores que favorecieron la integración económica:
1. Como resultado de la insatisfacción de los grupos urbanos se habían producido en Centroamérica significativos cambios políticos.
2. En el año 1940, Costa Rica tiene importantes reformas sociales, dando paso a la superación de modalidades dictatoriales tradicionales de organización económica.
3. En 1944, Guatemala, con el derrocamiento de la dictadura del coronel Jorge Ubico que duró 30 años, dio paso a reformas económicas y sociales.
4. En 1948 en El Salvador es derrocada la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez.
5. En ese mismo año en Costa Rica, producto de una rebelión, si bien tuvo origen electoral, se dan cambios en el mismo orden.
6. En 1949, Honduras, ante la dictadura del general Tiburcio Carías se abre paso a cambios.
7. En Nicaragua, si bien Anastasio Somoza continúa gobernando, empezó a presentar otra imagen menos dictatorial.
 
En síntesis, la región centroamericana empezó a advertir una voluntad de renovación.
Como en todo proceso, se presentan algunos obstáculos contra la integración. En su mayoría, industriales y agricultores recelaban del libre comercio por temor a su propia ineficiencia, por lo que se oponían a la liberalización del intercambio, así como una serie de excusas sin fundamento.
Al inicio de la década de los años 50, la tendencia moderna hacia la integración económica centroamericana sólo existía como instrumento de libre comercio del istmo. A partir de 1951, lentamente tomaba cuerpo el programa multilateral de integración económica auspiciado por la CEPAL.
La iniciativa de El Salvador de iniciar la concertación de tratados bilaterales de libre comercio con los demás Estados condujo al resto de países de la región a hacerlo con los demás Estados.
Los tratados bilaterales eran modestos en sus alcances y podían calificarse de tímidos experimentos; sin embargo, constituyeron la base del Mercado Común Centro Americano.
Centroamérica inicia sus procesos de integración en 1950, un siglo después de su independencia y las guerras civiles que dieron al traste con la federación, los 5 Estados centroamericanos se encontraban entre los países más pequeños y menos desarrollados de América Latina, con una población de 8 millones de personas.
La dependencia de cada Estado de los capitales y mercados del exterior, el crecimiento económico sostenido se veía entorpecido por el escaso ahorro, la débil capitalización, la carencia de tecnologías modernas, la inestabilidad de los mercados exteriores y la distribución desigual del ingreso, condiciones que se mantienen en la actualidad, las cuales no han sido factor positivo en el proceso de integración.
Frente a todo ello, el crecimiento acelerado de la población motivaba a enfrentar un problema con mayor gravedad, pues se encontraba insuficiente para promover empleo a los centroamericanos y menos para mejorar las condiciones de vida de los sectores mayoritarios.
Al inicio del programa de integración económica centroamericana, la influencia de la ONU se hizo sentir particularmente por medio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con un pensamiento económico desarrollista nacionalista.
En ese organismo imperaba un espíritu de solidaridad latinoamericano y una convicción cada vez más definida de que el desarrollo de América Latina requería una acción conjunta en el ámbito de lo económico, con posibilidades de expansión de la demanda mediante el intercambio recíproco, a fin de lograr una mejor integración de sus economías y un mayor desarrollo de su productividad y de su ingreso real.
Ello sólo podría alcanzarse mediante el impulso de desarrollo por vía de la industrialización y la sustitución de importaciones.
La CEPAL solicita al secretario ejecutivo de la Comisión invitar a los gobiernos centroamericanos a constituir un Comité de Cooperación Económica integrado por los ministros de economía, con lo cual se inicia oficialmente el Programa de Integración Económica Centroamericana, contando con una Secretaría Técnica de la CEPAL y con un organismo coordinador, el Comité de Cooperación Económica del istmo centroamericano (CCE).
 
El Comité de Cooperación Económica llegó a contar con seis subcomités de carácter permanentes:
1. De Comercio.
2. Coordinación Estadística.
3. Electrificación.
4. Transporte.
5. Vivienda.
6. Desarrollo Agropecuario.
Contaba, además, como órgano permanente con la Comisión de Iniciativas Industriales.

El CCE cumplió un extraordinario papel a lo largo del proceso de integración económica, especialmente durante la década de los años 50, planteando la cuestión de si Centroamérica debía entrar de inmediato a una unión económica o si por el contrario, a una integración gradual.
Se considera no proceder de inmediato a la unión económica completa de las repúblicas centroamericanas, aún cuando ello constituye una aspiración histórica de todas ellas.
Dicha unión tendría consecuencias políticas y administrativas, e implicaría uniformidad en la legislación, unificación monetaria, unificación arancelaria hacia el exterior, unificación fiscal y centralización de la política de desarrollo económico.
En cambio, en algunas actividades económicas importantes, especialmente las de carácter industrial y de transformación de productos agropecuarios y minerales, sería factible establecer unidades de producción del tamaño adecuado para aprovechar las materias primas de la región y poder abastecer los mercados centroamericanos en su conjunto a costos de producción lo más bajos posibles. Lo que significaba establecer industrias nuevas evitando pequeñas fábricas en los diversos países, ubicadas en aquellos sitios que, por
el mercado o cercanía de la materia prima, la mano de obra, la energía, el combustible o por los medios de transporte disponibles, fueran los más convenientes.
A ello se debe que en la región centroamericana se asentaron empresas industriales estratégicas como el caso de la fábrica de vidrio en Guatemala y Costa Rica, el cemento en Guatemala para abastecer a toda la región, las empresas de neumáticos en Guatemala y Costa Rica, entre otras.
En suma, tal como fue concebida originalmente, la integración debía ser enfocada como un proceso gradual y progresivo, y debía responder al objetivo del desarrollo tanto nacional como el de la región en su conjunto.
A comienzos de la década de los años 60 era sentir general que la ODECA podría considerarse como un experimento más entre los tantos que habían fracasado para dar unidad a las repúblicas del istmo.
 
Se crearon los siguientes órganos:
1. Reunión de los Jefes de Estado.
2. Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores.
3. Consejo Ejecutivo.
4. Consejo Legislativo.
5. Corte de Justicia Centroamericana.
6. Consejo Económico Centroamericano.
7. Consejo Cultural y Educativo.
8. Consejo de Defensa Centroamericana.
 
La Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) es debilitada, producto de que la jerarquía subordinaba del Consejo Económico Centroamericano a la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores.
Hasta la década de los 70, el Programa de Integración Económica Centroamericana pasó por tres etapas.

PRIMERA ETAPA. De 1951 a 1957. Se caracterizó por la suscripción de una serie de tratados bilaterales que ofrecieron nuevas experiencias en materia de intercambio.
Analizando los problemas relacionados con la elaboración de la Nomenclatura
Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA) y su manual de Codificación que permitiera negociar el libre comercio y la equiparación arancelaria.
El programa de integración dio origen a dos instituciones centroamericanas, las cuales se fundaron con la cooperación de las Naciones Unidas: La Escuela Superior de Administración Pública para América Central (ESAPAC) y el Instituto Centroamericano de lnvestigación y Tecnología Industrial (ICAITI).
Se crean diversas instituciones al margen del programa de integración: Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), la Cooperación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COSESNA) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
SEGUNDA ETAPA. De 1958 a 1960. En ella tienen inicio las primeras experiencias de cooperación multilateral en materia de liberación del comercio, con la suscripción del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica.
Se ampliaron los estrechos mercados nacionales y se empezaron a crear condiciones para poner en funcionamiento una zona libre de comercio así como un mercado común y una unión aduanera, así como para ordenar el desarrollo industrial de la región.
Se alcanza la suscripción del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica. La suscripción no se logró con facilidad, ya que eran pocas las reservas que tenían los países respecto de varias cláusulas, lo mismo que sobre algunas del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, que se negociaba a la par. Fórmulas transnacionales la hicieron posible.
Desde el primer planteamiento que la CEPAL formuló al Comité de Cooperación
Económica en 1952, insistió en un Programa de Integración basado fundamentalmente en una política regional de desarrollo industrial y en una liberación limitada del intercambio.
El gran problema para lograr la industrialización era la magnitud de los mercados por no existir mercados propiamente nacionales, sino más bien locales, con frecuencia aislados unos de otros debido a las malas comunicaciones. En los convenios comerciales se discutió sobre la adopción de un arancel común de conformidad a los suscritos entre los países centroamericanos, como instrumento para llegar a una unión aduanera
centroamericana.
TERCERA ETAPA. De 1960 a 1970. Se caracteriza por el impulso extraordinario del Programa que permitió conocer sus mejores momentos y sus crisis más profundas.
Se puso en marcha la vigencia del Tratado General de Integración Económica Centroamericana en el territorio de los cinco países, dando como resultado una extraordinaria aceleración del proceso que produjo un notable crecimiento del comercio entre las zonas como: el desarrollo de la infraestructura de la región y la interconexión de sus redes viales; el financiamiento conjunto de las actividades productivas; el perfeccionamiento del Arancel Externo Común; la suscripción de compromisos monetarios y cambiarios; la creación de regímenes jurídicos uniformes especialmente en los campos aduaneros, de incentivos fiscales a la industria y de la propiedad industrial.
Pero también, durante esta etapa, el Programa de Integración vive sus perores experiencias.
Se resalta en esta etapa el desigual desarrollo de los Estados y su consiguiente desigualdad en los beneficios, que habrá de dar origen a graves dificultades; la falta de una conducción adecuada del proceso, resultante de los frecuentes cambios en las estructuras gubernamentales nacionales; el comportamiento no siempre positivo de algunos elementos del sector empresarial de la región, que termina por degenerar el concepto de libre comercio limitado a productos originarios; la falta de coordinación
entre las políticas de desarrollo nacional y las convenidas dentro del Programa, que conspira contra su necesaria coincidencia y, por último, la guerra entre El Salvador y Honduras, que termina de desintegrar el Mercado Común.
Se concluye que durante la tercera etapa tuvieron lugar los hechos que determinaron el auge y la caída del Programa de Integración Económica Centroamericana.
 
Asimismo, en el proceso de integración centroamericana se distinguen las siguientes fases o etapas:
PRIMERA: Una Zona de Libre Comercio caracterizada por la eliminación o reducción progresiva de todo tipo de barreras arancelarias y no arancelarias que impidan o dificulten el intercambio de mercancías originarias, naturales o manufacturadas, entre los territorios de los Estados miembros, con miras a asegurar su libre circulación.
SEGUNDA:Un Mercado Común en el cual, además del libre comercio, comprende
la unificación de los aranceles de los países miembros para el resto del mundo y se uniforma la política comercial externa en sus aspectos más importantes.
TERCERA: La Unión Aduanera supone el libre comercio para todo tipo de mercancías, cualquiera que sea su origen, una administración aduanera común y la comunidad de los ingresos fiscales provenientes del arancel uniforme de importación.
CUARTA: La Unión Económica en la que, además de todo lo anterior, se aseguraría el libre movimiento de personas, bienes y capitales y se adoptarían políticas comunes en lo económico y social.
Por otro lado se apunta que los dirigentes del Programa de Integración, por resolución del Comité de Cooperación Económica del istmo, solicitó a la CEPAL que en cooperación de los organismo financieros internacionales, estudiara las formas de financiamiento que fueran más adecuadas para realizar los planes de desarrollo e integración en Centroamérica.

Como resultado de los estudios efectuados por la CEPAL, se advirtió la necesidad de crear lo que entonces se llamó Instituto Centroamericano de Fomento.
En 1961 se constituye el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que se encargará promover la integración económica y el desarrollo económico equilibrado de los países miembros, atendiendo proyectos de infraestructura, de inversión a largo plazo en industrias de carácter regional, proyectos de especialización agropecuaria, proyectos de financiamiento de empresas que requieran ampliar sus operaciones, proyectos de financiamiento de servicios que sean indispensables para el funcionamiento del mercado común así como otros proyectos productivos.
Otros procesos de integración en la región La confrontación social en la región centroamericana, cuya máxima expresión se manifestó en la guerra protagonizada por grupos insurgentes y ejércitos de Centroamérica,
especialmente en los países de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, provocó
inestabilidad política que repercutió en la situación económica y de integración a nivel de la región.
La profundización del neoliberalismo y sus programas de ajuste estructural, así
como la integración de mercados en el continente europeo y asiático, obliga a los Estados Unidos a cambiar su política militarista en la región por una política de democratización, aunque formalista, para constituir un mercado en la región latinoamericana.
Para el efecto impulsa un proceso de pacificación en la región.
Aquel espíritu de unidad, de integración de nuestros países trae como consecuencia la iniciativa de países como Panamá, Colombia y México de constituir un grupo al que se denominó Grupo Contadora; sin embargo, por los problemas sociales que se dieron en ese momento en Panamá con la invasión estadounidense y los problemas de Colombia, y por creer que era una intervención en los problemas de la región centroamericana, éste fracasó y surge la alternativa materializada en Esquipulas I y consolidada en Esquipulas lI, foros de los presidentes centroamericanos donde se asumió el compromiso de buscar la pacificación del área, la democratización de los gobiernos y el
respeto a la soberanía nacional.
En ese contexto, el movimiento sindical centroamericano, y fundamentado en los compromisos de los gobiernos en los acuerdos de pacificación en cada país, tanto organizaciones afiliadas a la ORIT-CIOSL, CLAT-CMT y aquellas que sin afiliación alguna constituyen la línea independiente de la región para coadyuvar con estos procesos y especialmente con la integración constituyeron un proceso denominado Coordinadora Centroamericana de Trabajadores, COCENTRA, la cual en los primeros años de la década de los 90 desarrolló un trabajo muy efectivo e hizo planteamientos serios desde el punto de vista político, económico y social a los distintos foros o reuniones que presidentes
y ministros llevaron a cabo en la región.

Este proceso se ha visto un poco disminuido por la creación de otras instancias, que aunque su objetivo es fortalecer, provocó la división y la propia línea de cada una de las indicadas, las cuales hacen esfuerzos por seguir en el proceso de unidad y planteamientos de integración. Asimismo, a lo largo de los procesos integracionistas, la sociedad civil crea la instancia denominada 
INICIATIVA CIVIL PARA LA INTEGRACION CENTROAMERICANA, con participación de distintos sectores organizados de la sociedad civil, en la cual se discuten temas de connotada relevancia, en cuyo seno se encuentra conformada una mesa laboral con participación de dos referentes, COCENTRA y
CTCA, cabe señalar que las discusiones y propuestas no estuvieron a la altura del proceso oficial y que en la actualidad se ha estancado.
La ICIC se aglutina por la necesidad de incidir en los procesos oficiales, ya que el movimiento social no estaba representado en el SICA, por lo que no se reflejaría la propuesta y los planteamientos sobre los problemas sociales.
Como resultado de estas iniciativas de los Estados de la región, se constituye lo que hoy se conoce como Parlamento Centroamericano, cuyos diputados son electos popularmente.
Si bien no tiene poder coercitivo, permite impulsar discusión de temas como:
la necesidad de la creación del Código Laboral Centroamericano.
El proceso de integración centroamericana, y especialmente en el marco de las organización sindical, se sigue fortaleciendo a través del diálogo, la negociación y el consenso que se ha impulsado y dentro de los cuales ha contado con el apoyo del Consejo Económico Social de España y en el caso muy particular de Comisiones Obreras, apoyo que ha tenido obstáculos por algunos sectores que pretenden mantener la confrontación en los países del área.
Como en todo proceso de integración en cualquier región del planeta, el eje principal ha sido el referente al aspecto económico como fórmula impuesta por la globalización y el impulso de las políticas económicas.



Cuadernos Internacionales nº 51 (Los procesos de integración económica en América Latina: una respuesta sindical)

jueves, 25 de mayo de 2000

Dictamen del Consejo de Estado sobre doble nacionalidad

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de la Orden de V.E. de 4 de mayo de 2000, con registro de entrada el día 9 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al Protocolo adicional entre el Reino de España y la República de Honduras modificando el Tratado de doble nacionalidad de 15 de junio de 1966, hecho "ad referendum" en Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1999.

De antecedentes resulta:

Primero.- El Protocolo sometido a consulta consta de un breve preámbulo y cuatro artículos.

El artículo 1 define diversos términos a los efectos del Protocolo.

El artículo 2 prevé:

"Los españoles y hondureños que se hayan acogido o se acojan en lo sucesivo a las disposiciones del Tratado, quedarán sometidos a la jurisdicción y a la legislación del país que otorga la nueva nacionalidad para todos los actos que sean susceptibles de producir efectos jurídicos directos en él. En todo lo que no sea incompatible con la presente disposición, se aplicará también a estas personas la legislación de su nacionalidad primitiva".

Conforme al artículo 3, "las personas beneficiadas por el Tratado tienen el derecho de obtener y renovar sus pasaportes y demás documentos de identificación en cualquiera de los dos países o en ambos al mismo tiempo".

Finalmente, el artículo 4 determina que el Protocolo entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a aquel en que ambas Partes se comuniquen que se han cumplido los trámites internos previstos en su legislación y tendrá la misma vigencia que el Tratado del que forma parte.

Segundo.- La Dirección General de Política Exterior para Iberoamérica ha informado favorablemente el 5 de enero de 2000 el Protocolo de referencia.

Tercero.- La Dirección General de los Registros y del Notariado ha informado el 18 de enero de 2000 que no tiene ningúna objeción para que España firme el Protocolo adicional previsto, ya que está en la línea de otros Protocolos adicionales en la misma materia de doble nacionalidad ya ratificados recientemente por España (Protocolo adicional al Convenio de doble nacionalidad con Costa Rica de 23 de octubre de 1997 y Protocolo adicional al Convenio con Nicaragua de 12 de noviembre de 1997).

Finalmente, se observa que la aplicación del citado Protocolo no tendrá, a juicio de esa Dirección General, incidencia económica para la Hacienda Pública.

Cuarto.- El 23 de febrero de 2000 la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior ha emitido informe sobre el Protocolo de referencia, señalando que no existen observaciones que realizar al mismo y que su aplicación no conlleva incidencia económica alguna.

Quinto.- El Gabinete de Tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores ha elaborado el 4 de mayo de 2000 informe con propuesta de resolución relativo al Protocolo entre el Reino de España y la República de Honduras modificando el Tratado de doble nacionalidad de 15 de junio de 1966, hecho "ad referendum" en Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1999.

Indica que el objetivo de dicho Protocolo es permitir que los que se hayan acogido o se acojan en lo sucesivo a las disposiciones del Tratado queden sometidos a la jurisdicción y legislación del país que otorga la nueva nacionalidad para todos los actos que sean susceptibles de producir efectos jurídicos directos en él y, para todo lo que no sea incompatible con lo anterior, se aplicará también a estas personas la legislación de su nacionalidad primitiva. Asimismo, el artículo 3 permite a los beneficiarios obtener y renovar sus pasaportes y demás documentos de identificación en cualquiera de los dos países o en ambos al mismo tiempo. Se destaca, por lo demás, que el Protocolo en cuestión sigue la línea de los que recientemente se han firmado por España con otros países iberoamericanos y trata de dar satisfacción a las reiteradas demandas de la comunidad española en Honduras, al equipararse la situación con la de quienes no se acogieron al Tratado.

A juicio de dicho Gabinete, que cita la doctrina del Consejo de Estado en precedentes análogos, es necesaria en este caso la autorización previa de las Cortes Generales para la prestación del consentimiento del Estado en obligarse internacionalmente, ya que el Protocolo incide en los párrafos c) y e) del artículo 94.1 de la Constitución.

Y, en tal estado el expediente, V.E. dispuso su remisión al Consejo de Estado para dictamen.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado para obligarse mediante el Protocolo adicional entre el Reino de España y la República de Honduras modificando el Tratado de doble nacionalidad de 15 de junio de 1966, hecho "ad referendum" en Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1999.

El Consejo de Estado ha emitido ya dictamen respecto de otros Protocolos con igual fin y análogo texto al que ahora se somete a consulta (i.e. dictamen 763/2000, sobre el Segundo Protocolo adicional al Convenio de nacionalidad de 28 de julio de 1961, suscrito entre España y Guatemala y modificado por el Protocolo de fecha 10 de febrero de 1995, hecho "ad referendum" en Guatemala el 19 de noviembre de 1999).

Siguiendo la doctrina sentada respecto de tales casos, ha de atenderse, para la calificación del Protocolo a que se refiere el presente expediente, al dato de que recae sobre materia reservada a la Ley en el ordenamiento español (artículo 11 de la Constitución) y regulada en el Código Civil, como es la nacionalidad. También puede incidir eventualmente en el ejercicio de derechos derivados de la nacionalidad, por lo que se incluye en los supuestos de los párrafos c) y e) del artículo 94.1 de la Constitución y su conclusión requiere, por tanto, ser autorizada previamente por las Cortes Generales.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del Protocolo objeto de consulta requiere la previa autorización de las Cortes Generales."

V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 25 de mayo de 2000

EL SECRETARIO GENERAL,

EL PRESIDENTE,

EXCMO. SR. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.


miércoles, 22 de marzo de 2000

Diálogo Social en España y en los Países Centroamericanos: El Sindicalismo se ha opuesto a la privatización en Latinoamérica



Conforme al Consejo Económico y Social, "el Encuentro sobre diálogo social en España y en los países centroamericanos, celebrado en Guatemala en marzo de 2000, contó con el apoyo de la AECI y el Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Estos seminarios propiciaron un reconocimiento y acercamiento mutuos como interlocutores entre las organizaciones sindicales y empresariales; en algunos casos, supusieron un primer encuentro entre organizaciones largo tiempo distanciadas y enfrentadas como consecuencia de los conflictos armados en Centroamérica (Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua)".

EFE, sin embargo resaltó que "El Sindicalismo se ha opuesto a la privatización en Latinoamérica, aunque no ha hecho propuestas alternativas a esa corriente económica que se impuso en el Continente, afirmó hoy un directivo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Arturo Bronstein, director del equipo técnico multidisciplinario de la OIT, participa en el Diálogo Social en España y en los Países Centroamericanos que se desarrolla en la ciudad colonial de la Antigua Guatemala, a 45 kilómetros al oeste de la capital.
Según Bronstein, el movimiento sindical está fragmentado, ha sido golpeado por el neoliberalismo y tiene poco protagonismo en la empresa.
El directivo del organismo internacional expuso sobre La situación actual de los modelos de relaciones laborales en Centroamérica, en la segunda jornada de la cita, que reúne a un centenar de delegados de los Gobiernos, los empresarios y los trabajadores de España, Centroamérica, y de la República Dominicana.
Bronstein recordó que cerca del 80 por ciento, de los 35 millones de centroamericanos, vive en condiciones de pobreza, además de tener un bajo nivel educativo y una baja productividad."

martes, 15 de febrero de 2000

Los pabellones de la vergüenza

Fuente: CIOSL

Francia reuniría este mes una mesa redonda destinada a elaborar “una verdadera carta de seguridad marítima” y desea dotar a la Organización Marítima Internacional de los medios necesarios para evaluar el estado de la flota mundial. El naufragio del Erika en la costa de Bretaña, en todo caso, reactivó el combate contra los pabellones de conveniencia. Es una lucha que libra desde hace mucho tiempo la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF). Sin embargo, durante el tiempo que transcurre entre una y otra catástrofe ecológica, a menudo los políticos hacen caso omiso de ella. Los pabellones de conveniencia no matan únicamente pájaros. Anualmente mueren 2.000 marinos en accidentes marítimos, la mayoría de los cuales ocurre en barcos que enarbolan pabellones de conveniencia. Esas personas navegan a bordo de verdaderos “sarcófagos flotantes” y miles de ellos no perciben nunca remuneración alguna. Esta hecatombe se completa con la pesca peligrosa y la piratería. Investigación de un escándalo.

¿Pero qué tienen en común el Erika, ese petrolero “maltés” que el 12 de diciembre pasado se quebró en dos en el mar de Iroise en la costa de Bretaña y derramó una parte de las 37.000 toneladas de combustible que había en su bodega en la costa atlántica de Francia, y el petrolero liberiano Braer que en 1993 se estrelló a la altura del Faro de Sunburgh y derramó 85.000 toneladas de petróleo en las costas de las islas Shetlands, e inclusive ese otro “liberiano”, Amoco-Cádiz, cuyo nombre basta para recordar la marea negra más grande de la historia: una napa de 220.000 toneladas de petróleo derramadas en las costas bretonas en 1978?

Tres petroleros, tres naufragios, tres napas de petróleo, centenares de kilómetros de playa contaminados y decenas de miles de aves migratorias empapadas de petróleo.

Además de esos puntos en común hay otro suplementario: El Erika, al igual que el Braer o que el Amoco-Cádiz, enarbolaban pabellones de conveniencia. La invención de dicho sistema se debe sin duda a la empresa marítima estadounidense United America Line que a partir de los años veinte registró sus barcos en Panamá para evadir las restricciones impuestas por Washington sobre el comercio de alcohol, ya que era entonces la época de la “ley seca”. En un principio, ese método se utilizaba más bien para hacer contrabando pero rápidamente fue emulado ya que la tentación de reducir los costos de funcionamiento fue demasiado grande para los armadores, confrontados a una concurrencia cada vez más exacerbada. El operativo es simple: El propietario de un barco de un determinado país lo registra en otro país que, por supuesto, sea netamente menos ávido de impuestos sobre los ingresos del armador, esté menos atento a las normas de seguridad del barco y sea mucho más tolerante en cuanto a las condiciones de trabajo y a las garantías sociales de las tripulaciones. Esas zonas francas flotantes, verdaderos paraísos fiscales, recibieron incluso el aval de las Naciones Unidas que ya en 1986 legitimaron esa práctica con gran reprobación de la Federación Internacional del Transporte (ITF), que desde 1948 denuncia sin cesar los abusos que se cometen.
El hecho es que si bien los pabellones de conveniencia permiten a sus felices propietarios hacer pingües ahorros, el sistema está lejos de ser estanco y exento de riesgos. Las cifras lo demuestran.

El total de 19.000 barcos con pabellones de conveniencia sobre una flota mundial de 95.000, es decir 20% del total, implica que en 1998 se registraron entre ellos el 40% de la cantidad de naufragios registrados (39 naves cada 94). Según la ITF, 46% de las pérdidas en términos de toneladas sería atribuibles a solamente 8 pabellones de conveniencia de los 27 identificados como tales por esa federación internacional (1). “Entre los diez registros que se llevan la palma de las toneladas perdidas figuran cinco pabellones de conveniencia”, indica la ITF, citando a Camboya que se ubica en primer lugar, San Vicente (segundo), Antigua (octava), Chipre (noveno) y Belice (décimo). Liberia, que atribuyó su pabellón a no menos de 510 petroleros tiene el triste récord de las pérdidas en toneladas en los casos más graves de contaminación que se hayan registrado entre 1963 y 1996. De las 36 mareas negras contabilizadas durante ese período por su gravedad, 14 fueron provocadas por barcos de pabellón liberiano que derramaron en total por lo menos 1,2 millón de toneladas de combustible en los océanos. Antes de contaminar la región de Vendée, el Erika estaba lejos de ser un barco modelo: había quedado varado en cuatro oportunidades a raíz de controles portuarios y ya había encallado dos veces, además, los inspectores habían descubierto por lo menos dos averías graves durante sus 25 años de carrera.

Cada vez que se produce un accidente se reactiva, con toda legitimidad, la polémica en torno a los pabellones de conveniencia y, sin embargo, las condiciones de trabajo de los marinos que genera ese sistema parecen dejar indiferentes a los responsables marítimos. Las inspecciones de la ITF y las efectuadas por las autoridades de control estatales de los distintos puertos confirman que muchas tripulaciones son víctimas de explotación, están sobrecargadas de trabajo, mal remuneradas, mal alimentadas y no tienen suficiente agua potable. La falta de normas en los países de matriculación permite que los armadores no brinden formación a las tripulaciones en materia de seguridad y que, al buscar mano de obra barata, pocos sean los propietarios que se preocupen por saber si los marinos que contrataron en las diferentes escalas están en condiciones de comunicarse entre sí. Los pabellones de conveniencia simbolizan así los aspectos más nocivos de la “mundialización”: falta de reglas, competencia encarnizada, explotación e irresponsabilidad en caso de accidentes. En pocas palabras, la ley de la jungla. ¿Cómo podría no ser así? El Erika, construido en Japón en 1974, era en el momento de naufragar propiedad de un armador italiano (tras haber pasado por manos noruegas y griegas), había sido fletado por una multinacional francesa, enarbolaba pabellón maltés (tras haber izado los de Panamá y de Liberia) y tenía a bordo tripulación india. Si las autoridades francesas continúan mostrándose diligentes, quizás se pueda obtener rápidamente un fallo en el juicio del Erika. No obstante, eso está lejos de ser algo seguro. En el caso del Amoco-Cádiz, que había suscitado una gran conmoción pública, hubo que esperar 12 años.

Entre tanto, los mares seguirán siendo peligrosos. Generalmente se estima en más de un millón la cantidad de marinos que trabajan a bordo de barcos que enarbolan pabellones de conveniencia y, según la ITF, su suerte está lejos de ser envidiable. “Salarios irrisorios, malas condiciones a bordo, falta de reposo adecuado entre largos períodos de trabajo, pocos o ningún permiso para bajar a tierra, insuficientes controles médicos, falta de formación en materia de seguridad...”, las quejas de la ITF figuran en numerosos informes. En cuanto a testimonios, la bodega de esa internacional está llena.

Unos meses antes de que encallara el Braer en 1993, la ITF había recibido quejas de la tripulación. Los marinos, en su mayoría filipinos, se quejaban de que faltaban por lo menos dos marineros de sala de máquinas y de que tenían que hacer demasiadas horas extraordinarias”. Algunos oficiales llegaban a hacer hasta 200 horas extraordinarias por mes y dos de ellos, que habían abandonado la nave semanas antes por enfermedad, todavía no habían cobrado en el momento de la catástrofe.

Desde entonces, la situación no se ha mejorado por cierto. Prueba de ello es el caso del Queen of Vevey, del cual informó la ITF el pasado mes de noviembre. Ese petrolero de 6.500 toneladas con pabellón panameño, construido en 1970, está anclado desde julio de 1999 en Puerto Stanley, en las islas Falklands (Malvinas). Cuando en octubre de 1999 el capitán y los marinos bajaron a tierra, el último permiso se remontaba a diciembre de 1998 ¡fecha también de su último salario! El fletero, Chemoil, una empresa con sede en Suiza, cerró en septiembre y no se sabe casi nada de su propietario panameño. La vida a bordo no es cosa fácil. No hay calefacción ni equipamiento para el invierno, el agua y la comida escasean. El 29 de septiembre, arrastrado por una tempestad, el barco dio de quilla y tuvo que ser reflotado por remolcadores. Ya en 1998, cuando su nombre era Lady of Monica su tripulación, entonces ucrania y rusa, se quejaba en un puerto cubano de fisuras en la cala, de falta de sistema de lastre y de malas condiciones sanitarias...

La industria reconoce que el 80% de los accidentes que se producen en el mar se deben a errores humanos. La ITF dice: “No es de sorprender, sobre todo, cuando se sabe que las tripulaciones están sobrecargadas de trabajo, cobran salarios ínfimos y no pueden descansar convenientemente”. Los accidentes a bordo también son numerosos: caídas en las escotillas, miembros seccionados, quemaduras etc. “Nada de eso parece preocupar demasiado a los propietarios de navíos con pabellones conveniencia, a quienes interesa ante todo la carga y el costo de cualquier eventual retraso en las entregas”, se queja la ITF. Como resultado, en esta ocupación se deploran 2.000 muertes por año. En cuanto a las indemnizaciones para las familias de esas víctimas del mar, muchas veces se hacen esperar. La Sra. Fernando, viuda de un marino de Sri Lanka muerto en 1995 durante una maniobra de descarga en Puerto Talbot, tuvo que esperar varios años para conseguir la indemnización, a pesar de que se había demostrado la negligencia del armador del carguero matriculado en Bahamas. En un primer momento, éste ofreció a la Sra. Fernando hacer un acuerdo “amistoso”: 50.000 dólares y no ir a juicio. Gracias a la intervención de la ITF, la señora obtuvo más del doble.

Los inspectores de la ITF están presentes en la mayoría de los puertos y no escatiman sus esfuerzos. No pasa un día sin que reciban alguna queja. La falta de pago de los salarios es el reclamo más frecuente.

El pasado mes de noviembre, cuando de encontraba en Seattle para las reuniones de la CIOSL preparatorias para el gran evento de la Organización Mundial de Comercio (OMC), David Cockroft, Secretario General de la ITF estuvo en el Sea Fox, un barco con pabellón de Belice anclado en ese puerto estadounidense. Allí celebró una victoria. Lila Smith, la inspectora local de la ITF, luego de tres meses de esfuerzo acababa de conseguir que se pagara la suma de 200.000 dólares que el propietario ruso del navío debía a los miembros de la tripulación, tripulación que el propietario se encargaría además de repatriar a su Rusia natal. En 1997, la ITF recuperó no menos de 37 millones de dólares estadounidenses en atrasos salariales de marinos empleados en navíos con pabellones de conveniencia. La cuarta parte de las naves de esa flota actualmente entran dentro del marco de acuerdos de la ITF que brindan una protección directa a más de 80.000 marinos.

No obstante, la misma federación internacional confiesa que los casos denunciados representan solamente la punta visible del témpano. “Muchos marinos empleados en barcos con pabellón de conveniencia tienen demasiado miedo para quejarse”, reconoce la organización. Por ejemplo, en Manila, las agencias de contratación de marinos, primeros proveedores de mano de obra para la flota mundial (más de 200.000 marinos son filipinos), señalan con el dedo a la gente de mar “que hace historias”. Es frecuente que los capitanes inscriban la mención “agente provocador de la ITF” en el carnet de desembarco. Ciertos marinos fueron incluso detenidos a su regreso a casa.

Por su parte, la ITF también tiene su propia lista negra. En ella figura el nombre de unas veinte empresas fleteras, propietarios de navíos, armadores o agentes marítimos poco recomendables. Uno de ellos, Adriatic Tanker, ex propietario de una flota de sesenta barcos, debía en el momento de ir a la quiebra, en 1996, más de 5 millones de dólares a sus marinos. El estado de los barcos era tal que la liquidación no llegó a cubrir el monto de la deuda. Panagis Zissimatos, el patrón de esa “armada” inculpada en Grecia, pasa hoy tranquilamente sus días en Suiza, donde reanudó sus actividades... en la industria marítima. Naufragios, quiebras, detenciones de naves para control, racionamiento o cuarentenas, todos los motivos son válidos para que ciertos armadores sin escrúpulos abandonen a sus tripulaciones... esperando que éstos se vayan sin exigir lo que se les debe, ni salario ni gastos de repatriación.

Entre 1995 y 1998, la ITF registró 199 casos de abandono de navíos que afectaban a más de 3.500 marinos. En este ámbito también, las cifras sin duda reflejan tan sólo una parte de la realidad. Datos oficiales de esa industria revelan 4.500 casos de naufragios, arrestos o embargos de barcos.

Pocos días antes de que el Erika naufragara en las costas de Bretaña, el Global Mariner, un barco alquilado por la ITF dentro del marco de una campaña mundial contra los pabellones de conveniencia, hacía escala en La Valette. El “capitán” de la ITF, Jean-Yves Legouas, que dirige su sección marítima, aprovechó esa oportunidad para llamar al orden a las autoridades maltesas. Entre 1996 y 1998, por lo menos 443 barcos con pabellón maltés, sobre una flota total de 1.500, fueron detenidos en puerto tras controles de las autoridades portuarias. Solamente Panamá y Chipre consiguieron un récord peor. También son pabellones de conveniencia...

Luc Demaret y Jacky Delorme

(1) Las Naciones Unidas evitan utilizar el término “pabellones de conveniencia” y hablan de “pabellones de libre matriculación” o de registros “abiertos”. La ITF, por su parte, declaró que son “pabellones de conveniencia” los registros de los 27 países siguientes: Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Aruba (Países Bajos), Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas (Reino Unido), Birmania, Camboya, Chipre, Gibraltar (Reino Unido), Honduras, Islas Canarias (España), Islas Caimán (Reino Unido), Islas Cook (Nueva Zelandia), Islas Marshall (Estados Unidos), Líbano, Liberia, Luxemburgo, Malta, Mauricio, Panamá, Registro Marítimo Internacional Alemán (GIS), San Vicente, Sri Lanka, Tuvalu y Vanuatu.

---
* CCOO integra la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres - CIOSL